Los bastiones territoriales de los partidos políticos, dentro del Congreso 2020-2024, han sido definidos oficialmente. Los votos se han convertido en diputaciones. Y el mapa de Guatemala se ha dividido políticamente con el poder regional de 19 organizaciones partidarias con representación en el Congreso. 19 trincheras electorales.
La ecuación que por fin da una cara al poder territorial partidista del nuevo Congreso de la República, fue resuelta a lo largo de un mes por el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Un mes de cuadricular votos y distribuir a los políticos ganadores dentro del mapa político guatemalteco.
De manera oficial: un número total de 160 diputados. Representantes de 22 departamentos, un distrito central (la ciudad de Guatemala), además de todo el país mediante la elección de un listado nacional. En total, 32 diputados por Lista Nacional y 128 diputados distritales; 19 partidos políticos que estarán dentro del Congreso a partir de enero de 2020.
Según los resultados, la configuración de los territorios muestra bancadas expansivas, otras limitadas, y una mayoría de pequeñas a las que les será difícil encontrar un balance entre los bloques medianos y mayoritarios. Es decir, la complicación anticipada de encontrar consensos.
Los resabios de la UNE
Lo explicaba el politólogo y profesor de etnografía criminal, David Martínez Amador, en una columna publicada cuando se discutía la implementación de las nuevas reglas del proceso electoral de 2019: “Aunque los sociólogos y los antropólogos políticos repitan la trillada frase de «nadie tiene el poder» (o «nadie puede concentrarlo»), en el mundo real gobierna quien controla el tamaño de los distritos. La distribución de las circunscripciones tiene un efecto directo sobre la calidad de la representación, los partidos y las relaciones de poder”.
La Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), la bancada mayoritaria con 52 diputados, cuenta con representación en 23 de los 24 distritos electorales. En el Distrito Central (la ciudad de Guatemala), donde la UNE no obtuvo diputaciones, la configuración territorial tuvo como resultado una atomización del voto: 11 escaños repartidos entre ocho partidos políticos.
La presencia a nivel nacional de la UNE, sin embargo, tiene antecedentes que manchan algunos de sus territorios más importantes. Tres de sus siete diputados por el Listado Nacional –Karina Paz, Jairo Flores y Jorge Vargas–, además de su representante por Sacatepéquez –Julio César Ixcamey–, tienen solicitud de retiro de inmunidad por parte del Ministerio Público, que los acusa de financiamiento ilícito durante la campaña de 2015. Los cuatro lograron la reelección.
Entre las filas de la UNE, varios diputados que lograron la reelección, arrastran fantasmas de antiguos partidos políticos y anteriores elecciones. Karina Paz fue subsecretaria de Asuntos Específicos durante la gestión de Mario Leal, cuando trabajó como Secretario Privado de la Presidencia de Otto Pérez Molina en el gobierno del Partido Patriota (PP). Hoy, Leal se encuentra prófugo luego de haber sido acusado de financiamiento ilícito.
Felipe Jesús Cal Lem, por Alta Verapaz, otro de los diputados de la UNE, está de regreso con una larga carrera dentro del Legislativo que inició en 1995, postulado por la Democracia Cristiana, electo de nuevo en el 2012 por el PP, y desde 2015 es parte de la UNE.
Gabriel Heredia Castro, por Chiquimula, es otro de los diputados reelectos de la UNE. En 2003 y 2007 logró una curul propuesto por la GANA. En 2011 se trasladó a la UNE, luego al PP, para regresar en 2015 al partido con el que formará parte del bloque mayoritario a partir de 2020.
Por Quiché, Dalio Berreondo de la UNE consiguió su reelección en las elecciones de 2019. Llegó al Congreso en 2011, por GANA. Luego integró las filas del partido Libertad Democrática Renovada (Lider) y ahora, tras el cambio de partido, su territorio es otra región que configura fuerza para la UNE.
Otro diputado que fue electo por Líder en 2015 y ahora está con la UNE es José Inés Castillo Martínez, por Santa Rosa. Junto a él, también regresan: Carlos Santiago Nájera por Jutiapa; la ex asesora de Mario Taracena, Lesly Valenzuela, por San Marcos; Carlos López Maldonado (hijo), por Quiché; Luis Sanchinel, por Jalapa; Thelma Ramírez, por Izabal; Edwin Lux, por Retalhuleu; Francisco Lam, por Escuintla; Lucrecia Samayoa, por Huehuetenango; .
Además de los líderes del partido reelectos como Orlando Blanco, Carlos Barreda, Óscar Argueta o Mario Taracena que se ubican en el distrito del Listado Nacional.
En total, hay 38 diputados que lograron la reelección para la novena legislatura. Casi el 75 por ciento del Congreso es nuevo. Y los diputados novatos, 120 de 158, entran con nuevas reglas: el transfuguismo, la renuncia de los diputados a la bancada por la cual fueron electos, por ejemplo, luego de las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos de 2016, ha quedado prohibida. Y en consecuencia, el poder territorial de las bancadas, en teoría, es inamovible.
Algunos viejos caciques de los partidos fueron depurados por los procesos judiciales surgidos a partir de 2015, sin embargo otros han logrado adaptarse y mantener sus puestos o ceder sus espacios de poder a familiares o allegados.
Los dueños de los partidos tienen asegurados los distritos durante cuatro años. Una institucionalidad. Pero también “fuerza” medible para establecer campos de acción y la prevención de alianzas y escenarios.
¿Las zonas neófitas?
La segunda fuerza mayoritaria, la bancada Vamos, está integrada por 17 diputados que nunca han legislado. Su presencia territorial corresponde a 11 distritos electorales de 24, con un promedio de dos legisladores en cada región.
Josué Lemus, el representante de VAMOS en Quiché, obtuvo una diputación en 2015 con la UNE, pero el TSE no le otorgó el cargo ya que era proveedor del Estado.
Jorge Arana, por Escuintla, en 2015 fue candidato por la Unión del Cambio Nacional (UCN) en la segunda casilla del Distrito Central.
Mario Azurdia, el representante de VAMOS por Sacatepéquez, trabajó en para Fondo Nacional para la Paz (Fonapaz) y fue gobernador de su distrito durante el gobierno del extinto Partido Patriota. En 2016 fue parte de la Asamblea de FEDEFUT que desconoció la intervención de la FIFA y provocó la suspensión de la selección nacional de Guatemala por dos años.
La nueva diputada de VAMOS por Guatemala, Shirley Rivera, fue candidata en 2015 por Sololá con el respaldo del partido CREO-Unionista, exactamente las mismas circunstancias -CREO y candidato por Sololás- que el nuevo diputado de Vamos por Chimaltenango, Allan Rodríguez, que en 2016 trabajó como secretario en el Congreso de la República.
Daisy Guzmán, diputada de VAMOS por el Distrito Central, es pareja sentimental del diputado de Fuerza, Raúl Romero, anunciado por el candidato Alejandro Giammattei como su posible ministro de Desarrollo si gana la presidencia.
Otra diputada de VAMOS, por el Listado Nacional, María Castellanos de Pineda es esposa del gobernador de Santa Rosa, Marco Pineda, y es madre del diputado Marco Pineda.
Los demás legisladores, provienen del sector de la construcción, como Guillermo Cifuentes de San Marcos; o del mundo de los contadores públicos y auditores, como Duay Martínez de Quetzaltenango; o de la carrera ambiental, como Aree Aguilar también de Quetzaltenango.
Son nombres que gravitaron, sobre todo, alrededor de la figura presidencial de Alejandro Giammattei.
El investigador, Harald Waxenecker, comenta en su ensayo Poderes Regionales y su distorsión en la democracia que “de esta cuenta, las motivaciones individuales de los diputados se reducen a intereses personales de ascenso político y reelección; y para ello, la marca partido se vuelve una cuestión de mercadeo y no de plataforma político-ideológica. El partido que en determinado momento encabeza la preferencia de votos de cara al proceso electoral es el líder del mercado y el mejor cotizado, y por tanto ejerce un efecto de gravedad, atrayendo a las diputaciones que se esperan beneficios propios al integrarse a esta agrupación”.
Territorio narco
El mapa de territorios obtenidos por los partidos políticos resalta las áreas fronterizas y costeñas de Guatemala al ubicar el poder del partido Unidad del Cambio Nacional (UCN). Su líder y candidato a la presidencia, Mario Estrada Orellana, fue capturado por la Administración para el Control de Drogas (DEA), en Miami, EEEUU, acusado de pedir apoyo para asesinar a varios de sus oponentes, ofrecer puestos claves al crimen organizado dentro del Gobierno –si ganaba- y solicitar US$12 millones al cártel de Sinaloa para su campaña política.
La UCN para la nueva legislatura dispone de diputados en: Huehuetenango y San Marcos, frontera con México; Jutiapa y Zacapa, frontera con El Salvador; Santa Rosa y Suchitepéquez, con costas en el Océano Pacífico. Un cable de la embajada de Estados Unidos describió en 2009 a la UCN como un partido de “ideología Narco”.
Tras los resultados de los comicios electorales, entre los congresistas electos de UCN, figura Sandra Orellana, por Zacapa, que fue gobernadora de este departamento durante el gobierno de Otto Pérez Molina.
Sofía Hernández, diputada de Huehuetenango, una región donde operan el grupo de los Huistas (presuntos operadores del cártel de Sinaloa en Guatemala), militó en anteriores legislatura con el PP y con el Partido Lider; el partido del ex candidato presidencial y capturado en EE.UU, Manuel Baldizón.
Otro diputado electo de UCN en Huehuetenango es Julio César López Escobar, sobrino del “rey del Tenis” Roberto López Villatoro, operador de las cortes de justicia.
La UCN, en Santa Rosa, también logró la reelección del diputado Carlos Napoleón Rojas Alarcón, hijo del coronel Napoleón Rojas Méndez, encontrado culpable por el traslado de Q30 millones del Ministerio de la Defensa al Crédito Hipotecario Nacional (CHN), cuando formó parte del gobierno del Frente Republicano Guatemalteco (FRG).
Entre los reelectos de UCN también está Julio Francisco Lainfiesta Rímola, por el Listado Nacional, uno de los cuatro congresistas operadores de un contrato para efectuar lobby contra la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) en 2017. Y Jaime Lucero, por el departamento de Jalapa.
Regiones de reelección
El segundo partido con más diputados reelectos, después de la UNE, es el partido oficial, FCN-Nación con seis. Petén, Alta Verapaz, Jutiapa, San Marcos configuran el poder de esta bancada.
Rudy Pereira (Alta Verapaz) proviene de las filas de la UNE. Joel Martínez (Huehuetenango), antes de integrar FCN-Nación, fue diputado de UD (2003), PAN (2007 y 2011, y Lider (2015). La diputada Patricia Sandoval (Jutiapa), compitió por TODOS hace cuatro años. Eduardo Montepeque (Petén) era en 2015 simpatizante de Lider. Y Julio César Longo (San Marcos) en 2011 fue diputado por UNE-GANA.
El único reelecto de FCN-Nación que no proviene de otro partido es el jefe de bloque Javier Alfonso Hernández Franco.
Con la bancada TODOS, regresa Felipe Alejos, por el Listado Nacional. También Cornelio García, por Huehuetenango. Y el diputado por Sacatepéquez, sentenciado por narcotráfico en EE.UU., José Ubico Aguilar.
El actual presidente del Congreso, Álvaro Arzú Escobar, vuelve a ser diputado en 2020 por el partido Unionista dentro del Listado Nacional.
A pesar de haber obtenido el cuarto lugar en la presidencia, el partido Podemos solo logró una diputación, José de León Maldonado que se reelige con un pasado en partidos como la UNE (2007) y Lider (2011).
Manuel Conde Orellana (Lista Nacional) y Eduardo Zachrisson (Guatemala) se reeligieron con el Partido de Avanzada Nacional (PAN).
En el territorio de Guatemala, tres partidos políticos lograron la reelección de sus candidatos. Óscar Chinchilla por CREO; Juan Carlos Rivera por Victoria, y Anibal Rojas por VIVA.
Los últimos dos diputados del total de 38 que regresan al Congreso de la República pertenecen al partido del ex presidente Alfonso Portillo: BIEN. Andrea Villagrán (Guatemala) que anteriormente se postuló por TODOS y que en 2017 ocupó el lugar de Christian Boussinot al ser capturado por tráfico de influencias; y Fidel Reyes Lee (Listado Nacional) que proviene de la UNE.
“El sistemas de listas cerradas propicia que los partidos busquen incorporar a los caciques locales para mejorar su caudal electoral en los diferentes distritos, al tiempo que favorece la práctica de la venta de casillas, según la cual una primera o segunda casilla en un listado electoral resulta un activo atractivo, que los partidos buscan capitalizar”, explica el Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales en su informe Un modelo en transición: desafíos al régimen político electoral.
Los intereses territoriales, nacionales y particulares
El analista, Ricardo Barrientos, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), comenta en su libro Política fiscal: expresión del poder de las élites centroamericanas que el poder de los diputados distritales, proviene, año tras año, de la negociación presupuestaria del Programa de Inversión Física, Transferencias de Capital e Inversión Financiera: El Listado Geográfico de Obras, elaborado por los Consejos de Desarrollo y que debe ser aprobado por la Comisión de Finanzas del Congreso de la República.
Carreteras, bacheos, drenajes… montos que oscilan entre los Q3 mil millones a Q4 mil millones cada año. Además de los Ministerios y otras dependencias del Ejecutivo, que según el Sistema Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin), tiene presupuestos de varios millardos de quetzales.
El poder territorial de las bancadas configura el dinero de diversos proyectos a nivel nacional. “La comparación de lo solicitado por los CODEDE y lo incluido en los Listados Geográficos de Obra refleja el peso del reparto político de la inversión pública a través de este mecanismo legislativo”, señala Barrientos.
Entre los intereses que se juegan a nivel departamental está también la selección y nombramientos de entidades estatales. La distribución de las comisiones de trabajo y la aprobación de leyes específicas y reformas constitucionales. Escogen a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de Salas de Apelaciones de todo el país.
El mapa nacional de la distribución de diputaciones muestra como actor dominante a la UNE, frente a bloques con un alcance más focalizado como Vamos o UCN. La atomización del Legislativo, y la presencia de bancadas con representación sólo en áreas urbanas, da cuenta de las dificultades para impulsar agendas nacionales, ya que sobre el papel, solo el partido verde cuenta con delegados nacionales a esa escala. En el mapa pintado de verde solo el distrito central (la ciudad de Guatemala) le resultó negado a esta agrupación.
Las correlaciones de fuerzas en los distritos electorales, a través de su peso en número de diputados, inciden en negociaciones como la asignación de fondos de obra pública. El mapa de territorios de cada bancada establece una lectura del alcance nacional de estas agrupaciones. Aunque la posibilidad de un masivo transfuguismo, como el que dio al PP, Líder o al mismo FCN-Nación bloques mayoritarios en años anteriores fue prohibida por las reformas electorales. La posibilidad de alianzas para establecer una fuerza mayoritaria, no obstante, sigue abierta. Intereses nacionales, territoriales y particulares entrarán en juego para decidir el balance de poder en el nuevo Legislativo.
