En 2024 el gobierno tuvo serias dificultades para controlar lo que sucede en el Ministerio de Comunicaciones y aún más problemas para recuperar el Ministerio Público. Además, el gobierno y el partido oficial continuaron con la dinámica otorgar favores sin mayor justificación a sectores como los ganaderos, los pensionados del Estado o los veteranos militares. 2024 fue un año que dio motivos para ser optimista, como ya te contamos. Pero fue también un año en el que muchas cosas no cambiaron.
Al asumir el poder hace un año, el presidente Bernardo Arévalo se describió como un reconstructor. Su tarea consistiría en comenzar a “derribar los escombros del muro de corrupción” y sobre ellos edificar algo mejor.
Según explicó, “una clase política irresponsable y superficial” degradó las instituciones públicas, minó la democracia y traicionó el proyecto que se pactó en los Acuerdos de Paz de 1996.
Él comenzaría a recuperar la democracia arrebatada al pueblo.
Arévalo se asignó una tarea que no era sencilla.
Un año después, no está muy claro si el “muro de la corrupción” está siendo demolido, como el presidente dijo, o en gran parte está intacto.
2024 fue año con razones que invitan al optimismo, como exponemos en esta nota:
Pero también fue un año en el que quedó claro que el gobierno de Semilla enfrenta retos enormes y que variar algunas dinámicas ni siquiera es posible para este o, probablemente, ningún otro gobierno.
A continuación, te exponemos cinco hechos sucedidos en 2024 que nos hacen ser pesimistas. Cinco motivos para pensar que no hay forma sencilla de reconducir un Estado en el que hay instituciones fuera de control, ciertos grupos son siempre favorecidos y otros siempre olvidados.
Un agujero negro en Comunicaciones
En su primer año, el nuevo gobierno tenía el reto de comenzar a cambiar la dinámica en el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV).
Esta es una cartera que ha estado rodeada de escándalos de corrupción y que ha absorbido miles de millones de quetzales del presupuesto sin que este dinero haya producido mejoras visibles en la red de carreteras o el acceso a viviendas dignas.
Es cuestionable que el gobierno de Arévalo haya revertido la situación.
La primera ministra que asumió la cartera, Jazmín de la Vega, no ocupó el cargo ni cinco meses. Fue destituida en mayo, según la versión oficial, cuando se negó a cumplir órdenes del presidente. Presuntamente, De la Vega incumplió con el sistema de pago a proveedores que estableció el gobierno para evitar favoritismos y corrupción.
Su sucesor en el cargo, Félix Alvarado, no duró mucho más. Renunció en noviembre, dando a entender que había perdido la confianza del presidente. Además, se despidió con un mensaje no muy esperanzador.
En entrevistas con los medios, Alvarado describió un CIV en el que, básicamente, los constructores con la ayuda de diputados afines, mantienen maniatados a los ministros.
“En Guatemala la obra pública solo pasa si hay corrupción”, le dijo Alvarado al diario Prensa Libre.
Alvarado luchó contra este sistema. Despidió y presentó una denuncia contra su propio director general de Caminos por manipular concursos públicos.
Pero, finalmente, su salida mostró que el sistema aún puede destruir a quienes tratan de reformarlo.
Esta inestabilidad en la institución se tradujo en una baja ejecución del presupuesto.
El CIV fue el ministerio que menor porcentaje de sus fondos gastó en 2024, según información del Sistema de Contabilidad del Estado (Sicoin). Tuvo asignados algo más de Q6 mil millones, pero de esta suma solo pudo ejecutar un 71%
A todo esto hay que añadir que algunas infraestructuras claves colapsaron durante la temporada de lluvias.
En julio, una sección entera de la autopista Palín-Escuintla se hundió. Y en octubre tuvo que cerrarse el puente Nahualate, que es vital para el tránsito por la costa sur.
2. Nadie puede con la fiscal Porras
La ley blinda a quien ocupe el cargo de fiscal general. No era, por tanto, sencillo deshacerse de la jefa del Ministerio Público (MP), la fiscal Consuelo Porras.
El presidente Arévalo y su partido lo intentaron varias veces, pero fallaron.
De modo que, durante 2024, el MP siguió siendo una herramienta para persecuciones políticas y un foco de inestabilidad para el propio gobierno y el sistema electoral.
Mientras, la ciudadanía tuvo que presenciar una insólita guerra entre el presidente y la fiscal, que se prolongó todo el año y aún continúa.
Arévalo se implicó directamente en el problema. En mayo presentó una iniciativa de ley que le permitiría destituir a Porras. En cadena nacional, explicó su importancia. Pidió expresamente a los diputados que se comprometieran a apoyar la iniciativa y le facultaran a despedir una funcionaria que está sancionada a nivel internacional por sus actividades anti democráticas y a favor de la corrupción.
El Congreso ignoró la propuesta. La Corte de Constitucionalidad protegió a Porras. Y la fiscal contraatacó pidiendo procesar al presidente.
Hubo también otros intentos de expulsar a Porras del cargo. Pero ella siempre prevaleció.
Al final del año, Semilla, el partido oficial, presentó una nueva iniciativa al Congreso. Pero por el momento, tampoco ha prosperado.
¿Son estos esfuerzos suficientes? ¿Hizo el gobierno su mejor esfuerzo?
Este es uno de los grandes debates sobre el desempeño de Arévalo en su primer año.
Algunas personas, como el periodista Juan Luis Font, que ha sido víctima de la persecución de Porras, piensan que se pudo hacer más para conseguir los 83 votos que faltaban y lograr algo tan importante como recuperar el MP.
3. Más privilegios fiscales
Semilla tuvo éxitos en el Congreso. Lograron aprobar el presupuesto de 2025 sin hacer grandes sacrificios al proyecto original. Consiguieron los votos para leyes importantes en la agenda oficialista, como la Ley de Competencia.
¿Cómo lo lograron? Algunos diputados de Semilla insisten en que no hubo concesiones a otras bancadas a cambio de sus apoyos. Pero hay motivos para pensar que esto no es del todo cierto.
Uno de los ejemplos principales es la reforma fiscal que apoyaron los diputados de Semilla para reducir el pago de impuestos al sector agrícola y ganadero. Esta medida se votó en noviembre, en la misma sesión que la Ley de Competencia, por lo que todo hace pensar que formó parte de una negociación.
En su programa de gobierno, Semilla prometió incrementar la recaudación de impuestos sin subirlos.
Lo que nunca prometieron es que bajarían los impuestos. Y menos aún que recortarían los impuestos que pagan algunos empresarios.
Sin embargo, esto es lo que hicieron al votar a favor del Decreto 31-2024. Esta ley permite a los ganaderos, sin importar cuánto ganan, pagar un impuesto único del 1.5%.
Además, otros productores agrícolas que vendan al año menos de Q12.5 millones también se beneficiarán de un impuesto del 1,25%.
Estas medidas introducen nuevas desigualdades al sistema fiscal. Ahora, un gran ganadero pagará menos impuestos que, por ejemplo, un pequeño contribuyente, sujeto al tributo del 5%.
Además, la nueva ley también crea un periodo de 180 días en el que se permitirá a los beneficiarios regularizar su situación fiscal sin el pago de multas u otros recargos. Solo tendrán que abonar un impuesto del 5%.
Esto ha sido descrito por expertos como una amnistía fiscal, algo que Semilla sí se comprometió explícitamente a no hacer en su programa de gobierno.
4. Más pensiones sin contribuir
El partido de Arévalo también votó a favor de otra iniciativa cuestionable en septiembre de 2024. Se trata de una reforma a la Ley de Clases Pasivas del Estado. Esta iniciativa, el Decreto 18-2024, pasó más desapercibida que la anterior. Pero también puede tener repercusiones multi millonarias en el presupuesto público durante los próximos años.
La nueva ley establece que todas las personas que reciben una pensión por haber trabajado en la mayoría de instituciones del Estado deben cobrar al menos el salario mínimo: unos Q3,600.
Hasta ahora, los jubilados de instituciones públicas cobraban pensiones, en promedio de Q1,600 y tan bajas como Q774.
Por tanto, el nuevo decreto mejora mucho las condiciones de los jubilados más vulnerables.
Pero al mismo tiempo la ley introduce otras medidas más cuestionadas.
Por ejemplo, sube la pensión máxima de Q5 mil a Q7 mil; otorga un aumento a todos los jubilados de Q1 mil mensuales, sin importar sus ingresos, y no obliga a los funcionarios actuales a subir sus contribuciones a pesar de que se beneficiarán de pensiones más altas en el futuro.
En otras palabras, la reforma aumenta considerablemente el gasto en pensiones, sin prever mayores ingresos.
Los fondos para estos incrementos saldrán del presupuesto público; es decir, de todos los contribuyentes.
La iniciativa, de hecho, inicialmente sí preveía aumentar las contribuciones de los funcionarios actuales. Pero finalmente, esto se eliminó.
Durante la discusión de la ley, el ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, señaló que estos incrementos podían poner en riesgo la estabilidad del sistema de pensiones si no eran acompañados de más presupuesto.
El pago a los jubilados del Estado es un gasto creciente para el gobierno. En 2024 se destinaron Q6,800 millones a este fin. Y para este año está previsto gastar Q1 mil millones adicionales, según datos de Sicoin.
¿Quiénes reciben estas pensiones? No necesariamente adultos mayores que carecen de otras fuentes de ingresos.
Cualquiera que haya trabajado 20 años para el Estado tiene derecho a una pensión sin importar su edad. O cualquier mayor de 50 años que haya servido diez en el Estado.
Quienes cobran pensiones del Estado, de hecho, pueden al mismo tiempo trabajar en el sector privado. O, incluso, seguir contratados en el Estado en renglones como el 029, de prestadores de servicios.
5. Pagos a veteranos, casi nada para víctimas
Además de ser presidente, Bernardo Arévalo es un académico que se ha especializado en estudiar sociedades post conflicto. Es frecuente que mencione los Acuerdos de Paz de 1996, como hizo durante su investidura. Y durante su mandato, el gobierno ha vuelto a organizar eventos de reconocimiento a víctimas del conflicto, algo que no sucedió durante las dos administraciones anteriores.
En diciembre, por ejemplo, Arévalo pidió perdón por la desaparición forzada de la poeta Alaíde Foppa en 1980.
Sin embargo, durante su primer año en la presidencia, se ha producido una situación paradójica.
Las políticas públicas de reparación a las víctimas de la guerra no han regresado. El Programa Nacional de Resarcimiento, extinguido durante la presidencia de Alejandro Giammattei, no ha sido resucitado.
Sin embargo, el gobierno sí ha mantenido una política para compensar a veteranos del Ejército, la institución responsable de la mayoría de crímenes cometidos durante la guerra.
Estos pagos son el resultado de una ley aprobada en 2022, la llamada Ley Temporal de Desarrollo Integral. Esta iniciativa prevé entregar Q36 mil a lo largo de tres años a exmilitares que participen en programas de reforestación.
En teoría, el gobierno estaba obligado a cumplir con estos pagos. Y los veteranos, con sus manifestaciones y bloqueos, presionaron al presidente para que lo hiciera.
Tuvieron éxito y, finalmente, a través del Ministerio de Desarrollo (Mides), el gobierno gastó casi Q573 millones en este programa, según datos de Sicoin.
La cifra no es menor. El Mides invirtió más en compensar a los veteranos que en los Comedores Sociales o en el programa de prevención de la desnutrición, por ejemplo.
Mientras, los únicos fondos destinados al resarcimiento de víctimas de la guerra fueron los que ejecutó la Comisión Presidencial para la Paz y los Derechos Humanos (Copadeh).
Estas indemnizaciones que entregó Copadeh no forman parte de una política pública. Normalmente, se hacen cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena al país por denegarle justicia a personas que sufrieron violaciones de derechos.
Estos pagos pueden existir o no, en función de si las víctimas denuncian y logran una condena.
En estas sentencias, el Estado invirtió Q28 millones en 2024, según datos de Sicoin, 20 veces menos de lo destinado a los militares.
