La resistencia estudiantil en la USAC revela las tensiones políticas y académicas bajo el mandato de Walter Mazariegos, donde la lucha por la educación pública se convirtió en un acto democrático y perseverancia.

Tenía menos de 24 horas para decidir, y mi cabeza repetía una y otra vez: “Incidir políticamente trae consigo cosas buenas o malas”.

Era octubre de 2023, y el dilema era claro: asumir la Secretaría General de la Asociación de Estudiantes de Ciencias de la Comunicación (AECC) o dar un paso al costado para evitar más problemas. Ya sabía que este cargo venía cargado de riesgos, pero también de responsabilidades, y mi experiencia en la universidad me había demostrado que el silencio no era una opción.

En 2022, llegué a la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) con sueños y expectativas. La tricentenaria, como muchos la llaman con respeto, prometía ser un espacio de aprendizaje y crecimiento. Pero la realidad golpeó fuerte desde el primer día. La universidad enfrentaba una crisis histórica que convirtió los pasillos en campos de batalla y las aulas en trincheras ideológicas.

Todo estalló el 14 de mayo de 2022, cuando Walter Ramiro Mazariegos Biolis fue proclamado rector en medio de lo que para muchos fue un fraude. “Esto no es una elección, es una imposición”, decían los carteles que aparecieron por todas partes. La frustración se palpaba en cada rincón del campus. Lo que debía ser un espacio de educación y esperanza se transformó en un terreno de resistencia.

El 19 de mayo de 2022, la toma del campus marcó el inicio de un capítulo oscuro. Fueron 386 días de lucha ininterrumpida, donde los estudiantes, con más valentía que recursos, desafiaron un sistema que parecía diseñado para callarnos. Desde los jardines hasta las aulas, se organizaron debates, asambleas y jornadas culturales que mantenían viva la resistencia.

Mientras tanto, Mazariegos y su administración respondían con desdén y estrategias que solo aumentaban la tensión. Acusaciones de vandalismo inundaron las redes sociales, buscando deslegitimar el movimiento. “Nos acusan de destruir lo que ellos ya habían dejado caer a pedazos”, me comentó un compañero, frustrado por las mentiras que circulaban.

En junio de 2023, tras más de un año de toma, se devolvió el campus. Pero las represalias no tardaron en llegar. A los estudiantes se nos acusaba de dividirnos, de fraccionar la resistencia. Yo sentía que esta narrativa era parte de una estrategia mayor: debilitarnos desde adentro. Y vaya que estaba funcionando. 

La Escuela de Ciencias de la Comunicación (ECC) no fue la excepción. El Consejo Superior Universitario (CSU) bajo el mandato de Mazariegos limitó nuestro acceso al campus, fragmentó las actividades académicas y creó incertidumbre. Nos preguntábamos si todo esto no era más que un intento de apagar nuestra voz.

A mediados de 2022, la planilla “ONCE”, representación estudiantil oficial hasta ese momento, perdió legitimidad. En una asamblea, se formó un comité ejecutivo interino que asumió la AECC, con la misión de recuperar los valores democráticos que habíamos perdido. Yo fui parte de ese proceso, observando y apoyando desde nuestro Consejo Consultivo (CC), (El Consejo Consultivo es el ente estudiantil que fiscaliza el trabajo de la AECC y representa a cada unos de los salones de los diferentes semestres, carreras y jornadas de la ECC).

Luego de un año de lucha constante llegó el momento de elegir a un nuevo Comité Ejecutivo, pues el tiempo del anterior ya había culminado y era necesario un proceso eleccionario y así resguardar la transparencia que se deben dar en estos procesos. Para octubre de 2024 y ante la falta de una elección derivado de la apatía estudiantil y la necesidad de no perder espacios de incidencia estudiantil, me postulé como Secretario General de la AECC. Fue una decisión meditada, pero llena de dudas. “No te metas en problemas, esto solo te va a perjudicar”, me advirtieron amigos y familiares. Sin embargo, la convicción de hacer algo por la universidad me llevó a aceptar el reto.

Desde el primer día en el cargo, quedó claro que no sería fácil. Las reuniones se extendían hasta altas horas de la noche. Las decisiones que tomábamos traían retos consigo, y con ello vinieron las consecuencias. Las autoridades de la ECC, leales al régimen de Mazariegos, no tardaron en participar.

El conflicto escaló a inicios de 2024, con la renuncia de César Paiz como director de la ECC. Las disputas por su reemplazo polarizaron aún más el ambiente. Finalmente, Regina Miranda asumió el interinato, desatando una ola de críticas por su cercanía con Mazariegos. Su administración se ha caracterizado por la negligencia y el desinterés hacia los estudiantes.

En abril de 2024, cansados de la falta de soluciones, los estudiantes tomamos el edificio de Bienestar Estudiantil. “Es nuestro derecho exigir respuestas”, gritábamos mientras las autoridades nos amedrentaban y aludían a perjudicarnos de manera legal. Tiempo después de la “encerrona” como la llamamos muchos. El cuerpo policial llegó al edificio. La tensión era insoportable, y las amenazas contra nosotros aumentaron. Sabía al ver todo lo que se desataría una lucha aún mayor. 

Poco después, comenzaron a circular al igual que inicios de año rumores de expulsiones y listas negras. El temor me invadió, no fui la excepción. Mi desempeño académico fue puesto en duda, y un malentendido con un docente se convirtió en el pretexto perfecto para ponerme en la mira. “Esto es personal, no académico”, me repetía mientras intentaba entender cómo todo había escalado tan rápido.

El malentendido fue hacerme perder un curso del quinto semestre del técnico profesional en publicidad, mismo que tuve que cerrar este año pero no será así. Apele con los debidos procesos para resolver mi caso, pero la respuesta no fue la esperada. El coordinador de técnico profesional en publicidad solo me dijo en una reunión que tuvimos: “El perder un curso o sacarlo en recuperación no te quita lo inteligente. Además en las constancias de cursos aprobados esto no se nota”. 

Agradecí, caminamos un par de minutos juntos por la universidad con rumbo al edificio M2 y en mi cabeza solo resonaba la frase: “Te advertí que el incidir políticamente trae consigo consecuencias”. Hice mi examen de recuperación y nuevamente lo perdí con 3 puntos a pesar de haber respondido el examen casi en su totalidad. En la supuesta revisión de examen que solicité con el docente del curso de Administración de Empresas, solo corroboré que debía redactar de manera literal muchas respuestas y que por más que insistiera en repetir el examen no se daría. 

Continúe mi demanda y llegué con un órgano más arriba, el coordinador de área académica y la historia fue similar, expliqué cómo no ganar este curso me vetaba de muchas cosas a las que estaba aspirando, que tendría que repetir un año porque el curso antes mencionado me bloqueaba un curso del sexto semestre, y que ante esto pedía que se me apoyara aprobando un “examen extraordinario” en favor de mi persona pero el veredicto que se me dio fue: “Nunca se ha llevado un examen extraordinario en la Escuela de Ciencias de la Comunicación, por ende la solicitud es rechazada”. 

Las represalias no eran casualidad. Otros compañeros también enfrentaron sanciones y acoso. Me acordé de Rodolfo Chang, Martín Macario, Camilo García, Engelberth Blanco, y otros nombres conocidos que ya habían sido perseguidos por el régimen impuesto en el CSU entre noviembre de 2023 y los primeros meses de 2024 en el caso denominado “Botín Político: Toma USAC”. La lucha tenía un costo, y todos lo estábamos pagando de una forma u otra.

La falta de un padrón electoral en la USAC era otra de las grandes inconsistencias. “El padrón es un arma de doble filo”, me explicó Bayron García, Secretario General de la AEU, al señalar cómo las autoridades lo utilizaban como excusa para posponer elecciones y mantener el control impuesto en la tricentenaria.

A medida que pasaban los meses, las luchas internas se intensificaban. Los docentes aliados al régimen intimidaban a estudiantes en las aulas. “No se hace política aquí”, decían, como si el simple hecho de cuestionar fuera un delito. Pero los estudiantes no nos rendimos, continuamos exponiendo nuestras demandas y nuestro descontento hacía los procesos espurios impuestos en la USAC.

El 4 de abril de 2024 fue uno de los días más intensos. La policía dentro del campus era un recordatorio de que nuestras demandas no serían escuchadas. Sin embargo, también fue un día de unión. “Esto no es solo por nosotros, es por los que vienen después”, escuché que dijo un compañero, y sus palabras resonaron profundamente en mí.

El mandato en la AECC terminó por afectar mis estudios. No pude cerrar mi técnico profesional debido a la represión académica. “Esto es lo que pasa cuando alzas la voz”, me decía mientras veía cómo mi esfuerzo académico era ignorado por razones políticas.

Pese a todo, entendí que el verdadero problema no era personal, sino estructural. La administración de Mazariegos transformó la USAC en un espacio de represión y censura. La universidad, que alguna vez fue del pueblo, ahora parece pertenecer a un grupo pequeño que gobierna promoviendo el miedo.

En medio de este caos, descubrí que la resistencia no solo es un acto político, sino un acto de fe. Fe en que las cosas pueden cambiar, en que nuestras voces, aunque intenten silenciarlas, siempre encontrarán la manera de ser escuchadas.

Hoy, mientras escribo estas líneas, miro hacia atrás y reflexiono sobre todo lo que hemos vivido. La lucha no ha terminado, pero tampoco ha sido en vano. Cada marcha, cada consigna, cada sacrificio nos ha enseñado que la educación pública no es un privilegio, sino un derecho.

Ya entregué el mandato de la AECC, sin embargo, vale la pena luchar, aun cuando intenten opacar tu voz de una manera u otra.