Traje sastre negro o azul. Siempre con botas y bigote recortado, su saludo usual: “¡¿Qué tal campeón?!”, les pregunta a los hombres mientras les estrecha las manos; “¡Saludos, princesa, buen día!”, les dice a las mujeres con palmaditas en el hombro.

Debutó en la política en 2011 cuando la agrupación Libertad Democrática Renovada (Lider) lo postuló para la alcaldía de Quetzaltenango. No ganó, pero cuatro años más tarde, en 2015, fue electo diputado por el distrito de Quetzaltenango por el partido Unión del Cambio Nacional (UCN), aunque no pudo asumir pues era contratista del Estado. 

En 2019 ganó las elecciones y se convirtió en alcalde de Quetzaltenango para el período 2020-2024 impulsado por el partido Humanista; con esa misma agrupación fue reelecto en 2023 y asumió para su segundo periodo 2024-2028.

A Juan Fernando López Fuentes, de 63 años, conocido como “JF”, sus electores lo llaman el “alcalde del pueblo”; pero su administración camina abiertamente hacia el autoritarismo: desde hace un año no tiene oposición y sus decisiones no son cuestionadas. 

En el Concejo municipal, López mantiene un control absoluto. Y lo logró mediante la exclusión de concejales del comité cívico “Sacándole Brillo a Xela (SBX)” gracias a acciones legales concedidas, primero por una Sala de Apelaciones y luego confirmadas en la más alta esfera del poder judicial: la Corte de Constitucionalidad. Un año después de las elecciones, el alcalde acusó a la oposición de campaña electoral anticipada. Aun cuando el señalamiento era extemporáneo, las cortes le dieron la razón y así logró eliminar a los representantes de SBX, electos en las urnas con el 14.3% de los votos emitidos.

Una vez salieron, el espacio de deliberación quedó sin voces críticas: estos concejales, desde su llegada, fiscalizaron constantemente a la municipalidad. Las decisiones ahora se toman entre aliados, lo que convirtió las sesiones del concejo en un monólogo institucional. 

“El alcalde habla, decide y ordena sin oposición”, “cierra canales de participación, no rinde cuentas sobre los temas más sensibles como agua potable, electricidad, el uso de recursos para las ferias. Sus actuaciones son las de un dictador autoritario”, señala para este reportaje el analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), Luis Linares. 

“La marginación de los concejales de la agrupación Sacándole Brillo a Xela, de una manera sistemática para evitar que ejerzan la representación que la población les otorgó en las urnas, le dio el poder absoluto, lo que significa que estamos ante un cacique”, agrega Linares. 

Cortes a sus pies 

¿Cómo logró neutralizar a los representantes del SBX? Su aliado principal, apuntan las notas de prensa, fue el ahora magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Teódulo Cifuentes. En 2024, cuando Cifuentes todavía fungía como magistrado presidente de la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil, Mercantil y de Familia de Quetzaltenango, emitió la resolución que permitió al alcalde declarar la vacancia de los cuatro espacios que ocupaban los concejales de oposición de SBX.

Un mes antes de dicho fallo, el alcalde López entregó un reconocimiento a Cifuentes: una medalla por los 500 años de la fundación de la ciudad quetzalteca. Meses después, en agosto de 2025, JF donó un terreno de 4 mil 800 metros cuadrados ubicado en la zona 6 de la ciudad de Quetzaltenango a la Corte Suprema de Justicia. Teódulo Cifuentes, electo presidente del Organismo Judicial para el periodo del 13 de octubre de 2024 a la misma fecha de 2025, firmó el documento de donación.

Las resoluciones favorables para López en la sala de Cifuentes se cuentan desde dos años atrás: el 2 de mayo de 2022, benefició al alcalde cuando denegó un amparo a las 10 comunidades del Valle de Palajunoj que demandaban que la municipalidad suspendiera el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), pues les afectaba: en primera instancia, aumentaba el valor del Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI) al equiparar la propiedad rural con la urbana. En campaña electoral para la reelección, el alcalde López prometió que suspendería ese plan. 

Ese amparo puso fin a los 87 días de manifestaciones en ese territorio donde los pobladores mantenían bloqueado el paso a camiones recolectores de basura en protesta por la promesa incumplida.

Ambos funcionarios también están vinculados por otro aspecto: su afición por el fútbol. Los dos integraron la junta directiva del club Xelajú Mario Camposeco. El alcalde lo presidió entre 2008-2010 y el magistrado lo hizo entre 2010 y 2018. 

“En el Concejo ya no hay debate, todo se aprueba porque no hay oposición. Es una administración que funciona con órdenes de arriba y poco espacio para la discusión. Y si no se le obedece, golpea la mesa”, lamenta un exconcejal que pidió el anonimato.

Ya desde el primer período, JF recurrió a la probada fórmula que líderes autoritarios han puesto en práctica para ganar a opositores: aumentar las dietas del concejo municipal. Antes de esa fecha, los integrantes del Concejo y el alcalde devengaron Q 696.00 por cada reunión, pero desde el 2022 todos devengan Q 996.00. En un mes pueden cobrar dietas por hasta 40 reuniones.

Choques con la prensa y limitación de la información

El estilo autoritario de López incluye roces con periodistas locales. En 2024, la Asociación de la Prensa Quetzalteca (APQ) realizó una protesta frente al concejo municipal para denunciar los ataques a la libertad de expresión.

“El alcalde ha restringido el acceso a la información pública y utiliza un discurso de descalificación contra la prensa crítica. Eso atenta contra la democracia local”, señaló José Cancinos, expresidente de la APQ.

Además, en 2022 el alcalde denunció al periodista Jorge Gómez, quien por medio de su página “El poder de la palabra” señaló que se habían formado varias grietas en la reciente construcción del paso a desnivel de la zona 9 de Quetzaltenango. 

Un alcalde caro

El alcalde Juan Fernando López percibió en promedio Q93 mil mensuales en los últimos seis meses: un ingreso que incluye sueldo base, dietas y gastos de representación, según el portal de información pública de la municipalidad de Quetzaltenango (el promedio puede ser menor pues en julio gozó de vacaciones y, por ende, no devengó dietas). La misma unidad de datos abiertos reporta que los integrantes del concejo municipal devengan entre Q40 mil y Q 55 mil al mes, con sus casi 10 sesiones semanales. En contraste, la mayoría de empleados municipales apenas reciben el salario mínimo. 

Además, el municipio ha realizado compras cuestionadas, como cortinas “elegantes y duraderas” por Q270 mil; mientras comunidades enteras carecen de acceso a agua potable o alumbrado público. 

La imagen de “alcalde del pueblo”

López ha cultivado una imagen mediática de alcalde sencillo, campechano, “del pueblo”. Sin embargo, detrás de esa narrativa, su estilo se acerca más a un liderazgo personalista que a una administración participativa.

“Su discurso busca empatía, pero sus actos revelan autoritarismo. Ese contraste erosiona la confianza de la ciudadanía”, explica la analista política Rosa Pérez consultada para este reportaje.

“No respetó la opinión de los vecinos de la zona 9 donde se construyó un paso a desnivel. A pesar de la inconformidad de la población, el proyecto continuó y cuando se le pidió cuentas, el alcalde denunció a los vecinos, utilizando así el sistema judicial para perseguir a quien le exigía cuentas”, manifestó Pérez. 

La falta de diálogo y de planificación estratégica también se refleja en problemas que la población enfrenta a diario: calles deterioradas, servicios básicos deficientes, mercados desordenados y proyectos inconclusos.

“El problema no es solo la ausencia de resultados visibles, sino la forma de gobernar: sin participación ciudadana, sin transparencia y con represión de la crítica”, advierte el historiador Carlos Guzmán.

Guzmán ilustra lo ocurrido en 2022 cuando los vecinos del Valle de Palajunoj manifestaron para exigir que el alcalde cumpliera con la promesa hecha en campaña electoral de dejar sin efecto el Plan de Ordenamiento Territorial. “Los alcaldes indígenas del Valle fueron denunciados, el caso llegó a los tribunales y a la fecha no se ha llevado audiencia para sentencia”, explicó a los CAP. 

Un legado en disputa

El legado de Juan Fernando López se perfila como contradictorio. Para algunos seguidores es un alcalde cercano, para otros ciudadanos representa un estilo de gobierno autoritario que debilitó los contrapesos locales y sofocó el diálogo democrático. 

Un diagnóstico de percepciones, conducido por la consultora Diestra y publicado en agosto de 2025, midió la valoración del alcalde López: un 87.2 por ciento de los encuestados calificó su gestión entre pésima y mala. 

En la entrada de la ciudad, el Monumento a la Revolución recuerda que “el amor a la libertad los hizo héroes; el odio a los tiranos los hizo mártires”. Para muchos quetzaltecos, esas palabras resuenan hoy con más fuerza que nunca en el contexto de un municipio gobernado con mano dura y poca transparencia.

Esta reportera abordó al alcalde López durante la firma del convenio interinstitucional entre el Organismo Judicial y el Registro Mercantil el 30 septiembre; sin embargo, el funcionario evadió la pregunta planteada. Se buscó entonces una entrevista a través de Comunicación Social de la municipalidad por medio de correo electrónico, mensajería instantánea y llamada telefónica, pero al momento de publicar este texto no se obtuvo respuesta.

Este reportaje se realizó como parte del Ciclo de Actualización para Periodistas (CAP) sobre Justicia y Lucha contra la Impunidad en Guatemala.