Tigo pagó cerca de Q50 mil cada dos meses durante el gobierno Patriota para que una estructura de diputados dirigida por la ex vicepresidenta Roxana Baldetti controlara la agenda del Congreso de la República. Una investigación del Ministerio Público y Cicig reveló que distintas elecciones de Cortes o en el Congreso fueron acordadas siguiendo la pauta de Baldetti.
Jueves 5 de febrero de 2015 (Cuatro meses antes de la captura de Roxana Baldetti)
07:31:34 a.m. Roxana Baldetti: “Patriotas buenos días para los diputados, hoy es muy importante su presencia, espero la Bancada completa y puntual depende de la comida de su comunidades”.
07:32:12 a.m. Gloria Sánchez Abascal: “Bendecido día jefa!!! Ahí estaremos”.
07:33:15 a.m. Regina Guzmán: “Estaré puntual jefa!!”.
07:33:53 a.m. Roxana Baldetti: “Les encargo ayúdenme con los compañeros. Hoy es muy importante depende de sus raciones”.
07:35:50 a.m. Regina Guzmán: “Estaremos apoyando a los jefes de línea para que todos estén jefa”
07:41:02 a.m. Manuel García: “Buen día mi Vice. A la orden siempre”.
07:58:47 a.m. Estuardo Galdámez: “Buenos días mi Vice. Mi línea ya están enterados sobre la puntualidad del día de hoy”.
Según la investigación presentada el pasado 6 de mayo por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), del Ministerio Público (MP), la ex vicepresidenta Roxana Baldetti controló entre 2012 y 2015 la agenda del Congreso. A través de pagos ilícitos, facilitados, según la investigación, por la compañía de telecomunicaciones Tigo, la compañera de fórmula de Otto Pérez Molina durante el gobierno Patriota disponía que leyes aprobar o que funcionarios nombrar, como en el caso de la elección de la Corte Suprema de Justicia.
07:59:13 a.m. Roxana Baldetti: “Pero q se vea mis jefes de línea. Si no, no me sirve”.
07:59:58 a.m. Estuardo Galdámez: “Así es de acuerdo contigo mi Vice. Hoy es clave…”. (Transcripción de los mensajes de texto extraídos de un teléfono de Roxana Baldetti, ahora parte de los elementos de la investigación del Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, Cicig).
Las revelaciones muestran cómo cada martes y jueves de 2012 a 2015, los días de sesión plenaria en el Congreso empezaban con una orden de Baldetti dirigida a sus diputados de confianza. Los llamaban “Jefes de Línea” y eran los encargados de mantener la disciplina dentro de la bancada del Partido Patriota (PP) y garantizar que se siguiera la agenda marcada por la vicepresidenta. Dentro del Organismo Legislativo, eran conocidos como los Roxy Boys.
Desde temprano, los diputados recibían instrucciones detalladas sobre cómo trabajar dentro del Legislativo. Qué leyes aprobar. Qué enmiendas proponer. A quiénes escoger para un puesto en la Junta Directiva del Congreso o las Comisiones de Trabajo; o el mensaje con el nombre de por quién votar para Contralor General de Cuentas; o bien, los listados de abogados que debían ser electos y convertirse en magistrados de las Cortes de Apelación o la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Alrededor de ocho a nueve diputados, en distintos momentos del gobierno del Partido Patriota (PP), integraban la estructura de los Roxy Boys. El acuerdo de este tipo de trabajo ilícito, como relata el MP, se formalizó el 14 de enero de 2012, horas antes de la toma de posesión de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti al frente del poder Ejecutivo, aunque se venía discutiendo días antes del cambio de gobierno. A partir de esta reunión se condicionaron todas las decisiones de la bancada del PP en el Congreso. Nada sería aprobado sin el consentimiento de la Vicepresidencia. Y los diputados se debían alinear y obedecer. Cada uno, recibía un monto de Q50 mil cada dos meses, en efectivo, por llevar a cabo las operaciones en el Congreso dictadas desde la Vicepresidencia.
El dinero, como el MP recopila dentro de una serie de testimonios brindados por ex agentes de la Secretaría de Asuntos de Administración y Seguridad (SAAS), era proporcionado por los empresarios Luis Fernando Valladares (gerente general de Comcel) y Asisclo Valladares Urreala (actual Ministro de Economía), ambos altos directivos de la empresa de Telecomunicaciones TIGO.
Dice un ex diputado patriota dentro de las declaraciones de anticipo de prueba: “Todos sabían que el dinero provenía de la empresa TIGO”. Los legisladores implicados llamaban a las coimas por el nombre clave de “Champurradas”.
Los agentes de la SAAS llegaban al edificio de TIGO ubicado en carretera a El Salvador, donde los directivos les proporcionaban entre cinco a seis maletas llenas de efectivo. Un monto cercano a los Q50 mil, cada dos meses, por diputado. Luego, el dinero era trasladado a la casa de Roxana Baldetti, ubicada en Residenciales Los Eucaliptos. Y más tarde el efectivo era enviado a la casa presidencial donde era recibido por Judith Ruiz Blau, secretaria de la Vicepresidencia.
En su declaración como testigo protegido en el caso La Línea, el ex secretario privado de Roxana Baldetti, Juan Carlos Monzón dijo: “Vi en una mesita enfrente del escritorio de Judith Ruiz Blau dinero y bolsitas de papel. Algunos diputados llegaban a saludarme después de recibir su bolsa entregada por Judith Ruiz Blau”.
Se trataba del dinero que servía para manejar y comprar la agenda del Congreso. La fiscalía documentó más de 38 reuniones llevadas a cabo entre Roxana Baldetti y los legisladores para afinar el modus operandi.
Entre los diputados y ex diputados (Los Roxy Boys) señalados por este caso denominado “Subordinación”, el MP ubica al actual candidato a la presidencia del partido FCN-Nación, Estuardo Galdámez y ha solicitado el retiro de su inmunidad.
La fiscalía también requiere que los diputados Boris Roberto España Cáceres, Juan José Porras Castillo, Mirma Magnolia Figueroa, Marco Antonio Orozco Arriola, Gustavo Arnoldo Medrano Osorio, Haroldo Eric Quej Chen pierdan su derecho de antejuicio y puedan ser investigados. Además de incluir en la lista a Valladares Urruela, ex directivo de TIGO y actual Ministro de Economía del gobierno de Jimmy Morales.
Otros “Jefes de Línea” bajo las órdenes de Roxana Baldetti, acusados por el MP (algunos ya procesados por otros casos de corrupción) son Marvin Estuardo Díaz Sagastume, Amílcar Aleksánder Castillo Roca, Gudy Rivera Estrada, Édgar Romeo Cristiani Calderón, Emilenne Aquino Mazariegos, Manuel Marcelino García Chutá, Gustavo Adolfo Echeverría Mayorga y Carlos Valentín Gramajo Maldonado.
“La estructura criminal estaba destinada a supeditar las labores de los funcionarios legislativos a las directivas específicas de la Vicepresidenta Roxana Baldetti”, explica en un comunicado el MP. Las ordenes, como se indica en la presentación del caso, “consistían principalmente en facilitar la aprobación de determinadas leyes y acuerdos legislativos a cambio de una promesa de dádiva, la cual normalmente consistía en una prestación económica constante a lo largo de la mayor parte del periodo legislativo 2012-2015, favoreciendo intereses particulares, empresariales y partidistas”.
Los representantes de TIGO, sin embargo, han realizado numerosas acciones legales en contra de todo el proceso. Han recusado jueces, dice el MP. Y han logrado que el caso se traslade del Juzgado Noveno de Primera Instancia Penal, al Décimo, y el proceso ahora está a cargo del juez Víctor Cruz, el jurista que ordenó la captura de la candidata a la presidencia del Movimiento Semilla, Thelma Aldana, en marzo de este año.
La Red Político-Económica Ilícita (RPEI) de diputados liderados por la ex Vicepresidenta se mantuvo vigente hasta el mes de abril de 2015, fecha en la que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), presentó formalmente el caso de la Línea, tras el cual el presidente Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti serían capturados y acusados de liderar una estructura dedicada a la defraudación aduanera.
Una ley comprada por TIGO
El 8 de abril de 2014, los agentes de la SAAS vieron entrar a Casa Presidencial a los directivos de Tigo que les proporcionaban los maletines de dinero en efectivo para el pago de diputados.
Luis Fernando Valladares, acompañado del actual Ministro de Economía, Acisclo Valladares Urruela, como indica el libro de visitas de Casa Presidencial, había llegado a una reunión privada con la ex Vicepresidenta. En esa reunión, tras bambalinas –al lado del despacho de Roxana Baldetti–, el diputado al Parlamento Centroamericano (Parlacen), Ernesto Herrera, había estado trabajando en una iniciativa de Ley que sería presentada al Congreso de la República, apenas cuatro horas más tarde.
La Vicepresidencia la llamó “Ley de Control de las Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad y Fortalecimiento de Infraestructura para la Transmisión de Datos”.
Los diputados ponentes y firmantes, Valentín Gramajo y Édgar Cristiani (dos Roxy Boys), conocieron su contenido hasta el mismo día de la aprobación de la ley, el 8 de abril del 2014, y su versión final hasta la sesión plenaria en la que se aprobó el Decreto 12-2014, como parte de las instrucciones que los diputados debían cumplir, según el acuerdo de manutención/sobresueldo bimensual de Q50 mil.
Declaración de un ex diputado del PP:
–Indicó que el 7 de abril fue citado por Aleksánder Castillo a una reunión con Valentín Gramajo (presidente de la Comisión de Comunicaciones) para la mañana del 8 de abril del 2014 en el Hotel Clarions Suite.
–Ahí leyeron por primera vez la iniciativa de ley con Aleksánder Castillo, quien les transmitió las instrucciones de la Vicepresidenta para ser los ponentes de la ley.
–Aleksánder Castillo y Acisclo Valladares Urruela estaban en comunicación por teléfono durante esta reunión. Valladares Urruela a su vez estaba reunido en la Vicepresidencia.
–Solicitó cambios al proyecto, como incluir el bloqueo de señales en centros penitenciarios, para generar apoyo a la ley en la población.
–A las 14:00 horas, en el Pleno del Congreso, los diputados Valentín Gramajo y Édgar Cristiani recibieron la última versión con el título de la ley cambiado según sus recomendaciones y así burlar a la población sobre el interés de aprobar la ley como de urgencia nacional”.
La prensa, no obstante, la bautizó como “La Ley TIGO”.
Distintos analistas explicaron en ese momento que no se trataba de un marco legal para evitar las extorsiones desde las cárceles en Guatemala.
El verdadero objetivo de la ley, como también explica la FECI en la presentación de este caso de corrupción a grandes niveles, “era que se pudiera instalar infraestructura en bienes de dominio público para transmisión de datos, así como castigar con delitos a las personas o funcionarios que impidieran o cobren por la instalación de dichos elementos”.
En la información remitida por la Superintendencia de Telecomunicaciones se evidenció que las únicas empresas que fueron beneficiadas en los primeros seis meses de vigencia de la ley fueron: COMCEL S.A. Navega.com S.A., Ambas son de la entidad comercial TIGO.
El 25 de abril del 2014, cuando la Ley Tigo entró en vigencia, solo estas dos empresas presentaron 33 solicitudes. “Lo que demuestra que ya tenían listos los proyectos debido a que sabían que la ley iba a ser aprobada”, señala la fiscalía.
Otras empresas lograron participar hasta finales de ese año.
A la captura del Congreso
Durante los primeros meses de gobierno, la estructura de diputados patriotas se enfrentó a un bloqueo legislativo desde la oposición liderada por el ex candidato a la presidencia y hoy capturado por la justicia de EEUU, Manuel Baldizón y su partido Libertad Democrática Renovada (Lider).
No obstante, poco a poco, y con más de 60 diputados, el poder del PP consiguió hacer posible las decisiones de Roxana Baldetti. Los diputados de su partido le agradecían favores o le reclamaban por las disposiciones tomadas desde el Ejecutivo.
En una de las conversaciones tomadas del teléfono de Roxana Baldetti, Anabella Folgar de Roca, esposa del actual candidato a la presidencia por el partido AVANZA, Danilo Roca, le reclama que el expediente de su hijo ha quedado fuera de las Comisiones de Postulación para elegir magistrados a Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelación. La ex Vicepresidenta responde que “ahí no tiene influencias”. Y evidencia que la elección de magistrados será una de las misiones de “Los jefes de Línea”. Los Roxy Boys.
A cambio de la promesa de recibir una especie de manutención o sobresueldo, los diputados afines a la Vicepresidencia estaban obligados a conformar quórum dentro del Congreso, para aprobar leyes determinadas.
Según la presentación de Cicig y FECI, Baldetti incidió desde el Ejecutivo sobre las siguientes agendas legislativas.
–Votar por los candidatos a magistratura de Corte Suprema de Justicia y de Corte de Apelaciones, con base en un listado que se había concertado previamente con Manuel Baldizón y Alejandro Sinibaldi.
–Votar el 30 de octubre del 2014 a favor de los diputados seleccionados por Roxana Baldetti para integrar la Junta Directiva 2015-2016.
–Votar por Carlos Mencos como Contralor General de Cuentas, bajo instrucciones de Roxana Baldetti.
–Votar a favor del Decreto12-2014 (conocido como Ley Tigo).
Las acciones de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti y varios diputados del Congreso de la República de la legislatura 2012-2016 supeditaron la potestad legislativa a los intereses del Ejecutivo y otros actores privados. La red criminal bajo el mando de Roxana Baldetti logró la captura del Estado, pervirtiendo la independencia y los objetivos principales de las insitutiocnes de gobierno.
