Una estructura criminal está acabando con la cobertura boscosa del área natural protegida de uno de los 22 departamentos de Guatemala. Esta ha sido capaz de burlar la organización comunitaria y la fuerza policial. 

“Va corer arta sangre”(sic) es el mensaje que apareció escrito en un nylon colocado en una pared del vivero forestal del bosque comunal de Totonicapán, el 5 de marzo de 2021. A un lado del vivero, los malhechores derribaron dos árboles y una bodega donde organizaciones y autoridades comunitarias guardaban semillas y otros enseres. 

Esa mañana, Agustin Par se asustó. Él es un hombre entrado en edad, lleva más de 20 años cuidando ese vivero y nunca había pasado algo así; ese incidente, asegura, lo tiene preocupado.

En 2021, la Junta Directiva de 48 cantones, una de las juntas que integran el sistema de gobernanza comunitaria en este departamento del Altiplano occidental guatemalteco, denominó a ese grupo que tala los bosques como una estructura criminal organizada. Y, tanto autoridades del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) como de la División de Protección a la Naturaleza (DIPRONA), una instancia de la Policía Nacional Civil (PNC), sostienen que es una estructura peligrosa.  

Dicha estructura criminal opera de manera organizada, por ejemplo, si detienen a uno de sus integrantes, los demás se movilizan con rapidez para impedir que sea encarcelado o multado, explica Germán García encargado del  CONAP en ese departamento. 

“Aquí hay una estructura organizada, los visibles y los que no lo son; los que se ven son los operativos, los operativos son los taladores”, dice García quien recuerda que en un percance hace tres meses, personal del CONAP resultó con lesiones que ameritaron hospitalización. 

“Ir al bosque es un riesgo, me da miedo, pero lo hacemos, ese es nuestro trabajo”, sostiene García, quien relata que si se encuentran con los perpetradores durante sus rondas por el bosque, estos los atacan con machetes, palos o lo que tengan a su alcance. Los taladores son recios. “No se pueden decir los nombres de los integrantes  de la estructura, pero ya sabemos quiénes son”, afirma este hombre que teme entrar al bosque, pero lo hace con valentía.

“Hace cinco meses tuvimos un altercado, consignamos un carro repleto de tablas: Le hicimos la parada al piloto del vehículo y se detuvo. Paso seguido fue solicitar los  documentos de la madera que transportaba y no presentó nada. Detuvimos al conductor, pero antes de poder colocarle los grilletes hizo una llamada telefónica y habló en su idioma (K´iche´), nosotros no entendimos nada. Al momento de trasladar al detenido a la comisaría apareció un enjambre de pickups con personas en la palangana. En ese momento entendimos el propósito de la llamada. En menos de tres minutos los cientos de personas que venían en los pickups abrieron la patrulla y se llevaron al detenido con todo y esposas. La madera y el vehículo aún están en custodia”, relata Adán Eliseo Ramírez, Jefe de DIPRONA en Totonicapán.  

DIPRONA es una entidad gubernamental cuya misión es detener a los transgresores de la naturaleza y concienciar a la población de no destruir los bienes naturales del país. Esta división de la PNC se encuentra en 19 delegaciones del territorio nacional.     

Pero el citado incidente no es el único que han presenciado los agentes de DIPRONA en Totonicapán. Otro fue el día que los detuvieron en una comunidad en donde pretendían verificar la existencia de una enorme cantidad de madera en una casa particular. “Nosotros solo queríamos ver si la madera tenía algún certificado que garantizara la procedencia de la madera, pero la población se aferró a que el convenio 169 los ampara”, cuenta Ramírez. 

El convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo fue ratificado por Guatemala en 1996. Ese convenio tiene dos principios: el derecho de los pueblos indígenas a mantener y fortalecer sus culturas, formas de vida e instituciones propias, y su derecho a participar de manera efectiva en las decisiones que les afectan.  

Sin embargo, para Ramírez, los habitantes de las comunidades utilizan mal el concepto de ser indígena. “Yo soy indígena, pero en mi cultura no pregonamos cortar los árboles, agredir a las personas, al contrario, nuestra visión es vivir en armonía con la naturaleza”, explica. 

“Con los taladores es complejo, ellos vigilan a la PNC y a DIPRONA, saben en dónde estamos, por ese motivo evaden los puestos de control. Otro modus operandi es la violencia; aunque no  hemos visto que utilicen armas de fuego, sí usan machetes, palos y ondas, con eso nos han atacado”, dice Ramírez.

El número de agentes de DIPRONA que trabaja en Totonicapán es reducido, no pasa de cinco, y deben cubrir los ocho municipios que conforman el departamento. Ramírez señala que ese es uno de los motivos por los cuales no hay operativos de manera permanente en el bosque comunal que tiene 22 mil hectáreas de extensión. 

Pero la tala ilícita de árboles de ciprés (Cupressus) y encino (Quercus) que al año asciende a unos 68,412 árboles, no solo preocupa o concierne a los representantes del CONAP o de las organizaciones ambientalistas que tienen proyectos en ese departamento. También atañe al presidente de la Junta Directiva de Recursos Naturales de los 48 cantones. Hasta agosto de 2022, ese cargo lo tenía Francisco Noé Aguilar Hernández, quien comparte que el tema de la tala ilícita le quita el sueño, porque esa estructura que opera en los bosques de manera organizada es violenta y está impactando el ecosistema. Asimismo, para José Santos Sapón ex presidente de 48 Cantones, esa estructura no se maneja sola, necesita de políticos locales para existir: alcalde municipal y diputados.

Se solicitó al Gobernador departamental y al alcalde municipal de Totonicapán una entrevista para que pudieran ofrecer su versión de los hechos y explicaran qué acciones están efectuando para frenar al grupo criminal que está talando el bosque comunal, pero no la concedieron.

“Los políticos locales tratan de quedar bien con ellos (la estructura). Una de las formas de lograrlo es no atacar la tala ilícita, no hay esfuerzos serios para reducirla. Es una problemática que nadie quiere atender”, dice Sapón.

«Esa estructura no se maneja sola, necesita de políticos locales para existir: alcalde municipal y diputados».

La estructura criminal no está integrada por muchas personas, cuentan algunos habitantes de Totonicapán consultados al respecto y quienes pidieron anonimato. “No pasan de 100 personas, quizás son unas 50”, indican, lo que sí aseguran los entrevistados es que utilizan a niños, niñas y mujeres para frenar las acciones punitivas en su contra. A ellos los colocan en primera fila, como escudos, cuando las autoridades correspondientes pretenden detenerlos. 

“Hace poco le pusimos una multa por Q8,000 (US$1,066) a un hombre que transportaba leña de la cual no pudo indicar su procedencia legal. No pasaron ni cinco minutos cuando un grupo de personas reunieron el dinero y el talador se fue, así de fácil”, cuenta Aguilar.

Actualmente hay dos casos por tala ilícita en proceso judicial. Germán García, encargado del  CONAP, dice que llegar a una pena legal sería un éxito para tener un precedente y frenar a la estructura ilegal que opera en el bosque. También comenta que el CONAP le está dando seguimiento a uno de los dos casos citados. Pero, los jueces no están preparados en el campo de los delitos forestales y tampoco se basan  en la ley de áreas protegidas para emitir sus sentencias. 

García cita el artículo 81 de esta ley: “Atenta contra el Patrimonio Natural y Cultural de la Nación: quien sin contar con la licencia otorgada por autoridad competente, corta, recolectar ejemplares vivos o muertos, partes o derivados de especies de flora y fauna silvestre, así como quien transporta, intercambia, comercializa o exporta piezas arqueológicas o derivados de estas, serán sancionados con prisión de cinco a diez años y multa de Q10 mil (US $1,333) a Q20 mil (US $2,666). 

Al consultar en Totonicapán a las autoridades del Ministerio Público (MP), el Juzgado de Paz y el Juzgado de Narcoactividad, ninguna de las personas a cargo de esas tres instituciones gubernamentales indicaron conocer alguna denuncia o caso por tala ilícita. 

Si las autoridades competentes no actúan, ¿cómo proteger el bosque?

La organización ancestral de Totonicapán la conforman los 48 Cantones, es reconocida por su servicio al pueblo y por cuidar sus recursos naturales.

Además de la Junta Directiva de los 48 cantones existen la Junta Directiva de Recursos Naturales, la Junta Directiva de Alguaciles de Primera Quincena, Junta Directiva de Alguaciles de Segunda Quincena y Junta Directiva de Delegados de Baños de Agua Caliente. Cada junta tiene una misión específica. La de Recursos Naturales, por ejemplo, es la que vela por el cuidado de los bosques comunales. El tiempo que el presidente de cada junta la preside es de un año, y la elección de los directivos la hacen las personas de cada comunidad, que se reúnen en asambleas. Durante los 365 días que los integrantes de las juntas tienen a su cargo las mismas, los líderes desempeñan el cargo ad honorem (sin recibir algún incentivo económico) y a esa práctica se le conoce como  k´ax k´ol.

En su libro: Sistemas de Gobierno Comunal Indígena, mujeres y tramas de parentesco de Chuimeq´ena´, la antropóloga Gladys Tzul Tzul, explica que el k´ax k´ol es una estrategia de trabajo K´iche´. Etimológicamente k´ax significa dolor y k´ol trabajo o servicio. Esto quiere decir que es una actividad en la que hombres, mujeres, niñas, y niños trabajan para producir bienestar comunal.

Otra forma de gobernanza en los bosques de Totonicapán son las parcialidades, las cuales se derivan de núcleos familiares ancestrales directos. Por ejemplo, están la parcialidad Sapón y la parcialidad Baquiax. Cada una está conformada por los integrantes de una familia, por eso llevan el apellido de la familia que representan, y se encargan de administrar, cuidar y proteger cierto número de hectáreas del bosque no comunal, tierras que son de su propiedad. Funcionan a la par de la estructura de juntas directivas, por un año.  En total las 13 parcialidades que existen son:  Baquiax, Quiaquix, Batz, Caxaj, Tax, Ajpacajá, Velazco, Chipuac, Paquí, Chuamazán, Vásquez, Chaclanes y García. 

Para la organización ambiental no gubernamental EcoLogic Development Fund, el tipo de gobernanza en Totonicapán es una fortaleza para  implementar proyectos ambientales, como los que ellos han ejecutado desde hace 19 años que trabajan en el departamento. Otras instituciones que ven el potencial de ese modelo organizativo y que también ejecutan proyectos en este departamento son: CARE Guatemala, Asociación de Forestería Comunitaria de Guatemala Utz Ché, Asociación de Cooperación para el Desarrollo Rural de Occidente (CDRO) y Servicios Jurídicos y Sociales (SERJUS).

La riqueza de biodiversidad que resguarda el bosque comunal 

A 10 minutos del centro de Totonicapán está el vivero forestal de los 48 Cantones; se puede llegar en vehículo y, caminando, el trayecto puede demorar 45 minutos. En ese lugar se mantiene regularmente Agustín Par quien se encarga de velar por el crecimiento de los pilones de distintas especies forestales hasta que están listos para pasar al suelo definitivo. Agustín les habla y cuida, por lo que también sufre al ver cómo frente al vivero pasan los pickups repletos de madera y leña, procedentes del bosque ancestral de los 48 Cantones. Los ojos se le nublan cuando recuerda esas imágenes “nadie los puede detener”, dice.

El bosque comunal de Totonicapán tiene una extensión de 22 mil hectáreas, de las cuales 11 mil 377 fueron declaradas áreas protegidas por CONAP en 1989. Allí crecen más de 19 especies de flora entre ellas: mazote (Acaena elongata L), milenrama (Achillea millefolium L), helecho (Adiantum andicola Liebm), rayjan (Baccharis vaccinioides HBK), cola de caballo (Equisetum arvense L. E Hyemale). También está habitado por más de 25 especies de animales entre ellos: tucanette esmeralda (Aulacorhynchus prasinus), ardilla listada (Basileuterus belli), gavilán (Buteo albonotatus), colibrí azul (Colibri thalassinus), urraca de montículo (Cyanocorax melanocyaneus), carpintero parcheado (Dendrocopos). scolaris) destaca la tesis de grado “Importancia de la educación ambiental en la conservación de la flora y fauna del parque ecológico comunitario Chajil Siwan”,  

Para orientar las acciones de manejo y conservación de este bosque comunal, por parte de las autoridades ambientales competentes, el municipio de Totonicapán cuenta desde noviembre de 2020 con la Política Ambiental y Recursos Naturales, la cual pretende fortalecer la equidad de género, la gobernanza, el desarrollo local social y económico a través de una comisión de seguimiento que permitirá la coordinación entre la municipalidad y actores locales. 

Según se indica en la política ambiental, el bosque de Totonicapán es el más completo de coníferas con especies de pino (Pinus ayacahuite) y encino (Quercus sp) e incluye el área más importante a nivel nacional de regeneración natural de pinabete (Abies guatemalensis Rehder), una especie emblemática y bastante demandada en la época navideña, por su característico aroma. 

Otro aspecto que resalta la política ambiental es que los bosques de Totonicapán son montanos nubosos, por lo que su protección contribuiría a garantizar los caudales de más de 1,500 nacimientos de agua que ahí existen. Según un estudio de Sergio Godínez, del Programa Académico de Ingeniería Forestal, del Centro Universitario de Noroccidente, de la Universidad de San Carlos de Guatemala, estos bosques experimentan altas precipitaciones y niebla persistente, y cumplen la función de reguladores de la cantidad y calidad del agua que captan. Esta función de intercepción efectiva de agua de lluvia y condensación de neblina se relaciona con la arquitectura de las ramas y hojas de los árboles que los forman, en asocio con plantas que solo los usan de soporte (epífitas). Asimismo, son ecosistemas con gran diversidad, altamente vulnerables a los efectos del cambio climático, a riesgos naturales e impactos humanos.

Algunos de esos nacimientos de agua se secan en época de verano, por lo que con el aumento de la temperatura global debido al cambio climático, existe riesgo de que se sequen definitivamente. A ese riesgo también  hay que sumar, la contaminación de los afluentes, por la inexistencia del tratamiento de las aguas servidas, la abundancia de desechos sólidos y su manejo inadecuado en este departamento y el país en general, según se indica en el citado documento.

Fernando Racancoj, ingeniero agrónomo que trabaja en EcoLogic y tiene más de 16 años de experiencia en temas forestales, señala que “aparte de las 1,500 fuentes de agua que provee el bosque de Totonicapán, este brinda oxígeno y favorece el ecoturismo, tiene mucho potencial para su uso sostenible, pero, lamentablemente, por parte de las autoridades comunitarias y gubernamentales no hay planes claros para su buen manejo”.

Por eso, EcoLogic trabaja con comunidades organizadas en la conservación de los recursos naturales, a través de actividades de reforestación y restauración, fortalecimiento a la organización comunitaria, la producción forestal, la implementación de tecnología limpia y educación ambiental, asegura el ingeniero agrónomo Mario Ardany De León, representante de país de EcoLogic. 

Historia de un leñador  

Manuel, un joven que no pasa de los 25 años de edad, accedió a conceder esta entrevista con un nombre ficticio, porque de hacerlo con su nombre real, le traería graves consecuencias.

Manuel cuenta que en su comunidad, quienes tienen potestad sobre los recursos de la montaña: agua y árboles, son las autoridades comunitarias. E igual ocurre en varios lugares del departamento, donde las comunidades tienen autonomía y sus propios gobiernos locales.  De esa cuenta, todos los domingos, en la comunidad donde él vive, varios hombres hacen fila frente al salón comunal para solicitar permiso de cortar árboles para la venta de leña. Los líderes comunitarios acompañan al solicitante a ver el árbol, lo evalúan y según el tamaño de este les hacen un cobro que puede oscilar entre los Q150 (US$20) y Q400 (US$53). El dinero que se recauda es utilizado en algunos proyectos de la localidad, para mejorar algún camino, o la tubería que transporta el agua a cada hogar.Los permisos son válidos solo en la comunidad que habita el solicitante y los árboles situados cerca de afluentes de agua no pueden tocarse. Luego, para compensar la pérdida de árboles, los leñadores deben participar en las jornadas de reforestación  que impulsan las mismas las autoridades comunitarias. “Nadie se puede negar a eso”, dice Mauel. 

 “Sí el árbol que queremos cortar es grande se obtienen buenas ganancias, pero si no, se gana poco con la venta de leña”, añade Manuel, quien previo a ser leñador solo se dedicaba a transportar leña, oficio que ejerció por más de cinco años. “Por viaje ganaba hasta Q150 (US$. 20), pero no solo hacía un viaje, eran hasta cuatro a la semana, así que mis ingresos podían llegar a ser de Q450 (US$60). El tipo de leña más comercializada en Totonicapán es la de pino y encino”, indica el joven.

De sus años como transportista de leña, Manuel también recuerda que debía tener dinero a la mano  para “las aguas (soborno)” de los policías. “Nos paraban y les dejábamos Q20 (US$3) o menos por cada pickup de leña y nos dejaban ir sin mayor problema”, cuenta.

“Luego me di cuenta de que se gana más cortando y vendiendo. Un amigo (leñador) se fue para los Estados Unidos y me dejó toda su clientela (compradores de leña), en ese momento entré al negocio de manera formal”, relata.

Manuel sigue hablando y dice que las autoridades comunitarias no dejan que los leñadores utilicen motosierras. “Solo se emplea el hacha o una sierra grande para derribar árboles”. “Si en mi comunidad se utilizara motosierra ya no hubiera árboles”, asegura este leñador legal que cada martes y sábado efectúa entregas exprés de leña. Su clientela es fiel, algunos son sus vecinos y también los dueños de varias panaderías de la localidad, quienes conocen su horario y lo reciben en la puerta de su casa o negocio.

Este joven leñador indica que aunque quisiera dejar su oficio, no tiene muchas opciones, pues no estudió y así es más difícil conseguir un empleo bien remunerado. Él quisiera irse a los Estados Unidos de manera ilegal y no descarta la posibilidad de hacerlo, pero “juntar el dinero (unos Q120 mil o US$16 mil) es complicado, así que ser leñador es lo que tengo”, añade.

¿Por qué siguen usando leña en Totonicapán?

Según el  estudio, Consumo de leña y su impacto ambiental a nivel del municipio de Totonicapán publicado en marzo de 2022, con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), Rainforest Alliance, EcoLogic, CONAP y la Junta Directiva de los 48 cantones, el tema de la tala es una práctica que pone en riesgo la cobertura boscosa del lugar, ya que no existen planes para su sostenibilidad.  

Otro de los hallazgos de este estudio es que son 68 mil 412 árboles los que se cortan cada año en Totonicapán para usarlos como leña. Eso se traduce en 71 pickups que del bosque comunal ingresan diariamente al municipio de Totonicapán. Solo Manuel suma a esa cantidad 96 pickups anuales. Para determinar dicha cantidad, los investigadores realizaron una inspección ocular en distintos puntos del municipio de Totonicapán, en donde verificaron el tránsito de vehículos cargados con leña ilícita. De lo que carecen las instituciones que trabajan en el bosque comunal es de datos históricos para poder hacer proyecciones de en cuántos años se acabaría este si continúa la tala ilegal al ritmo actual.  

Los árboles más utilizados para leña son el Pinus aristata, Pinus Chiapensis, Quercus, Alnus glutinosa y aunque el precio de cada tarea de leña puede ser de Q255 (US$34) este va depender de la especie de árbol. Por ejemplo, la leña de encino es más cara debido a que tarda más tiempo en consumirse, aducen los usuarios.

Los citados 68 mil 412 árboles talados por año en el municipio de Totonicapán equivalen a un área de 310 hectáreas deforestadas, indica el estudio en mención, y el total de leña que se consume anualmente en ese lugar es de 73 mil 881 metros cúbicos. Por eso, una de las recomendaciones que los autores del estudio para paliar la situación, es implementar un programa de estufas ahorradoras de leña.

Fernando Racancoj, de EcoLogic, una de las organizaciones a cargo del citado estudio cuenta que los resultados de este se presentaron a las organizaciones afines al tema ambiental y a la Gobernación Departamental de Totonicapán, pero no han comentado nada al respecto.

Leña versus gas 

En  Totonicapán un cilindro de gas de 35lbs cuesta Q171 (US$19) y puede tardar 20 días, mientras que una tarea de leña que puede durar hasta 15 días cuesta entre Q250 (US$33) y Q300 (US $40), dependiendo la clase de leña, siendo el encino el más caro porque tarda más en consumirse. 

Juana Amalia Sapón Hernández, ama de casa, dice que hay prácticas culturales que son buenas y otras malas. Ella categoriza de mala el uso de leña, porque comprar gas es más económico. 

Sin embargo también comenta que muchas personas como ella: “usamos el gas y la leña, porque tenemos esa oportunidad de tener estufa, entonces, lo que hacemos es cocinar el maíz o el frijol  con fuego (leña),  y las cosas rápidas de cocción las hacemos en la estufa”, cuenta Sapón.

Más razones por las que sigue habiendo tala ilícita

Totonicapán está situado a más de 250 kilómetros de la Ciudad Capital de Guatemala, es  el departamento donde más del 98% de la población se identifica como maya K’ICHE’, según datos del Censo Nacional Poblacional de 2018, lo cual lo convierte en el lugar con mayor población indigena a nivel nacional.

Totonicapán también es uno de los tres departamentos más desiguales del país, pues junto con Alta Verapaz y Quiché comparten las cifras más altas. 

Los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística (INE) que datan de 2014 señalan que los tres departamentos más desiguales en Guatemala y con las cifras más altas de pobreza extrema son Alta Verapaz, Quiché y Totonicapán: 53.6%, 41.8% y 41.1%, respectivamente. 

Según la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) la pobreza extrema significa no tener los recursos económicos para satisfacer las necesidades básicas de alimentación, o vivir con menos de US$1 al día. Esa es la situación de la población indígena en Totonicapán. 

Otro reto que enfrenta la población indígena de Totonicapán es conseguir alimentos para su subsistencia y eso explica por qué el 70% de su población menor de 5 años padece desnutrición crónica, según la última Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil (ENSMI) realizada en 2014.

Hasta 2018 la población de Totonicapán era de 160 mil 343 habitantes,  según   los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística (INE), y se dedican a tres actividades económicas, las cuales, según el Ministerio de Economía (MINECO) son: venta de artesanías, tejeduría y agricultura. 

Por un día de trabajo de 10 horas en el campo los agricultores reciben Q75 (US$10) y es con este ingreso que mantienen a familias de hasta siete integrantes.

Racancoj de EcoLogic reconoce que hasta la fecha no ha existido un programa grande con financiamiento para que los taladores dejen de serlo y se dediquen a otra actividad productiva, solo han existido algunos esfuerzos puntuales. “Por otro lado, las personas no van a querer hacer el cambio de esa práctica que ya tienen arraigada”, afirma.

“El oficio de talador se ha heredado de una generación a otra, pero también es un tema económico. En cuanto a lo económico, los taladores persisten porque muchos de ellos viven de la venta de la leña; no tienen estudios y cuentan con pocos o nulos ingresos económicos, entonces la actividad laboral inmediata que les permite subsistir es talar árboles, ya sea para la venta o para el uso en sus hogares”, añade Racancoj.  

Mario De León, de EcoLogic, cuenta que los avances en temas forestales de Totonicapán dependen del dinamismo de las Juntas Directivas que van cambiando año con año. “Hay ciclos en los que la gestión de la de Recursos Naturales de 48 Cantones la vemos pasiva, hay otros en que es más fuerte; la de este año no ha mostrado mayor interés”, acota.

Asimismo, indica De León, ya no fue activada la mesa de diálogo sobre la tala ilícita que se estableció en 2014 con el objetivo de crear estrategias para reducir la tala de árboles, hacer diagnósticos e impulsar emprendimientos alternativos para los taladores. Esta mesa era presidida por la Junta Directiva de Recursos Naturales de 48 cantones y otras organizaciones como el Ministerio Público (MP), Organismo Judicial (OJ), Ongs y representantes de los leñadores.

Y con la llegada de la pandemia por el COVID-19, relata German García del CONAP,  la tala ilícita se incrementó,  porque ninguna autoridad pudo salir a patrullar el bosque y cuando ya pudieron hacerlo, “fue un cementerio de árboles lo que encontramos”, cuenta.

Francisco Miguel Yax, actual presidente de la Junta Directiva de Recursos Naturales, aunque solo le quedan cuatro meses en el puesto dice: “Estamos haciendo monitoreos en el bosque para reducir la tala ilegal, pero sí hay fuertes conflictos ahí”.

Es así como ante la indiferencia, poca voluntad y capacidad de acción de muchos actores gubernamentales para frenar la tala ilícita, la estructura criminal que opera de manera organizada en los bosques de Totonicapán continúa cada día derribando más árboles. “No se ponen a analizar el gran impacto que esta situación tendrá, quizás el agua empiece a escasear”, se lamenta Agustín Par, mientras continúa regando los pilones de distintas especies de árboles que serán sembradas el próximo año.  

Este reportaje fue producido con el apoyo de Earth Journalism Network de Internews