En el municipio de San Manuel de Colohete, en el occidente de Honduras, la construcción de una carretera ha desatado un conflicto entre desarrollo comunitario y protección ambiental. La obra afecta a la microcuenca “El Rancho”, fuente vital de agua para cerca del 10% de la población local y ubicada en un área protegida desde 2019.
Eran cerca de las 4:00 a.m. del 26 de enero de 2024 cuando los habitantes del barrio San Juan, en San Manuel de Colohete, en el occidente de Honduras, escucharon por primera vez el estruendo de una maquinaria pesada que avanzaba por un camino rocoso junto a una microcuenca cercana.
Durante más de tres décadas, muchas familias han recogido agua de ese lugar, conocido como “El Rancho”, para limpiar, cocinar y beber. De hecho, esta microcuenca abastece de agua durante todo el año a decenas de familias del municipio, según Fuente de Vida, un colectivo comunitario de San Juan que aboga por la protección del medioambiente y los recursos naturales. En 2019, el Instituto de Conservación Forestal (ICF) de Honduras declaró formalmente esta zona como área protegida.
Pero a medida que municipios como San Manuel de Colohete han crecido —la población se duplicó en los últimos 20 años— políticos locales como el alcalde Elder Mejía han tenido que enfrentar el dilema entre habilitar zonas para el desarrollo y proteger el medioambiente.
Aunque se trata de un municipio pequeño, el problema es grande. En todo Honduras, alcaldes como Mejía ejercen un poder desproporcionado sobre este tipo de proyectos de desarrollo, que a veces se consideran una forma de crimen organizado. Además, estos conflictos pueden derivar en enfrentamientos políticos, económicos e incluso en violencia mortal.
La llegada de la topadora estaba relacionada con una promesa que había hecho Mejía para ampliar y reparar un camino que bordea el área protegida de la microcuenca, pero muchos residentes y algunos exfuncionarios lo consideraron una intervención ilegal.
“Yo creo que sí es un abuso de autoridad”, afirmó Francisco Escalante, ingeniero forestal que, anteriormente, se desempeñó como el viceministro más joven del ICF. “Es un área protegida conocida por todos. Están demarcados los límites y si hay una comunidad que se vea afectada, lo primero es considerar que esa comunidad fue sobrepasada”.
Decenas de residentes de San Juan que dependen de la microcuenca “El Rancho” estaban de acuerdo. Dijeron que el alcalde nunca los consultó sobre el proyecto ni sobre su posible impacto.
A medida que amanecía, un grupo de habitantes se reunió frente a sus casas. Pasaron por la única estación de gasolina y una escuela primaria, y siguieron por el camino de tierra que lleva a la zona. Al acercarse, escucharon el sonido de la maquinaria y se estremecieron. Pensaron que era una cuestión de vida o muerte.
Empujado a la política
El día que fuimos a la alcaldía para hablar con Mejía era una mañana fría de otoño. Algunas nubes grises ocultaban el sol naciente y amenazaban con llover. Una brisa se disipó entre los residentes que lo esperaban en el patio.
Desde que asumió el cargo en 2022, el alcalde abrió las puertas de su oficina para que la comunidad pueda expresar sus preocupaciones y hacer solicitudes. Su estilo contrastaba con el de la administración anterior, según afirmaron, ese día de noviembre de 2024, los residentes.
“El alcalde anterior nunca nos escuchaba, nunca tenía tiempo para nosotros”, dijo un caficultor de una aldea cercana sin electricidad, quien salió de su casa antes del amanecer para poder hablar con el alcalde.
Pero la gestión de Mejía no ha estado exenta de polémicas. Aunque muchos lo alaban por su cercanía con la comunidad, activistas medioambientales lo acusan de avalar proyectos que dañan el ecosistema, e incluso algunos afirman que ha utilizado fondos públicos para beneficio propio al adjudicar contratos a empresas de su propiedad.
Esa mañana llegó casi dos horas después de que abriera la oficina. Vestía unos mocasines, unos jeans impecables y una colorida camisa a cuadros recién planchada. Saludó a todos con cortesía. Los campesinos y los obreros se quitaban el sombrero antes de estrechar la mano con respeto. Muchos lo consideran un “hombre de pueblo”.
Originario de San Manuel de Colohete, la familia de Mejía es ampliamente conocida por administrar hoteles, ferreterías e inmobiliarias en la región. Era una entrada perfecta a la política, aunque, según él, nunca se imaginó en un cargo público.
Antes de las elecciones municipales de noviembre de 2021, trabajó como maestro. Pero meses antes de los comicios, un grupo de residentes lo instó a lanzarse para derrotar al entonces alcalde J. Inés Mejía Romero.
Las divisiones políticas crecían, y Mejía —como muchos otros— sentía que Romero había gestionado mal el municipio, acumulando deudas y desatendiendo la creciente deforestación. En una ocasión, incluso huyó de una reunión en la alcaldía cuando los residentes exigieron explicaciones sobre el uso de los fondos públicos.
Así fue como Mejía lanzó su candidatura. Y cuando cerraron las urnas, ganó por un estrecho margen de 400 votos, algo que parecía improbable. Su partido, Libertad y Refundación (Libre), también obtuvo la gobernación de Lempira y la presidencia con Xiomara Castro, quien hizo historia al convertirse en la primera mujer presidenta de Honduras.
Retractarse de la retractación
Durante la campaña, una de las estrategias que implementó Mejía para ganar votos fue prometer obras a comunidades que durante años se habían sentido abandonadas por Romero. Además de las obras viales en San Juan, que enfrentaron el rechazo de la comunidad, también se comprometió a reconstruir una vía en una zona remota dentro de un área protegida del Parque Nacional Montaña de Celaque.
Era una promesa arriesgada. Los huracanes Eta y Iota habían azotado la región en 2020, y reparar esa carretera beneficiaría directamente a cuatro comunidades indígenas que habitan la zona. San Manuel de Colohete es uno de los 11 municipios dentro del parque. Sin embargo, el gobierno lo declaró “área protegida” en 1987, una categoría que obliga a Mejía y a los demás alcaldes a colaborar para preservar los recursos naturales de Celaque.
Tras asumir el cargo, Mejía titubeó: primero se retractó de su promesa de campaña, y luego se retractó de esa retractación. Mientras tanto, las comunidades indígenas —que serían las principales beneficiadas con la reparación de la vía— mantuvieron la presión.
“Que no nos vayan a venir a impedir”, le advirtió un miembro de la comunidad en uno de los muchos enfrentamientos tensos. “Pues de todas maneras, si nos toca derramar la sangre acá, lo vamos a hacer”.
A medida que aumentaba la presión, Mejía encontró una salida. En lugar de ejecutar el proyecto desde la alcaldía, optó por canalizarlo a través de las propias comunidades, argumentando que ellas entienden mejor que el gobierno cómo proteger su entorno.
La alcaldía también intentó desvincularse del proyecto. Pero, según admite el propio Mejía en un video obtenido por InSight Crime, su administración asignó más de 400 horas de trabajo y el uso de un tractor para ayudar a reconstruir la vía. En total, los funcionarios locales estimaron que el proyecto le costó a la municipalidad al menos 1 millón de lempiras (casi US$40.000).
La carretera en disputa atraviesa la llamada “zona núcleo” del Parque Nacional Montaña de Celaque. Crédito: Parker Asmann
Aun así, Mejía consiguió respaldo de las altas esferas. En julio de 2022, pocos meses después de haberse retractado de su retractación, el alcalde invitó a Jorge Salaverri, viceministro de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), a visitar una de las comunidades dentro del Parque Nacional Montaña de Celaque.
Allí, Salaverri expresó su apoyo al proyecto.
“Sabemos que estamos en un área protegida [pero] lo que yo vengo a hacer aquí más bien es comprometerme también en ser un portavoz y poder llegar junto con el alcalde”, dijo ante la comunidad, según un video de la reunión obtenido por InSight Crime.
“Creo que es más fácil para que concertemos y logremos llevar a término la conclusión de esta carretera y llevarla a donde la gente la necesita”, agregó durante el encuentro.
Dos meses después, comenzaron a circular fotos y otros videos que mostraban que el trabajo manual inicial había sido reemplazado por maquinaria pesada. Alarmados, funcionarios del ICF y de la Mancomunidad de Municipios del Parque Nacional Montaña de Celaque (MAPANCE) —creada para gestionar y proteger los recursos naturales del parque— notificaron al Ministerio Público.
Batallas legales y maniobras políticas
A principios de 2023, al menos dos denuncias formales sobre la carretera en Celaque habían sido interpuestas contra Mejía ante la unidad ambiental de la fiscalía regional. La fiscalía abrió una investigación, pero el proceso fue lento. El equipo es pequeño, y tanto el jefe como los coordinadores adjuntos de esa unidad manejan decenas de casos en todo el occidente del país. Además, el sitio de la carretera ilegal es remoto y de difícil acceso.
Mientras tanto, las obras continuaban. En un intento desesperado por frenar la construcción, el ICF contactó a Teófilo Enamorado, gobernador de Lempira, para convocar con urgencia una reunión del comité de alcaldes del parque y discutir el impacto ambiental de la carretera. Pero, según el funcionario del ICF que hizo la llamada, el gobernador nunca respondió formalmente.
Más adelante, Enamorado le dijo a InSight Crime que no tenía conocimiento de la carretera hasta que escuchó las denuncias y fue contactado por el ICF. Sin embargo, poco después de que se ignorara la solicitud de la reunión, documentos obtenidos por InSight Crime revelan que Mejía adjudicó un contrato a una empresa copropiedad del hijo del gobernador para repavimentar una vía en el centro de San Manuel de Colohete. El proyecto estaba valuado en casi 2 millones de lempiras (unos US$80.000). Mejía también ha sido fotografiado junto al gobernador y su hijo en diferentes eventos del partido Libre.
Cuando fue consultado, Enamorado aseguró que el contrato de repavimentación adjudicado a la empresa de su hijo “no tenía nada que ver” con su posición respecto a los proyectos viales de Mejía. Su hijo no respondió a las solicitudes de información de InSight Crime.
Por su parte, Mejía confirmó que el proyecto en San Manuel de Colohete fue otorgado a la empresa vinculada al hijo del gobernador, pero negó tajantemente cualquier irregularidad en torno a la carretera de Celaque o que esta tuviera relación con sus vínculos con el gobernador. Su oficina reiteró luego que la carretera en Celaque fue construida por las comunidades indígenas, sin asistencia municipal.
Es una afirmación dudosa. Los miembros de la comunidad no respondieron a los pedidos de información de InSight Crime, pero técnicos forestales que trabajan con MAPANCE —con años de experiencia en esta remota región— afirmaron que a los residentes les habría sido muy difícil contratar la maquinaria y la mano de obra necesarias para reconstruir esa vía.
Mientras tanto, la única autoridad reguladora vinculada al caso también se deslindó. En una declaración enviada a InSight Crime, el viceministro de SERNA, Jorge Salaverri, aseguró que “en ningún momento se autorizó verbalmente la construcción de esta carretera pues no es facultad de esta secretaría de Estado dar permisos orales, y existe un protocolo a seguir […] para este tipo de infraestructura”.
Agregó que los “comanejadores [MAPANCE] tenían que haber detenido la construcción de esa carretera ilegal desde el inicio de su construcción y deducir responsabilidad legal a quienes pagaron a los operadores la máquina”.
La carretera se terminó. Y tras concluir la obra, Mejía organizó una reunión en la alcaldía para celebrarla. Invitó a regidores y otros miembros de la comunidad a la inauguración oficial, según consta en un video obtenido por InSight Crime.
“Teníamos que apoyarlos, trajimos hasta el ministro de Medio Ambiente ahí a esas comunidades y ahora vamos a celebrar […] un proyecto más ejecutado con los recursos de nuestra administración”, declaró con orgullo.
Un proyecto aprobado sin consulta
Durante una reunión de la corporación municipal en agosto de 2023, Mejía planteó el proyecto de construcción de una vía cerca de la microcuenca “El Rancho” y el barrio San Juan. Propuso una alianza con el Fondo Cafetero Nacional, cuya misión es mejorar la infraestructura vial en las zonas productoras de café de Honduras. San Manuel de Colohete se encuentra en el departamento de Lempira, uno de los principales productores de café del país.
El proyecto permitiría trazar una ruta más directa para que los habitantes de una aldea cercana accedan al centro del municipio. Ya existía una vía alternativa, admitió el alcalde, pero muchos en la comunidad sostenían que era larga y sinuosa, y que estas mejoras facilitarían la conectividad.
Sin embargo, el proyecto requería el uso de maquinaria pesada, lo cual —según expertos ambientales consultados por InSight Crime, así como los residentes de San Juan— provocaría erosión del suelo y alteraría la composición del terreno, contaminando fuentes hídricas como la microcuenca “El Rancho”.
Además, según la Ley de Áreas Protegidas y Vida Silvestre de Honduras, está prohibido realizar este tipo de construcciones tan cerca de una fuente de agua protegida. Pero las violaciones ambientales como esta rara vez se priorizan y casi nunca se sancionan, y Mejía siguió adelante con el proyecto.
Los habitantes de San Juan, por su parte, se organizaron: asistieron a cabildos abiertos para expresar su rechazo, buscaron asesoría legal y comenzaron a preparar una denuncia ante la unidad ambiental de la fiscalía regional.
A pesar de la oposición, no fue difícil que el proyecto pasara por la corporación municipal. Como el alcalde, la corporación también consideró necesaria la obra, y al final de la reunión se obtuvo una mayoría de votos a favor.
Dos meses después, Mejía solicitó formalmente apoyo financiero para el proyecto. Según el acuerdo, el municipio aportaría más de 720.000 lempiras (casi US$30.000), mientras que el Fondo Cafetero entregaría unos 120.000 lempiras (casi US$5.000) y una topadora de gran tamaño.
Poco después, el alcalde superó el último obstáculo cuando el jefe de la unidad ambiental del municipio evaluó el terreno propuesto cerca de la microcuenca y concluyó que no había “impacto ambiental significativo”, según documentos obtenidos por InSight Crime. Un ingeniero del Fondo Cafetero coincidió.
El contrato se firmó poco después. Pero para Óscar Josué y otros residentes de San Juan, comenzó el miedo.
Josué dijo a InSight Crime, un año después de la votación, que su objetivo es cuidar la microcuenca y evitar que la destruyan. “Porque si pasa una maquinaria a una cierta cantidad de metros, la vibración puede hacer que el agua se nos vaya abajo. Entonces quedamos […] sin agua”.
Su lucha apenas comenzaba.
‘El agua es vida’
Bajo y robusto, Josué se agachó para inspeccionar la zona alrededor de “El Rancho”. Llevaba botas de cuero marrón y un jean azul muy gastado, con grandes rotos en ambas rodillas. Un sombrero vaquero cubría su espeso cabello negro, su rostro curtido y sus ojos oscuros. De una presilla trasera del cinturón colgaba su inseparable machete, enfundado en cuero.
En los meses posteriores al inicio del proyecto vial cerca de la microcuenca, varios miembros de la comunidad comenzaron a organizar un plan para resistir. Era una estrategia arriesgada. Honduras es uno de los países más peligrosos del mundo para ser activista ambiental. Solo en 2023 y 2024 fueron asesinados al menos 23 defensores del medioambiente, con pocas condenas.
Pero eso no los detuvo. Se enfrentaron a la topadora aquella mañana de finales de enero de 2024.
“La idea de […] arriesgar nuestras vidas era cuidando la microcuenca, cuidando el medioambiente, los árboles”, dijo Josué, quien estuvo entre los que protestaron.
Meses después, protegido del sol del mediodía bajo la espesa maleza que crece entre los pinos, Josué recordó su infancia. Contó que cuando tenía cinco años, su madre lo hacía levantarse temprano junto a sus hermanos para ir al río con cuatro baldes plásticos vacíos. Los llenaban en un pozo junto a la orilla, los llevaban a la casa y luego salían corriendo a la escuela, con los pantalones empapados. Ese pozo se secó, como tantos otros.
Josué sabe que no solo los políticos como Mejía son responsables. El cambio climático y la mala gestión también han tenido un papel importante. Pero para él y para quienes defienden la microcuenca “El Rancho”, precisamente por eso la lucha es tan urgente.
Mejía, por su parte, ha sido tajante: asegura que no se ha causado ningún daño ni se ha cometido delito alguno.
“Toda la oposición se basó en caprichos personales o ideologías políticas partidarias”, respondió ante una solicitud oficial de información.
Los residentes, en cambio, insisten en que su lucha no es política. Solo quieren proteger su forma de vida y el futuro de sus familias.
“El agua es vida”, dijo Josué a InSight Crime. “Sé que me hubieran matado ahí haciendo la huelga. Pero quedaban nuestros hijos, una esposa, los nietos que iban a sufrir ese impacto”.
Desde entonces, la Fiscalía abrió una investigación penal sobre el proyecto en San Juan. También incautó la topadora y suspendió las obras, pero la investigación sigue en curso.
*El nombre de la fuente fue modificado por razones de seguridad.
Publicado originalmente en InsightCrime
