Una resistencia anti-minera de pescadores y líderes mayas  q’eqchi que tomaron la carretera de El Estor, Izabal, por 18 días, estuvieron muy cerca provocar el colapso del horno de fundición de la Procesadora de Níquel de Izabal (Pronico), la intervención de la Policía Nacional Civil (PNC) que despejó por la fuerza la carretera y escoltó los camiones de carbón hasta la planta salvó el corazón de la mina rusa valorado en US$60 millones. Con el estado de sitio decretado en el municipio por 30 días inició la persecución de aquellos que exigían participar en la consulta comunitaria que decidirá el futuro del proyecto minero Fénix. 

El suave oleaje del Lago de Izabal emana una calma que llega a la orilla del caribeño municipio de El Estor y su anaranjado amanecer, pero a menos de dos kilómetros, la tensión se respira  en las calles de tierra del barrio San Jorge, es el 26 de octubre, hay un estado de sitio vigente, y nueve allanamientos están siendo ejecutados al unísono en este barrio.



Un niño juega con su barrilete ante la atenta mirada de soldados durante los allanamientos en el barrio San Jorge el 26 de octubre, durante el Estado de Sitio en El Estor, Izabal. Foto: Oliver de Ros.

Una decena de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) junto a elementos de la Marina, rodean la casa de madera y lámina de la familia de Cristóbal Pop, un diestro pescador artesanal con tres décadas de experiencia en el oficio y reconocido líder que ha encabezado una batalla contra una mina de níquel de 247 kilómetros y 60 años de historia. Pop es uno de los amparistas que en julio de 2019 lograron que el proyecto de extracción de níquel Fénix fuese suspendido por la Corte de Constitucionalidad (CC) porque se violó la obligación de realizar una consulta comunitaria a todas las poblaciones del área de incidencia.

La Policía junto a agentes caninos K-9, registraron el hogar del pescador de 44 años, sus hijos y demás familia fueron interrogados por investigadores, pero lo único que encontraron fue el telar con el que don Cristóbal fábrica hamacas, un oficio que adoptó desde hace tres años.

Desde el 2017 Pop vive bajo el ojo del huracán. Ser la cabeza visible de manifestaciones donde han denunciado la contaminación del Lago de Izabal y exigir que cese la minería de níquel en El Estor le costó ser denunciado por cuatro delitos por la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), una subsidiaria de la empresa rusa basada en suiza Solway Investment Group. 

Don Cristóbal estuvo preso 90 días en 2019, aún tiene un proceso abierto que inició  en 2017 cuando un grupo de ciudadanas rusas, esposas e hijas de directivos de CGN interpusieron en su contra y de cuatro pescadores más, por el delito de amenazas y coacción. Cada 15 días a Cristobal le toca presentarse al Ministerio Público (MP) a firmar un libro de asistencia porque tiene arresto domiciliario, en octubre del 2019 el caso había sido cerrado provisionalmente pero por una apelación de la CGN, actualmente hay una casación pendiente en la Corte Suprema de Justicia (CSJ). 

¿Quiénes y por qué tomaron la carretera de El Estor? 

Pop fue uno de los líderes indígenas que tomaron la carretera de El Estor del 4 al 22 de octubre, bloqueando el paso a los camiones mineros. El enfado de la población q’eqchi que los llevó a este extremo fue provocado luego de que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) decidió no permitir que la Gremial de Pescadores que preside don Cristóbal y los cuatro concejos ancestrales maya q’eqchi tuvieran un espacio en la consulta comunitaria acerca del proyecto minero Fénix, suspendido en junio de 2019 por la Corte de Constitucionalidad (CC) por irrespetar el proceso de consulta, una constante que se repite en bucle en las minas metálicas de Guatemala.

El viernes 22 de octubre, minutos antes que la Policía despejara la entrada de El Estor por la fuerza, Cristóbal se plantó frente a los agentes de seguridad e intentó explicarles sus demandas, en sus manos tenía la resolución de la CC emitida en julio del 2019 con la que se suspendió el proyecto Fénix por no haber consultado a todas las comunidades indígenas del área de incidencia cuando se otorgó la licencia de explotación en 2005 durante el gobierno de Oscar Berger. 

“Miren cuántas firmas hay aquí, ¿será que hubo participación de todas las comunidades? (…) estos documentos no me los inventé yo es la información de cómo comenzó a funcionar la empresa” argumentaba Pop según un vídeo publicado por Prensa Comunitaria.

La CGN asegura que ya realizó dos procesos de consulta, entre 2005 y 2006, al primero le llamaron proceso de “información y divulgación”, pero solo participaron los Cocodes de 19 comunidades, cuando el proyecto Fénix tiene influencia en más de 50. El segundo proceso le llamaron “proceso de sensibilización sobre la comunicación y concientización, pero solo participó la Asociación de Mineros Solidaristas (Amse), algunos Cocodes y la municipalidad de El Estor, por lo cual la CC en el 2019 determinó que ninguno de estos procesos siguió el lineamiento de consulta establecido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el Convenio 169.

Dos señoras pescan en el lago de Izabal frente a la presencia de un barco militar durante el Estado de Sitio en El Estor. Foto: Oliver de Ros.

El Estor es un pueblo de tradición pesquera, en un día cualquiera se puede observar lanchas de pescadores que llevan consigo cargamentos de mojarras, bagres y sábalos, las principales especies que son pescadas en el Lago de Izabal. Los pobladores estiman que al menos unas 600 personas se dedican a la pesca para comerciar a nivel local e incluso en otras partes de Izabal, además ancianos y niños pescan mañana y tarde con hilo en las orillas de la playa. 

Debido a la importancia económica y alimentaria de la pesca en El Estor no es de extrañar que los pescadores estén organizados. Existen al menos cuatro asociaciones pesqueras conocidas,  dos de ellas han sido desconocidas por la empresa minera y en su momento por el ex alcalde Rony Méndez, ambas se oponen a la minería en El Estor y son: Asociación de Pescadores Artesanales con Enfoque Ambiental Social Wacaxha y la Asociación Guaritas (Asogua), quienes conformaron la Gremial de Pescadores Artesanales, la organización que en febrero del 2018 junto a autoridades mayas accionaron un amparo contra el MEM por omitir la consulta comunitaria a las comunidades q’eqchi previo a la aprobación de la licencia minera del Proyecto Minero Fénix. 

Ese amparo provocó que la CC ordenara al MEM realizar la consulta comunitaria como se estipula en el Convenio 169 de la OIT, cuando se realiza proyectos que pueden afectar a comunidades indígenas, y fijó un plazo de 18 meses. En 2021 la sentencia de la corte cobró firmeza y en septiembre el viceministro de desarrollo sostenible del MEM, Oscar Pérez, inició el proceso de pre consulta, pero con un detalle que terminaría provocando el bloqueo de la carretera de El Estor. 

El MEM decidió no darle un lugar en la mesa de consulta comunitaria a la gremial de pescadores, la oposición más férrea de la minería, quedó fuera. El argumento para dejar fuera a Cristóbal Pop y la gremial fue que el ministerio se limitó a convocar a las instancias que ordenó la CC, las cuales son: Consejos Municipales, autoridades y representantes indígenas de los municipios de influencia, los ministerios de Cultura y Deportes, Ambiente y Recursos Naturales, Consejos Comunitarios de Desarrollo (Cocode), la empresa titular de la licencia de explotación minera, la Procuraduría de los Derechos Humanos, la Universidad de San Carlos y dos representantes de la comisión presidencial de diálogo.  

El 24 de septiembre de 2021 el Ministerio de Energía y Minas también dejó fuera del proceso a otras autoridades ancestrales de oposición, el argumento fue que de las 13 comunidades que representan solamente dos se encuentran en el área de influencia del proyecto, dejando fuera a delegados de 11 comunidades de El Estor que mostraban interés de participar en el proceso.  

“(…) este proceso avanzó de mala fe, no se respetaron los principios de buena fe y de consulta libre, hay una exclusión sistemática, se cuestionó la legitimidad de las autoridades” Eddy Aspuac abogado del Bufete de Pueblos Indígenas.

Dos días después de rechazar la participación de estas comunidades, el MEM inició el proceso de pre consulta, “Definitivamente este proceso avanzó de mala fe, no se respetaron los principios de buena fe y de consulta libre, hay una exclusión sistemática, se cuestionó la legitimidad de las autoridades, hay abuso de poder de parte del viceministro (Oscar Pérez)” indicó Eddy Aspuac abogado del Bufete de Pueblos Indígenas. 

La gota que derramó el vaso llegó el cuatro de octubre, en una conferencia de prensa en el Palacio Nacional, el viceministro Pérez dijo que la participación de estas comunidades como la de la gremial de pescadores fue sometida a votación con el resto de participantes de la mesa de pre consulta e indicó que por unanimidad decidieron no permitir que participen. 

Ese mismo cuatro de octubre, inició el bloqueo de la entrada principal a El Estor, encabezado por la ya mencionada Gremial de Pescadores y los cuatro consejos ancestrales maya q’eqchi de El Estor: Qawa’ San Baals, Qana’ Tomasa, Qawa’ Oxlaju Aj y Qawa’ Siyab’, los cuales están integrados por más de 90 autoridades indígenas de comunidades de los cuatro puntos cardinales de El Estor. 

La PNC salvó el corazón de la minera rusa

Con la intención de presionar para ser escuchados e incluidos en el proceso de consulta comunitaria, durante 18 días, esta resistencia no permitió que ningún camión pudiera entrar o salir de las instalaciones de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) o de la Procesadora de Níquel de Izabal (Pronico), las dos subsidiarias rusas de Solway. 

La CGN es la empresa que administra las dos licencias de explotación minera de níquel: Montufar ubicada en Los Amates, concedida por el Estado en 2013; y la segunda, la más grande, la licencia Fénix, suspendida por incumplir la consulta comunitaria. Mientras que Pronico es la procesadora que desde el 2014 se encarga de convertir el níquel y el hierro extraído de las montañas en ferroníquel, una aleación metálica que es vendida en Europa por tonelada métrica para la fabricación de derivados del acero inoxidable. 

Los días de bloqueo realmente hicieron sudar a ambas empresas rusas, sobre todo a Pronico que nunca descansa. Permanentemente el horno de fundición se encarga de producir el ferroníquel, Solway asegura que esta planta puede producir mensualmente hasta mil toneladas métricas de este metal ferroso, cada tonelada está evaluada en unos US$17 mil en los mercados europeos. Según representantes de la empresa al menos una tercera parte del material procesado sería níquel por lo que las mil toneladas representaría unos US$5.6 millones. Pero sin carbón, que sirve como combustible, el horno que costó unos US$60 millones se detendría y se arruinaría pausando el trabajo de toda la operación minera, según explicó de manera privada un trabajador de Pronico.*

Cuando las fuerzas estatales intervinieron en el desalojo la empresa minera tenía una inversión de US$60 millones en el horno se encontraba en riesgo, mientras que la inversión total en el proyecto alcanza los US$1,600 millones según los representantes de Pronico, un importante estímulo para buscar la respuesta gubernamental.

El 22 de octubre, el día que la policía quitó de la carretera a la resistencia anti-minera con bombas lacrimógenas en un enfrentamiento que dejó varias personas heridas entre ellas niños y mujeres. Dentro de la planta procesadora ya solo tenían 5% de carbón, las fuerzas especiales de la policía acompañaron y resguardaron los camiones cargados con este combustible hasta la planta y así evitaron enormes pérdidas para la inversión transnacional minera. 

Desde las entrañas de Fénix

El proyecto minero Fénix es un monstruo compuesto por montañas y cerros clavados en el lado derecho de la cuenca norte del lago de Izabal. Para adentrarse en la mina y llegar al punto más alto de la montaña, que ha sido explotada desde el 2012 y que ha causado una batalla en El Estor hay que viajar entre los polvorientos caminos de tierra roja construidos por la CGN. En el punto más alto de Fénix a 800 metros sobre el nivel del mar, el viento sopla fuerte y basta con observar el horizonte para notar las cicatrices de la extracción.

Cada día antes de las 7:00 am en la carretera de tierra a las afueras de El Estor en dirección hacia Alta Verapaz, es posible ver cómo los trabajadores mineros con cascos blancos, botas y chaleco naranja se conducen en motos hacia la planta de procesamiento que está ubicada a pocos  metros de la orilla del Lago de Izabal, el camino de terracería tiembla al pasar de las decenas de camiones que utilizan la ruta diariamente.

Las chimeneas de Pronico humean sin descanso (vapor de agua según los representantes de la empresa), dentro de las instalaciones de la planta el ruido es permanente, existe un ciclo que cumplir, las instalaciones lucen rojas por fuera por el manto ferroso que se desprende de la tierra y se impregna en el ambiente. 

No es cualquier mina la que está en juego en Izabal, Fénix resguarda dentro de los límites de la licencia original aprobada en 2005, más de 36 millones de toneladas de níquel por explotar, según los datos del sitio oficial de Solway, la transnacional rusa que en el 2011 compró el proyecto a la empresa canadiense Hudbay Minerals. Solway posee el 98.2% de los derechos del proyecto y  el otro 1.8% es del Estado de Guatemala. 

Fénix limita con dos reservas naturales, al nor-oeste con el área de protección especial Sierra de Santa Cruz y al sur-oeste con el refugio de vida silvestre Bocas del Polochic, donde según datos del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), habitan mamíferos en peligro de extinción como el manatí. 

La primera etapa de Fénix empieza en 1,960 con la fundación de la Explotadora y Exploradora Minera de Izabal S.A (EXMIBAL), un 80% propiedad de la International Nickel Company de Canadá y Hanna Mining Company con el 20% de las acciones. En 1,965 Exmibal recibió de parte del gobierno de facto de Enrique Peralta Azurdia una concesión minera de 40 años para exploración y etapa de desarrollo. 

Entre 1,977 a 1,980 Exmibal extrajo un aproximado de 1.08 millones de toneladas tierra y produjeron alrededor de 39.2 millones de libras de níquel puro según detalla el informe técnico del Proyecto Minero Fénix que realizó Golder Associates publicado en marzo de 2,010 a petición de los canadienses que eran dueños de la mina en aquel momento.

A finales de 1,980 el conflicto armado interno continuaba en Guatemala, además una nueva recesión económica golpeó significativamente los precios internacionales del petróleo y del níquel, lo cual lleva a que los inversores canadienses cierren la planta de producción en El Estor.

En 2005 la licencia minera Fénix fue renovada por 25 años** durante el gobierno de Oscar Berger. Fénix,  el centro neurálgico de la extracción y procesamiento de níquel volvió a la vida. Exmibal desapareció y Skye Resources de Canadá adquirió el 70% del proyecto minero y fundó la CGN, la subsidiaria que se encargaría de perforar 2,479 pozos en un área de 62 mil metros entre 2,005 a 2,009 según constan los informes de labores anuales presentados al MEM, en 2011 inicia la etapa actual, la explotación y procesamiento de los metales pero ya en las manos rusas de Solway.

No es casualidad que una empresa como Solway fundada en 2003 por el magnate judio estonio Aleksander Bronstein, se interesara en las reservas de níquel de Izabal e invirtiera más de $620 millones en el proyecto Fénix y en la procesadora de níquel. Solway también posee inversiones en plantas de procesamiento de ferroníquel en Ucrania, así como otros proyectos mineros en Macedonia, Indonesia y Rusia.

¿Fénix está cumpliendo la suspensión? 

Humberto Mateus, de origen venezolano y actual director administrativo de CGN, aseguró que la explotación de níquel en el proyecto Fénix se detuvo en febrero del 2021 cuando fueron notificados por el MEM, agregó que la Pronico si está en funciones ya que procesa la tierra proveniente de diferentes proyectos de extracción de níquel, no solamente de Fénix. En esta planta también procesan la “mena”, el material natural del que se extrae en este caso el níquel e hierro, y que proviene de su otro proyecto “Montúfar”, ubicado en Los Amates y del proyecto “Sechol” ubicado en Alta Verapaz y propiedad de otra controversial empresa rusa: Mayaniquel. 

“Pronico es una figura jurídica totalmente diferente de CGN, es cierto, las dos empresas pertenecen al grupo Solway como casa matriz, sin embargo, jurídicamente están separados y tienen dos fines distintos, Pronico produce el ferroníquel para exportación y  CGN se encarga de la exploración, extracción y explotación de mena” explica Mateus que asegura que aún no se cuantifica las pérdidas que representa tener varado el proyecto Fénix. 

Así es como la minera defiende que la procesadora siga en activo. Rafael Maldonado abogado de la gremial de pescadores artesanales señaló que la procesadora está dentro del polígono de tierra que la CC suspendió en definitiva en junio del 2020 y a su criterio jurídico la planta procesadora debería estar varada por encontrarse dentro de este terreno.

Dentro del  estudio inicial de impacto ambiental que CGN presentó ante el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) en 2004, se reconoce como parte del  proyecto Fénix la remodelación de la planta procesadora, es decir la planta está dentro del terreno de la licencia suspendida. Pero los inversionistas de Solway a través de su mano derecha en Guatemala, Dmitry Kudryakov, crearon Pronico en 2013 una sociedad anónima para dividir la explotación del procesamiento, Kudryakov sigue al frente Pronico en la actualidad. 

“No podemos darle empleo a todo el municipio” 

En las calles de El Estor una de las quejas más frecuentes que hace la gente sobre la mina, es que genera pocos empleos para los lugareños, entre CGN y Pronico, las subsidiarias rusas producen 2,000 empleos directos, de esos al menos 200 son para técnicos en metalurgia que han sido traídos desde Ucrania y Rusia. En la actualidad hay 300 puestos de trabajo suspendidos debido a que la explotación minera de Fénix está congelada hasta que se resuelva la consulta comunitaria. 

“El Estor es un municipio con casi 100 mil habitantes, es obvio que  siendo la única empresa grande de este lugar, solo en un mundo ideal  podríamos abastecer con trabajo a todos en el municipio”, dijo Irinia Litviniuk directora de desarrollo sostenible del Grupo Solway.

Litviniuk también agregó que según el estudio de factibilidad bancaria de la empresa realizado en 2011 por el Banco Mundial, tienen capacidad para emplear a 1,064 trabajadores, en la actualidad emplean a 2,000 puestos entre CGN y Pronico.  La empresa asegura que el 67 por ciento del personal es de El Estor. 

“El Estor es un municipio con casi 100 mil habitantes, es obvio que  siendo la única empresa grande de este lugar, solo en un mundo ideal  podríamos abastecer con trabajo a todos” Irinia Litviniuk directora desarrollo sostenible Grupo Solway.

Algunos pescadores consultados que representan una de las actividades primarias del municipio indican que sus ganancias diarias oscilan entre los Q30.00 a los Q50.00 diarios; es decir una cantidad que apenas alcanza para sobrevivir, mientras que según la mina los sueldos mensuales que ofrecen inician desde los Q3,000.00, sin embargo los trabajos plenamente relacionados a la producción y procesamiento minero, necesitan de estudios superiores como ingeniería, geología y otras especialidades a las que es casi imposible acceder en municipios de Guatemala como El Estor. 

La relación de mina con las comunidades 

La minería de níquel en El Estor tiene una larga lista de acusaciones de abusos y delitos cometidos contra la población, la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) vinculó al personal de seguridad de Fénix, cuando era propiedad de la International Nickel Supply, con una sangrienta represión contra una manifestación pacífica en contra de la minería el 29 de mayo de 1978 y también se les señala del asesinato de lideres comunitarios de El Estor. 

El informe Guatemala Memoria del Silencio, asegura que algunos de los opositores de la  Exploradora y Explotadora Minera de Izabal S.A (Exmibal), primera empresa propietaria de la minería de níquel en El Estor, fueron asesinados, como el abogado Julio Camey Herrera ametrallado el 26 de noviembre de 1970; Camey había conformado una comisión nombrada por la Universidad de San Carlos (Usac) que analizaba las concesiones mineras de tierra otorgadas por el gobierno del general Carlos Arana Osorio. 

El diputado y abogado Julio Mijangos López, quien fue claro opositor de la minería de níquel y de la concesión del terreno que actualmente ocupan los empresarios rusos, fue asesinado en la salida de su oficina el 13 de enero de 1971, pocos meses antes de que Arana Osorio firmara el contrato con Exmibal.

Ya durante la administración de Solway, los dueños actuales del proyecto, en mayo del 2017 enfrentaron una manifestación de pobladores contra la minería de níquel por una mancha roja que tiñó el Lago de Izabal. En esa oportunidad agentes de la PNC dispararon contra los pescadores que protagonizaron el descontento, a 2 kilómetros de la entrada de la CGN, falleció por un disparo en la cabeza el pescador Carlos Maas, quien además era sobrino de Cristóbal Pop presidente de la Gremial de Pescadores. 

Marvin Méndez un médico originario de El Estor quien fue gerente comunitario de Solway  y actualmente, gerente administrativo de la compañía minera, asegura que han invertido más de US$8 millones en el trabajo de comunidades, dentro de un marco socio-económico. Aseguran que han invertido en construcción de escuelas, puentes y además la minera rusa es la principal patrocinadora del equipo profesional de fútbol de El Estor, Manatí FC, de la segunda división del circuito profesional. 

El Estor cuenta con 151 comunidades distribuidas en doce microrregiones, Solway asegura tener relación con 53 de ellas, que son las que se consideran dentro del área de influencia del proyecto Fénix. Activistas y defensores de derechos humanos no concuerdan con la versión de la mina, ellos aseguran que Solway únicamente ofrece programas de desarrollo a los Cocodes que están a favor de la minería y la oposición ha sido excluida. 

La contaminación de la que es acusada la mina

La contaminación ha sido una de las constantes denuncias de los pobladores q’eqchi, no solamente por la Gremial de Pescadores que lidera una oposición, el mismo tipo de señalamientos hace Jorge Cuz, pastor evangélico y comerciante local quien asegura que trabajó como contratista en la mina en 2010.

Jorge Cuz, pastor evangélico y comerciante local, que denuncia contaminación del proyecto minero en El Estor, Izabal. Foto: Oliver de Ros. 

Cuz dice que a su criterio hay indicios de contaminación, “en la pesca ya no hay muchos pescados como antes cuando se podía encontrar unos sábalos de hasta un metro de largo, se han muerto o se han ido del lago (…), así como la mina ha dado trabajo a los que tienen estudios y ha servido para el sustento de algunas familias, también está dañando el lago”, resaltó. 

Otros pobladores que aseguran haber sido beneficiados por CGN durante la pandemia con “bolsas solidarias” minimizan la contaminación de la mina, “aquí todos contaminamos (…) los que están a favor de la mina son los que tienen trabajo y beneficio de la empresa y los que no tienen beneficio están en contra” dice Joel Caal un profesor de primaria y alcalde auxiliar del Barrio El Esfuerzo.

Caal dice que junto a otros Cocodes han presentado propuestas ante la empresa minera, para encontrar apoyo en reparación de los caminos de los barrios e incluso obtener acceso gratuito al hospital privado que pertenece a CGN, sin embargo ninguna de estas propuestas ha encontrado respuesta. Por su parte, representantes de la empresa asegura que trabajaron en la construcción de un puente en esa comunidad a petición del Cocode local. ***

Humberto Mateus, director de CGN, respondió negando la contaminación, asegura que técnicamente es imposible que se contamine el Lago de Izabal, “Pronico y CGN tienen sistemas de manejo de agua eficiente, el agua que se utiliza pasa por plantas de tratamiento y no se hacen descargas directas al lago” aseguró.

En la Evaluación Ambiental Inicial presentada por CGN en julio del 2005,  previo a obtener la licencia Fénix, la empresa minera acepta que entre los impactos de la etapa de operación extractiva  podría afectarse diferentes aspectos del medio ambiente de El Estor como la calidad del aire, la vida de la fauna, el suelo y la calidad del agua superficial y subterránea, además de poner en riesgo la cobertura vegetal del área. 

“El movimiento de tierras generado en las actividades podría alterar significativamente  calidad del drenaje superficial de las áreas y la calidad del agua superficial por medio del transporte y disposición de sedimentos a los cuerpos de agua, pueden presentarse además condiciones que generen procesos erosivos en la zona (…) en época de lluvia y debido a la apertura y rehabilitación de brechas y caminos se espera que el material del suelo pueda ser arrastrado hacia los ríos y riachuelos cercanos”, indica el capítulo denominado “potenciales impactos al ambiente” de la evaluación del 2005 presentada ante el MARN. 

Las fotografías e imágenes satelitales de la montañas partidas por la mitad y con cero cobertura vegetal han sido populares en redes sociales ahora que el Proyecto Fénix está en el ojo del huracán por el recrudecimiento del conflicto, Solway asegura que trabajarán en la recuperación forestal de las zonas ya explotadas y que el proceso de recuperación por área es de tres años. 

Miembros del ejército realizan un patrullaje por las calles del barrio San Jorge, El Estor, Izabal, durante unos allanamientos. Foto: Oliver de Ros. 

La cacería de líderes y periodistas comunitarios

Con la instauración del estado de sitio en El Estor a partir del 24 de octubre, inició una persecución contra actores que publicamente son conocidos por ser contrarios a los intereses mineros en Izabal y que con el bloqueo de 18 días casi provocan el colapso de la procesadora de níquel de Solway. 

Durante el estado de sitio vigente, un ambiente de miedo y silencio era evidente entre aquellos que habían conformado la resistencia, un contraste enorme con el resto del pueblo donde negociantes y población no se inmutaron ante la fuerte presencia militar. En las primeras 48 horas de operativos policiales y ante la amenaza de ser detenidos al menos 12 líderes se vieron obligados a dejar sus hogares temporalmente y refugiarse en casas de familiares u organizaciones sociales en otros departamentos. 

El primer allanamiento que hizo la policía fue el domingo 24 de octubre a las 5:50 pm, 10 minutos antes de iniciar el toque de queda, en la Defensoría Q’eqchí y en la radio comunitaria Tzuultaq’a, ambas organizaciones son reconocidas por apoyar y difundir las demandas de las comunidades que rechazan la minería.

Un trabajador de la Defensoría que por seguridad prefirió no ser citado aseguró que mientras el estado de sitio esté vigente, se resguardaran en sus hogares y algunos de los coordinadores comunitarios no volverán a El Estor hasta que evalúen que existan garantías de seguridad mínimas. 

Muchos de los líderes de la resistencia e integrantes de organizaciones sociales decidieron no dar declaraciones, nadie quería recibir a la prensa en sus casas por miedo a llamar la atención de la policía y ser detenidos, todos se sentían vigilados, las entrevistas se realizaban vía telefónica, pese a estar a 2 o 3 kilómetros de distancia y aún así con temor a que sus voces sean reconocidas por simpatizantes de la mina o por las fuerzas de seguridad.

Abelino Chub, activista y defensor de derechos humanos, fue uno de los líderes que se vieron obligados a salir del municipio y de los pocos que accedieron a conversar sobre la situación posterior a la desarticulación de la resistencia. 

“La situación de El Estor es preocupante, muy triste, el Estado se está prestando a reprimir al pueblo que intentó ser escuchado, yo tuve que abandonar el lugar, porque estaba siendo señalado” dijo Abelino la noche del 25 de octubre, ese día cuando él y su familia ya se encontraban refugiados a cientos de kilómetros de El Estor, su casa fue rodeada por la policía en busca de rastros de su paradero. 

El 26 de octubre durante los allanamientos realizados en el barrio San Jorge, el joven Juan Baustista un periodista local del medio digital Prensa Comunitaria, fue sorprendido al amanecer por la fiscalía distrital de Morales y una decena de agentes de la PNC, Bautista fue interrogado sobre su labor durante los días de bloqueo y aunque no encontraron indicios ni rastros de que el periodista hubiese cometido una falta, le decomisaron su celular, bajo la justificación de buscar más indicios. 

En el Barrio el Centro, la casa de Carlos Choc, también periodista de Prensa Comunitaria que documentó el bloqueo carretero durante casi todas las jornadas, fue allanada, sin embargo Choc que en el 2018 fue acusado por CGN en la misma carpeta judicial de Cristóbal Pop,  por seguridad ya había abandonado el municipio. 

“El Estado se está prestando a reprimir al pueblo que intentó ser escuchado, yo tuve que abandonar el lugar, porque estaba siendo señalado”. Abelino Chub activista comunitario

El pescador Eduardo Bin fue el único líder capturado, esto sucedió  el miércoles 27 de octubre, don Eduardo es otro de los dirigentes pescadores que figuraron como amparistas en el caso de la suspensión del proyecto Fénix. Bin tuvo que ser liberado 24 horas después de su captura ya que para lograr su detención la PNC y el MP utilizaron una orden de captura que fue ejecutada en 2017, su abogado Santiago Choc catalogó el actuar de las fuerzas de seguridad como arbitrario e ilegal.

El estado de sitio que fue ratificado en el Congreso gracias a 84 votos de la alianza oficialista, en su primera semana registró 15 capturas y 26 allanamientos realizados, pero ninguna de las capturas fue contra dirigentes del bloqueo minero. El Estado movilizó a más de 500 soldados y 600 policías a El Estor para los operativos programados. 

Ante la situación de vulnerabilidad, la Defesoría Q’eqchí, el Bufete de Pueblos Indígenas y otras organizaciones solicitaron antes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), medidas cautelares para los defensores de derechos humanos, periodistas y líderes comunitarios acechados durante el estado de sitio, las organizaciones calificaron en un comunicado que la situación actual de El Estor es un retroceso para el estado democrático. 

El gobierno del presidente Alejandro Giammattei, cierra el 2021 tal y como inició su mandato antes del inicio de la pandemia en 2020, gobernando a base de restricción de derechos. El  mandatario, un antiguo director de presidios, muestra así una tendencia a resolver los conflictos por la fuerza. Una situación que pudo ser evitada si la resistencia anti-minera no hubiese sido rechazada en la pre consulta comunitaria organizada por el MEM. 

No es la primera vez que el mandatario guatemalteco enfrenta cuestionamientos alrededor de inversiones rusas en el país. El ex fiscal Juan Francisco Sandoval de la FECI, aseguró luego de su destitución que recibió la declaración anticipada de un guardia de seguridad de inversionistas rusos en julio, donde relataban cómo habían trasladado una alfombra llena de efectivo hasta la residencia del presidente a petición de los visitantes extranjeros según se detalla en un reportaje del New York Times para tener una “puerta libre en la Portuaria”. 

La minería de níquel en la zona no se detendrá, en realidad seguirá dando de qué hablar incluso después de este estado de sitio y aún después de lo que depare el futuro para el proyecto minero Fénix, porque las empresas rusas han llegado para quedarse.

Los consorcios rusos como Solway y Telf Ag, ambos con base en Suiza,  han invertido en diferentes proyectos de extracción minera en el nororiente de Guatemala desde hace una década. Lejos de pensar en una retirada, buscan en una progresiva expansión en la zona norte del país creando una especie de franja de licencias mineras que atravesaría desde Zacapa hasta Huehuetenango, actualmente entre las subsidiarias: Mayaniquel S.A, CGN, Guaxilán S.A e International Nickel Supply (INS),  acumulan 29 solicitudes de exploración y explotación minera pendientes de resolver por el MEM. 

Notas relacionadas:

MayaNiquel y el regreso de las licencias mineras a Guatemala.

*El 4 de noviembre a las 16 horas se corrigió imprecisiones consignadas en este reportaje, marcadas con asterisco (*), a solicitud de David Orellana, relacionista público de CGN-Pronico.