Las reformas a la Ley de la Carrera Judicial de 2016 buscaban establecer condiciones de mayor independencia para jueces y magistrados. Sin embargo, el marco legal actual ha dado lugar a que jueces señalen presiones internas dentro del Organismo Judicial para condicionar sus resoluciones. Entre ellos, los jueces Pablo Xitumul, Erika Aifán o Miguel Ángel Gálvez.

Era agosto de 2018. El caso Agua Mágica, sobre corrupción relacionada con la limpieza de lago de Amatitlán, se encontraba en pleno debate. Las audiencias de la sala al Tribunal de Mayor Riesgo C, presidida por el juez Pablo Xitumul, se desarrollaban con normalidad. 

Sin embargo, ese día, entre los asistentes se encontraban dos personas que no tenían relación con las partes ni eran parte de la sociedad civil. Eran delegados de la Supervisión General de Tribunales (SGT) y estaban designados para efectuar una evaluación al Tribunal de Mayor Riesgo C.

La Supervisión General de Tribunales es una entidad dentro del Organismo Judicial (OJ) encargada de supervisar la forma en que los jueces, y los tribunales que estos dirigen, desempeñan sus funciones. Los funcionarios de este ente vigilan el actuar de los jueces del poder judicial y, en caso de encontrar irregularidades, llevan los casos a la Junta de Disciplina. 

Pero durante esta audiencia, mientras los ponentes daban detalles sobre el caso que involucraba a la ex vicepresidenta Roxana Baldetti; la presencia de los supervisores se salía de los mecanismos habituales. Xitumul sospechó que estuvieran tratando de obtener información del caso, pues las condiciones en que se daba no eran las normales.

Para empezar, explica el juez, no era la primera vez que acudían. En ocasiones anteriores empleados de este ente habían llegado indicando que estaban realizando una supervisión preventiva, pero las causas de su presencia, según Xitumul, le hacían sospechar. “No dejaban claro a qué venían y se marchaban sin dejar ni siquiera recomendaciones”, expresa el juez. 

Xitumul cuenta que también llegaron cuando se desarrollaba el debate por el caso Molina Theissen, referente a tortura y violación de Ema Molina y la desaparición forzada de su hermano Marco Antonio, en 1981. En esa ocasión también iban con la misión de efectuar una supervisión. 

Al juzgador le llamó la atención que, en ambos casos, los supervisores se presentaron justo durante el debate, cuando el juzgado se encuentra más cargado de actividades. La respuesta del juez en las dos ocasiones fue la misma: enviar una misiva a la Supervsión General de Tribuanales en la que solicitaba abstenerse de ordenar supervisiones durante las audiencias.

Una transición inconclusa

Originalmente, la función de supervisar los tribunales estaba a cargo de la presidencia del Organismo Judicial (OJ), dentro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ); y la Supervisión General de Tribunales funcionaba como ente ejecutor de esta atribución. 

Las supervisiones que efectúa esta entidad se clasifican en tres categorías, por queja: cuando una de las partes involucradas en un proceso judicial considera que hay acciones inadecuadas en el tribunal a cargo; preventivas: cuando la SGT revisa el actuar del tribunal y sus integrantes sin la necesidad de una queja; y, por último, de control de entradas: que se encarga de revisar el cumplimiento con los horarios de entradas y salidas del personal.

Con las reformas de 2016, se estableció que la supervisión pasara a manos del Consejo de la Carrera Judicial (CCJ). La idea era darle mayor independencia a esta entidad, y que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dejara de ejercer funciones administrativas y de controles internos dentro del OJ, para enfocarse en emitir resoluciones de tipo jurídico.

Las reformas de 2016 establecían un plazo de 10 meses para la aprobación del Reglamento de la Ley y los reglamentos para los cuerpos normativos conexos, entre ellos la Supervisión General de Tribunales. Este plazo concluía en mayo de 2017. Sin embargo, más de tres años después de la aprobación, este proceso transitorio aún no concluye. 

En 2018 se presentó una propuesta de reglamento que fue rechazado por la CSJ. El reglamento fue publicado finalmente el 27 de enero de 2020 y aún resta ver si no habrá impugnaciones a su contenido.

Durante este lapso de tiempo, la percepción de algunos jueces es que los objetivos de esta reforma no se han cumplido y que, lejos de ello, la SGT se ha convertido en un instrumento que amenaza la independencia judicial. Entre ellos se encuentra Pablo Xitumul, quien cuestiona si esta entidad está cumpliendo con el fin para el que fue creada o si se está utilizando como una medida de presión y represión interna del OJ.

Jueces bajo la lupa

Pero Xitumul no es el único que reporta situaciones de este tipo. Erika Aifán, responsable del Tribunal de Mayor Riesgo D, también señala acciones similares en su contra. El primer signo de presión lo encuentra en el aumento de la frecuencia de las supervisiones desde 2017. Sus registros dan fe de que entre 2018 y 2019 fue objeto de cuatro veces más inspecciones de este tipo que en los cuatro años anteriores. 

Aifán explica que a mediados de 2018 tuvo una visita de supervisores diaria. “En ocasiones llegaba un supervisor en la mañana y otro en la tarde”, dice. Pero no son sólo estos números los que la alarmaron, sino también el hecho de que tanto las supervisiones por quejas, como las preventivas, se incrementaran para ella, Xitumul y Miguel Ángel Gálvez, titular del Tribunal de Mayor Riesgo B, en momentos en que los tres estaban llevando casos de alto impacto.

En el caso de las supervisiones preventivas, los encargados de realizarlas pueden revisar todos los documentos del tribunal, pues están encaminadas a ser amplias e identificar posibles errores, aunque el procedimiento generalmente concluye en recomendaciones. Pero en las supervisiones a Aifán, según recuerda, no fue así. 

En esa serie de supervisiones, Aifán indica que la instrucción que llevaban los delegados era denunciar cualquier hecho que sugiriera la existencia de una falta administrativa o de un delito. 

Habitualmente el supervisor hace un acta y pide la elaboración de algunos oficios y copias de documentos para presentar en la Supervisión General de Tribunales, y regresa sólo en caso de que se haga necesaria una ampliación. Pero en ese mes el juzgado recibió más de 60 visitas. La jueza lamenta también el tiempo y el desgaste que representa que, a las obligaciones diarias del tribunal, se le sume estar generando informes de manera constante.

«Entonces, voy a tener que seguir buscando», respondió un supervisor a Aifán cuando esta le cuestionó sobre una revisión improcedente. 

Aifán −quien denunció a una auxiliar del juzgado a su cargo, Tatiana Guzmán, por filtrar información del juzgado- ha estado a cargo de casos como Asalto al Ministerio de Salud, Odebrecht o el de la familia Bitkov. Ésta relata que también le correspondió despejar una duda del supervisor, pues él cuestionaba que la reserva de un caso de lavado de dinero se hubiera prorrogado sin el trámite previo. A lo que la jueza le explicó que ese procedimiento no era necesario en esa situación, pues el caso aún estaba bajo investigación. Según Aifán, la expresión del supervisor fue: “Entonces voy a tener que seguir buscando”, lo que incrementó sus sospechas. 

Finalmente, el supervisor denunció una resolución de la jueza. La Junta de Disciplina del OJ resolvió esta denuncia atacaba la independencia judicial y no se relacionaba con los aspectos administrativos que le atañen a la Supervisión.

Otra situación que le pareció sospechosa a la jueza Aifán ocurrió cuando una abogada la denunció ante la Unidad del Régimen Disciplinario del OJ por haberle llamado la atención frente al resto de asistentes de una audiencia por haber llegado tarde, lo que había calificado como falta de respeto. 

Según la jueza, las palabras de la supervisora auxiliar, Judith Alvarado, fueron: “Mire, licenciada, esto sí es administrativo. No me va a poder salir con algo judicial porque se trata de una falta de respeto”, explica la juzgadora del Tribunal D. Para solventar su situación ante este señalamiento (evacuar el informe), Aifán explicó que ella, por respeto a los asistentes, expuso el motivo del retraso de una audiencia, pero que, de cualquier manera, estaba facultada en su calidad de titular de ese juzgado.

Posteriormente, la supervisora llamó al juzgado pidiendo comunicarse con ella, quien se encontraba en audiencia. Ante la insistencia −pues según la Aifán, la supervisora no creía que estuviera en el juzgado− la jueza se vio forzada a suspender una audiencia para contestar el teléfono. La llamada era para cuestionar sobre la respuesta a la evacuación de la denuncia de la abogada, pues se trataba de un “juzgado” y no de un “tribunal”.

Aifán expone que tras aclarar que se trataba de un sinónimo (juzgado/tribunal), la respuesta de la supervisora fue: “Sólo quería corroborarlo”. 

Con el caso de la auxiliar Tatiana Guzmá, Aifán también resalta que a pesar de que en los registros del personal de seguridad de las instalaciones del OJ quedó documentado como una flagrancia, el supervisor a cargo no lo determinó de esta manera. Además indica que en lugar de dirigirse a ella para conocer su versión como denunciante, su primer acercamiento fue con Guzmán.

Procesos más claros para evitar vulnerabilidad de los jueces

Miguel Ángel Gálvez, titular del juzgado de mayor riesgo B, también señala haber sido objeto de las mismas presiones que Xitumul y Aifán. “Desafortunadamente llegan cuando uno está con más carreras y más procesos y eso genera más tensión y le toca a uno defenderse de cosas que la mayoría de veces ni siquiera tienen sentido”, señaló el juzgador.

Gálvez resalta otro problema legal, y es que estaba previsto que una serie de reformas constitucionales en materia de justicia acompañaran a las reformas a la carrera judicial. Pues sin la modificación a la Carta Magna, hay funciones administrativas que siguen quedando en manos de la CSJ y que siguen dando lugar a las situaciones señaladas. 

Según Ramón Cadena, presidente de la Comisión Interamericana de Juristas (CIJ), en el momento de contar con todos los instrumentos legales, se podría tener procesos más claros, con lo que se evitaría señalamientos como el de Xitumul sobre la forma en que se dirigen las acciones de esta dependencia.

Pero añade que de momento los jueces se encuentran totalmente vulnerables en las condiciones actuales. “A los jueces se les presiona desde afuera con amenazas y desde adentro con denuncias”, añade. A criterio de Cadena, a los jueces independientes se les ha atacado mucho a nivel interno y la CSJ no los defiende porque forma parte de un mismo acuerdo con quienes buscan presionarlos.

OJ responde que actúa conforme a lo estipulado

A pesar de que por más de tres años no estuvo emitido el reglamento, según Carlos Guerra, titular del Consejo de la Carrera Judicial, las evaluaciones a jueces continuaron de manera constante con base en la ley anterior, que es como está estipulado que debe ser para jueces que habían empezado su período de cinco años cuando se aprobaron las reformas de 2016.

No-Ficción intentó comunicarse con Clara Chavarría, en su calidad de titular interina de la Supervisión General de Tribunales. En su lugar respondió René Chinchilla, supervisor auxiliar de esa entidad. Chinchilla señala que cualquier decisión de investigar a un juez responde únicamente al cumplimiento de órdenes de los entes superiores como la Junta de Disciplina o la Unidad de Régimen Disciplinario del OJ.

En lo que corresponde al creciente número de supervisiones preventivas, Chinchilla afirma que estas supervisiones se realizan anualmente con base en una planificación del Consejo de la Carrera Judicial.

Según Chinchilla, para la Supervisión General de Tribunales, la falta de un reglamento dentro de la entidad no representa un problema, pues todas las decisiones se toman con base en las instrucciones de instancias superiores. 

El nuevo reglamento tiene una sola semana de haberse emitido. Será con su implementación que se verá si los jueces perciben mayor independencia en su labor.  Mientras tanto, los señalamientos y los formularios para solventarlos en los momentos de mayor actividad de los juzgados, seguirán llegando en busca de poder denunciar a los administradores de justicia y sus funciones ante casos de alto impacto.