Durante los últimos tres años, la Corte Suprema de Justicia ha emprendido una batalla para evitar perder el poder que le confieren ciertas funciones administrativas dentro del OJ.  Entre ellas está la distribución de los magistrados de las Salas de Apelaciones. Con varias acciones legales, bloquearon el trabajo del Consejo de la Carrera Judicial. Y como efecto colateral se afectó el proceso de Comisiones de Postulación para elegir magistrados

En noviembre de 2014, una de las primeras acciones de la actual Corte Suprema de Justicia (CSJ) al asumir su cargo, fue tomar el listado de los 126 nombres de los magistrados de salas de apelaciones recién electos por el Congreso de la República y distribuirlos, de tres en tres, en las 42 cortes que existen en el país: “Tú aquí en lo penal, tú allá en el ramo civil, éste, presidente de sala en Petén… ella vocal en Quiché… él, suplente en Izabal… tú para lo contencioso administrativo”…

“Evaluamos la idoneidad. Pero también sus trayectorias. Dónde habían trabajado, o dónde habían vivido. Y sus especialidades”, explicó el magistrado Josué Felipe Baquiax, presidente del Organismo Judicial (OJ) entre 2014 y 2015, en una breve entrevista sobre los criterios para la integración de cortes de apelaciones.

El poder de la CSJ, además de lo jurídico, ha sido también el de asumir históricamente funciones administrativas dentro del OJ. Entre estas ha estado decidir la designación y traslados de los jueces en los distintos tribunales, el nombramiento de comisarios, notificadores, oficiales de juzgados y administradores. Además, ha sido su responsabilidad la forma en que se distribuyen los magistrados electos para cortes de apelaciones en cada una de las 42 salas que existen en Guatemala.

Ahí ha radicado su poder. La CSJ ha sido una sombra detrás de la estructura de la justicia. 

Pero desde hace tres años, los magistrados de CSJ han sentido amenazado este poder. En junio de 2016 los diputados del Congreso de la República cambiaron la ley de la Carrera Judicial creada en el año 2000, a través del Decreto 32-2016. Estas reformas trasladaban importantes funciones administrativas al Consejo de la Carrera Judicial (CCJ), que para ese entonces solo era una especie de escuela que se encargaba de impartir cursos, actualizar y capacitar a jueces y magistrados sobre temas judiciales.

Tras las modificaciones de la ley, el Consejo evolucionó a una especie de Consejo 2.0 con funciones hasta ese momento atribuidas a la CSJ. Entre estas estaban evaluar y nombrar a jueces en los tribunales, más herramientas disciplinarias, nuevas capacidades académicas y, además, en base a las reformas, serían los representantes de este Consejo los responsables de distribuir a los magistrados electos de apelaciones.

Y ante este traspaso de competencias, los magistrados de CSJ sintieron pérdida de poder. A lo largo tres años (2016-2019), sus reacciones legales en búsqueda de recuperar sus funciones administrativas han afectado a la justicia en distintos ámbitos. E incluso ha causado retrasos en el proceso de Comisiones de Postulación de 2019 para la elección de nuevos magistrados al frente de la justicia.

“Ha sido una competencia entre el Consejo de la Carrera Judicial y la CSJ, para establecer quién tiene mayor poder de decisión en aspectos que son estratégicos para lo interno del OJ”, señala Elvin Díaz, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (ICCPG). Díaz explica que la CSJ ha plantado resistencia para dejar de participar en asuntos administrativos que ahora le corresponden al Consejo. 

El poder disminuido de la CSJ 

Las funciones administrativas atribuidas a la CSJ, hasta antes de la evolución del Consejo de la Carrera Judicial de 2016, había generado cierta condición de subordinación, de pleitesía, que movía egos y respetos gremiales hacia los 13 magistrados al frente del OJ. No era asunto baladí la capacidad de distribuir magistrados electos en las corte de apelaciones, su presidente y sus vocales; o decidir sobre el traslado y las suspensión de jueces en el Sistema de Justicia. Durante años, la CSJ había acumulado una importatne cuota de poder político. 

Leandro Despouy, el relator especial sobre la independencia de jueces y magistrados de Naciones Unidas, dijo tras su visita a Guatemala en 2009: “La CSJ ha sido el blanco de muchas críticas, debido a que su función principal, impartir justicia, se ve desplazada por funciones administrativas, lo que ha permitido el establecimiento de una cultura vertical dentro del poder judicial que interfiere en la independencia de jueces y magistrados. Esta es una de las causas de la crisis por la que atraviesa el poder judicial, puesto que la concentración de funciones en un solo organismo también implica su politización”. 

El nuevo Consejo de la Carrera Judicial, según la reforma de ley de 2016, estaría integrado por cuatro grupos de poder que laboran dentro del OJ: un representante de CSJ (que no sea magistrado), un delegado de Salas de Apelación, un juez de primera instancia y un juez de paz.

Además, estos cuatro magistrados/consejeros, una vez electos, escogen a tres profesionales externos expertos en administración, recursos humanos y sicología que funcionan como apoyo.

“Las reformas a ley del Consejo de la Carrera Judicial reconfiguraron el balance de poder en el OJ”, dice José González, analista de Impunity Watch. “Quitó el poder del presidente de la CSJ sobre las labores administrativas. Y le dio más sentido al Consejo de la Carrera Judicial al encargarse del ingreso, permanencia, promoción, ascenso, traslados, prestaciones, capacitación y formación profesional, además de la evaluación del desempeño, el régimen disciplinario y los mecanismos de exclusión de los jueces y magistrados”

La resistencia de los magistrados

Pero cuando el Congreso de la República transformó en 2016 al Consejo de la Carrera Judicial en algo más que una simple escuelita de capacitaciones con poder administrativo dentro del OJ, los magistrados titulares se sintieron ofendidos y han ido bloqueándo las acciones del CCJ hasta la fecha.

El problema para operativizar la ley de CCJ, como indica José González, analista de Impunity Watch, consistió en los constantes inconvenientes para el nombramiento de jueces. A ello se unieron las recurrentes negativas de los magistrados de CSJ para aprobar el reglamento de la Carrera Judicial y los amparos e inconstitucionalidades presentadas por el OJ para no perder su poder. 

Los primeros actores en presentar una inconstitucionalidad en contra de las reformas a la ley de la Carrera Judicial fueron, en febrero de 2017, los 13 magistrados titulares de CSJ. Lo hicieron junto a la Asociación de jueces y magistrados del OJ, mediante Néctor de León, de la Sala Cuarta de apelaciones del ramo penal; Dixon Díaz de la Sala Tercera de apelaciones del ramo civil; Alba Susana López de la Sala Sexta de lo Contencioso Administrativo; y Zonia Santizo de la Sala Tercera de Apelaciones del ramo penal. 

En conjunto, magistrados de salas y magistrados, argumentaron ante la Corte de Constitucionalidad (CC) que el nuevo Consejo de la Carrera Judicial era una estructura paralela en materia administrativa dentro del Sistema de Justicia. “Un atentado en contra del mandato constitucional de los magistrados de CSJ”, indicaron.

La CSJ actuó legalmente bajo la presidencia del magistrado Nery Medina (2017-2018), y con la tutela de su asesora jurídica, Iliana Escribá, hermana del diputado Armando Escribá señalado de fraude en el caso Construcción Y Corrupción,  

Entre los argumentos principales los magistrados de CSJ indicaban: “se está revocando al OJ, mediante una ley ordinaria, la independencia funcional que le concede la Constitución, debido a la supresión de atribuciones que le corresponden, incluyendo el control de órganos administrativos y disciplinarios, para trasladárselas a un ente paralelo denominado Consejo de la Carrera Judicial”.

Al cuestionar al magistrado Nery Medina durante una actividad académica de 2018, se limitó a describir ante varios reporteros que no era correcto tratar de colocar a la CSJ al mismo nivel que un ente administrativo paralelo.

Los analistas como Ramón Cadena, de Juristas Internacionales, explican que esto es algo que no agrada a los magistrados. Equipararse a un ente de menor nivel. Incluso en sus prestaciones laborales.

No-Ficción revisó los sueldos que reciben los magistrados de CSJ y los comparó con los integrantes de la Carrera Judicial, y en efecto, magistrados y consejeros, ganan lo mismo cada mes: Q39,800.01 por honorarios, Q1,400 de bono mensual y Q375 de bonificación profesional. En total Q41,575.01 más gastos de representación, aguinaldo y bono de antigüedad.

Salarialmente un magistrado de CSJ ha sido equiparado al mismo nivel que un Consejero de la Carrera Judicial

Los tres profesionales externos del nuevo Consejo ─un experto en administración, otro de recursos humanos y un sicólogo─, por su parte, devengan un sueldo de Q21,500 con un bono mensual de Q1400 y una bonificación de Q375, más aguinaldo y un bono de antigüedad. Ganan menos que un juez de primera instancia.

Algunos fallos de las Salas Tercera y Cuarta de Apelaciones, cuyos integrantes respaldaron a la CSJ en la lucha contra las reformas de la Carrera Judcial

Durante esos años, los integrantes de las Salas Tercera y Cuarta, que ha trataron de frenar el poder de la Consejo de la Carrera Judicial  han favorecido a políticos acusados de corrupción en casos presentados por el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

En 2017, por ejemplo, la sala cuarta de Apelaciones del ramo penal, confirmó el cierre de persecución penal en contra de los hermanos Valdez Paiz por el asesinato de Rodrigo Rosenberg. Y en 2019, esta sala validó la falta de mérito a favor de Orlando Blanco, el secretario general del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), acusado de financiamiento electoral ilícito.

En diciembre de 2014, la Sala Tercera de Apelaciones, decidió dejar en libertad bajo fianza de Q100 mil al abogado del Partido Patriota (PP), Vernon González. La ex magistrada Claudia Escobar había denunciado a González en el caso Tráfico de Influencias, cuando la contactó previo a la elección de magistrados a Salas de Apelaciones para solicitarle una reunión, a la que acudió el ex presidente del Congreso, Gudy Rivera, donde le solicitaron un amparo a favor de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, a cambio de ser reelecta como magistrada. 

En 2018, de nuevo la Sala Tercera validó las medidas sustitutivas para Gustavo Alejos; anuló la sentencia de la jueza Erica Aifán en contra del ruso Igor Vitkov; y confirmó el cierre del caso en contra de Williams Mancilla, ex ministro de la Defensa, por entregar un bono al presidente Jimmy Morales de Q50mil mensual. Y en 2019, esta sala absolvió a cinco ex directivos implicados en el fraude millonario del caso IGSS-Pisa; y decidió retirar a la CICIG del caso Botín Registro, donde se acusaba al hermano y al hijo del ex presidente Jimmy Morales.

El efecto para la justicia

Las repercusiones de estas acciones legales en contra de la ley de la Carrera Judicial afectaron la estructura de los tribunales. Durante más de dos años, se debió evaluar el desempeño de los administradores de justicia y la supervisión de tribunales mediante la ley anterior de la Carrera Judicial, donde el presidente de CSJ tenía peso relevante.

Además, esta pugna de tres años entre CSJ y el Consejo de la Carrera Judicial provocó algunas incertidumbres en varias partes de la estructura del Sistema Judicial. La más notable se dio en el proceso de Comisiones de Postulación, donde la disputa por las funciones administrativas paralizó varios meses el trabajo de las postuladoras.

A finales de 2019, el presidente del Consejo de la Carrera Judicial, Carlos Guerra, consultado para este reportaje, explicó que los magistrados de CSJ, en más de una ocasión le recordaron mediante oficios que las funciones administrativas no eran del todo su competencia. Y muchas de sus decisiones estaban detenidas debido a que la CSJ había rechazado varias veces la aprobación de un reglamento para el Consejo de la Carrera Judicial. 

En ese momento, el proceso de Comisiones de Postulación para la elección de magistrados de CSJ y Salas de Apelaciones estaba detenido. La falta de un aval sobre el desempeño de los aspirantes por parte del Consejo de la Carrera Judicial provocó que la CC suspendiera todos los avances en el proceso de elección de nuevos magistrados.

“Sin el reglamento avalado por la CSJ, nosotros como Consejo nos remitirnos siempre a nuestras funciones dentro de lo legal”, decía Guerra. 

Según el presidente del Consejo, la CSJ había perdido tiempo a la espera de que las reformas de la ley de Carrera Judicial de 2016 fueran reconocidas constitucionalmente. Algo que ocurrió en septiembre de 2019, cuando la CC argumentó que no se violaba el mandato constitucional del OJ toda vez que “La CSJ y su presidencia continúan ejerciendo funciones administrativas de vital importancia como la elaboración y ejecución presupuestaria, nombramiento de personal judicial, auxiliar y técnico, determinación de la cantidad de salas de Corte de Apelaciones, entre otras”,

Además de reiterar que la CSJ es el órgano superior del OJ, principal responsable del andamiaje administrativo, pero ayudada por el Consejo de la Carrera Judicial, concluyendo que no existe subordinación entre ninguna de las dos entidades.

El último recurso de la CSJ para demostrar su poder

El actual Consejo de la Carrera Judicial termina su mandato de dos años y medio el 29 de abril de 2020. Por ello, el pleno de magistrados de la CSJ, cuyo mandato venció en octubre pasado pero cuyo relevo depende de una resolución de la CC para reactivar el proceso de Comisiones de Postulación, lanzó una convocatoria apresurada para dejar integrado un nuevo Consejo de la Carrera Judicial antes de su partida.

Y los cuatro grupos gremiales que integran el Consejo de la Carrera Judicial han empezado a escoger a sus representantes.

Los jueces de paz, en una asamblea del pasado 22 de febrero, han elegido a la planilla de la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad (AGJI): Rolando Barrera Florían como titular y a Evelin Quiej de suplente.

Los jueces de primera instancia, reunidos el 23 de febrero, también eligieron a sus representantes para el Consejo de la Carrera Judicial. La jueza Elia Perdomo, del Tribunal B de Mayor Riesgo, fue electa como nueva consejera, y Hernán Rivas, juez de Totonicapán, quedó como su suplente.

Los magistrados de Salas de Apelación, convocados para el 21 de febrero, no alcanzaron quorum para elegir a sus representantes. La CSJ señaló que corren riesgo de quedar fuera del Consejo.

A criterio de los magistrados Silvia Valdéz, Felipe Baquiax y José Pineda Barales, serán ellos ─la CSJ saliente─ los que dejen nombrado a su representante para el Consejo de la Carrera Judicial y así prevenir acciones legales en su contra, antes de que el Congreso elija a sus sucesores.

Y así, los magistrados de la actual CSJ, dejarán su cargo demostrando que su poder fue real, que nunca renunciaron del todo a sus facultades administrativas a pesar de la validación constitucional del Consejo de la Carrera Judicial. Y que cada vez que ocurra un nuevo traslado o una suspensión de jueces, alguna evaluación de desempeño, o una supervisión de tribunales, todos los operadores de justicia deberán recordar que estos protocolos administrativos tuvieron algún resabio de su consentimiento.