Los 13 magistrados electos originalmente para integrar la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en 2014 fueron alcanzados por el tsunami provocado por la CICIG. Esta es una radiografía sobre las decisiones más polémicas y las cuotas de poder de la CSJ a lo largo de los últimos cinco años.
Capítulo I: La viciada elección de los magistrados
Noviembre de 2014. Los 13 nuevos magistrados de Corte Suprema de Justicia (CSJ) están a punto de ser juramentados. Debieron asumir su cargo hace un mes, pero la Corte de Constitucionalidad (CC) suspendió su nombramiento debido a vicios durante su elección por parte del Congreso de la República.
Blanca Stalling, Vladimir Aguilar, Douglas Charchal, Vitalina Orellana, José Pineda, Silvia Patricia Valdés, Sergio Pineda, Nester Vásquez, Nery Medina, Josué Baquiax, Delia Dávila, Silvia García y Ranulfo Rojas integraban la lista pactada por las bancadas mayoritarias de Lider y el Partido Patriota.
Los diputados gastaron seis minutos para elegir a los 13 magistrados. En aquel momento, el breve tiempo transcurrido fue la evidencia de un vicio en la elección. Más tarde, esta sospecha se volvió una acusación de Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de que la integración de las altas cortes de Guatemala había sido producto de una negociación política tras bambalinas.
El MP y la CICIG sacaron a luz más adelante dos casos que dejaron al descubierto estas negociaciones. Éstos implicaron a operadores oscuros del gremio de abogados y a dos ex candidatos a la presidencia detrás de la manipulación del proceso de Comisiones de Postulación. Pero, antes, las investigaciones de la CICIG demostraron que la corrupción de los 13 magistrados electos iba más allá.
Capítulo II: Asumir y empezar a caer
8 de febrero de 2017. Es un miércoles, y la magistrada de la Corte Suprema Blanca Stalling se oculta debajo de una peluca rojiza. Lleva un sudadero blanco y un pants azul, un atuendo deportivo. Con esa vestimenta busca escapar, luego de que el Congreso, con 119 votos, le retirara la inmunidad. Y, finalmente, ha sido capturada por las fuerzas de seguridad.
El MP la acusa de tráfico de influencias, ya que siendo magistrada se reunió con uno de los tres jueces que estaban a cargo del caso IGSS-Pisa. Blanca Stalling, ha tratado de interceder a favor de se hijo, Otto Fernando Molina Stalling, acusado de asociación ilícita por haber utilizado su cargo como asesor en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) para negociar la adjudicación de contratos millonarios a empresas específicas.
“…ya no le voy a decir más, solo pedirle que si hubiera la posibilidad de otorgar la medida sustitutiva”. De esa manera, en tono de ruego, Blanca Stalling, sin saber que su conversación era grabada, hablaba con el juez Carlos Ruano para que dejara en libertad a su hijo.
Han pasado tres años desde la elección de magistrados de CSJ y Stalling es la tercera de los 13 magistrados electos en caer por investigaciones de la FECI y la CICIG. Los otros dos integrantes señalados de esta corte, Douglas Charchal y Vladimir Aguilar, habían dejado su puesto meses antes de la captura de la magistrada Stalling, con el denominador común de investigaciones judiciales en su contra.
Douglas Charchal, ya electo magistrado de la CSJ buscó influir en un juzgado de Escuintla para que favoreciera a la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) con el objetivo de que no pagara una licencia de construcción de Q24 millones. Como explicó la CICIG, Charchal, con experiencia en derecho marítimo, fue buscado por el ex secretario de la vicepresidencia, Juan Carlos Monzón, para llevar a cabo esta operación.
La diferencia entre Blanca Stalling y Douglas Charchal es que este magistrado renunció a su puesto tras perder su inmunidad en septiembre de 2016 y, ante la acusación, aceptó su culpa. En cambio, Stalling se ha declarado inocente y a la fecha ha decidido aferrarse a su cargo como magistrada, quedando únicamente suspendida por decisión del Consejo de la Carrera Judicial.
Vladimir Aguilar, al igual que Douglas Charchal, decidió renunciar a su cargo como magistrado en mayo de 2016 tras ser acusado de haber aprobado un contrato entre TCQ y la Portuaria Quetzal cuando trabajó como Procurador General de la Nación (PGN). A pesar de esta denuncia en su contra, Aguilar nunca fue capturado o citado por este expediente judicial.
Los compañeros de estos tres exmagistrados de la CSJ no se quedaron atrás. Pese a que los otros 10 no han enfrentado cargos, cinco de ellos fueron mencionados por la CICIG y el MP en el caso Comisiones Paralelas, presentado en febrero de 2018. Esta investigación expuso cómo el abogado Roberto López Villatoro, un operador gremial conocido como “El Rey del Tenis”, logró intervenir en la elección de estos magistrados gracias a la compra de votos dentro de la Comisión de Postulación que eligió la lista de los nombres finalistas que serían enviados al Congreso de la República.
Este caso reveló que Vitalina Orellana, José Pineda, Nester Vásquez, Josué Baquiax y Ranulfo Rojas, actuales magistrados de la CSJ, se reunieron con López Villatoro antes de ser electos.
Sin embargo, un año más tarde, en septiembre de 2019, ninguno de los 13 magistrados electos de CSJ se salvó de los señalamientos del MP y CICIG.
La CICIG, en su acusación del caso Comisiones Paralelas II, explicaba que los 13 magistrados electos de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de 2014 se doblegaron ante Alejandro Sinibaldi y Manuel Baldizón, dos ex candidatos a la presidencia de Guatemala.
Juraron lealtad –con la mano levantada sobre el hombro– ante Manuel Baldizón, ex diputado y ex candidato a la presidencia por el partido Libertad Democrática Renovada (Lider), y ante el ex ministro de Comunicaciones y ex candidato por el Partido Patriota Alejandro Sinibaldi. Les aseguraron protección ante cualquier acusación penal en su contra. Y comprometieron las cortes de justicia.
Capítulo III: Los “fallos” de la Corte Suprema de Justicia
6 de noviembre de 2019. Reunidos en pleno, los magistrados de la CSJ tienen en sus manos el destino de cuatro diputados que votaron por ellos en 2014. El debate está entre dar luz verde para investigar o no a los legisladores Haroldo Quej, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE); Marco Antonio Orozco Arriola, de Movimiento Reformador (MR), Gustavo Medrano, del bloque Independiente, y Juan José Porras, del partido VIVA. Están acusados de haber recibido dinero a cambio de no oponerse a leyes que eran del interés de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, entre ellas la famosa Ley Tigo, que buscaba en líenas generales favorecer el mercado de esta compañía de comunicaciones.
La decisión final de este día ha sido dictada: Los congresistas no serán investigados. Este caso fue presentado por la CICIG en mayo de 2019, y en él se documenta que la empresa de telecomunicaciones Tigo pagó Q50 mil a cada dos meses a varios diputados para controlar la agenda del Congreso. Los magistrados como dictaminaron en esta resolución, a pesar de las pruebas recabadas, no encontraron pruebas suficientes para que iniciara la investigación de los diputados.
Esta resolución de los magistrados de la Corte Suprema, que pasa por alto todas las evidencias presentadas en contra de los diputados para retirarles la inmunidad, es sólo una más dentro de una línea marcada desde 2017 en favor del pacto por la impunidad. Desde que Jimmy Morales anunció en 2017 su intención de expulsar a Iván Velásquez, en septiembre de 2017, las resoluciones de la CSJ han ido en el mismo camino. Casi siempre en conflicto con los planteamientos de los entes investigadores para poder perseguir delitos de cuello blanco y funcionarios.
La primera resolución que evidenció el cambio de actuar de estos magistrados, y que ha marcado la pauta de las decisiones de la CSJ hasta la actualidad, tuvo lugar el 10 de octubre de 2017. En aquella ocasión, los encargados del organismo judicial decidieron rechazar la solicitud de antejuicio contra el presidente Jimmy Morales por el sobresueldo de Q50 mil que recibió durante nueve meses por parte del Ejército.
Ese mismo día, el mandatario asistió al evento en el que se entregó el informe anual de labores de los magistrados. El presidente lucía sonriente en medio de ellos.
A partir de entonces, han quedado lejos aquellas sentencias de la CSJ que hicieron llevar al banquillo de los acusados a diputados, magistrados, jueces, un mandatario y una vicepresidenta implicados en casos como La Línea, Plazas Fantasma, Lavado y Política, así como otros de enriquecimiento ilícito y crimen organizado.
La familia de Jimmy Morales también ha sido complacida por la CSJ en sus resoluciones.
En agosto de 2018, por ejemplo, los magistrados otorgaron un amparo a Sammy Morales, el hermano del presidente, con el que pretendía no ser juzgado por el delito de lavado de dinero en el caso Botín Registro de la Propiedad.
Y no sólo la familia del presidente, sino los demás aliados en la lucha a favor de la impunidad se han visto favorecidos por la Corte Suprema de Justicia, al decidir no retirarles la inmunidad a pesar de todas las evidencias de corrupción.
La siguiende decisión de los magistrados en ponerse en tela de juicio tuvo lugar en noviembre de 2018. En aquella ocasión, el diputado Felipe Alejos, del partido TODOS y uno de los aliados del gobierno de FCN-Nación, fue protegido por la CSJ. Los magistrados decidieron no retirarle la inmunidad por el caso Traficantes de Influencias, a pesar de que era señalado con pruebas documentales de intermediar entre la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y dos empresas para agilizar la devolución de crédito fiscal, a cambio de comisiones ilegales.
En mayo de 2019, los magistrados de la CSJ volvieron a fallar a favor de Felipe Alejos, a pesar de que en aquella ocasión fue la propua Corte de Constitucionalidad la que amparando al MP y la CICIG volvio a solicitar a los jueces conocer el caso en contra del diputado.
En esos últimos meses de 2018, la CSJ también conoció una solicitud de retiro de antejuicio contra otro diputado, Armando Escribá, de la bancada Alianza Ciudadana. La FECI y la CICIG, señalaban que Escribá, como director de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial, había beneficiado con contratos a dos de sus empresas personales. El diputado, para evitar que su caso fuera conocido por la CSJ, afirmó ser amigo de cuatro magistrados: Nery Medina, Vitalina Orellana, Sergio Pineda Castañeda y Silvia Valdés Quezada. No obstante, ninguno decidió inhibirse.
Después de un año el caso contra el diputado Escribá no ha sido resuelto y la CSJ lo ha retrasado nuevamente.
En 2019, los fallos de la CSJ a favor de actores señalados por la FECI y CICIG continuaron. En febrero, Sandra Torres, la excandidata a la presidencia de la UNE, fue favorecida por los magistrados. Ella junto a cuatro diputados de su partido, Jairo Flores, Julio César Ixcamey, Karina Paz Rosales y Jorge Vargas Morales, fue señalada de haber ocultado Q19.5 millones para el financiamiento de su campaña en 2015. Torres no sería capturada sino hasta luego de las elecciones generales de 2019, como perdedora y sin el beneficio de la inmunidad que gozaba como candidata.
Este año otro hombre cercano a Jimmy Morales fue protegido por la CSJ. En julio, los magistrados desestimaron la solicitud de retiro de antejuicio contra Víctor Martínez, ministro de Finanzas. El funcionario está implicado, junto al alcalde capitalino, Ricardo Quiñonez, en el caso de financiamiento electoral ilícito del Partido Unionista, en el que un grupo de funcionarios habría sustraído fondos del Fideicomiso de Apoyo a la Planificación Urbana de la Municipalidad de Guatemala para costear la campaña electoral de 2015 del entonces jefe edil, Álvaro Arzú.
“Lamento mucho que las solicitudes de antejuicio sean rechazados pese a que tienen suficientes indicios, y no han sido planteadas por motivos espurios, políticos o ilegítimos,”, dice Juan Francisco Sandoval, jefe de la FECI, al comentar sobre la última negativa de la CSJ que favorece a cuatro diputados.
─¿Cree que estos han sido rechazados por componendas políticas?
─No le podría decir porque mi trabajo es jurídico, pero no puedo ser ciego en el año que vivimos, fueron las elecciones generales y actualmente son las elecciones de cortes─ responde el jefe de la FECI.
El debilitamiento y salida de la CICIG, la ausencia de presión social y el cambio de Fiscal General han causado esta tendencia en los fallos de la CSJ. Lo dicen jueces y abogados desde dentro del Organismo Judicial. No se vive más el escenario de investigaciones de 2015, esa crisis política que hizo caer al Partido Patriota, y cuyo efecto fue llevar al poder a Jimmy Morales, que decidió unilateralmente no renovar el mandato de la CICIG en septiembre de este año.
Capítulo IV: Dos contra once
9 de enero de 2019. En una sesión plenaria, la CSJ decidió dejar en manos del Congreso de la República la inmunidad de tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad: Bonerge Amílcar Mejía Orellana, Gloria Patricia Porras y José Francisco de Mata Vela, quienes fueron denunciados por suspender el retiro del embajador sueco, Andrés Kompass, por parte del Ejecutivo.
Ese fallo, que dejó vulnerables a los integrantes de la máxima corte del país, fue emitido por mayoría, salvo dos magistradas, Delia Dávila y María Eugenia Morales (sustituta de Vladimir Aguilar), que se opusieron ante los once que lo firmaron.
Este día ambas magistradas se enfrentaron al grupo mayoritario, pero no era la primera vez pues esa misma posición han asumido en los fallos que han favorecido a las personas vinculadas a casos de corrupción. En algunas ocasiones han sido acompañadas en su voto razonado por la magistrada Silvia García. Su intención, sin embargo, no ha sido suficiente, pues la mayoría continuamente ha rechazado los amparos solicitados por la FECI y la CICIG.
La oposición de las dos magistradas también ha sido notoria en la dinámica interna de la CSJ. Un ejemplo de esto ha sido la elección del presidente del Organismo Judicial. Ambas se han distanciado del grupo mayoritario que actualmente está conformado por Vitalina Orellana, Silvia Valdéz, Nery Medina, Nester Vásquez, José Pineda, Sergio Pineda, Josué Baquiax, Ranulfo Rojas y Manuel Medrano (este último en reemplazo de Elizabeth García -fallecida-, quien había sustituido originalmente a Douglas Charchal).
En cada votación en la que se implica a la clase política, la CSJ es una veleta. A favor o en contra. En contra o a favor. Ante los casos de alto impacto, como el retiro de inmunidad para políticos, los trece magistrados configuran bloques de poder, que se colocan como una balanza: siete contra seis, diez contra tres, ocho contra cinco… En la CSJ actual la votación es once contra dos.
Uno de los momentos más álgidos de esta pugna fue la elección del nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia en octubre de 2017. Lo cuentan personas cercanas a los magistrados. En febrero de ese año se había acordado que la ungida sería Delia Dávila, pues en la elección anterior, celebrada en esa fecha, ella decidió renunciar a su candidatura para que fuera electo por unanimidad Nery Medina del grupo mayoritario.
La magistrada se hizo a un lado en esa ocasión debido a que en cinco sesiones ninguno de los dos bloques conseguía los votos suficientes para su candidato y eso suponía continuar con el desgaste público que ya había generado la elección anulada de Silvia Valdés como presidenta y la prisión preventiva que se había dictada contra Blanca Stalling en esos días.
El pacto ocho meses después no fue respetado, y Ranulfo Rojas , quien aún mantenía cercanía con Delia Dávila, decidió votar en sintonía con el grupo mayoritario. Únicamente Silvia García y María Eugenia Morales respaldaron a su compañera. Finalmente, fue nombrado presidente José Pineda en octubre de 2017. Fue a partir de esa fecha que el grupo pequeño se fracturó. Ranulfo Rojas Cetina se separó de manera definitiva con esa votación y Silvia García con el tiempo ha marcado distancia . Solo continúan aliadas Delia Dávila y María Eugenia Morales.
Capítulo V: El deseo de seguir en el poder
3 de septiembre de 2019. El día en que las Comisiones de Postulación de 2019 terminaron de recopilar expedientes de candidatos, los nombres de cinco magistrados titulares de la actual CSJ aparecían en búsqueda de una reelección. Felipe Baquiax, José Pineda Barales, Nery Medina, Vitalina Orellana y Manuel Duarte Barrera tienen el deseo de continuar al frente del Organismo judicial. Todos ellos integran el grupo mayoritario que ha beneficiado a los acusados en casos de corrupción.
La CSJ debería de cambiar de integrantes cada cinco años. Pero, al igual que en 2014, la Corte de Constitucionalidad ha decidido detener la elección. Esta vez debido a que el Consejo de la Carrera Judicial no practicó evaluaciones a los jueces y magistrados que buscan convertirse en integrantes de salas de apelaciones o la CSJ.
No-Ficción trató de comunicarse con Silvia Valdés, actual presidenta de la CSJ, para conocer sus apreciaciones sobre el tema, pero no respondió las llamadas.
El tiempo dirá si resolver en contra de los casos de la CICIG y la FECI les sirvió para ganar el voto de los congresistas o si quedarán excluidos en el primer filtro a cargo de la Comisión de Postulación.
