A la fecha se conoce el nombre de 11 de los 14 futuros ministros del gobierno de Giammattei (10 hombres). Un “gabinete light” sin figuras políticas relevantes pero donde domina la huella del sector privado organizado. Entre sus ideas abundan propuestas conservadoras en educación sexual, el respaldo a la posible amnistía para delitos del conflicto armado, una oposición al trabajo de CICIG y políticas de incentivos al sector empresarial.  

El 6 de marzo de 2019, en el Congreso se discutía una iniciativa de ley propuesta por el diputado Fernando Linares-Beltranena que buscaba amnistiar todos los crímenes ocurridos durante el conflicto armado, mediante una reforma a la Ley de Reconciliación, propuesta de momento suspendida por un amparo provisional de la Corte de Constitucionalidad. Nineth Montenegro, diputada de Encuentro por Guatemala (EG), tomó el micrófono para oponerse a la iniciativa. Desde la desaparición forzada de su marido, Fernando García, Montenegro, ha trabajado sin tregua para que estos delitos sean juzgados. La iniciativa de ley ponía en riesgo los resultados de años de activismo y devolvería su libertad a todos los condenados por esos crímenes.

Concluida su alocución, el micrófono pasó a Raúl Romero Segura, diputado del partido FUERZA, quién luego de la victoria presidencial del partido Vamos fue confirmado como el próximo ministro de Desarrollo Social en el gabinete de Alejandro Giammattei. Romero también tenía una historia de horror que compartir con el hemiciclo. En 1981, cuando él tenía 11 años, su padre, director de la Escuela de Ciencias Políticas y decano en funciones de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), fue secuestrado por el aparato de seguridad del Estado. El cuerpo de Jorge Romero Imery apareció días después flotando en un río de Mazatenango con señales de tortura. 

Pero, contrario a Nineth Montenegro, Raúl Romero hablaba para apoyar la iniciativa de ley. “Seguir con esos odios no va a devolver a mi padre a la vida ni devolver los años de huérfano que viví yo y mi hermana”, expresó. “No podemos permitir que los guatemaltecos vivamos en un país polarizado y dividido por ideologías falsas que nomás buscan hacer negocio del pasado y la confrontación”, insistió, para luego remachar: “Yo quiero que mis hijos pequeños vivan en un país reconciliado, con justicia social, con futuro, donde no nos enfrentemos, y eso significa que olvidemos el pasado”. 

En esa sesión parlamentaria, Nineth Montenegro y Raúl Romero encarnaron dos concepciones opuestas de la reconciliación: la primera considera que esta solo puede lograrse a partir de la justicia y el castigo a los perpetradores de crímenes de lesa humanidad.  La segunda, la que defienden las élites militares y empresariales, considera que el olvido es el mejor cicatrizante. La iniciativa de ley no ha sido aprobada, pero tampoco desechada, con lo cual, podría entrar en la agenda legislativa en cualquier momento. 

No es la única postura conservadora asumida por el futuro ministro. Romero también fue uno de los ponentes de la iniciativa de “Ley para la Protección de la Vida y la Familia”. Este proyecto de ley, que también podría volver a la agenda legislativa, busca imponer penas de cárcel a las mujeres que interrumpan su embarazo, prohibir la educación sexual en las escuelas públicas, y descartar el matrimonio entre personas del mismo sexo. La iniciativa fue ampliamente rechazada por colectivos feministas y LGBTIQ que la consideran un retroceso a las libertades individuales, y una concesión a los sectores religiosos fundamentalistas.

Raúl Romero, al igual que Giammattei, ha sido un nómada de la política: con cada nueva contienda electoral se ha mudado de partido. En 2007 fue candidato a la municipalidad de Guatemala con el partido CASA. En 2011, fue candidato a diputado por el partido LIDER de Manuel Baldizón, pero no logró entrar en el Congreso. Entró al Legislativo en las elecciones del 2015 con el partido FUERZA que postuló a la presidencia, ese año, a Alejandro Giammattei. Cuando el futuro presidente, poco antes de la primera vuelta, anunció la composición de una parte de su gabinete, el nombre de Raúl Romero estaba entre los elegidos. 

Aunque él mismo no se defina así públicamente, Alejandro Giammattei es un hombre de derechas. Todas sus posiciones lo colocan en esa zona del espectro político: sus guiños a los sectores evangélicos, su apuesta por la mano dura en las cárceles o su desprecio hacia la protesta social no dejan lugar a dudas. No es extraño, pues, que los hombres (y una mujer, Claudia Ruiz Casasola de Estrada, como probable ministra de Educación) que llevará a su gabinete defiendan ideas claramente conservadoras tanto en materia económica como en lo social. Raúl Romero es un ejemplo. Óscar Bonilla Aguirre, quien sería el Ministro de Agricultura, es otro.  
 
Bonilla, quien no tiene experiencia en el sector público, es el dueño de la empresa GanAgro que se dedica a la ganadería y a la producción de aguacate. También es columnista del medio República.gt. Su tribuna es un popurrí de las posiciones más duras de la derecha guatemalteca. Se encuentran elogios al dictador Jorge Ubico, llamados a reestablecer la pena de muerte y reclamos para que se envíe a la cárcel a los “bochincheros” que tapan calles y carreteras. 

Acerca de los juicios por crímenes del conflicto armado, lamenta que “se condena a quienes cumplieron su deber. Aun cuando, en el calor de la batalla, hubieran cometido excesos.” En otro orden de ideas, le preocupa la sobrepoblación que se ve “cuando se transita por el altiplano”, y de la cual hace responsable a “la gente más pobre” que “por ignorancia o por necesidad de manos, tuvieron muchos hijos, tratando de compensar aquellos que perdían por descuido o por enfermedad.” La CICIG es, en su opinión, una fuerza que busca imponer al país una “tiranía dictatorial similar a la de Cuba y Venezuela”.

Esta idea de la CICIG no se aleja tanto de las opiniones de su jefe. Giammattei ha expresado abiertamente su rechazo a la comisión en numerosas ocasiones. En su libro, “Relato de una INJUSTICIA: Caso Giammattei”,  explica que la CICIG durante la gestión del comisionado Carlos Castresana, y el gobierno de “Álvaro Colom, Sandra Torres, Carlos Menocal (entonces ministro de Gobernación)” y otros más intentaron “urdir una situación que dañara mi imagen, con el propósito de eliminar a un potencial contrincante en la siguiente justa electoral”. 

Giammattei fue acusado por el caso de la toma de la Granja Penal Pavón ocurrida en el 2006, mientras era director del Sistema Penitenciario, y en la que fueron asesinados siete reos. Giammattei fue absuelto por ese caso, como también lo fue el exsubdirector de la Policía Nacional Civil (PNC) Javier Figueroa en Austria. En España, el tribunal consideró demostrado que la masacre había sido planificada y encubierta, pero que no había pruebas de que el acusado Carlos Roberto Vielmann Montes, exministro de gobernación hubiera participado. Contra Vielmann se encuentra abierta una nueva investigación por el delito de tortura. También fueron condenados, en Guatemala, Víctor Hugo Soto Diéguez, exjefe de investigaciones criminales de la PNC y, en Suiza, Erwin Johan Sperisen Vernon, ex director de la PNC, aunque en ese país hay una apelación pendiente de resolver.

¿El gobierno de la restauración?

¿Cómo piensa Alejandro Giammattei proseguir con la lucha contra la corrupción ahora que la CICIG se ha despedido tras 12 años de trabajo? En sus recientes declaraciones, el presidente electo ha prometido la creación de una nueva comisión anticorrupción. No ha dado detalles, pero asegura que buscará el apoyo de gobiernos extranjeros y organismos internacionales. Esta comisión buscará, según sus palabras, “combatir a los corruptos”, pero también “cambiar el sistema”. 

Pero estas propuestas no convencen a todos. Para activistas de derechos humanos como Jorge Santos, de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (Udefegua) con Giammattei, el largo invierno se acerca. “El recorrido de Giammattei lo vincula a partidos de derecha autoritaria y violenta”, opina. “Sus posturas han sido sacar al Ejército, considerar a los pandilleros como terroristas, sacudirse a la CICIG, reactivar la pena de muerte. Con él, no habrá más avances en la desarticulación de estructuras criminales.”

Para el politólogo Renzo Rosal, el futuro gobierno será el que complete la restauración del viejo orden que la CICIG reveló. 

“Jimmy Morales entró con la misión de restaurar el régimen de impunidad, y cumplió en muchos aspectos. Pero ese proceso necesita fortalecerse y volverse irreversible. El nuevo gobierno viene para alejar la sombra de la CICIG, hacer olvidar la idea misma de impunidad y propiciar las condiciones para que los casos judiciales del 2015 al 2017 se debiliten. Es posible que lo haga de manera más solapada que Jimmy Morales, pero el objetivo es el mismo”, prevé el analista.

Daniel Haering, director de la Escuela de Gobierno, alberga pocas esperanzas en cuanto al futuro de la lucha contra la impunidad. Sin embargo, prefiere dejarle el “beneficio de la duda” al presidente electo. Giammattei es, opina, una figura explosiva, imprevisible, cuya personalidad pudiera darle cierto nivel de independencia. “Si adopta una agenda anticorrupción fuerte, y le dice al MP (Ministerio Público) que siga con las investigaciones, entonces puede dotarse de un poco de esa legitimidad que tanto le hace falta. Si no lo hace, su presidencia va a ser muy difícil”, explica Haering. 

El presidente electo no ha hecho mucho para desvanecer las sombras que lo siguen. Hubiera, por ejemplo, podido hacer públicos nombramientos en las áreas de seguridad ciudadana. No ha sido el caso. Aún no ha dicho quién será su ministro de Gobernación. Con lo cual, es difícil saber si su gobierno se inclinará más hacia la transparencia y la profesionalización de la PNC, o si seguirán los retrocesos observados durante la gestión de Jimmy Morales y Enrique Degenhart, titular de Gobernación. 

Durante la campaña electoral, a Giammattei se le vio rodeado de operadores vinculados a familiares de militares con una larga trayectoria de incidencia en el Estado. Entre ellos, Camilo Johanes Dedet Casprowitz, diputado electo al Parlamento Centroamericano (Parlacen) con Vamos, secretario de organización del partido, cuyo hermano, el coronel Roy Estuardo Dedet Casprowitz, fue el encargado de compras del Estado Mayor Presidencial durante el gobierno de Álvaro Arzú.  La candidatura al Congreso de Luis Enrique Ortega Arana, hijo del general Francisco Ortega Menaldo, quien ha sido vinculado a la Cofradía y el desfalco de las aduanas, también causó alarma entre las organizaciones de la sociedad civil, aunque finalmente Ortega Arana no fue electo.

Pese a tener la segunda bancada del próximo Congreso, Vamos apenas suma 17 diputados frente a los 52 de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE). Lo que de entrada plantea un escenario de difícil gobernabilidad en el Legislativo para el partido oficial.

Aún no queda claro si operadores como Dedet tendrán influencia en el gobierno. Daniel Haering cree que para empezar con buen pie su gestión, Giammattei debería deshacerse de esas figuras impresentables y caciques locales que lo ayudaron a llegar al poder y que ahora ponen en peligro su credibilidad. Queda por ver si lo hará, o si, por el contrario, les dejará cuotas de poder en los diversos ministerios.

El 26 de agosto, Giammattei se reunió con sus diputados electos y, en una conferencia de prensa, anunció la creación de la comisión anticorrupción. El lobby del hotel Holiday Inn, donde tuvo lugar la reunión, era un hervidero de figuras secundarias del partido Vamos y de candidatos perdedores en busca de un premio de consolación. Cortesanos de todo pelo bregaban por una mirada o una sonrisa del nuevo rey. 

Entre ellos, viejos conocidos de la GANA, el partido con el cual Giammattei se presentó a las elecciones en el 2007. Por ejemplo, el exdiputado Waldemar Barillas, secretario departamental de Vamos en Guatemala. Barillas se hizo famoso en el 2007 por haber realizado, junto a otros dos diputados, un viaje a París con los gastos pagados por el Congreso, sirviéndose de una carta de invitación falsa para asistir a un curso imaginario. 

Con Barillas, durante el evento organizado por el presidente electo, platicaba un miembro de la vieja guardia militar, el teniente coronel de aviación Ronaldo Tobar Barrera, secretario departamental de Vamos en Alta Verapaz. Cacique en San Juan Chamelco, Tobar Barrera fue vinculado a presuntos negocios fraudulentos del Instituto de Previsión Militar (IPM) como accionista de una de las empresas propiedad del IPM.

Ambos, Barillas y Tobar, fracasaron en su intento de llegar al Congreso en estas elecciones. Pero no perdían la esperanza de obtener algún puesto en el gobierno de Giammattei. “Vamos a ver dónde nos necesita el doctor”, dijo Waldemar Barillas. 

Guatemala es una empresa y el presidente su CEO

Tanto Renzo Rosal como Daniel Haering se sorprendieron al ver que el gabinete anunciado por Alejandro Giammattei carecía de figuras importantes. “Un gabinete light”, en palabras de Rosal, en el que no destacan grandes expertos, personas con peso y autoridad en su campo específico. Por ejemplo, Giammattei entregará los ministerios de Salud y Agricultura a desconocidos como Hugo Monroy y Óscar Bonilla. El Ministerio de Energía y Minas irá a un empresario del sector eléctrico, a pesar de un conflicto de interés revelado por Nómada.

El Ministerio de Relaciones Exteriores, uno de los más importantes en todo gabinete, estará en manos de un joven sin experiencia diplomática, Pedro Brolo Vila, quien tendrá que lidiar con la presión continua del gobierno de Trump que quiere hacer de Guatemala un depósito de migrantes. ¿De qué han hablado con el gobierno del Norte? “Queremos unir la agenda migratoria con la agenda de desarrollo”, explica Brolo tras las reuniones que sostuvo con el jefe de Seguridad Nacional de EEUU, Kevin McAleenan “El doctor ha pedido que se deje de hablar de tercer país seguro y ha dicho que, para combatir las causas de la migración, nos tienen que ayudar a crear una zona económica especial en la región.” 

Brolo asegura que estas ideas han sido muy bien recibidas por sus contrapartes estadounidenses. Pero ya se sabe, Guatemala es uno de los sacos de boxeo favoritos de Trump, quien entiende que sus tweets, amenazas e insultos pueden convertirse en votos en las próximas elecciones.

Guatemala, which has been forming Caravans and sending large numbers of people, some with criminal records, to the United States, has decided to break the deal they had with us on signing a necessary Safe Third Agreement. We were ready to go. Now we are looking at the “BAN,”….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 23, 2019

En el gabinete de Alejandro Giammattei, los únicos nombres que destacan son los de los hombres más cercanos a las cámaras empresariales: Álvaro González Ricci en el Ministerio de Finanzas y Antonio Malouf en el Ministerio de Economía. 

Ricci, exdiputado de Compromiso Renovación y Orden (CREO) fue durante ocho años vicepresidente de Citibank. Malouf, empresario de maquilas, fue presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) en 2017 y presidente de Agexport. 

Si agregamos al vicepresidente electo Guillermo Castillo, ex director ejecutivo de la Cámara de Comercio, la influencia de la élite económica en las políticas económicas será mayúscula. 

Explica Álvaro González Ricci: “Yo veo a Guatemala como una empresa. El presidente es el CEO y el gabinete somos su Consejo de Administración. El modelo empresarial nos va a servir, pero no solo para los empresarios. El empleo lo va a generar el sector privado. Si el empleo lo genera el Estado, el gobierno se vuelve grande, ineficiente, y eso nos tiene como estamos. Por eso hay que darle facilidades al sector privado y fomentar la inversión extranjera.”

González Ricci admite que el Estado tiene un problema de recaudación y de financiamiento: es muy poco lo que tiene para operar y para cumplir su función como brindar educación y salud a la población. Pero para solucionar este problema, ni hablar de esa reforma fiscal que piden los organismos financieros como el FMI o el Banco Mundial. No. Las soluciones del futuro ministro son punto por punto las que promueve el CACIF y sus tanques de pensamiento: ampliar la base tributaria, reducir el sector informal y luchar contra el contrabando y la defraudación aduanera. 

Tampoco en el plan de gobierno de Giammattei hay nada nuevo en lo económico: desarrollo de infraestructura, construcción de hidroeléctricas, aumentar la eficiencia de los puertos, acelerar la devolución del crédito fiscal, zonas francas. En suma, lo que siempre prometen los partidos políticos a sus financistas empresariales.

¿Cuál es la diferencia, entonces, con respecto a los gobiernos anteriores? “No es igual porque tenemos un equipo de trabajo que llevamos trabajando juntos por mucho tiempo”, afirma Álvaro González Ricci. Ese mismo equipo que desde ya, despierta tantas dudas.