Para gobiernos anteriores, la gran batalla contra el sector privado se libró por lograr subidas de impuestos. Para el actual, la lucha parece estar en otro campo menos conocido, pero igual de conflictivo: la aprobación de una ley de competencia. Esta legislación prohibiría o limitaría prácticas comunes entre algunas de las empresas más poderosas del país: distribuidores de gas y gasolina; azucareros y licoreros; droguerías y farmacias; fabricantes de cemento o empresas de telecomunicaciones.   

En los últimos veinte años, diputados de todo tipo de tendencias, lo intentaron.

Organizaciones internacionales llevan décadas financiando iniciativas para impulsar la idea.

El propio Estado de Guatemala contempla este tema en su Constitución y se ha comprometido muchas veces a avanzar en este campo.

Y, sin embargo, en la actualidad, Guatemala sigue siendo uno de los pocos países de todo el continente y el único de Centroamérica que carece de una ley de competencia –Costa Rica tiene una desde 1994.

Ahora, el actual gobierno, su bancada en el Congreso y algunos diputados parecen dispuestos a dar la batalla para que se cree una legislación sobre competencia.

Sin embargo, dados los antecedentes, legislar sobre este tema no será sencillo. La Iniciativa de Ley 5074 avanzó en primera y segunda lectura con rapidez durante los últimos meses.

Pero, ahora, en la tercera, el proceso se ha ralentizado. Se esperan multitud de enmiendas. Y aunque el texto se apruebe, es probable que después comience una batalla en las cortes. 

Las razones para oponerse a una ley de competencia son muchas. Se ha argumentado que un exceso de celo en regular lo que las empresas pueden hacer, puede desincentivar la inversión. Que los países más ricos, solo se dotaron de leyes de competencia cuando ya eran ricos, no antes.

Pero si legislar en esta materia ha resultado tan difícil, no ha sido porque los diputados se hayan enfrascado en largas discusiones sobre economía.

La causa es más práctica: aunque el rechazo ahora no es tajante, la ley tiene poderosos enemigos.

Y esto es así, principalmente, por una razón: si se aprobara una iniciativa como la 5074 en su redacción actual, prácticas cotidianas de las grandes empresas de Guatemala podrían prohibirse o limitarse.  

De la noche a la mañana, algunas de las personas más ricas del país se verían haciendo algo prohibido. Las autoridades les podrían imponer cuantiosas multas y obligarles a cambiar su modo de hacer negocios.

A continuación, seis prácticas que la iniciativa 5074 regula y que es común que en otros países estén prohibidas o limitadas. No son todas las que contempla la ley, pero si algunas de las principales.

Para realizar este reportaje se entrevistó a dos economistas especializados en competencia y se revisaron las principales investigaciones que sobre el tema se han realizado en el país. 

1.Ponerse de acuerdo para fijar precios

¿En qué consiste?

Empresas que venden un mismo producto a los consumidores deciden hacerlo a un precio idéntico o muy similar.

¿Quién lo hace?

Determinarlo con certeza es difícil porque esto nunca se ha investigado en el país. Pero existen varias actividades en las que las que empresas que, en teoría, compiten entre sí venden el mismo producto al mismo precio. Esto podría ser indicativo de que han llegado a un acuerdo, algo que la Iniciativa 5074 prohíbe.

Uno de los casos más obvios es el de las principales distribuidoras del gas licuado que usamos en casa. Dos empresas mexicanas dominan este sector: Zeta Gas y Tomza, que controlan alrededor del 80 por ciento del mercado, según algunos cálculos.  

Ambas, desde hace años, venden sus productos a exactamente el mismo precio, como muestran los reportes del Ministerio de Energía Minas (MEM).

En otros países es común que este sea un sector regulado y subsidiado, en el que el Estado fija el valor que pagan los consumidores y, por tanto, las empresas no compiten por precio.

En Guatemala, en la práctica, sucede algo similar. Solo que aquí no hay regulaciones ni subsidios ––solo existieron durante la pandemia–, sino lo que parece ser un cartel creado por empresas privadas.

El resultado de este sistema es que los consumidores guatemaltecos, en abril de 2024, pagaron Q4.60 por cada libra de gas que compraron. Se trata del segundo precio más alto de la región, según datos del MEM. 

Además, la población se ve afectada por el incremento en el costo que acompaña las subidas del precio internacional del gas, pero no se beneficia en la misma medida de reducciones, cuando los precios internacionales bajan.

Esto lo denunciaron las autoridades del MEM durante el gobierno pasado, al mismo tiempo que reconocían que no podían actuar sin una ley de competencia.

Tomza y Zeta Gas, que pertenecen a la misma familia, dominan tanto la distribución como la importación y almacenamiento de gas en Guatemala. Este control les permite no competir sin temer la entrada de nuevos actores en el mercado.

¿Existen más casos?  

En los últimos años, una situación similar a la del gas se ha dado con los combustibles para vehículos.

En el pasado, en este mercado sí hubo más competencia por precio. Sin embargo, en los últimos años, a medida que tres empresas se han consolidado como las dominantes –Texaco, Puma y, sobre todo Shell, que es el grupo más fuerte– los precios también se han igualado.

Como en el caso del gas, estas tres empresas dominan no solo la venta al público, sino también la importación del combustible. Esto aumenta su poder sobre el mercado.

Es decir, aunque hay muchas gasolineras independientes o de cadenas más pequeñas, son Shell, Puma y Texaco las que controlan la mayoría del suministro de combustibles al resto de estaciones de servicio.

Es posible que esta concentración del mercado en tres actores haya propiciado que se estén produciendo prácticas anti competitivas en algún punto de la cadena de suministro.

Un monitoreo realizado para este reportaje durante la última semana de marzo de 2024 mostró cómo siete gasolineras del área metropolitana de la capital vendían los tres tipos de combustible –regular, super y diésel– a exactamente el mismo precio.

Cadenas más pequeñas como Delta, cobraban las mismas tarifas que las tres dominantes.

Solo en las gasolineras Uno, que pertenecen al mismo grupo que las Shell, el precio era unos centavos inferior.  

En un reporte de Naciones Unidas de 2003 se mencionan rumores sobre la existencia de reuniones mensuales en las que una organización gremial no identificada fijaba los precios de venta de la gasolina. 

Este tipo de sospechas no confirmadas han recaído también sobre otras organizaciones del sector privado.

Por ejemplo, la Asociación Nacional de Avicultores, en la que se agrupan los productores de pollo y huevos, también ha sido señalada de “sugerir” precios.

De hecho, en el mercado de las partes de pollo fresco, que es dominado por dos empresas: Pollo Rey y Pío Lindo, es común que los precios de venta en supermercados sean muy similares.

Gremiales como la Cámara de Transportistas de mercancías (Catransca) reconocen que entre los beneficios que ofrecen a sus miembros está la “orientación de tarifas sugeridas”.

La existencia de precios sugeridos entre empresas competidoras no tiene por qué significar la existencia de un cartel. Sin embargo, estas prácticas podrían ser investigadas si se aprobara la Iniciativa 5074.

2. Repartirse el mercado

¿En qué consiste?

Empresas que venden un mismo producto llegan a acuerdos para distribuirse una parte del mercado para cada una. Puede ser, por ejemplo, mediante un reparto de áreas del país o estableciendo un sistema de cuotas.

¿Quién lo hace?

La industria azucarera, a través de la gremial Asazgua, incurre en varias prácticas que la Iniciativa 5074 prohibiría.

Los azucareros abiertamente operan como un cartel.

Los ingenios han creado una empresa, Maxsa, que comercializa prácticamente todo el azúcar que se vende en el país. Maxsa opera varias marcas que atienden a segmentos diferentes del mercado. Caña Real y Don Justo Cabal para hogares y Caña Blanca para panaderías, por ejemplo. Y estos productos siempre se venden a un precio fijado por la gremial de azucareros.   

Pero una parte esencial de este sistema también consiste en repartirse el mercado.

A cada ingenio se le asigna una cuota de producción para el consumo nacional que tiene que suministrar a Maxsa. Y cada ingenio se compromete a no vender azúcar por fuera de esa cuota.   

Uno de los ingenios más importantes, el Magdalena, por ejemplo, tiene en la actualidad, una cuota asignada de aproximadamente el 23 por ciento del mercado interno. 

La Iniciativa 5074 consideraría este reparto como una práctica prohibida.

¿Este sistema es perjudicial para los consumidores?   

De aprobarse la ley, esta sería una pregunta muy relevante que Asazgua tendría que responder. Si los azucareros demuestran que su cartel es positivo para la economía en su conjunto, podrían evitar sanciones.

Pero la respuesta no es sencilla.

Por un lado, el funcionamiento del negocio del azúcar en Guatemala no es extraordinario. En la mayoría de países azucareros de la región, esta industria está organizada de manera más o menos similar. Otros lugares tienen mayor intervención estatal y la actividad tiene más productores. En Guatemala en cambio, el sistema es, básicamente, gestionado por los propios azucareros, que son pocos y grandes.

Pero en todo caso, el mercado del azúcar suele ser uno muy regulado y con pocas opciones para los consumidores.

Esto tiene sus causas, que tienen relación con el propio producto.

El azúcar no es como el café o los bananos. El azúcar sí se puede darse fuera de climas tropicales. Hay muchos países que lo producen y que protegen sus mercados internos con aranceles y otras barreras.

Esto convierte al mercado internacional del azúcar en uno muy competitivo. Los precios son inestables e incluso, a veces, bajan del costo de producción.

Para compensar esta incertidumbre, los azucareros buscan resarcirse en un ámbito que sí pueden controlar con más facilidad: sus mercados nacionales.

Esto explica por qué en países que exportan azúcar, la industria se esfuerza por mantener altos y estables los precios que pagan sus consumidores nacionales. O por qué buscan rentabilizar sus cosechas generando energía, etanol o melazas. 

Todo esto es esencial para seguir exportando.

Así sucede en Guatemala. Y de hecho, este sistema no produce unos precios del azúcar especialmente caros para el mercado interno, si se compara con otros países centroamericanos.

Pero, por otro lado, es difícil comparar a Guatemala con sus vecinos porque acá la industria es mucho mayor.

Mientras otros países se han alejado de esta industria precisamente porque es difícil, Guatemala ha hecho lo opuesto.

Se ha convertido en el tercer exportador más grande de América Latina, solo por detrás de México y Brasil y a mucha distancia del cuarto, Colombia.

Esto ha convertido a los azucareros, y en especial a las familias Herrera y Leal, en grupos económicos muy prósperos, que se han diversificado.

Lo que no está tan claro es si este auge de la industria azucarera también se ha traducido en alguna ventaja para los consumidores guatemaltecos o si estos, en realidad, solo están subsidiando a los exportadores.

¿Existen más casos?  

Otro sector que opera de una manera similar y que, además, está vinculado al del azúcar, es el del licor.

Los productores de aguardiente y rones están también agrupados en una asociación: Anfal (Asociación Nacional de Fabricantes de Alcoholes y Licoresl; han creado una empresa única para comercializar sus productos, Licores de Guatemala, y dominan su mercado como los azucareros el suyo. 

En el origen de este sistema está también un sistema de cuotas entre las cuatro empresas que fundaron Anfal: Industria Licorera La Quetzalteca, S.A., Industria Licorera Guatemalteca, S.A., Industria Licorera Euzkadi, S.A.,Licorera Zacapaneca, S.A.

Este gremio no difunde tantos datos sobre su actividad como el azucarero, por lo que no sabemos exactamente cómo es el reparto o si las cuatro empresas que fundaron Anfal siguen siendo independientes.

Este sistema ha favorecido que Guatemala desarrolle un negocio lucrativo: la producción de rones añejos de calidad. También, en el pasado, se argumentó que facilitaba la recaudación de los impuestos a los que está sujeto el alcohol.

Pero, ahora, a diferencia de lo que podría suceder con el sector azucarero, no está tan claro que la existencia de este cartel pueda tener una justificación fácil.

3. Colusión en contratos públicos

¿En qué consiste?

Empresas llegan a acuerdos para manipular los concursos públicos que organiza el Estado para comprar un producto o servicio.

¿Quién lo hace?

No es sencillo establecerlo por la falta de precedentes. Pero el gremio de la construcción de grandes obras públicas, como las carreteras, podría ser uno de los sospechosos principales.

Hasta el momento, lo que sabemos es lo que las investigaciones anti corrupción han revelado.

Por ejemplo, que las grandes constructoras de obra pública financiaban campañas políticas en secreto y pagaban sobornos a funcionarios a cambio de contratos públicos.

Pero una constructora, o un grupo de ellas, pueden manipular concursos públicos sin haber pagado coimas o sin que las autoridades se den cuenta siquiera.

Por ejemplo, pueden crear un cartel que establezca cuotas de contratos para cada constructora o que determine que las obras en el norte del país serán para esta empresa y las del sur, serán para la otra.

Esto puede encarecer el precio que el Estado paga por la infraestructura.

Sobre este tipo de prácticas sabemos menos. Y en ellas se centran las leyes de competencia. De hecho, si se aprueba la Iniciativa 5074 quedarían prohibidas.

¿Por qué las carreteras?

La construcción de carreteras o puentes es una actividad con cierta predisposición a este tipo de acuerdos.

Los grandes contratos de infraestructura son más bien escasos y preparar una oferta para un concurso supone una inversión de tiempo y dinero. Hay que gastar sin tener la certeza de que se va a ganar.

Además, hacer carreteras o puentes suele requerir el mover máquinas grandes o materiales pesados, por lo que a las empresas les resulta conveniente tener sus contratos concentrados en un área. Y es común que las instituciones públicas permitan que un contratista subcontrate a otros una parte de los trabajos.

Todo esto crea incentivos para que en vez de competir haya un reparto.

De hecho, en el pasado, cuando las empresas agrupadas en la Cámara de la Construcción acaparaban los grandes contratos, había indicios que sugerían la existencia de este tipo de acuerdos.

La constructora Sigma, por ejemplo, dominaba las principales rutas desde la capital hacia El Salvador. Conasa y Soleh Boneh el occidente y el sur, principalmente, aunque la segunda también era fuerte en el norte, donde construyó la Franja Transversal. Codico, en cambio, trabaja en el oriente e Izabal y Asfalgua, en el área metropolitana de la capital.

Este esquema ya no está vigente. Pero un análisis de los contratos que adjudicó la Dirección General de Caminos (DGC) durante la administración pasada muestra cómo es posible que se produjera algún tipo de reparto entre las principales contratistas.

La DGC es una dependencia del Ministerio de Comunicaciones encargada de realizar las obras más grandes.

Entre 2020 y el final de 2023 repartió unos Q17 mil millones en 150 grandes contratos para hacer carreteras y puentes, según datos de Guatecompras.

Un grupo de once contratistas fueron los favoritos, entre ellos,  Aspetro cuyo copropietario, Ramiro Mauricio López Camey, fue incluido en 2022 en la llamada Lista Engel; o las empresas del operador político Gustavo Alejos implicado por CICIG o la FECI en cinco casos de corrupcion diferentes. Estos se quedaron con las obras más importantes y con Q65 de cada Q100 que repartió la DGC. 

En total, estas once constructoras presentaron ofertas en 53 licitaciones, pero, a pesar de que la participación fue baja,  en promedio menos de tres empresas por concurso, solo compitieron una contra la otra en cuatro ocasiones.

Es como si estas once favoritas supieran cuando iban a ganar y solo se presentaron a esos concursos. De hecho, solo ocurrió en ocho ocasiones que una de las once favoritas ofertó, pero no logró el contrato.

Este patrón se dio de manera aún más clara en las licitaciones para construir puentes o pasos desnivel.

La DGC otorgó 21 contratos de este tipo a 14 constructoras diferentes durante el pasado gobierno. En solo uno de los 21 concursos, una constructora que ganó uno de estos contratos compitió contra otra que hizo lo mismo.  

De nuevo, es como si se hubieran rotado para presentar ofertas solo cuando iban a ganar.

¿Existen más casos?

Algo similar pudo suceder durante las subastas de las bandas 4G y 5G del espectro radioeléctrico que se realizaron en 2023.

Como ya reportó No Ficción, las dos empresas telefónicas que operan en el país, Claro y Tigo, decidieron no competir entre sí y se repartieron este bien público, que les permitirá ofrecer internet rápido a dispositivos móviles, pagando lo menos posible al Estado.  

Finalmente, Tigo controlará alrededor del 60 por ciento de la banda y Claro, el 40 por ciento restante. Esta es, más o menos, la cuota que tiene cada empresa en el mercado de la telefonía celular, lo que podría indicar la existencia de algún tipo de acuerdo más amplio entre las dos empresas.

Si se aprobara la Iniciativa 5074 este tipo de prácticas podrían investigarse.

4. Imponer precios de reventa

¿En qué consiste?

Es cuando una empresa que distribuye un producto obliga a sus clientes a venderlo a los consumidores a un precio determinado.  

¿Quién lo hace?

Recientemente han proliferado en redes sociales, publicaciones en las que personas se quejan de que algunos medicamentos se venden en las principales cadenas de farmacias a exactamente el mismo precio.  

Esto no es casualidad. Responde a una política establecida por quienes distribuyen los medicamentos –las droguerías– y que aceptan las farmacias.

En una entrevista de 2021, Niels Erichsen, ejecutivo de Bodega Farmacéutica (Bofasa), propietaria de las farmacias Cruz Verde, Meykos y Del Ahorro, dio a entender que en el sector no hay competencia de precios porque se sigue la “estrategia de cada fabricante”. 

Erichsen, de hecho, explicó que las tres cadenas que controla su familia venden los medicamentos al mismo precio precisamente por esta razón. “La diferenciación es por imagen y servicio, no por precio”, dijo el ejecutivo.

En una reunión con diputados celebrada en marzo, el director de las farmacias Farmavalue, Guillermo Aguilar confirmó la existencia de esta práctica. Aguilar explicó que cuando su cadena, que es mexicana, ingresó al mercado en Guatemala, le explicaron que “aquí, todos damos el mismo precio”. 

Que una empresa sugiera los precios al que otras empresas van a revender su producto no es malo en sí mismo. La Iniciativa 5074 no lo prohíbe, de hecho. Lo que la ley sí castigaría es que esta práctica se utilice como herramienta para dominar o repartirse el mercado o para excluir competidores.

Y esto es lo que, en apariencia, sucede con el sector de los medicamentos en Guatemala y que contribuye a explicar por qué algunos guatemaltecos perciben que la medicina es cara cuando se compara con otros países.

¿Dónde reside el problema?  

En que, en la actualidad, algunas de las principales cadenas de farmacias son propiedad de droguerías o viceversa.

Es decir, quienes importan y distribuyen los medicamentos se han convertido en las mismas empresas que los venden al público.

Es el caso de Bofasa, la empresa de la familia Erichsen. Ellos ahora controlan tres cadenas de farmacias, pero también llevan décadas siendo una droguería.

Esto provoca que para Bofasa, por ejemplo, el ingreso en el mercado de una nueva cadena como Farmavalue, que pretende ofrecer descuentos, sea en parte, una amenaza. 

Por un lado, Farmavalue puede comprarle a Bofasa sus productos y aumentar sus ventas. Pero, por otro, les puede privar a ellos mismos de venderlos.

A esto se suma otro punto. Como la distribución y la venta al público se han convertido en el negocio de los mismos actores, aumentan los incentivos para un reparto del mercado.

Las farmacias necesitan vender todo tipo de fármacos, no solo los que distribuye la droguería de su grupo. Por tanto, a la cadena de farmacias X no necesariamente le conviene competir demasiado contra la cadena Y, porque los propietarios de Y, por ejemplo, pueden dejar de vender a X los medicamentos de su droguería.

Y, viceversa. Las droguerías necesitan vender sus productos a más de una cadena de farmacias, no solo a las suyas. Por tanto, la droguería X puede preferir no competir demasiado contra la droguería Y, porque por ejemplo, las farmacias de Y pueden dejar de comprar los medicamentos que distribuye X.

Dado que a ambos negocios les conviene convivir, ¿por qué no llegar a un acuerdo amplio para repartirse los dos mercados?

El testimonio ante el Congreso del director de Farmavalue alimenta  la sospecha de que un arreglo de este tipo podría existir; que este estaría coordinado por alguna de las gremiales del sector, adscritas a la Cámara de Comercio; y que la fijación de precios de venta sería un instrumento para reforzarlo.

La Cámara de Comercio ha negado que promuevan estas prácticas, pero esto contrasta con el testimonio de Aguilar.

Según explicó el director de Farmavalue, representantes del gremio le explicaron que había una política de no competir por precio; es decir, cumplir con los precios recomendados por las droguerías.

Su cadena era bienvenida, pero no podía aplicar descuentos. Cuando él se negó, empezaron los problemas.

En sus redes sociales, Farmavalue ya había denunciado que el laboratorio Megalabs le negó descuentos habituales y que Lancasco le suspendió el suministro por un tiempo. También que las autoridades allanaron sus instalaciones por denuncias de contrabando infundadas.

Sin embargo, fue en el Congreso cuando el director de la empresa explicó el contexto: todo era parte de un esfuerzo coordinado por excluir a Farmavalue del mercado.

La empresa, de hecho, según dijo Aguilar, se vió forzada a comprar a través de intermediarios porque las droguerías se negaban a proveerles medicamentos.  

5. Imponer exclusividades

¿En qué consiste?

Cuando una empresa condiciona la venta de sus productos para que el comprador no compre el mismo producto a la competencia. O cuando una empresa decide vender su producto solo a un determinado comprador.

¿Quién lo hace?

Quien quiera comprar un saco de cemento en Guatemala tiene hasta 11 opciones diferentes, entre marcas nacionales e importadas. Hay cemento chino, mexicano o el líder nacional, Cementos Progreso (Cempro), entre otros.

Hay variedad de oferta, pero lo que no abunda tanto son los lugares en los que un consumidor pueda encontrar varias marcas a la vez, comparar y elegir la más barata o la que le parezca mejor.

Esto es así por prácticas de exclusividad a las que recurren los fabricantes de cemento. 

En muchas ferreterías o distribuidoras de materiales o venden una marca de cemento o venden otra, pero los fabricantes no les permiten vender las dos.

Esto no es perjudicial per se y la Iniciativa 5047 no lo prohíbe. Como con los medicamentos, todo depende de si las empresas utilizan la exclusividad para controlar el mercado y evitar la competencia.

Esto es lo que en apariencia hace Cempro y que podría provocar investigaciones en su contra si se aprueba una ley de competencia.

¿Cómo es el dominio de Cempro?

Esta cementera posee un dominio indiscutible sobre el mercado guatemalteco.

Según sus propios datos, tienen alrededor del 74 por ciento de las ventas de cemento. Aunque según otros cálculos, su cuota de mercado es mayor, más bien, del 80 por ciento. 

Esto les genera unos ingresos brutos de al menos US$ 600 millones al año, según reporta la calificadora de riesgo crediticio Fitch.  Además, Cempro es una de las empresas de su tipo en la región con mayores márgenes de beneficio, según la misma fuente.    

Este poder no es extraño en el negocio del cemento. En El Salvador sucede algo similar con la transnacional Holcim y en el resto de países vecinos son como máximo dos las empresas que tienen una cuota sustancial del mercado.

En otras palabras, este es un sector que tiende al monopolio o al oligopolio en casi todas partes.

Esto ocurre porque el cemento es un bien –aunque no lo parezca– perecedero, costoso de fabricar y de mover y que, además, requiere la presencia de canteras cercanas.

En otras palabras, lo extraordinario de Cempro no es su tamaño, si no su poder que se extiende por toda la cadena del cemento en Guatemala. Esto dificulta que una empresa rival pueda competir por una parte importante del mercado.

Cempro ha influido sobre la gremial de transporte de cemento; dominan también uno de los usos principales del cemento, el concreto, y, a través de la exclusividad, controlan algo fundamental: los puntos de venta.

¿Cómo perjudica esto a los consumidores?

En países más ricos, la mayoría de consumidores no compran con frecuencia sacos de cemento. Los clientes principales son las constructoras.

En Guatemala, donde la mayoría de viviendas son de autoconstrucción, sucede lo opuesto. Gran parte del mercado, según algunos cálculos el 80 por ciento, consiste en la venta a clientes pequeños en ferreterías o tiendas de materiales para obras.

Por eso, para Cempro es tan importante controlarlas. La empresa tiene sus propias tiendas, una cadena llamada Construfácil. Pero, principalmente, han creado un sistema de franquicias en las que solo se venden sus productos.

Cempro ofrece todo lo necesario a quien quiera abrir una ferretería. Proporcionan financiación; suministran unos 7 mil productos diferentes que suelen vender las ferreterías (además de cemento), y también ofrecen una marca que el público conoce. La principal es Construred.

En total, según las cifras de la empresa, en 2021, tenían 653 puntos de venta. Esto significa que la empresa controla una cifra cercana al 50 por ciento de las ferreterías, según algunos cálculos.

Este dominio permite a Cempro aislarse de la competencia, ya sea del mexicano Cemex, que es su principal rival, o de cementos importados aún más baratos.

De hecho, Cemex también replica este sistema. Tienen su propia red de tiendas: Construrama. Solo que estas son solo unas 40.

En ferreterías que sí venden más de una marca de cemento, como EPA, puede verse cómo los productos de Cemex son más baratos que los de Cempro, al menos en la venta en línea.

Sin embargo, Cemex no ha logrado arrebatarle a Cempro una parte sustancial de las ventas. La explicación reside en el poder que tiene Cempro sobre el mercado y en una de sus manifestaciones principales: muchos consumidores no llegan a una tienda donde puedan elegir entre las dos marcas.

En un reciente estudio de Usaid y el Consejo Nacional Empresarial se estima que el cemento en Guatemala es entre un 25 y 32 por ciento más caro que en Honduras y El Salvador. Y que el dominio sobre el mercado que ejerce Cempro supone unos sobreprecios para los consumidores de más de Q900 millones anuales.

Estas conclusiones han sido disputadas por el Centro de Estudios de la Competencia, que asegura que son sesgadas.

¿Hay más casos?

Uno similar es el de la empresa avícola Pollo Rey, que ha creado una red de franquicias llamadas las Casas del Pollo Rey.  Estas tiendas son ya unas 800, según difunde la propia empresa. Y en ellas solo se vende Pollo Rey o productos de la Corporación Multi Inversiones (CMI), el grupo propietario de la marca.

Como en el caso del cemento, lo problemático para la competencia, no es la exclusividad en sí misma, si no que CMI utilice estas tiendas para afianzar aún más su poder en el mercado del pollo fresco e impedir que surjan rivales. 

Según algunos cálculos, Pollo Rey controla alrededor del 57 por ciento del mercado del pollo fresco.  Además, la proliferación de las Casas del Pollo Rey también tiene implicaciones para otros mercados en los que CMI tiene una posición fuerte, como en los embutidos de cerdo.

6. Las fusiones o adquisiciones dentro del mismo mercado o uno relacionado

¿En qué consiste?

Es cuando una empresa compra a otra con el objetivo principal de crecer y afianzarse en su mercado.

¿Quién lo hace?

Esto puede suceder en cualquier sector y no es malo en sí mismo. Que una empresa compre a otra es normal y la Iniciativa 5047, si se aprueba, no lo va a prohibir.

Pero lo que sí haría es facultar a las autoridades a que analicen las implicaciones para la competencia que tendría la adquisición.

Es decir, si una empresa va a comprar a una competidora directa o a otra que esté relacionada de alguna manera con su sector, tendrá el deber de informar a las autoridades antes de concretar la operación.

Y las autoridades, después de analizarlo todo, si concluyen que la compra puede dañar a los consumidores, pueden vetar la operación. O también pueden autorizarla, pero sujeta a alguna condición. Por ejemplo, que la parte compradora o vendedora se desprenda de alguno de sus negocios.

Esto representaría un nivel de intervención del Estado en decisiones privadas inédito en el país. Sin embargo, es común que ocurra en el resto del mundo.

 ¿Cuándo ha sucedido esto?

Una de las compras entre empresas con más impacto para la competencia en Guatemala ocurrió en 2019, cuando la marca de telecomunicaciones Claro adquirió a su rival directo Movistar.

Esta operación concentró el mercado de la telefonía celular en dos actores: Claro y Tigo; y convirtió a Guatemala en el único país de la región en la que solo hay dos operadores de servicio celular.

Si el país hubiera contado con una ley de competencia en ese momento, es seguro que las autoridades habrían escrutado la operación.

En Guatemala la competencia entre telefónicas ya es de por sí limitada porque los usuarios no pueden cambiarse de compañía sin perder su número –esto se puede hacer en toda la región salvo acá. Por eso, la desaparición de uno de los tres operadores existentes tenía implicaciones obvias para la competencia.

De hecho, en El Salvador, donde sí existe una Superintendencia de Competencia, se produjo la misma adquisición. Movistar también quiso vender sus operaciones a Claro y las autoridades lo condicionaron a que Claro se deshiciera de una parte del espectro radioeléctrico que poseía Movistar.

Finalmente, la operación no se concretó en El Salvador y Movistar tuvo que encontrar otro comprador.

En cambio, en Guatemala, el proceso se pudo llevar a cabo sin ningún obstáculo. Y los consumidores ya han sentido las consecuencias.

Según un estudio del economista Guillermo Díaz, en el primer año tras la fusión de las dos empresas, las tarifas de telefonía crecieron un 12 por ciento. En los años previos, cuando había tres empresas en el mercado, el incremento de los precios había sido de un 0.5 por ciento anual, en promedio.     

Desde entonces, pese a que Guatemala es el mercado de telecomunicaciones más grande de la región, sus tarifas han sido las primeras o segundas más altas, según diferentes cálculos.

¿Hay más casos?

Los mercados, en algunos sectores, llevan décadas concentrándose.

Un ejemplo, son los principales bancos privados que hay en la actualidad –Industrial y G&T Continental, que son el resultado de sucesivas fusiones realizadas al comienzo de este siglo.

Esto ha producido un sector en el que sigue habiendo múltiples actores, pero hay claros ganadores y unos márgenes de beneficio más altos que en otros países.

Banco Industrial, por ejemplo, es dominante en los préstamos a empresas, sobre todo en dólares. Y Banrural, un banco en parte público, controla la mayoría del mercado de los microcréditos y tiene poder para fijar los intereses en este segmento, según reporta Fitch.

Más recientemente ha habido concentración entre farmacias. Por ejemplo, en 2019, Bofasa, que poseía la cadena Cruz Verde adquirió las Meykos y Del Ahorro.

Ahora, este sector tiene dos actores cada vez más poderosos: Bofasa y Galeno, que controlan siete de cada diez farmacias de cadena y están ganando cuota de mercado, según algunas estimaciones.

En el sector de los productos de metal, Aceros de Guatemala (AG) también se expandió recientemente para aumentar su poder de mercado.

AG posee la única fábrica siderúrgica del país, una red propia de distribución y venta –las tiendas Distun–  y son fuertes en varios mercados de productos de hierro y acero.

Pero, en 2021 se expandieron hacia otros sectores que le permiten mejorar su posición en la industria de la construcción. Compraron una participación en Megaproductos, una importante productora de blocks y tuberías de concreto. También adquirieron Tubac, que fabrica tuberías de acero.  

Todas estas operaciones se pudieron hacer sin someterse al escrutinio de una autoridad que vela por la competencia.  Eso, como tantas otras prácticas empresariales habituales en Guatemala, cambiaría si se aprueba una ley como la Iniciativa 5047.