En 2024, el Congreso aprobó la Ley de Competencia, que había permanecido estancadas décadas; el presidente aumentó el salario mínimo un 10%, más que cualquiera de sus tres antecesores; el Ministerio de Salud cambió de manera radical la manera en que compra medicamentos para reducir la corrupción y el Ministerio de Educación duplicó la asignación para útiles escolares que destina a cada alumno. 2024 fue un año complicado que, sin embargo, nos deja algunos motivos para ser optimistas (aunque lo pesimista también está acá.
Hace ahora un año, en su discurso de toma de posesión, el presidente Bernardo Arévalo dejó claro que él gobernaría como un socialdemócrata. Prometió más políticas públicas y más justicia social. “El Estado finalmente asumirá su responsabilidad histórica de guiar el desarrollo”, aseguró.
Pero también introdujo un matiz en esta visión. Para lograr estas políticas él no tomaría atajos. No recurriría a debilitar la institucionalidad del Estado o alimentar la corrupción. No dañaría la democracia.
“Nuestra propuesta de gobierno se resume en una fórmula sencilla: no puede haber democracia sin justicia social y la justicia social no puede prevalecer sin democracia. A pesar de su simplicidad, esta fórmula ha estado notoriamente ausente a lo largo de gran parte de nuestra historia”, dijo Arévalo.
Con estas palabras, el presidente quiso recalcar que él sería diferente a otros gobernantes socialdemócratas cuyas gestiones se vieron rodeadas de corrupción, clientelismo u otros abusos.
En otras palabras, los principios de Arévalo no serían muy diferentes a los de Vinicio Cerezo (1986-1991), Alfonso Portillo (2000-2004) o Álvaro Colom (2008-2012). Pero sus métodos sí.
De esta manera, Arévalo se propuso lograr un equilibrio complejo: ser un presidente con los aciertos de sus antecesores, pero sin sus errores.
¿Lo está consiguiendo por el momento? Hay argumentos para sostener que sí y otros para defender lo contrario.
Aquí nos centramos en lo positivo. Lo negativo lo puedes leer en este texto:
A continuación, cinco temas en los que la actual administración ha conseguido logros concretos en su primer año; cinco políticas que retratan a un gobierno que cree en un Estado fuerte que redistribuye la riqueza, pero que también está tratando de mejorar algo el funcionamiento de las instituciones.
1.Protección de los consumidores y los trabajadores
Tomar decisiones sobre temas que generan rechazo unánime entre los grandes empresarios nunca ha sido sencillo para los sucesivos gobiernos. Por eso, algunos gobernaron obviando estos temas. Y otros tendieron a negociar.
Así sucedió, por ejemplo, cuando Colom trató de aumentar los impuestos a los más ricos entre 2008 y 2009.
Esto, históricamente, ha sido un obstáculo para que se creen leyes o regulaciones que la mayoría de grandes empresarios rechazan.
Arévalo y su partido, Semilla, no han confrontado abiertamente al sector privado organizado. Pero, al mismo tiempo, en 2024, promovieron con éxito medidas que en otro tiempo hubieran sido tabú y que muestran su independencia del poder económico.
En el Congreso, por ejemplo, la bancada oficial logró aprobar las leyes de Tarjetas de Crédito y de Competencia. Estas dos leyes tocan temas que afectan a la actividad de las empresas más poderosas del país. Y que durante años habían permanecido estancadas.
Los textos aprobados o no son perfectos, como han señalado expertos, o no producirán cambios inmediatos.
La Ley de Tarjetas no fija intereses máximos que los bancos pueden cobrar a sus clientes, que era uno de sus objetivos principales al principio.
Y la aprobación de Ley de Competencia, que prohíbe prácticas como la creación de carteles o monopolios, es solo el primer paso de un proceso que durará años.
Pero ambas leyes avanzan en la protección de los consumidores, algo que no se había conseguido con frecuencia.
El gobierno también logró otra medida favorable a los trabajadores, que tradicionalmente los grandes empresarios han rechazado: el aumento del salario mínimo.
Determinarlo es facultad del presidente, pero el sector privado organizado, emite recomendaciones y trata de minimizar las subidas y evitar que estas sean generalizadas.
Los últimos tres gobiernos no se alejaron mucho de las recomendaciones de la patronal. Aprobaron aumentos anuales de entre el 3% y el 6% aproximadamente.
Además, en varias ocasiones, como sucedió con el salario mínimo vigente en 2024, aplicaron aumentos diferenciados por actividad económica y región, tal y como el sector privado pide.
Arévalo, en cambio, decidió incrementar el salario mínimo mucho más que sus tres antecesores. Para 2025, el aumento es del 10%.
Y aunque sí ha mantenido un aumento diferente para las maquilas, donde ha crecido solo un 6%, ha obviado las diferencias por región y ha aplicado un incremento igual para todo el país.
Este aumento del 10% es el mayor registrado desde la administración de Colom.
2. Un nuevo sistema para comprar medicamentos
Casos de corrupción destapados en los últimos años como Negociantes de la Salud o IGSS-Pisa, pusieron de relieve lo complicado que resulta que el Estado adquiera insumos médicos sin recurrir a la corrupción.
Estos casos propiciaron que en 2016, durante el gobierno de Jimmy Morales, el Instituto Guatemalteco del Seguro Social (IGSS) decidiera cambiar la manera en que compra medicamentos.
Con la ayuda de una agencia de Naciones Unidas llamada UNOPS, el IGSS centralizó los procesos de adquisición en una unidad externa a la institución y creó un sistema de subastas inversas para decidir sus proveedores.
Esto produjo buenos resultados, según la información publicada por UNOPS.
Más empresas se animaron a participar en los concursos, aumentó la competencia y el IGSS comenzó a pagar menos por sus medicamentos.
Se redujeron los precios que se pagaban en entre un 15% y 89%, según cada producto. Esto se tradujo en un ahorro de US$250 millones en seis años, según datos de UNOPS.
A pesar de este éxito, los dos gobiernos anteriores no extendieron este sistema al otro gran comprador de medicamentos del país: el Ministerio de Salud.
Y esto es precisamente lo que sí hizo, en abril de 2024, la administración de Arévalo. El entonces ministro Óscar Cordón decidió recurrir a UNOPS y a las subastas inversas para gastar hasta US$900 millones en medicamentos para el Ministerio de Salud.
El plan consiste en que la institución compre 85 insumos básicos durante los próximos tres años a través de este mecanismo.
El programa aún es incipiente. En 2024 solo representó una parte mínima del gasto en medicamentos. Según información del Sistema de la Contabilidad del Estado (Sicoin), el año pasado, el Ministerio de Salud gastó a través de UNOPS unos Q19 millones, un 3% del presupuesto total de medicamentos.
Además, el alcance del programa es limitado. Hay insumos que quedan fuera. Y cada hospital podrá seguir haciendo compras directas de lo que estime.
Pero a medida que el programa crezca, puede ser uno de los grandes logros de la gestión de Arévalo en materia de salud.
3. Una SAT que recauda más y persigue el fraude
Hace una década era común que la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) no alcanzara las metas de recaudación de impuestos que cada año le fija el gobierno. Entre 2010 y 2020, por ejemplo, la SAT solo cumplió los objetivos cuatro años.
Ahora eso ya no sucede. Desde 2021, se ha cumplido con los objetivos todos los años. Esto, por tanto, no es mérito del gobierno de Arévalo. Es el resultado de un proceso de mejora de la institución que ha incluido medidas como la factura electrónica, que es obligatoria para todos los contribuyentes desde 2022.
Sin embargo, durante la gestión Arévalo se ha dado continuidad a estos procesos. Se mantuvo en el cargo al superintendente Marco Livio Díaz Reyes, nombrado por el gobierno anterior. Y este funcionario ha seguido mejorando la institución.
De hecho, a falta de que se publiquen los datos del año completo, es posible que 2024 haya sido el año de mejor desempeño de la SAT en este siglo.
En noviembre, la institución ya registraba un cumplimiento de la meta del 126%. Es decir, a falta de un mes para terminar el año, la SAT ya había recaudado casi un 26% más de lo que tenía previsto para todo el año. Y la recaudación había crecido un 11% en comparación a 2023.
Además, dos de los tributos que tuvieron el mejor desempeño son impuestos directos, como el ISR o el ISO, que pagan principalmente los contribuyentes más grandes.
Esto hace que el sistema fiscal sea algo más progresivo; que quienes tienen más, paguen más.
En teoría, el sistema fiscal del país debe ser progresivo, según se pactó en los Acuerdos de Paz de 1996, aunque esto no se ha cumplido.
A esto hay que sumar que el actual gobierno ha creado una situación propicia para que los funcionarios de la SAT hagan su trabajo.
La SAT, de hecho, lanzó en 2024 una campaña contra la evasión fiscal como no se había visto en años.
La institución tomó el liderazgo en la lucha contra la corrupción en el país al destapar los casos B410 y Eureka. B410 implica la posible evasión de hasta Q800 millones en impuestos y es considerada la mayor estructura de fraude fiscal detectada nunca.
4. Más gasto en educación
Durante los dos gobiernos anteriores, el Ministerio de Educación (Mineduc) priorizó fortalecer el programa de alimentación escolar. Esta es una de las políticas públicas más costosas que lleva a cabo el gobierno. Supone el desembolso de más de Q3 mil millones todos los años.
El actual gobierno ha seguido apostando por este programa, que implica entregar una refacción diaria a cada alumno. Pero ha añadido dos nuevas prioridades.
Por una parte, ha creado una política para remozar el máximo número de centros educativos posibles. La idea consiste en ejecutar miles de pequeñas obras en las degradadas escuelas públicas: sustituir una puerta o una lámina del tejado; reparar el sistema eléctrico o un drenaje.
Este tipo de proyectos habían recibido escaso financiamiento en anteriores gobiernos. En 2023, por ejemplo, el Mineduc, gastó unos Q293 millones en remozamientos, según datos de Sicoin.
En el primer año de gobierno, la titular de la cartera, Anabella Giracca, casi triplicó esta cifra. Según datos de Sicoin, se invirtieron unos Q860 millones en remozamientos.
El otro elemento de la estrategia del gobierno ha consistido en fortalecer el programa de dotación de útiles escolares.
Desde hacía más de una década, la asignación por alumno estaba congelada en entre Q50 y Q55 para primaria y en Q100 para el nivel medio. Giracca, sin embargo, decidió duplicar estos montos. En 2024, cada alumno de primaria recibió Q100. Y en secundaria Q200.
Esto ha significado que un programa que antes costaba unos Q152 millones anuales, en 2024 implicó el desembolso de algo más de Q341 millones, según Sicoin.
Juntos, remozamientos y útiles, supusieron el año pasado un gasto de más de Q1,200 millones.
Para ejecutar estos fondos, el Mineduc recurrió a transferir directamente el dinero a las organizaciones de padres y madres. Así se ejecuta precisamente, desde hace años, el programa de refacciones escolares.
Esta estrategia tiene el inconveniente de que traslada la responsabilidad de cumplir una política pública a los padres y madres. El gobierno se limita a transferir el dinero. Pero también facilita la ejecución. Por eso, este gobierno, al igual que hicieron los anteriores, ha recurrido a este mecanismo.
5. Una nueva política pública de vivienda
El acceso a una vivienda es una de las preocupaciones principales para las clases medias urbanas; personas u hogares que ganan varias veces el salario mínimo, pero que tienen dificultades para adquirir una propiedad en una ciudad.
Como ya contamos en No-Ficción, no abundan las casas o apartamentos que este sector realmente pueda permitirse, al menos en el área metropolitana de la capital.
Hasta ahora, la única política pública que existía para atender este problema era la actividad del Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas (FHA).
El FHA otorga un seguro a las hipotecas que conceden los bancos del sistema, y, por tanto, promueve que estos presten dinero para comprar una vivienda.
Pero hasta el momento, no existía un programa para directamente prestar dinero a la gente y que cubra el mercado al que los bancos no llegan.
Para hacer esto, en 2024, el gobierno creó el programa Mi Primera Casa.
La idea consiste en que un banco público, el Crédito Hipotecario Nacional (CHN), conceda hipotecas especialmente favorables a hogares que tendrían dificultades para recibir un préstamo hipotecario de un banco comercial.
Para ello, el gobierno ya ha entregado Q750 millones al CHN, según ha explicado el ministro de Finanzas, Jonathan Menkos. Y está previsto que durante todo el mandato se entregue al CHN al menos Q4 mil millones.
El programa no está pensado para todo el mundo. Es necesario que el núcleo familiar gane menos de Q15 mil mensuales, pero más de un salario mínimo.
Además, es imprescindible no poseer ninguna propiedad, por lo que alguien que tenga ya un terreno no puede optar a un crédito para construir su casa, por ejemplo.
Y, las únicas viviendas que podrán comprarse son proyectos nuevos aprobados por el FHA, que se concentran sobre todo en ciertas áreas del área metropolitana.
Pero quienes sí cumplan los requisitos y estén interesados en las casas que es posible comprar, disfrutarán de unas hipotecas en unas condiciones mejores a las que ofrecen los principales bancos privados.
El programa permite dar un enganche del 5% del valor del inmueble. Y las tasas de interés son de entre 5% y 5.5%.
Según información de la Superintendencia de Bancos, ningún banco en la actualidad ofrece tasas tan bajas para comprar vivienda.
La tasa promedio de las hipotecas en Banco Industrial es del 9,1%. Las de Banrural tienen un promedio de casi 11%. Y las GyT Continental son de casi el 7,6%. Estos son los tres bancos más grandes del país.
Además, es común que los bancos exijan un enganche de al menos el 20% por ciento del valor del inmueble.
Es decir, quien acceda a Mi Primera Casa se beneficiará de hipotecas más baratas que las que ofrece el mercado y podrán ahorrar menos para pagar el enganche.
Esto explica el interés que hasta el momento ha generado el programa.
¿Cuántas personas podrán beneficiarse?
Si se cumplen las previsiones del presupuesto, y teniendo en cuenta que solo se financiarán casas de máximo Q617 mil, esto significa que serían al menos 6,500 los hogares beneficiados. 6,500 familias que, hasta ahora, no se habían beneficiado de políticas públicas de vivienda.
