Investigaciones del ministerio de Hacienda de El Salvador y del propio FMLN desnudan a Alba Petróleos. Un mecanismo que trasladó los millones venezolanos a cuentas personales a través de préstamos incobrables a particulares y empresas de cartón. 

La crisis al interior del FMLN inició en 2018, poco después de las elecciones legislativas de marzo en las que el partido que entonces gobernaba El Salvador perdió casi un 40% de sus votos. La comisión política (CP) del partido, en una reunión realizada la tercera semana de abril de ese año, escuchó un asunto espinoso que hasta entonces había sido una especie de elefante en el cuarto efemelenista: el reclamo por los millones perdidos de Alba Petróleos de El Salvador.

Ese día, la CP conoció detalles de una auditoría interna a Alba, avalada por el entonces coordinador general del partido, Medardo González. La revelación más importante: el consorcio financiado con dinero proveniente del petróleo venezolano y administrado por altos dirigentes del FMLN no podía dar cuentas de al menos 600 millones de dólares que llegaron a sus arcas desde Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Un exmiembro de la comisión política, quien habló con Factum en condición de anonimato, relató los pormenores de la reunión, que luego confirmaron otros dos dirigentes efemelenistas y un militante que fue miembro de la campaña del excandidato presidencial Hugo Martínez.

“Fue una reunión tensa… Se encaró a Ramiro (José Luis Merino, excomandante guerrillero y líder histórico del FMLN, además de uno de los fundadores de Alba Petróleos) por ese dinero… Se le dijo que hacían falta millones de dólares”, dice uno de los exdirigentes que estuvo presente en la reunión.

«Esa investigación encontró que no se reportó todo el crudo (petróleo) que llegaba… y que habían empezado a trabajar con ‘prestatarios’ para prestar dinero que después no recuperaban…”, aseguró a Factum en julio pasado otro exdirigente del FMLN». 

La auditoría explicaba las formas en que el dinero se había esfumado a través de préstamos a compañías vinculadas al entramado empresarial que Alba construyó con militantes del FMLN, miembros de su dirigencia y prestanombres.

“Esa investigación encontró que no se reportó todo el crudo (petróleo) que llegaba… y que habían empezado a trabajar con ‘prestatarios’ para prestar dinero que después no recuperaban…”, aseguró a Factum en julio pasado otro exdirigente del FMLN que conoció de primera mano la auditoría.

En realidad, admitieron dos de los dirigentes izquierdistas consultados, lo que la investigación y la reunión de la CP de inicios de 2018 hicieron fue formalizar lo que ya era un secreto a voces en el FMLN: el dinero venezolano que llegaba a Alba Petróleos se estaba esfumando sin que nadie más que José Luis Merino y sus más allegados supieran hacia dónde.

Factum ha intentado en varias ocasiones hablar con Merino sobre Alba pero no ha habido respuesta.

En el informe que la cúpula efemelenista conoció aparecían algunos de los nombres de las empresas que habían recibido préstamos millonarios de Alba que, de acuerdo con la investigación, nunca devolvieron o solo retornaron parcialmente. Dos de las principales deudoras eran Apes Inc. y Atlantic Pacific Logistic, dos subsidiarias del consorcio salvadoreño establecidas en Panamá.

Para septiembre de 2016, dos años antes de que se realizara la auditoría interna en el FMLN, Alba Petróleos ya había trasladado a Apes Inc. 165.9 millones de dólares en calidad de préstamo. A 2018, el consorcio salvadoreño no había recuperado ese dinero según las fuentes del FMLN.

“Lo único que (Apes Inc. y sus directivos) habían logrado justificar en el papel eran 22 millones supuestamente de una consultoría financiera… Pero nadie explicó nunca de qué era esa consultoría”, asegura el exdirigente que conoció todo el proceso de auditoría realizada desde el FMLN.

El principal directivo de Apes Inc., a cuyo nombre se autorizó el traslado de 165.9 millones dólares en 2016, era Erick Geovanni Vega, el médico que fue militante del FMLN y que es uno de los nexos entre el entorno Alba Petróleos y el del presidente salvadoreño Nayib Bukele, según consta en registros públicos en Panamá.

Otra empresa que recibió préstamos de Alba, la mayoría de los cuales fueron catalogados como incobrables por el mismo consorcio de acuerdo a fuentes de Hacienda, fue Atlantic Pacific Logistic, una de cuatro offshores creadas en Panamá por Mauricio Cortez Avelar, un abogado que, según la fiscalía salvadoreña, es uno de los “principales testaferros” de José Luis Merino y su hermano Sigfredo, dos de los fundadores de Alba Petróleos.

Entre Atlantic y Apes Inc., Alba sacó hacia Panamá unos 230 millones de dólares, según la auditoría interna del FMLN. La mayoría de ese dinero salió en concepto de préstamos que luego serían declarados imposibles de cobrar. Este hallazgo fue corroborado por otra auditoría, esta realizada por peritos del Ministerio de Hacienda de El Salvador entre 2016 y 2017, según confirmó a Factum uno de los funcionarios públicos que trabajó en esa investigación hacendaria. Alba Petróleos es objeto de investigaciones por lavado de dinero en El Salvador y Estados Unidos.

Cuando la cúpula del FMLN vio el resultado de la auditoría, tras la derrota en las legislativas de 2018, el partido iniciaba un largo camino hacia las presidenciales de 2019 marcado por pleitos internos y reposicionamientos de poder. Uno de los dirigentes de entonces describió la situación como el enfrentamiento entre tres grupos: el encabezado por Merino; el de la vieja cúpula liderada por Medardo González, acompañado entre otros por Lorena Peña, expresidenta de la Asamblea Legislativa, por Norma Guevara y por el exministro de Obras Públicas Gerson Martínez; y el del entonces vicepresidente Óscar Ortiz. A partir de entonces, el asunto Alba Petróleos se convirtió en parte central de la discusión.

Alba Petróleos había caminado sin problemas de la mano del FMLN desde su fundación en 2006, cuando el expresidente venezolano Hugo Chávez lanzó la iniciativa ALBA, un modelo geopolítico de asistencia económica a través de subsidios y préstamos blandos a aliados extranjeros. En El Salvador, Alba fue la cabeza de playa, la caja fuerte desde la que se repartió el dinero. José Luis Merino fue el principal operador político de ese dinero; él y su hermano Sigfredo.

«(…)un secreto a voces en el FMLN: el dinero venezolano que llegaba a Alba Petróleos se estaba esfumando sin que nadie más que José Luis Merino y sus más allegados supieran hacia dónde». 

Los problemas empezaron en 2016, cuando los sucesores de Chávez en el régimen venezolano se peleaban las joyas de la corona en Caracas, entre ellas los millones de PDVSA, la estatal petrolera que financiaba a propios y extraños en la órbita del chavismo. Pero, en El Salvador, no fue hasta la debacle electoral de 2018 y los pleitos políticos internos que enfrentó el FMLN antes de la presidencial de este año que la bomba del hoyo financiero de Alba Petróleos explotó en la mesa de su comisión política.

El principio del fin: la investigación venezolana

Los problemas para los gestores en El Salvador de los millones venezolanos se hicieron más grandes el 27 de julio de 2017. Aquel día un fiscal venezolano, identificado en este reportaje como el agente 50, apenas logró cruzar la frontera entre su país y el departamento colombiano de Cúcuta.

A 50 le seguían de cerca los hombres de Diosdado Cabello, el número dos del chavismo y hasta el año anterior el mandamás en PDVSA. En 2016, reacomodos políticos en la sucesión chavista empoderaron a Tareck El Aissami como hombre de confianza del presidente Nicolás Maduro y nuevo encargado de todo lo relacionado a la petrolera estatal.

“Le quitaron poder a Diosdado y Maduro nombró a Tareck… Se abrió espacio para la investigación… Antes, PDVSA era impenetrable”, asegura el agente 50.

El Aissami y Cabello se enfrascaron en un pleito político que tuvo como una de sus consecuencias que se abrieran espacios políticos para que la fiscalía venezolana empezara a investigar lo que había estado pasando en PDVSA. Al escritorio de 50 llegó, entonces, la orden de Luisa Ortega, fiscal general, de investigar a la petrolera. Ya para enero de 2017, el agente 50 y su equipo estaban siguiendo las pistas de desfalcos que incluían a varios hombres fuertes del chavismo.

Pero, en el frágil y explosivo tablero de la política venezolana, 50 nunca contó con todas las protecciones que necesitó para una misión que pasaba por ubicar los miles de millones de dólares de PDVSA que llevaban una década perdiéndose en bolsillos de funcionarios venezolanos, en paraísos fiscales y en todo el tinglado político que el chavismo montó con consorcios extranjeros como Alba Petróleos de El Salvador.

Factum conversó con 50 en una ciudad de la costa este de los Estados Unidos, donde el fiscal terminó refugiado tras escabullirse hacia Colombia aquel 27 de julio de 2017. Durante esa plática, el exfuncionario venezolano confirmó que la investigación que arrancó en Caracas en 2016, y que en principio comprometió a funcionarios locales, derivó en otros expedientes que incluyeron a las subsidiarias extranjeras de PDVSA, como Alba Petróleos y Albanisa en Nicaragua.

Una de las cosas que esas investigaciones descubrieron es que el modus operandi que los venezolanos ocuparon para desfalcar a PDVSA se repitieron en otras latitudes. Para ilustrarlo, 50 acude al ejemplo de las impresoras millonarias y el allanamiento a Concord, una empresa vinculada a Pedro León, exdirectivo de la petrolera enjuiciado por actos de corrupción.

Tras allanar las instalaciones de Concord con algunos subterfugios, como comunicar a los policías encargados solo la dirección del lugar y no el nombre de la empresa ni de sus dueños, 50 rescató información digital y en papel que detallaba estafas que incluían contratos ilegales a empresas de cartón para pagar, con dinero de PDVSA, por obras que nunca se realizaban, o por materiales que costaban mucho menos de lo que se reflejaba en los libros.

“Hubo un caso en que esta empresa pagó 320,000 dólares por dos impresoras cuyo precio real era de 3,600 dólares por el par… Ese es solo un ejemplo”, recuerda 50, quien accedió a entrevistarse con Factum a condición de que su nombre no fuese revelado.

Esta Revista confirmó la veracidad de su testimonio con autoridades estadounidenses que investigan a PDVSA y con fuentes abiertas en Venezuela que corroboran casos como el de Concord y el de Pedro León.

El principal modus operandi de León era desviar fondos de PDVSA a  empresas de cartón, creadas específicamente para ofertar servicios que luego no se ejecutaban. Así se movía el dinero de las arcas de la petrolera sin que estuviese muy claro cuál era el destino final. Tal es el caso, por ejemplo, de la empresa Servicios y Suministros Industriales, una pequeña compañía gestionada por un testaferro de Pedro León que tenía como único cliente a Petroquímicas de Venezuela, una filial de PDVSA.

El esquema es similar al que, según la Fiscalía General de la República en El Salvador (FGR), utilizó Alba Petróleos para desviar millones de dólares a través de contratos ilegales o de préstamos incobrables extendidos a empresas regentadas por testaferros de los hermanos Merino. Tal es el caso, por ejemplo, del dinero que Alba trasladó a Inverval, Precosal o Starlight, las empresas relacionadas con el entorno del presidente salvadoreño Nayib Bukele.

Los fiscales salvadoreños que investigan a Alba describieron ese esquema en las diligencias de registro SA-3-4-19 que solicitaron a una jueza en San Salvador a finales de mayo de 2019 para allanar 23 empresas relacionadas al consorcio Alba Petróleos: “Son transacciones en exceso a los ingresos, costos y gastos que no se justifican de conformidad a la naturaleza del negocio, ya que los mismos han sido concebidos con la intención de recibir y desviar fondos a personas diferentes a los beneficiarios finales”, dice la FGR en su argumentación.

El agente 50 y otros fiscales tuvieron una ventana de poco menos de un año para investigar a PDVSA. Las investigaciones llevaron a capturas como las de Pedro León, a quien en los corrillos judiciales y periodísticos venezolanos se conocía como “El zar de la franja del Orinoco”. De esas investigaciones que llevó la fiscalía venezolana, pero que según 50 no abarcan el total del desfalco, se desprende una cifra de lo extraído ilegalmente de la petrolera por diferentes funcionarios del chavismo: 23 mil millones de dólares.

Para mediados de 2017, el agente 50 ya había causado escozor entre suficientes personas con poder político como para que el espacio de maniobra que había tenido un año antes se terminara. Agarrándose de los últimos hilos que le quedaban, el agente fiscal pudo aprovechar un viaje de investigación al extranjero previamente programado para salir de Venezuela. Algunas de sus investigaciones quedaron inconclusas, pero la bomba ya había explotado en PDVSA y las ondas expansivas se sentían ya en otras latitudes, como Estados Unidos y El Salvador.

Algunos de los señalados en las investigaciones venezolanas han terminado como informantes de las agencias federales estadounidenses que investigan el posible lavado de dinero en PDVSA y en sus satélites continentales.

“En reuniones entre investigadores del FBI se ha tratado el caso de El Salvador, se han mencionado empresas y hay venezolanos que han confirmado la molestia de los venezolanos (por cómo) se manejó el dinero”, dice un investigador estadounidense que conoce esas reuniones de primera mano.

Los venezolanos ya habían dejado sentir su malestar en 2016, tanto a sus socios políticos del FMLN como al gobierno de El Salvador que entonces presidía el efemelenista Salvador Sánchez Cerén.

Hasta 2016, Alba había usado sus declaraciones al ministerio de Hacienda salvadoreño como base de sus reportes, pero, según un investigador de esa cartera de estado, los informes no reflejaban toda la realidad contable del consorcio o de las empresas vinculadas. El reclamo de PDVSA fue, según el investigador venezolano, el funcionario de Hacienda en El Salvador y dos exmiembros de la cúpula del FMLN, lo que motivó exámenes más exhaustivos.

Uno de esos exámenes fue el que, en 2017, encargó la misma CP del FMLN, y cuyos resultados se socializaron entre la cúpula del partido de izquierda en la reunión de abril de 2018 posterior a las legislativas de ese año.

Pasó, con Alba Petróleos de El Salvador, lo mismo que había ocurrido con PDVSA en Venezuela: pleitos políticos entre los administradores de la bonanza provocada por el petróleo terminaron destapando el hoyo negro, que en El Salvador ronda los 600 millones de dólares.

Las sospechas de lavado

Documentos de la FGR resumirían, en 2019, algunas de las sospechas sobre los montos totales que movió Alba y los agujeros que no tenían justificación, por los que ya, desde 2016, los venezolanos reclamaban a sus socios salvadoreños.

De acuerdo con los fiscales salvadoreños Carolina de la Paz Cabera Molina, Carlos Gustavo Mora Bonilla y Arturo Ernesto Sánchez Villegas, firmantes de la solicitud de allanamientos a 23 empresas vinculadas a Alba Petróleos ejecutadas a finales de mayo pasado, el consorcio movió, entre 2010 y 2019, 3 mil 242 millones 23 mil 671.64 dólares.

De ese gran total, Alba destinó apenas el 7.5% a compras que tienen algún tipo de justificación. Los 2 mil 533 millones 745 mil 66.61 dólares restantes, es decir el 92.5% del dinero movido en casi una década, son gastos cuyas procedencias y destinos provocan sospechas a los fiscales. Son gastos, dicen los agentes de la FGR, “en los que se identifican y describen alertas con indicios de lavado de dinero”.

Los principales indicios de lavado que encontró la Fiscalía están resumidos en el informe IIF-001/2019, emitido el 8 de mayo de 2019 por la Unidad de Investigación Financiera de la FGR. Los movimientos financieros de Alba Petróleos son sospechosos porque “no hay conocimiento de la mayoría de los ingresos gravados (del consorcio)”, por la incongruencia entre las ventas reales -que son mínimas- y otros ingresos cuya procedencia no se justifica; el desbalance entre lo que el consorcio vendió como servicios y lo que ingresó; y la entrega de donaciones por 12 millones de dólares sin que hubiese justificación de la procedencia de ese dinero.

Todo lo anterior, concluye la UIF, es parte de una posible economía criminal en la que se desconoce “el origen de la mayoría de los recursos que fueron depositados en cuentas bancarias, así como el destino que se dio a los mismos”.

De las empresas relacionadas a Alba Petróleos salieron decenas de millones de dólares a empresas creadas exclusivamente para canalizar ese dinero a terceros, como en el caso de Inverval, que en 2013 recibió 15 millones y medio de dólares para invertir en bienes raíces y en una empresa de comunicación relacionada al entorno del presidente Nayib Bukele, entonces alcalde de Nuevo Cuscatlán; o como los 7 millones 53 mil 757 dólares que Precocidos de El Salvador (Precosal), la empresa relacionada con Pablo Salvador Anliker -ministro de Agricultura de Bukele-, adeudaba al consorcio en 2012.

Para la Fiscalía, Inverval es un buen ejemplo de cómo funcionó una empresa creada a priori para tener “múltiples relaciones con Alba Petróleos de El Salvador”. Fue de Inverval que, en 2013, Nayib Bukele recibió 1.9 millones de dólares en 2013 a título personal a través de cheques y préstamos. Factum preguntó a Bukele si había devuelto el dinero a la empresa, pero no hubo respuesta.

Este tipo de préstamos son, según la FGR, parte esencial del hoyo financiero de Alba Petróleos: a 2016, el consorcio tenía cuenta por cobrar por 646.6 millones de dólares, que, advierten los fiscales de la UIF, “puede variar incluso a 934.4 millones de dólares”. La primera cifra coincide con lo que la investigación interna del FMLN encontró entre 2017 y 2018.

Trece meses después de aquella reunión de abril de 2018 en la que el FMLN formalizó en la CP el pleito interno por los fondos de Alba Petróleos, Nayib Bukele juró como presidente de la república de El Salvador, cargo al que accedió como candidato de la Gran Alianza por la Unidad Nacional tras pelearse con sus correligionarios efemelenistas.

Desde entonces, las relaciones entre Bukele y el FMLN han pasado por acusaciones mutuas, una de las cuales tuvo en el centro a Alba Petróleos: el presidente, desde su cuenta de Twitter, insinúo en agosto pasado que su expartido no podía explicar la procedencia de los fondos de una contragarantía financiera con la que pagó al estado parte de una deuda electoral.

El origen de aquellos fondos reclamados al FMLN era Termopuertos, otra empresa asociada al consorcio salvadoreño alimentado con el dinero venezolano extraído de PDVSA. El origen de aquel dinero era Alba Petróleos, el mismo del que Bukele y su entorno recibieron millones en 2013. El origen de todo ese dinero era la empresa investigada por lavado de dinero y con un hoyo financiero de por lo menos 600 millones de dólares.