Francisco Pop Icó, líder comunitario Q’eqchi’ de Sayaxché, Petén, fue asesinado el 17 de octubre de 2024. Un día antes de comparecer ante una audiencia judicial en la que enfrentaría cargos de usurpación y amenazas, denunciado por Industrias Chiquibul. La comunidad cree que su muerte fue una represalia por su lucha en defensa de tierras vinculadas a la empresa.

Doña Juana, la madre de Francisco, baja la mirada. Sus manos juegan con la tela de su delantal mientras trata de encontrar las palabras. Habla en q’eqchi’, su voz es pausada, con tono de tristeza. La esposa de Francisco está presente, pero no quiere hablar. Aún es muy pronto, dice Juana. Aún es muy doloroso.

Estamos en la casa de Francisco, en Santa Elena río Salinas, en Sayaxché, Petén. El patio está lleno de árboles frutales como aguacate y limón, sus ramas dan sombra y frescura al lugar. La luz del sol ilumina el espacio. Un cuarto grande, con lo esencial: un refrigerador, una cama de madera, sillas de plástico. La madre de Francisco está sentada, su voz me guía a través de una historia que me hace entender algunas palabras en q’eqchi’.

No han recibido ninguna notificación, ningún aviso oficial, ningún informe claro sobre lo sucedido. Solo la ausencia de él. “Como familia, como madre, a cualquiera le duele la partida de alguien de su familia”, agrega.

Francisco Pop Icó trabajó durante siete años para la empresa Industrias Chiquibul en Santa Elena, Río Salinas, Sayaxché, Petén. Ocupó el cargo de caporal, encargado de llevar el control de los días trabajados por los empleados. Pero, además de su labor en la empresa, Francisco era líder comunitario y defensor de los derechos laborales en la región.

Desde 2019 tenía una orden de captura por usurpación agravada, detención ilegal y amenazas, junto con otros cinco líderes comunitarios. La empresa que lo acusaba era la misma para la que había trabajado. 

La última vez que se supo de él, iba camino al trabajo, con miedo. “Es por eso que él camina o viaja con temor”, dice su madre. Sabía que lo buscaban. Sabía que tenía una orden de captura. Y también había escuchado rumores: si lo atrapaban, no lo llevarían con vida.

El 17 de octubre de 2024 se cumplieron las amenazas, Francisco Pop Icó fue asesinado a balazos en el caserío Flor de Cacao, Chiapas, México. Su cuerpo apareció al día siguiente, a cinco kilómetros de Santa Elena, a orillas del río Salinas.

Unos 15 días antes de su muerte, Francisco se encontró con un tío en el camino, se omitirá su identidad por cuidado. Le contó que había recibido llamadas extrañas, números desconocidos, amenazas. No respondió, pero sabía que estaban allí, todo tenía relación con la empresa Chiquibul. “Le dijeron que estuviera pendiente, que tuviera cuidado”, añade el tío.

Una comunidad transformada por la palma africana

Santa Elena Río Salinas, una comunidad que antes era un paraíso verde en el sur de Petén, es ahora un lugar marcado por la lucha, las amenazas y la resistencia de la comunidad. La llegada de la empresa Industrias Chiquibul S.A. en 2012 trajo una transformación que cambió la vida de sus habitantes.

La palma aceitera, un cultivo que reemplazó los bosques de la región, comenzó a invadir las tierras de Santa Elena. Según contó un vecino de 70 años, todo cambió en 2012. Antes, había árboles de ceiba, caoba y cedro, entre muchos otros, que cubrían la tierra, daban sombra y protegían el suelo. 

Ahora ya no están. Fueron reemplazados por extensos monocultivos, que ha contaminado los ríos y ha dejado muchas cosechas sin agua.

Según un reportaje de No Ficción, en las últimas dos décadas, Guatemala se convirtió en un gran exportador de palma y, aunque las empresas dicen que no han destruido bosques, estudios revelan que hasta un 39% de estas plantaciones están en tierras que antes eran selva, especialmente en Petén.

Una de estas empresas es Industrias Chiquibul, propiedad del empresario Suhel Turman, accionista del Banco Inmobiliario y de la agroquímica Mayafert.  Su plantación está ubicada cerca de la Franja Transversal del Norte, en Chisec, Alta Verapaz.  Esta empezó su expansión en Guatemala en 2011. Tiene grandes extensiones de territorio en Raxruchá y Chisec, Alta Verapaz, y también un largo recorrido de conflictos con los habitantes de estas áreas.  

“Esto no empezó ayer”, dice un hombre de la comunidad. No se mencionará su nombre por seguridad, pero sabe que contar la historia es  importante y sus compañeros concuerdan.

El inicio del conflicto con Industria Chiquibul

Esta mañana, de un miércoles de enero, es calurosa, como es común en Petén. Entra el sol por las ventanas de un salón grande y sencillo ubicado en el centro de la aldea. Un salón de cuatro paredes de block sin pintar, con un techo de aluminio que refleja el calor. Hay una mesa y sillas de plástico en varios colores: verde, gris, azul y corinto, dispersas por todo el espacio.

Me siento entre ellas, rodeada de hombres y mujeres de personalidades fuertes, cuyas miradas reflejan años de lucha. El objetivo es entender los motivos del asesinato de Francisco Pop Icó. En este salón de la comunidad, usualmente un punto de reunión para todos, ocho personas que han sido testigos de los hechos se han reunido para contarme lo que sucedió con Industrias Chiquibul.

Chiquibul, la palmera que cambió la vida de los comunitarios de Santa Elena

Lucas, un hombre con voz firme, es elegido por sus compañeros para narrar los hechos.nEtre ellos se encuentran tres de los criminalizados: Matías Pop, Mario Pop y Nicolás Pop, quienes lo miran a Lucas con insistencia, moviendo la cabeza en señal de acuerdo. “Es él quien debe contar”, dicen con una mirada cómplice, como si ya hubiera sido decidido. 

Lo hace bajo el seudónimo que acordaron para proteger su identidad, por represalias por hablar de los hechos. “En 2012, la empresa palmera Industrias Chiquibul S.A. llegó a Santa Elena con una oferta: comprar tierras antes de que quedaran inundadas por una hidroeléctrica”,  comienza Lucas, con voz pausada, pero clara.

“Doce familias vendieron sus terrenos, 1 caballería por familia, creyendo que no tenían opción”,  añade, mientras los demás escuchan con atención. Pronto, donde antes había bosque, solo quedaría palma.

Hablan también de las promesas incumplidas de la empresa, un empleo bajo contrato. Promesas que hicieron a la comunidad aceptar.. Sin embargo, los salarios eran demasiado bajos. Para 2015, los trabajadores ganaban entre Q30 y Q40 al día, con jornadas de 5:00 a.m. a 11:00 p.m.. Debían cortar y cargar hasta 250 racimos de palma al día. Y, si no cumplían la meta, los despedían.

Estamos a escasos cinco kilómetros de donde encontraron el cuerpo de Francisco. Lucas prosigue relatando que en 2016, los trabajadores formaron un comité para exigir mejores condiciones. 

La empresa reaccionó con amenazas: los pondría en una lista negra para que no fueran contratados. Aun así, en 2017, organizaron dos huelgas y bloquearon la carretera en el cruce de Gran Jefe.

Un año después de contratarlos, Chiquibul despidió a 300 trabajadores

Lucas sigue contando, mirando a sus compañeros mientras recuerda los hechos. En enero de 2020, la empresa despidió a cientos de trabajadores. Aunque no se tiene una cifra exacta, se sabe que solo 300 estaban contratados, y no todos eran de Santa Elena. Los despidos fueron sorpresivos y sin previo aviso, y la empresa contrató a personas de otras regiones. Durante dos meses, los pobladores esperaron ser recontratados, pero en marzo de ese año, al confirmarse que no volverían a sus puestos, decidieron hacer un paro laboral frente a las instalaciones de la empresa, conocida como “La Casona”.

Ese día, el ingeniero Lester Figueroa, que también había sido despedido, les dijo que ocuparan las tierras para sembrar maíz y frijol, pues no habría más trabajo. 

Es en ese momento cuando Don Nicolas, uno de los cuatro hombres criminalizados en 2021, interviene y recuerda que, aunque les dijeron que usaran esas tierras, en realidad, no lo hicieron. “Era mejor no meterse en problemas”, comenta con tono serio. Aunque estuvieron en paro, en espera durante seis meses, no usaron la tierra que les habían sugerido.

“La empresa tiene cinco zonas: la zona uno y dos en Candelaria, la zona tres, donde estamos nosotros (Santa Elena), que incluye Tierra Blanca y Buenos Aires, la zona cuatro en La Soledad, y zona 5, pero no ocupamos las tierras”, añadió Don Nicolas.

El 13 de abril de 2020, la empresa tendió una trampa a la comunidad. Convocó a nueve personas a una reunión para hablar sobre empleo, pero cuando llegaron, fueron atacados a balazos por hombres armados. Isaías Tiul Pop resultó herido, y la comunidad retuvo a los agresores. Luego, los entregaron a la Policía Nacional Civil (PNC).

Meses después, la persecución comenzó. En noviembre de 2020, cuatro líderes comunitarios fueron convocados a otra reunión en Tierra Blanca, Sayaxché. Cuando llegaron, fueron capturados por la PNC. Los detenidos fueron Nicolás Pop Chen, Armando Pop Caal, Mario Pop Tux y Matías Pop Asig.

La empresa los acusó de:

• Detención ilegal: por haber retenido a los guardias que dispararon contra la comunidad el 13 de abril.
• Usurpación agravada: por haber ocupado tierras para sembrar después de ser despedidos.
• Extorsión: por haber exigido mejores pagos y condiciones laborales.

“En el 2019, decidimos hacer un paro porque no nos estaban pagando lo que nos debían. Pero, en vez de escucharnos, mandaron a la seguridad armada, y durante la protesta, uno de mis compañeros fue baleado”, –explica Mario Pop–, “Después de eso, la empresa nos acusó de cosas muy graves que no habíamos hecho. Nos arrestaron y nos metieron en la cárcel. A pesar de ser inocentes, no pudimos defendernos como deberíamos. Nos sentenciaron sin razón, todo porque éramos trabajadores indígenas y no teníamos poder”.

PNC y Ejército allanan Santa Elena 

El 17 de diciembre de 2020, un mes después de los arrestos, la Policía y el Ejército allanaron Santa Elena durante 15 días. Entraron a las casas, golpearon a vecinos y saquearon pertenencias. Benedicto Icó Ché fue agredido físicamente.

En febrero de 2021, los cuatro líderes fueron liberados bajo fianza, pero con una condición: no podían regresar a su comunidad.

“Lo peor fue cuando nos dijeron que nos dejarían salir, pero no podíamos regresar a nuestras casas. Nos dieron un año de alejamiento, como si ya no tuviéramos derechos. Ese tiempo fue muy duro porque no solo nos alejaron de nuestra gente, sino que la empresa nos dejó sin voz.  Con una voz pausada termina de contar Mario Pop.

Sin embargo, la persecución continuó. En julio de 2021, Nicolás Pop Chen fue capturado por segunda vez en la madrugada del 6 de julio y trasladado a la cárcel de Cobán.

“He sido capturado dos veces. La primera vez, en Petén, estuve detenido entre 75 y 90 días en San Benito. Luego, me giraron otra orden de captura y me arrestaron nuevamente mientras trabajaba con unos hermanos en Las Cruces, donde repartíamos muebles”, Cuenta Don Nicolás Pop.

“En Cobán estuve entre 13 y 14 días en prisión. Para salir, tuvimos que pagar “talachas” de hasta 7,000 quetzales. En Petén, la situación fue peor: cuatro personas pagamos 40,000 quetzales en total. Finalmente, quedé en libertad bajo fianza”, añade Nicolás Pop.

En mayo de 2024, otro de los líderes, Matías Pop Asig, fue capturado por segunda vez debido a una orden de aprehensión emitida en octubre de 2020. Fue acusado nuevamente de detenciones ilegales y amenazas.

“Cuando la comunidad se organizó para exigir condiciones dignas, empezaron las amenazas y la criminalización. La empresa me acusó de delitos como extorsión y usurpación, pero lo único que hicimos fue defender nuestro territorio.

A partir de marzo de 2023, el Ejército comenzó a patrullar Santa Elena de noche y en vehículos sin identificación. La empresa intentó acercarse a la comunidad nuevamente. José Pop, presidente del COCODE, recibió llamadas para reunirse con empresarios, pero la comunidad rechazó la invitación. El 4 de febrero de 2024, la comunidad firmó un acta rechazando cualquier diálogo con la empresa, acusándola de amenazas y criminalización.

Todos los criminalizados compartían algo más que la lucha: eran familia. Sus apellidos son los mismos. Y uno de ellos, Francisco Pop Icó, tenía una orden de captura desde el año 2020.

El extraño asesinato de Francisco Pop Icó

“No fue un crimen común”, dice un poblador, “Francisco era un líder más”.

La noche del 17 de octubre de 2024, en casa de doña Juana entró una llamada telefónica. Era tarde, pero no recuerda la hora exacta. Solo sabe que, al contestar, una voz desconocida le dijo que algo había pasado con su hijo. “No sabemos quién nos llamó, solo nos dijeron que algo había sucedido”. No preguntó quién llamaba. No había necesidad.

Sin pensarlo mucho, entre sus hijos y su esposo subieron al picop de la familia y partieron. La carretera parecía interminable. Nadie hablaba, solo se escuchaba el motor y el viento.

Su cuerpo estaba ahí, inmóvil. No supieron si murió en Guatemala o del otro lado de la frontera. Solo sabían que alguien lo había entregado sin vida.

El llanto estalló en la orilla del río. Gritos, el eco de una tragedia imposible de asimilar. Entre su esposo e hijos sacaron el cuerpo de Francisco. Lo subieron al picop en un regreso donde solo había lágrimas, silencio y el frío de la madrugada pegándose en la piel.

Al llegar a casa, los vecinos esperaban. No había palabras, solo incertidumbre. La madre de Francisco murmuró, entre sollozos, la única pregunta que nadie podía responder: ¿Cómo es posible?

Entre los familiares, decidieron avisar a las autoridades. Informaron al MP y al INACIF, hicieron los trámites para reconocerlo y darle sepultura.

La muerte de Francisco Pop Ico ha dejado muchas preguntas sin respuesta. Su asesinato no solo es un hecho violento más, sino que está rodeado de hechos previos, amenazas y una posible vinculación con la empresa Industria Chiquibul, S.A. que opera en la zona. Las semanas previas a su asesinato sucedieron varios altercados que relacionan directamente a Industrias Chiquibul y que no pasan por alto a los comunitarios. 

Francisco Pop enfrentaba un proceso legal derivado de una denuncia presentada en 2020 por la empresa, acusándolo junto a otros defensores de las comunidades de Esperancita del Río (Chisec, Alta Verapaz) y Tezulutlán I y II (Sayaxché, Petén) de detenciones ilegales y amenazas.

Además, en 2021, el Tribunal de Sentencia Penal de San Benito, Petén, condenó a cuatro lideres de Santa Elena por usurpación y detenciones ilegales. Entre los acusados también estaba Francisco Pop Ico.

Había pasado los últimos siete meses trabajando en una gasolinera en México. Su orden de captura lo obligó a salir de la comunidad, pero no evitó que su propia familia siguiera viviendo amenazas.

Los indicios que vinculan su asesinato a Industrias Chiquibul

Doña Juana sigue sentada en su casa. Frente a ella, los hijos de Francisco corren por el patio de su casa. Mientras escucho, los niños me sonríen. Desde la puerta, los observo jugar en el patio, donde un cerdo camina cerca de ellos. Seguramente es parte del sustento de la familia, quizá lo crían para vender su carne.

Juana cuenta que, en septiembre de 2024, un mes antes de su asesinato, tres días después de que Matías Pop (uno de los cuatro criminalizados) saliera de la cárcel, cuatro hombres desconocidos llegaron a la comunidad. 

Nadie los reconoció, pero vieron sus rostros. Se acercaron a donde jugaban los hijos de Francisco en horas de la noche y retuvieron a uno de los 4 hijos. El alcalde comunitario en ese entonces, alertó con el sonido de la campana para que los vecinos estuvieran atentos, con el ruido de la campana, los hombres misteriosos huyeron en la oscuridad, dejando miedo.

Doña Juana sigue relatando que en esos días Francisco ya no dormía en casa. “Casi ya no regresaba seguido”, dice con voz quebrada, “Por el temor de que también acá les generaba miedo”. Matías era familiar y compañero de lucha de Francisco, había sido encarcelado por su activismo. Su liberación trajo alivio, pero también incertidumbre. Francisco sospechaba que él sería el próximo en ser capturado o algo peor.

15 días antes de sus asesinato, Francisco le contó a su tío que habia estado recicibiendo llamadas de un numero extraño, sospechaba de la empresa Chiquibul,  su audiencia estaba cerca y sentía temor. 

Una semana antes del asesinato, el 10 de octubre de 2024, los líderes de la comunidad Santa Elena Río Salinas, se reunieron con representantes de la Procuraduría de los Derechos Humanos para denunciar una serie de intimidaciones por parte de la empresa Palmera Industrias Chiquibul S.A. Las llamadas al tío de Francisco no habían sido las únicas intimidaciones.

Según consta en el acta de la PDH del 10 de octubre, la empresa utiliza seguridad privada para vigilar y acosar a los habitantes, incluyendo el uso de drones que sobrevuelan sus casas, aún en la actualidad, y los terrenos donde siembran maíz. 

Además, los miembros de seguridad siguen a los comunitarios y han amenazado a los líderes con órdenes de captura. Mientras tanto, la empresa los acusa falsamente de delitos graves como usurpación y extorsión. Los líderes comunitarios también recibieron amenazas de represalias si no aceptaban reunirse nuevamente con la empresa. Frente a estos hechos, se decidió presentar la denuncia ante el Ministerio Público, solicitando medidas para proteger la seguridad de los habitantes de la comunidad.

Un día más tarde de la reunión con la PDH y una semana antes del asesinato, el 11 de octubre de 2024, Antonio Pop Rax, en ese entonces Alcalde comunitario recibió una llamada mientras trabajaba en su siembra. La llamada era de Carlos Humberto Cú Sagüi, representante de Industrias Chiquibul, S.A., quien le pidió reunir a Francisco Pop y Augusto al Juzgado para resolver su situación legal, aunque la fecha prevista fuera el 18 de octubre.

Antonio se negó porque sospechaba que podría ser una trampa, “yo me hubiera sentido mal si detenían a los compañeros ante mí”, menciona con la voz acelerada. Eso fue antes de que se llevará a cabo la audiencia de Francisco Ico y Augusto, otro de los implicados. 

Aunque actualmente, el 17 de enero de 2025, se realizó una junta conciliatoria en la Fiscalía Municipal de Sayaxché, Petén. Durante la reunión, Carlos Humberto Cú explicó que su intención era coordinar la reunión comunitaria y no amenazar a Don Antonio. Sin embargo, para resolver el conflicto, se comprometió a no volver a contactarlo no intimidarlo.  Con este acuerdo, Antonio autorizó cerrar el caso.

Sin información de las autoridades 

La noche del suceso, las autoridades llegaron. El Ministerio Público, la Policía Nacional Civil, el INACIF. Se hicieron los procedimientos legales, pero las respuestas nunca llegaron. “Hasta ahora no tenemos ninguna información”, dice Juana, sin ocultar su dolor. “No tenemos ninguna notificación”. Su caso se sumó a la larga lista de asesinatos de líderes comunitarios sin esclarecer. “Siempre es igual, hacen papeles, pero nunca llegan a nada”, lamenta un vecino, que teme dar su nombre. “Aquí, la justicia no nos mira”.

En 2024, según la Unidad de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA), reportó el asesinato de 23 líderes comunitarios.  Entre las causas de estos crímenes están principalmente relacionados con la defensa del territorio, el medio ambiente, los derechos del campesinado y los pueblos indígenas. Este dato fue proporcionado el 15 de noviembre de 2024.

En comparación con años anteriores, en 2022 se reportaron cuatro asesinatos, mientras que en 2023 la cifra aumentó a cinco, además de cinco intentos de asesinato. 

Jorge Santos, de UDEFEGUA dijo: “Antes, la criminalización era el principal mecanismo de represión, pero con el cambio de gobierno y las dificultades para criminalizar de manera efectiva a los defensores, las agresiones físicas, incluidos los asesinatos, han incrementado”.

Los ataques están relacionados con conflictos por el uso de la tierra, donde comunidades indígenas y campesinas disputan recursos frente a megaproyectos de monocultivo y explotación extractiva”. Ante esta situación, Santos hace un llamado a las autoridades para que presten mayor atención y garanticen justicia.

Respuesta de Industria Chiquibul

Desde noviembre de 2024, se intentó contactar a Industria Chiquibul, S.A. para conocer su postura sobre la compra de tierras en Santa Elena, las condiciones laborales y denuncias de abusos. No respondieron a las solicitudes.

En febrero de 2025, se envió un cuestionario a Carlos Cú, encargado de relaciones comunitarias de la empresa, sin obtener respuesta. Como respuesta a nuestras preguntas a Carlos Cú, la compañía nos hizo llegar un comunicado el 14 de febrero asegurando que opera dentro de la ley y respeta los derechos humanos. También afirmó que cumple con las normativas laborales y ofrece condiciones justas a sus empleados.

El comunicado menciona denuncias de la empresa por actos violentos contra su personal y propiedades. Además, sostiene que mantiene programas comunitarios en infraestructura, educación y salud.

El silencio pesa en Santa Elena

El silencio pesa en la comunidad. Nadie sabe nada, nadie dice nada. Su madre, con la mirada baja, sigue doblando su delantal mientras observa a los nietos jugar. “Como familia, hemos asumido la responsabilidad de los niños”, dice. Pero la ausencia de Francisco es un vacío que nadie puede llenar. 

También su amigo comenta que, para proteger la identidad de la fuente se utilizará el seudónimo “Lucas”, su compañero desde el exilio, explica el impacto de la pérdida: “Lo mataron en la frontera entre México y Guatemala. No tenemos problemas con nadie más que con la empresa, así que es difícil pensar que alguien más esté detrás de esto. No fui al funeral porque tengo miedo; yo también puedo ser el próximo”.

“Lo único que queremos es que nos dejen vivir en paz, pero hasta ahora, solo hemos recibido intimidaciones”, concluye Lucas, esperando que algún día llegue la justicia para él, para Francisco y para su comunidad.

El Ministerio Público de Guatemala investiga su muerte bajo reserva. Plantea dos hipótesis:

1. Que su asesinato se debió a una relación sentimental en México.
2. Que fue una represalia por su liderazgo comunitario.

Su familia y la comunidad creen en la segunda. La vida de Francisco ha vivido bajo amenazas durante años y esto lo explica meses antes de su muerte.