Esta es la segunda parte de una investigación que examina el caso IGSS-Pisa y sus entretelones dentro del sistema de justicia de Guatemala, sus actores, los acusados y su lucha por lograr impunidad.

Comenzaba a clarear el día en Ciudad de Guatemala el 31 de agosto de 2016, y el juez Carlos Ruano esperaba con ansiedad una reunión con una de las magistradas más influyentes del país.

Eran las seis de la mañana y Ruano no había dormido después de una noche de trabajo y, ahora, sentado en su auto, tenía dos horas que matar antes de su entrevista.

Había sido convocado por Blanca Stalling, la madre de Otto Molina Stalling, quien había sido detenido y llevado a prisión en mayo de 2015. La razón: estaba señalado de solicitar una millonaria coima a una firma farmacéutica llamada Droguería Pisa de Guatemala (DPG), cuando trabajaba como asesor en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).

Hacía poco le habían asignado el caso a Ruano. Era complicado. Las partes incluían no solo al hijo de una connotada magistrada, sino también a poderosas élites económicas y políticas. Pero la participación de Molina Stalling estaba más clara. En varias interceptaciones telefónicas y durante una reunión clandestina en un café, Molina Stalling había sido sorprendido supuestamente concertando la coima.

Ahora Ruano tenía la suerte del sindicado en sus manos. Bien sabía Ruano que eso significaba que solo habría un asunto en su agenda de esa mañana.

“Era evidente que era para hablarme del caso”, comentó Ruano a InSight Crime en una entrevista posterior en las congestionadas y gastadas oficinas del imponente palacio de justicia en el centro de Ciudad de Guatemala.

¿Voy o no voy? pensaba para sus adentros. Si no voy, habrá represalias. Ella es una magistrada del Tribunal Supremo. Si voy, debo estar seguro de no poner mi trabajo en tela de juicio y que ella no vaya a interferir en mis decisiones.

Para cubrirse la espalda, Ruano decidió grabar en secreto la entrevista con su teléfono, del cual se usó un audio en un caso posterior contra Stalling, obtenido por InSight Crime. Y cuando ella lo llamó para que entrara a su oficina, activó el botón de grabar y puso el teléfono en un bolsillo de su camisa.

“Mi hijo tiene un año y cuatro meses que está detenido, y no se ha llevado a cabo el debate [de Pisa]”, comenzó diciendo ella. “Entonces yo le pido si entre sus posibilidades estuviera en primer lugar pues coadyuvar con los otros jueces […] que traten de agilizar, de adelantar, la posibilidad del debate”.

Ruano se retorcía en la silla.

“Las cárceles están tan hacinadas”, añadió ella. “Solo pedirle de que si hubiera la posibilidad de otorgar una medida sustitutiva yo incluso me puse con el responsable o garante de mi hijo”.

Ruano sabía que ningún superior debía dictar a sus subordinados cómo proceder, en especial en lo concerniente a la verificación independiente que hace un juez de un caso sensible. Pero Stalling no se detuvo ahí.

“Mi hijo ni tenía ni idea de la licitación”, señaló, en referencia al contrato por US$15,3 millones que el IGSS adjudicó a Pisa en noviembre de 2014, cuando su hijo se reunió con uno de los empleados de la empresa a tomar café unas horas antes de la confirmación oficial del acuerdo. “Él no tenía nada que ver con el área administrativa”.

Como mínimo, esto suponía un conflicto de interés, pensó Ruano, mientras ella seguía abogando por el caso de su hijo. A lo sumo, pensó él, esto configuraría tráfico de influencias, que es delito en Guatemala.

“En sus manos está y en los otros jueces”, reiteró Stalling, al final de la entrevista.

Como muchos otros de los detenidos con su hijo en 2015, Blanca Stalling pertenecía a un selecto grupo de la sociedad guatemalteca, en su mayoría poco acostumbrados a un escrutinio riguroso.

Como su padre, su exesposo y sus hermanos habían servido todos en el ejército, Stalling mantenía lazos estrechos con una élite militar que se convirtió en un motor de la política guatemalteca durante las brutales dictaduras militares de la guerra civil en Guatemala (1960-1996) y luego de ella. Cuando poco después el país hizo la transición a una democracia incipiente, el ejército se mantuvo como una camarilla muy unida arraigada en los corredores del poder. En muchas ocasiones, ha demostrado que es capaz de usar una influencia desproporcionada en la política para blindar a sus miembros de posibles acusaciones de corrupción o abusos contra los derechos humanos.

Falsos comienzos 

Como parte de ese grupo, Stalling también terminó en un cargo de poder, aunque con un historial cuestionable.

Abogada de profesión, en 2004 Stalling fue elegida jefe del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), donde fue señalada de nepotismo después de contratar a varios familiares. Luego llegó a ser magistrada del Tribunal Supremo, en 2014, después de unas elecciones presuntamente amañadas por un grupo de operadores políticos que buscaban llenar las altas cortes del país de aliados suyos, entre quienes se contaba ella. InSight Crime contactó a Stalling para solicitar sus comentarios, pero no obtuvo respuesta.

A pesar de eso, Stalling no fue acusada de ningún delito en esos casos y, como lo indica la conversación grabada con Ruano, no parecía preocuparle usar su posición en la rama judicial para tener injerencia en el caso de su hijo.

No cabe duda de que este tipo de conflictos de interés era bien conocido por jueces como Ruano. En Guatemala, donde los índices de impunidad por corrupción alcanzan casi el 99 por ciento, los jueces que deben tocar el estatu quo muchas veces se ven envueltos en situaciones peligrosas, como la que tuvo a Ruano en agonía en la oficina de Stalling.

“El juez independiente es incómodo para un sistema como el guatemalteco”, le explicó a InSight Crime, como si hablara de una especie en vía de extinción.

En casos de alto perfil, añadió, es común que los jueces se hagan recusar, en lugar de enfrentar requerimientos legales y acusaciones espurias que solo buscan entorpecer su trabajo.

El caso Pisa tenía el más alto perfil, donde muchos de los acusados hacían parte de las élites política, militar, económica y judicial, los mismos que durante largo tiempo se habían beneficiado de los altos índices de impunidad.

“Se apartaron otros jueces que debían conocerlo [el caso Pisa]”, comentó Ruano, donde él mismo era un juez sustituto a quien se le asignó el caso a comienzos de 2016 luego de que otros se recusaran yéndose de vacaciones, declarándose enfermos o simplemente no contestando al teléfono.

Muchos de quienes dimitieron lo hicieron después de rechazar apelaciones interpuestas por abogados defensores, algunos con la pretensión de modificar el formato del juicio, aunque otros buscaban librar a sus clientes de la detención preventiva.

En el caso de Ruano, la entrevista con Stalling lo dejaba en una posición insostenible. Por esa razón, en enero de 2017, llevó su grabación secreta al Ministerio Público de Guatemala e interpuso una acusación formal contra Stalling por tráfico de influencias.

Fue un acto audaz, considerando la posición de Stalling. Y en enero de 2017, anunció en público esta acusación durante una explosiva audiencia preparatoria en la que él y otros jueces que presidían el tribunal se recusaron del juicio Pisa. Posteriormente, tuvo que iniciarse el juicio desde cero.

Los intentos de Stalling de influir en el caso se habían ido en su contra. En lugar de sacar a su hijo de prision, ella fue arrestada al mes siguiente después de un osado intento de evadir las autoridades vestida con peluca y lentes de sol para salir de un edificio de apartamentos en Ciudad de Guatemala. Al día siguiente, rodeada de fotógrafos en las afueras del juzgado de la ciudad, una alegre Stalling, quien niega que haya intentado influir en el trabajo de Ruano, sonreía y bromeaba con los abogados, mientras era llevada a una prisión cercana. Al igual que su hijo, fue puesta en detención preventiva.

Ruano, por su parte, salió del país.

El juicio

El incidente con Blanca Stalling fue solo una de las muchas demoras en un caso que había captado la atención del país. Entre requerimientos y recusaciones, pasarían más de dos años entre los arrestos de los presuntos responsables de uno de los escándalos de corrupción que más vidas cobró y la celebración del juicio. Y cuando este inició, en agosto de 2017, se prolongó por muchos meses.

Con más de 20 acusados, pasaría casi un año para completar un total de 92 audiencias antes de que los jueces pudieran retirarse a decidir un veredicto.

Aunque más de 50 pacientes renales habían contraído infecciones y más de una docena habían muerto después de que el IGSS contrató a Pisa, una empresa que a criterio de fiscales y un ente de veeduría gubernamental independiente no tenía la experiencia ni la infraestructura para tratarlos, ninguno de los acusados comparecía por homicidio. En lugar de eso, el debate giró en torno a quién en el IGSS fue el responsable de adjudicar el contrato a Pisa.

¿Había cometido fraude la junta directiva del IGSS al aprobar la decisión de contratar a Pisa sin una verificación adecuada de la capacidad de la empresa para el tratamiento de pacientes renales? O ¿fue un error de la llamada junta de licitación del IGSS, que había seleccionado a Pisa vencedor del concurso antes de la aprobación final del acuerdo? ¿Otto Molina Stalling y sus cómplices, incluidos otros empleados del IGSS y dos ejecutivos de Pisa, eran culpables de conformar una asociación criminal que coordinó la coima que presuntamente puso en marcha toda esta cadena de eventos?

Para los fiscales, no había ambigüedad. Si no era un fraude al más alto nivel, ¿cómo más podría el IGSS haber contratado un proveedor sin la experiencia ni la infraestructura requeridas para administrar el tratamiento que se le pagaría por proveer?

Para apoyar su caso, los fiscales se basaron en una mina de conversaciones interceptadas que obtuvieron con la interceptación del teléfono de Otto Molina Stalling. En esas llamadas, según los fiscales, el exasesor del IGSS discutía abiertamente los planes de reunirse con un empleado de Pisa en Ciudad de Guatemala y de pedirle una coima equivalente al 15 o 16 por ciento del valor del contrato que la empresa recibiría del IGSS.

En un intento por explicar a dónde había ido el dinero, los fiscales llamaron a un testigo que testificó sobre retiros de dinero “atípicos y sospechosos”, por un total de US$660.000, hechos por Pisa en las semanas siguientes a la aprobación del contrato. Pisa justificó los retiros como la forma de pago a sus empleados. Esa era una coartada dudosa, sostuvo el testigo, dado que la firma usaba una plataforma en línea para los salarios y que la cantidad de dinero retirada equivalía a más de año y medio de salarios.

Sin embargo, Pisa, en una carta a InSight Crime antes de esta publicación, diría que: “Nunca hubo sobornos”, aunque no se refirió directamente a las circunstancias de la reunión entre el empresario que representaba a Pisa y Molina Stalling.

También se pusieron en la tarea de dejar claro el caso por negligencia, para lo cual la fiscalía llamó a un buen número de testigos del grupo de pacientes renales sobrevivientes que estuvieran en condiciones suficientes para atestiguar, junto con los parientes de quienes habían muerto.

En una serie de desgarradores testimonios, los testigos hablaron de cómo pacientes que nunca habían padecido infecciones, pronto se vieron acosados por una variedad de dolencias horribles, desde cólico hasta vómito y diarrea, hasta sensaciones de cosquilleo en sus manos, fatiga y otros dolores en el cuerpo.

Una de los testigos, Claudia Figueroa, relató a la corte cómo su madre de 62 años se había enfermado casi inmediatamente después de que Pisa asumió el tratamiento. Luego, en entrevista con InSight Crime, habló de cómo las soluciones para diálisis que Pisa entregó a su madre a comienzos de 2015 le provocaron cólicos, vómito, naúsea y baja de presion, los mismos síntomas que denunciaron la gran mayoría de los testigos. Después de mes y medio de sufrimiento, su madre desarrolló una infección y fue ingresada a emergencias.

Múltiples testigos declararon que parte del problema eran los equipos por debajo del estándar y antihigiénicos de Pisa. También denunciaron que la empresa había recortado el tiempo de capacitación para pacientes y cuidadores que administrarían el tratamiento en casa de dos a tres semanas a menos de una hora. Cuando se presentaron las infecciones o los pacientes necesitaban un cambio de catéter, la empresa falló de manera consistente en dar una respuesta pronta o competente, como lo señalaron varios testigos.

“A los tres o cuatro días ya estaban muriendo las personas”, le comentó Figueroa a InSight Crime.

Insatisfecha por el tratamiento que su madre estaba recibiendo en emergencias del IGSS, Figueroa pagó una ambulancia para llevar a su madre a lo que creyó que era la clínica de Pisa en Ciudad de Guatemala, pero al llegar no encontraron señales de la empresa.

“Nadie llegó de Pisa”, le dijo a InSight Crime. “No hay nadie allí”.

Pisa, en su carta a InSight Crime, refutaría firmemente esta versión, alegando, entre otras cosas, que la oferta que ganó con IGSS para la prestación de servicios fue “absolutamente legal”. Es más, señala la compañía, que una investigación posterior del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala, conocido por su acrónimo español INACIF, había determinado que: “En ningún momento hubo negligencia alguna por parte de DPG ni de sus empleados en la prestación de sus servicios”.

Los fiscales alegaron que la empresa no tenía la infraestructura para prestar los servicios que se les contrató para proveer. Durante el juicio, presentaron evidencia que mostró cómo Pisa había subcontratado a otra empresa con clínicas físicas y personal como parte de su oferta para ganar el contrato con el IGSS.

Sin embargo, más adelante los investigadores le dijeron a InSight Crime que el contrato era un engaño. Dijeron que el propósito de este era permitir que Pisa cumpliera los requerimentos de la oferta, aunque la firma no tenía la infraestructura o el personal necesarios para hacerlo. Según uno de los investigadores, el contrato básicamente se limitó al alquiler de varios cuartos por parte de Pisa en un hospital de propiedad de la empresa subcontratada, pero nunca se prestaron varios de los servicios especificados.

En su carta a InSight Crime, Pisa, refiriéndose a sí mismo por su acrónimo DPG, dijo que era el único de los dos licitadores que “cumplió a cabalidad con las bases de licitación”, y que “toda contratación por parte de DPG para la prestación integral de sus servicios fue absolutamente legal”.

La información sobre el acuerdo privado de Pisa y sus capacidades técnicas había sido de conocimiento de la junta directiva del IGSS y de la junta de licitación antes de adjudicar el contrato, alegó la fiscalía. Fue esa negligencia extrema en permitir que el acuerdo pasara por encima de eso, lo que a su juicio justificaba una condena.

Pese a todo eso, los jueces del caso desestimaron los testimonios de las víctimas, alegando que se había preparado a los testigos para que testificaran contra el tratamiento, el equipo y los servicios de Pisa y que la mayoría había recibido una indemnización de la empresa durante el juicio y decidieron retirar sus demandas.

La madre de Figueroa sobrevivió, por poco tiempo. Al final encontraron a un médico —no afiliado a Pisa— que pudo tratar a su madre, pero aunque superó la infeccion, su dolencia se deterioró rápidamente. Con su cuerpo gravemente debilitado, su madre no pudo soportar un transplante que le hubiera salvado la vida y murió durante el juicio.

CACIF y CICIG: choque de trenes

El 12 de junio de 2018, después de tres años privado de la libertad y con el juicio prolongándose, Jesús Oliva Leal, exdecano de medicina de la Universidad San Carlos de Guatemala, y uno de los miembros de la junta directiva del IGSS que había aprobado el contrato de Pisa, se quitó la vida.

Oliva Leal había sido diagnosticado con depresión aguda en prisión, pocos meses antes de su muerte y dos veces había solicitado que se lo pusiera en arresto domiciliario debido a su problema de salud mental. Con su muerte, pasó a ser el segundo miembro de la junta directiva que moría en prisión. Erwin Raúl Castañeda Pineda, médico representante del Colegio de Medicos y Cirujanos de Guatemala, había sucumbido a problemas cardiorrespiratorios en septiembre de 2016.

En un inicio, el caso Pisa despertó controversia por las docenas de pacientes renales que murieron al cuidado de la empresa. Pero ahora, cuando el juicio se acercaba a un desenlace y muchos de los acusados habían pasado más de tres años privados de la libertad, crecían los reclamos de quienes apoyaban a los acusados para terminar lo que ellos señalaban como un encarcelamiento ilegal.

El más clamoroso de esos reclamos vendría de la cámara de comercio más importante de Guatemala, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF). Durante décadas, el CACIF había representado los intereses de las diversas pero muy influyentes élites de Guatemala, una tarea en la que sus miembros se codean con políticos en las más altas escalas del gobierno.

Uno de esos miembros era Max Quirin, empresario adinerado y aficionado a los aviones, quien antes había sido representante del sector privado en el Banco de Guatemala, antes de ingresar a la junta directiva del IGSS en la década de 2000.

De piel pálida y bien vestido, cejas tupidas y cabello entrecano, Quirin se había hecho un nombre en el sector caficultor de Guatemala, de fama mundial. Con el ánimo de usar su visión empresarial para encaminar la joven democracia de Guatemala en la dirección correcta, había entrado al mundo del servicio público en las décadas de 1990 y 2000. Dijo que había entrado a la junta directiva del IGSS con la intención de agilizar el proceso de licitación para los contratos, reducir costos y disminuir las posibilidades de corrupción.

Su prontuario estaba limpio antes de entrar al IGSS, pero al igual que muchos miembros de la élite empresarial, eso había cambiado con la llegada de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). La comisión era una división judicial supranacional avalada por las Naciones Unidas, cuyo fin, según sus artífices en 2007, era procesar judicialmente la corrupción generalizada en los círculos de gobierno en Guatemala. Esa misma comisión había ayudado a liderar la investigación por presunta corrupción del IGSS en el caso Pisa.

Pero con su captura en 2015, Quirin se convirtió en uno de los primeros de una creciente lista de miembros de la élite empresarial perjudicados por las investigaciones penales coordinadas por la CICIG y el Ministerio Público de Guatemala.

En 2017, la CICIG le caería encima al expresidente del CACIF, José René González Campo-Hinojosa, a quien los fiscales acusaron de realizar aportes ilegales a una campaña electoral en el marco de un entramado nacional de coimas mediante el que se desviaron dineros ilícitos a las arcas del antes oficialista Partido Patriota (PP).

Ese mismo año, una serie de otros prominentes empresarios, entre ellos varios miembros del CACIF, se vieron implicados en otra investigación de la CICIG por presuntos aportes ilícitos en 2015 a la campaña de elección del expresidente Jimmy Morales (FCN-Nación, 2016-2020). En una conferencia de prensa extraordinaria a comienzos de 2018, varios empresarios que habían financiado a ese partido pidieron disculpas en público ante el país y admitieron que “se cometieron errores”.

En otras palabras, corrían tiempos preocupantes y humillantes para las élites empresariales de Guatemala, que los pondrían en un choque de trenes con la CICIG. Y en el caso Pisa, algunos decidieron que era hora de echarse para atrás.

Cuando el juicio se acercaba a un desenlace, Quirin fue objeto de una campaña pública en múltiples frentes donde proclamaba su inocencia y se burlaba de la CICIG y del Ministerio Público por la detención inhumana de los acusados sin justa causa.

Lo cierto es que Quirin niega cualquier insinuación de que la junta directiva del IGSS haya incurrido en actos ilegales al aprobar la decisión de adjudicar el contrato a Pisa. En entrevista con InSight Crime en el exclusivo club aeronáutico de Guatemala en noviembre de 2021, este calificó el caso de la CICIG de tener motivaciones políticas y acusó a los fiscales de actuar contra la ley en múltiples oportunidades. También describió el ruido en torno a las dolencias de los pacientes renales como una “campaña mediática” orquestada por el anterior proveedor de la diálisis peritoneal, el cual fue descalificado del concurso que terminó ganando Pisa.

Las declaraciones de Quirin van en la línea de un cáustico pronunciamiento oficial del CACIF en agosto de 2018, en el que se criticaban las “tesis legales muy débiles” que mantenían a Quirin detenido por más de 1.000 días.

Por ese mismo tiempo, connotados miembros de la élite empresarial redactaron desdeñosas columnas de opinión en la prensa local, una en la que comparaban las condiciones de los acusados en la prisión con los campos de concentración. Otra, divulgada en un sitio web del CACIF, describía el caso Pisa como una “brutalidad humana y jurídica”, y citaba la irracionalidad de mantener a acusados “inocentes” como Quirin en condiciones carcelarias humillantes y devastadoras.

A lo largo del juicio, miembros de alto nivel del CACIF se hacían ver regularmente durante la audiencia, y en ocasiones invitaban a almorzar a los periodistas que cubrían el juicio, según relataron algunos funcionarios de la CICIG cercanos al caso y un reportero que cubrió el juicio, todos los cuales optaron por solicitar que se reservara su identidad por razones de seguridad.

La historia de Quirin incluso llegó a Estados Unidos, donde una columna de opinión en el Wall Street Journal acusó a la CICIG de encarcelar ilegalmente a Quirin y a sus colegas y de “pisotear a guatemaltecos cumplidores de la ley”.

Ese artículo hizo eco de muchas de las críticas lanzadas por el CACIF en su comunicado de agosto, incluida la presunta falla de la CICIG de presentar evidencia de la participación de Quirin en la decisión fraudulenta de aprobar el contrato de Pisa, así como la falta de pruebas de que él o los otros sindicados habían recibido algún beneficio financiero del contrato.

Ambos alegaron que la junta directiva del IGSS a la que pertenecía Quirin no tenía la obligación de verificar las credenciales de Pisa; esa responsabilidad, insistían, recaía en la junta de licitación.

De hecho, Quirin dijo a InSight Crime la junta directiva solo es responsable de asegurarse de que un informe entregado por la junta de licitación cumpla ciertas formalidades administrativas, como si las ofertas se reciben a tiempo. La junta no puede, sostuvo, interferir con las decisiones de la junta de licitación, ni son responsables de verificar la capacidad técnica de las empresas que ofertan para llevarse los contratos con el IGSS.

Quirin y sus colegas también habían sido acusados por los fiscales de no asignar personal calificado a la junta de licitación, pero ahí no era responsable, decían el CACIF y la editorial del WSJ, pues la contratación se hizo de manera aleatoria, algo que Quirin repitió.

“No tenían nada de anómala [la aprobación del contrato]”, le dijo Quirin a InSight Crime.

Las publicaciones también aducían que los ejecutivos del IGSS de hecho habían cumplido con su única responsabilidad: garantizar que se incluyera un bono de cumplimiento en el contrato. En otras palabras, no era función de la junta directiva del IGSS —la máxima autoridad en el IGSS— verificar si las empresas que aspiraban a llevarse los contratos estaban o no calificadas.

El veredicto

En medio de una sala de juzgado al tope, llena de reporteros, abogados y acusados ansiosos, Blanca Stalling se mezcló con los abogados y con algunos de los acusados. Luego, ocupó un asiento en la primera fila y espero que se inaugurara la audiencia.

Era el 26 de septiembre de 2018. Después de una breve estadía en prisión luego de su entrevista con Ruano y su dramática captura, a Stalling se le había concedido arresto domiciliario. Ahora, venía a enterarse de la suerte de su hijo, quien, al igual que los demás acusados en el caso Pisa —incluidos Max Quirin del CACIF y el expresidente de la junta directiva del IGSS Juan de Dios Rodríguez—, aguardaban los veredictos.

Para ese momento, se decía que habían fallecido 51 pacientes renales y otros 150 habían quedado minusválidos por el procedimiento y ya no podían caminar.

Los tres jueces entraron a la sala del tribunal y tomaron sus asientos detrás de un podio de madera de cara a la multitud. Entonces Miriam Hernández, una del trío de jueces que presidían el caso, comenzó a leer en voz alta el veredicto.

Al comienzo, pareció una victoria aplastante para la parte acusadora. Los jueces determinaron que Pisa “no contaba con el recurso humano, la infraestructura básica y el mobiliario necesario para prestar el servicio de diálisis peritoneal”, un grave descuido que había puesto sus vidas en peligro.

Más aún, el hecho de que el IGSS hubiera aprobado el contrato, pese a las deficiencias de Pisa, equivalía a un acto criminal perpetrado tanto por la junta directiva y la junta de licitación del IGSS que en primera instancia había elegido a Pisa como proveedor, fallaron los jueces. Los miembros de ambas juntas fueron declarados culpables de fraude y sentenciados a seis años y tres meses en prisión.

“La función de la junta directiva, no era simplemente de llegar y firmar el contrato”, sentenciaron los jueces. Estas eran “condiciones lesivas y fraudulentas para los intereses de la Institución, los cuales estaban obligados [la junta directiva] por ley a salvaguardar”.

Otto Molina Stalling, a quien los jueces declararon culpable de solicitar una coima a cambio de facilitar el contrato con Pisa, también fue sentenciado a seis años y tres meses de prisión. Los jueces citaron sus muchas conversaciones interceptadas como evidencia crucial en su contra.

Pero, Pisa, la firma en el centro del caso, quedó en su mayor parte libre de culpa. No había evidencia en las conversaciones telefónicas interceptadas que demostrara que la empresa había ofrecido una coima a los funcionarios del IGSS, declararon los jueces. Además, los fiscales no habían logrado demostrar el destino del dinero. Por esa razón, el empresario representante de Pisa que se reunión con Molina Stalling en un café para cerrar el acuerdo, así como otro ejecutivo de la empresa, fueron absueltos.

Al final, se ordenó a la empresa el pago de más de US$400.000 en indemnizaciones a los pacientes renales y sus familias, que habían sufrido después de recibir el tratamiento administrado por ellos. Los jueces no hicieron mención del alto costo en vidas humanas y un tribunal revocaría la decisión de multar a la empresa.

Minutos después de que se entregara el veredicto hubo otro giro. A todos los acusados declarados culpables se les otorgaría libertad condicional supeditada a la firma de un formato de asistencia una vez cada dos semanas en virtud de los tres años que ya habían pasado privados de la libertad.

Esa decisión fue recibida con celebraciones de parte de los acusados, sus familias y partidarios y de muecas de incredulidad de los demás en el palacio de justicia. Para las víctimas y sus familias, las cosas irían de mal en peor.

*Mattia Fossati contribuyó con reportería para esta investigación.

*Esta investigación examina un polémico acuerdo entre una importante empresa farmacéutica y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). Tras dicho acuerdo, docenas de pacientes renales murieron y muchos más adquirieron infecciones. El caso finalmente llegó a las altas cortes del país, donde los implicados en el caso habían comprado lo que algunos describieron como una póliza de seguro que los blindaría para que nunca fueran enjuiciados. Lea la investigación completa aquí.