La mañana del sábado 29 de junio de 2024, el salón mayor de la municipalidad de Antigua Guatemala estaba lleno para celebrar la quinta sesión extraordinaria del mes. La agenda contenía ocho puntos, pero uno acaparó el tiempo: la modificación del Plan Operativo Anual (POA), el cual define el rumbo de la gestión municipal y, por tanto, toca la vida de los vecinos.

La propuesta del alcalde Juan Manuel Asturias era trasladar Q12.8 millones del presupuesto destinado a obras en aldeas hacia el rubro de Comunicación y Protocolo (Q3.2 millones), insumos para oficinas (Q5.6 millones) y el resto a Gobernanza, Gobierno Abierto y padrón predial. Asturias sostuvo que las obras no se cancelaban, solo se aplazaban.

Todo quedó documentado en el vídeo que graba las sesiones del concejo. 

Los concejales Diego Arriola (cuarto) y Beatriz Vásquez (quinta) se opusieron. Y desde el público, Maribel Arévalo, representante de las colonias del Norte, reclamó la falta de socialización sobre dicha propuesta. También Maynor Soto de la coordinadora del Consejo Comunitario de Desarrollo (Cocode), reprochó que las obras en las aldeas tenían años en espera y cuestionó las formas: “no solamente es de levantar la mano el día de hoy”, dijo, “tenemos a la población caminando en un área rústica, calles de tierra, en verano es polvo y lodo en invierno”.

El alcalde cortó las intervenciones y sometió el asunto a votación: 7 a favor y 3 en contra. “Damos por agotado el tema”, zanjó y pasó al siguiente punto de la agenda. 

Días después, el alcalde denunció a Arévalo y Soto por coacción y se les prohibió el ingreso a futuras sesiones, según el Acta 79-2024. No han sido los únicos: en menos de dos años de gestión, Asturias ha denunciado a periodistas, vecinos y funcionarios que fiscalizan, son críticos o representan una oposición a sus planes.

La ilusión de la alternativa

Asturias conquistó la alcaldía en el 2023 con el comité cívico “Futuro”. Ese fue su segundo intento, tras quedar en segundo lugar en las votaciones de 2019. Ganó con el 25% de los votos emitidos. Tiene 40 años, estudió Administración de Empresas en la Universidad Francisco Marroquín y antes de ser jefe edil en la ciudad colonial, fue empresario en el área de la construcción. 

En su campaña electoral ofreció eficiencia, transparencia y “gestión moderna” para una ciudad tensionada por el turismo masivo, el tráfico y el crecimiento urbano desordenado. Entonces, encarnaba la antítesis de sus antecesores Víctor Hugo del Pozo, Susana Asencio y Adolfo Vivar, representantes de la política tradicional.

Su llegada fue celebrada por los vecinos. Su planilla, integrada con perfiles de educación, cultura y defensa del territorio, fue bien recibida por quienes anhelaban un cambio. 

Asturias relató en una entrevista con el programa “Hijos de la Gran Patria” transmitido por Canal Antigua que participó en las filas políticas del partido Creo como Subsecretario Nacional de la Juventud, cuando Eduardo Suger compitió por la Presidencia en 2011. En 2016 se postuló, sin éxito, a gobernador de Sacatepéquez. Su experiencia entonces se concentró en la construcción, representó a la constructora Structura, S. A., la misma compañía que, según reveló ePInvestiga, colocó a cinco empleados en la municipalidad antigüeña.

Cómo vota el Concejo

Una revisión a las 95 actas de sesiones ordinarias celebradas entre enero y agosto de 2025 refleja una tendencia: el Concejo, integrado por 10 personas, vota en línea con las propuestas del alcalde. El 67% de las decisiones se aprobaron por unanimidad; en el 33% restante hubo divisiones, casi siempre con el disenso de los concejales cuarto y quinta, integrantes del partido Todos. 

Incluso en esos casos, las propuestas del alcalde ganaron por mayoría simple. Solo en contadas ocasiones otros concejales y síndicos se aliaron con la minoría. Los desacuerdos suelen surgir en estos temas: licitaciones o contrataciones; POA; aprobación de comercios; movilidad y parqueos; aprobación de actas, bonos, despidos y arrendamientos. 

El concejal cuarto, Diego Arriola, evita definirse como oposición; prefiere llamarse “escucha activa” de los vecinos. Llegó al Concejo con Todos, el partido con el que buscaba reelegirse Víctor Hugo Del Pozo (2020–2024). Durante esa gestión, Arriola fue vicealcalde. 

Hoy admite que su peso en la toma de decisiones es casi nulo: “Siendo realistas, casi nada”, dice. “Beatriz Vásquez (concejal quinta) y yo somos los que nos vamos por una línea generalmente”.

A ello se suma la exclusión en las presidencias de las comisiones. De 15, ni Arriola ni Vásquez presiden una. En la primera sesión de 2025 (el 2 de enero), Vásquez se postuló a dos comisiones y solo obtuvo su propio voto. Todas las presidencias se repartieron entre los concejales afines al alcalde. 

En esa misma sesión, según el acta 1 de 2025, el Concejo aprobó duplicar los gastos de representación del alcalde: de Q10 mil a Q20 mil. Un año antes, recién asumido, Asturias había renunciado a recibir su sueldo nominal de Q40 mil y durante seis meses recibió Q1, pero mantuvo dietas (Q2 mil por sesión) y gastos de representación (Q10 mil). Así quedó asentado en la memoria de la tercera sesión después de asumir la alcaldía (acta 17-2024). En agosto de este año, según la Unidad de Acceso a la Información publicada en el portal electrónico de la municipalidad, Juan Manuel Asturias cobró Q88 mil entre sueldo, representación y dietas. El resto de miembros recibió entre Q4 mil y Q28 mil en dietas. En total, solo en agosto, la corporación municipal erogó Q324 mil. En promedio, en 2025, cobraron hasta 3 reuniones semanales. 

Mandar sin escuchar

Para Suzanne Brichaux, de la Asociación Cerro de la Cruz e integrante del Consejo Municipal de Desarrollo (Comude), el viraje de Asturias fue súbito: “El cambio fue muy rápido”. Durante la campaña, dice, sus promesas eran alcanzables.

Las promesas viables se refieren al Plan de Ordenamiento Territorial (POT) aún sin aprobarse. Integrantes del Comude denuncian una socialización lenta; lo mismo con el plan de movilidad, que incluye la introducción de buses eléctricos y el ordenamiento de calles. La gestión de esos cambios derivó en conflictos con transportistas y vecinos.

Las sesiones del Comude son un tira y encoge entre el alcalde y los representantes comunitarios. La agenda es el primer campo de disputa. Brichaux describe el Comude como “vinculante en el papel, pero no en la práctica”: con operatividad mínima, sesiones tensas, un presupuesto participativo que no camina y ordenamiento urbano sin avances. Incluso ante asuntos clave, como los “Q8 millones de los hallazgos” señalados por la Contraloría General de Cuentas (CGC) a raíz de una licencia de construcción, el espacio, dice ella, queda “inoperante, anulado y autoanulado”.

La CGC denunció al alcalde antigüeño ante el MP a raíz de la concesión de una licencia de construcción a Casa Icatú, un proyecto de viviendas exclusivas en la ciudad colonial. El cobro de la licencia ascendió a Q17.3 millones, de los cuales Q8 millones fueron devueltos a la desarrolladora a cambio de que esta pagara en especie a la municipalidad con la compra de varios vehículos. Los tribunales deberán dilucidar si dicha operación fue legal al resolver la denuncia contra la administración municipal.

“El mejor lugar para vivir… y atractivo para visitar e invertir”

Durante su campaña electoral en 2023, Asturias cerraba sus intervenciones con la frase “el mejor lugar para vivir” en referencia a la ciudad colonial. Una vez en el cargo, comenzó a añadir: “y atractivo para visitar e invertir”. Los vecinos apuntan a que ese agregado ilustra su faceta empresarial. Según consta en publicaciones de prensa, cuando se le preguntó por la baja en el turismo en los últimos meses, el funcionario respondió que prefería “calidad de visitantes” sobre cantidad: “menos turistas, pero que gasten más”. 

Esa lógica, sumada a la poca socialización de sus planes con vecinos y comerciantes, le crearon frentes de resistencia. Alimentó críticas en medios locales y redes sociales que desembocaron en protestas, cierres y denuncias.

El plan de movilidad, con el que pretendía introducir 20 buses eléctricos, lo enfrentó a conductores de aplicaciones, mototaxis y taxis; los comerciantes del mercado de La Terminal también protestaron en su contra por los desalojos; el jefe edil señaló a transportistas y comerciantes de responder a “intereses políticos particulares”.

La tensión alcanzó a la gobernadora de Sacatepéquez, Angelina Aspuac, a quien señaló en una carta que envió al presidente Bernardo Arévalo de “inoperancia, falta de apoyo con temas de seguridad, baja ejecución presupuestaria y falta de apoyo a la municipalidad de Antigua Guatemala”. La pugna surgió a raíz de que la gobernadora solicitó al alcalde presentar proyectos y ejecutar el presupuesto asignado. La alcaldía replicó señalando falta de planificación a nivel departamental y, en varias ocasiones, el alcalde evitó asistir a reuniones del Codede, según se lee en las publicaciones en redes sociales del consejo departamental cuando pasa lista de los asistentes.

A ese clima se sumó, en marzo de 2025, una reestructuración laboral con la que despidió a aproximadamente 400 empleados municipales. Según comunicó el alcalde en sus redes sociales, la medida buscó evitar funciones duplicadas, pero sindicatos y trabajadores cuestionaron la falta de diálogo y el método de notificación: fueron citados a una capacitación y al terminar se les informó de su despido: entre ellos personas mayores, mujeres embarazadas y personal que se encontraba de vacaciones.

En julio de este año, la empresa Diestra publicó su Diagnóstico de Percepciones sobre el desempeño de varios alcaldes: el 53% de los antigüeños calificó su gestión como “pésima”. 

El uso de denuncias penales contra críticos

La utilización del Derecho Penal como herramienta política ha estado presente en Guatemala durante los últimos años y también ha marcado la administración edil de Antigua Guatemala. En noviembre de 2024, tres periodistas de una radio local fueron detenidos tras una denuncia del alcalde, que los acusaba de los delitos de instigación para delinquir y amenazas; luego fueron absueltos por falta de mérito. El politólogo antigüeño Estuardo Contreras también fue denunciado por Asturias, la acusación es por el ilícito de “incitación al odio” a raíz de publicaciones en la red social X. Hasta ahora, el caso no ha avanzado.

Las relaciones con otros críticos también se complicaron. Cuando la diputada Sonia Gutiérrez del partido Winaq denunció irregularidades en la emisión de licencias de construcción, recibió como respuesta una querella penal por difamación por parte de la desarrolladora del proyecto Casa Icatú, el mismo por el cual la CGC denunció al alcalde y al Concejo municipal.

El alcalde además ha buscado alianzas con actores de poder: su acercamiento a la Fiscal General, María Consuelo Porras, divide opiniones. Hay vecinos que lo interpretan como una vía para librarse de la investigación que el Ministerio Público (MP) abrió en contra de él y de miembros del comité cívico que lo llevó al cargo, pues registraron una asamblea con un aforo de personas que no coincide con el espacio del lugar donde se celebró. 

Aunque en octubre de 2023, Asturias se unió a las protestas contra la jefa del Ministerio Público y exigió su renuncia, en abril de 2024, ya como alcalde, suscribió un convenio para ceder un inmueble al MP para el funcionamiento de dos fiscalías regionales. El ministerio de Cultura y Deportes argumentó que el edificio pertenece a esa cartera y que no lo entregaría al MP. Fue así como en mayo de 2025, Asturias cedió a la Fiscalía un inmueble municipal en el que funcionaba el Centro de Servicios del Mercado Municipal.

Como se explica en la introducción de este especial: el autoritarismo no surge de un día para otro, las acciones se acumulan y la gestión se empieza a configurar como antidemocrática: cambios al presupuesto sin socializar, contrapesos anulados y favores que generan lealtades. Es un libreto conocido. 

“¿Siempre fuiste así o te convertiste en lo que sos ahora?”, pregunta Estuardo Contreras al funcionario edil en una entrevista concedida para este reportaje en la que alude a las decisiones que ha tomado Asturias en contra de las voces críticas y la oposición.

Ciclos CAP solicitó una entrevista con el alcalde por mensajería instantánea y presencialmente en la comuna. El secretario de Comunicación y Protocolo, Luis Juárez, pidió una solicitud formal para coordinar la entrevista. Esta se envió y, pese a los recordatorios, hasta la publicación de este reportaje, no hubo respuesta.

Este reportaje se realizó como parte del Ciclo de Actualización para Periodistas (CAP) sobre Justicia y Lucha contra la Impunidad en Guatemala.