Las familias Castillo y Rodas serán los beneficiarios finales del proceso abierto por la empresa hidroeléctrica Energía y Renovación Holdings S.A. contra el Estado de Guatemala. El fallo favoreció a accionistas guatemaltecos que utilizaron empresas intermediarias panameñas para demandar a Guatemala por no garantizar la operación de hidroeléctrica en Ixquisis, San Mateo Ixtatán, Huehuetenango.
El Estado de Guatemala deberá pagar alrededor de US$64.5 millones a la empresa Energía y Renovación Holdings S.A. por no haber podido garantizar la operación de la hidroeléctrica proyectada para operar en San Mateo Ixtatán, Huehuetenango. Así lo resolvió el pasado 31 de marzo el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi). Pero, ¿quiénes están detrás de esta empresa?.
Esta sentencia fue resultado de una demanda planteada por la empresa contra el Estado de Guatemala en noviembre de 2021 por un proceso conocido como “arbitraje internacional relativo a inversiones”. Esta demanda es una especie de juicio civil en el cual una empresa extranjera, apelando a un tratado de libre comercio o acuerdo bilateral de inversiones firmado entre países, puede pedir una compensación a un Estado por un trato desfavorable que le pueda hacer perder inversiones.
El mecanismo fue diseñado como una especie de “garantía” para que los inversionistas extranjeros no pudieran ser expropiados o violados sus derechos por medidas arbitrarias de parte de los Estados. Sin embargo, los inversionistas de esta empresa no son extranjeros.
El Estado de Guatemala argumentó que el demandante, Energía y Renovación Holdings S.A. (ERH) no cumplía las condiciones para calificar como un “inversor protegido” ya que sus propietarios son de nacionalidad guatemalteca. Mientras que el acuerdo comercial al que apelaban suscrito con Panamá y el Convenio CIADI protege sólo las inversiones extranjeras.
Según el alegato del demandado, en el expediente del proceso CIADI ARB/2156, “en el año 2015 y desde entonces, los accionistas del 100% de ERH son el Grupo Empresarial Mariposa Corp. (“GEMCORP” -compañía vinculada a CBC, la embotelladora de Pepsi Cola en Centroamérica-) y Fundación Encino (“ENCINO”). La Demandada señala que, a su vez, estas empresas son controladas por nacionales guatemaltecos, la familia Castillo y Rodas, respectivamente”.
¿Por qué demandaron al Estado?
En el caso del proyecto hidroeléctrico en San Mateo Ixtatán, Huehuetenango, la empresa Energía y Renovación Holding, S.A. demandó al Estado de Guatemala, en representación de sus accionistas y empresas intermediarias panameñas y subsidiarias guatemaltecas porque “a través de omisiones y medidas arbitrarias, se afectó a su inversión y se violó el Tratado” de libre comercio suscrito con Panamá.
La empresa argumentó que “en 2014, grupos armados atacaron sus instalaciones, incendiaron su campamento, destruyeron maquinaria y agredieron al personal, lo que habría causado retrasos significativos e incrementado los costos de Proyecto”. Además, señaló que estos ataques llegaron a “niveles críticos” en 2017 con la destrucción de maquinaria en sus instalaciones.
Según la compañía, la ingobernabilidad continuó en el área del proyecto “y el Estado incumplió sus obligaciones en los términos del Tratado”. La empresa afirma que presentó otras solicitudes para intervención en la región y garantizar el estado de derecho, pero que se ignoraron sus reclamos y el Estado “no procesó a los responsables de los actos violentos, lo que perpetuó la impunidad y exacerbó la inseguridad en el área”.
En la zona, sin embargo, se instaló un destacamento militar y una subestación de la Policía Nacional Civil. Soldados y agentes cuya salida fue solicitada por la población Chuj vecina del proyecto hidroeléctrico en rechazo a la compañía al señalarlos de solo proteger los intereses de la empresa. Pero esta solicitud fue ignorada, según reseñó Prensa Comunitaria en 2018.
La familia Castillo detrás de la hidroeléctrica
El Grupo Empresarial Mariposa Corp. (GEMCORP), una de las accionistas de Energía y Renovación Holdings (ERH), es una compañía que entronca con uno de los grupos empresariales oligárquicos más grandes de Guatemala, la corporación Castillo Hermanos.
En 1885 Enrique Castillo Córdova fundó la Fábrica de Bebidas Gaseosas la Centro Americana, de la cual derivó en 1934 la sociedad La Mariposa, la cual comercializa Pepsi Cola desde 1,941.
A su vez Corporación Mariposa amplió sus operaciones a Centroamérica en 1987, y actualmente opera como Central America Bottling Corporación, conocida como CBC. Uno de los socios de esta empresa y director ejecutivo de la compañía hidroeléctrica ERH es José Guillermo Mata Monteros, sobrino de Carlos Enrique Mata Castillo, el presidente de CBC empresa que elabora la cerveza de Brahva, en alianza con AmBev.
Además, según el argumento del Estado de Guatemala ante el tribunal, la empresa Promoción y Desarrollos Hídricos S.A. (“PDHSA”), le presentó a ERH “la oportunidad de invertir en proyectos hidroeléctricos en Guatemala, también es de la familia Rodas”.
La familia vinculada a Rodrigo Rosemberg, la otra accionista de la hidroeléctrica
Por otra parte, el otro componente propietario de Energía y Renovación Holdings (ERH) es la Fundación Encino, una entidad jurídica registrada en Panamá y que tiene por fundador a Carlos Eduardo Rodas Marzano. Su hija, Gabriela Rodas Godoy, fue registrada como miembro de la Junta Directiva y su hijo Rodrigo Rodas Godoy, como presidente. Todos ellos son guatemaltecos.
Rodas Marzano es medio hermano del abogado Rodrigo Rosenberg Marzano. El famoso abogado asesinado en mayo de 2009 y conocido por el caso investigado por CICIG que lleva su nombre. Carlos Eduardo Rodas Marzano fue el representante legal de Promoción y Desarrollos Hídricos S.A., la compañía que inició el desarrollo del proyecto hidroeléctrico.
Las conexiones políticas de Rodas Marzano incluyen a su esposa, Dora Godoy Arenales de Rodas, sobrina de Antonio Arenales Forno. Arenales Forno fue titular de la Secretaría de la Paz (SEPAZ) durante el gobierno de Otto Pérez Molina y diputado por el partido Valor en el periodo 2020-2024. Así como anteriormente diputado por UCN y el Frente Republicano Guatemalteco (FRG).
Rodas Marzano, además, fue comisionado presidencial para el Plan Puebla Panamá y asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores (con rango de embajador en misión especial) durante el gobierno de Oscar Berger. En el mismo periodo en el que se negoció el tratado comercial con Panamá y se comenzó a discutir la interconexión eléctrica entre el sur de México y Centroamérica.
El mismo día en que se constituyó ERH en Panamá, se establecieron seis empresas panameñas intermediarias señala el expediente comercial: American Resources Estates, Inc.; Energy Services Entreprises, S.A.; Inverol Capital, Inc.; Varsovia Investments, Inc.; Energy Entreprises Mgmt., S.A. y Latin America Energy Sources, Inc., las cuales reemplazaron a PDHSA como dueñas de tres empresas guatemaltecas, Generadora San Mateo, Generadora San Andrés y Empresa de Transmisión del Norte.
“Gente de bien” en Guatemala
En 2017 durante una entrevista para Nómada, Rodas Marzano, indicó que los inversores de PDHSA “son guatemaltecos, locales, gente de bien”, y que él era el principal promotor. Pero se negó a confirmar la participación de la familia Mata Castillo u otros inversionistas de CBC en este proyecto hidroeléctrico.
Durante la discusión por esta demanda el Estado de Guatemala intentó evitar que esta siguiera adelante argumentando que se incumplía con el requisito de que la inversión fuera extranjera, para poder aplicar a esta protección especial.
Sin embargo, ERH respondió que el Tratado sólo exige que “el inversionista sea dueño de su inversión” y señala como posible que el propietario adquiera “una inversión protegida con recursos propios en el extranjero”. Es decir, que un guatemalteco puede tener una empresa extranjera que se encuentre cubierta para poder demandar al Estado y pedir una compensación.
ERH, en su argumento ante el tribunal resaltó que “el Tratado no establece ningún requisito respecto al origen de los fondos”.
Para demostrar su inversión ERH presentó al tribunal certificados de acciones de transferencia a las empresas panameñas y guatemaltecas bajo su control por alrededor de US$140 millones.
Arroyo Arzú, vicepresidente legal de CBC y abogado de Energía y Renovación
Hay otra muestra de la propiedad de guatemaltecos de la inversión de ERH, resguardada como una inversión extranjera. En la resolución procesal No. 9 del proceso de arbitraje, el Estado de Guatemala señaló que la empresa demandante “incluyó al Sr. Arroyo Arzú” como abogado representante de la compañía.
Esto a su vez que “es de público conocimiento que el Sr. Arroyo Arzú es abogado personal de la familia Castillo (…) dicha familia financió, es propietaria y controla las supuestas inversiones objeto del arbitraje”.
Oscar Arroyo Arzú figura como secretario de la Junta Directiva en representación de GEMCORP, dueña del 50% de ERH, en la web de Central American Bottling Company (CBC), a la vez que figura en LiknkedIN como el Vicepresidente legal de CBC.
Este punto, tampoco fue negado por la empresa ERH, quién recordó al tribunal y al demandado que Arroyo Arzú “ha sido abogado y que ha asesorado legalmente a Energía y Renovación Holding S.A.”.
¿Quién paga la cuenta de los Castillo y Rodas?
Originalmente, la empresa ERH estimaba que sus pérdidas por la falta de operación de la hidroeléctrica en San Mateo Ixtatán ascendían a US$146.8 millones. Por su parte, el Estado de Guatemala las calculaba en US$35.67 millones. Finalmente el tribunal condenó al país al pago de US$64.5 millones. A esto hay que sumarle la mitad de los gastos de honorarios de los abogados de la compañía y los miembros del tribunal, lo cual suma otros US$3.93 millones a la factura.
El tribunal fue integrado por Diego P. Fernández Arroyo (presidente y designado por las partes), Guido Santiago Tawil (nombrado por la demandante) y Raúl Emilio Vinuesa (elegido por Guatemala). Este último, el cual emitió opinión disidente.
Para el Tribunal, Guatemala violó el artículo 10.06 de “Nivel mínimo de trato” del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Panamá de 2002, que contempla el “trato justo y equitativo” y la “protección seguridad plenas” de las inversiones.
Sin embargo, los juzgadores consideraron que ERH no cumplió “plenamente con su deber de mitigar los daños” por lo que redujo la indemnización a recibir por parte de Guatemala en un 20%.
En caso de no efectuar el pago el Estado se expone, según señala el Informe de Riesgos Fiscales 2024-2028 del Ministerio de Finanzas, a “la ejecución de las sentencias mediante embargos de bienes del Estado en el exterior”. Algo que a su vez puede afectar la negociación de Bonos del Tesoro en el mercado internacional y hacer más caro el contraer la deuda con la que financia sus funciones el gobierno.
