En nuestro newsletter de esta semana hablamos de un asunto que nunca parece resolverse. El presidente Arévalo trató de actuar de nuevo contra la fiscal general Porras. ¿Qué hizo? Apelar al sistema de justicia y al Congreso, dos instituciones que hasta ahora casi siempre le han fallado.
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El ping pong político que ha definido el gobierno de Bernardo Arévalo, su disputa por remover a la fiscal general Consuelo Porras del cargo, entra en un bucle.
Cómo comentábamos hace una semana, la captura y criminalización del ex presidente y del ex tesorero de 48 cantones, Luis Pacheco (actual viceministro de Desarrollo Sostenible del Ministerio de Energía y Minas) y Héctor Chaclán, respectivamente, representó el más reciente movimiento del Ministerio Público por forzar a una reacción del presidente Arévalo.
Esta detención revivió el espectro del término “terrorista” para perseguir a exdirigentes de organizaciones de pueblos originarios por su rol en las manifestaciones que defendieron los resultados del proceso electoral del 2023.
A este movimiento respondió el Comité de Desarrollo Campesino, Codeca, con una convocatoria a bloqueos en 18 puntos del país este lunes, 28 de abril. Manifestaciones denominadas “Paro Plurinacional” y que, según Neftalí López, coordinador de Codeca urbana, no solo eran en respaldo a Pacheco y Chaclán si no también “para que se le escuche a Codeca”.
López indicó, en declaraciones recogidas por La Hora que desde febrero de 2024 buscaban un diálogo con el gobierno sin obtener respuesta.
La respuesta del presidente Arévalo fue iniciar un proceso de diálogo con Codeca y al día siguiente convocar a líderes y lideresas de pueblos indígenas para anunciar que presentaron un amparo ante la Corte Suprema de Justicia para:
“que se declare la arbitrariedad (del Ministerio Público liderado por Porras) de catalogar como actos terroristas estos ejercicios legítimos del derecho de protesta y libre expresión de los pueblos indígenas”.
Pero aquí, una vez más, caemos en un bucle. El presidente busca una protección en un aparato de justicia que los propios integrantes del partido oficial, Semilla, reconocen que responde a intereses espurios. Como lo recogimos durante la elección de la actual corte, en el reportaje Las cortes grises que amenazan a la primavera de Arévalo.
Es más, Arévalo acompañó su petición a la CSJ, con un llamado al Congreso para:
“exigirle la renuncia a Consuelo Porras y en la reforma del artículo 14 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, una reforma fundamental para recuperar a nuestras instituciones de justicia de la gavilla corrupta que le han quitado su dignidad”.
Una forma elegante de decir que pide la salida de Porras vía una reforma legal en el Congreso. Un poder del Estado que lleva mes y medio retrasando, sin sesionar, para evitar conocer el reclamo de anular el aumento salarial que se recetaron y que cuadriplicaba su sueldo base. Un incremento opaco que, por cierto, reseñamos en el artículo Así multiplicaron su salario los diputados.
A la conservadora jugada de Arévalo, la fiscal general Porras respondió saliendo a la caza de apoyo internacional. Como si fuera la líder de una facción opositora, la fiscal general buscó el respaldo de su par en otro país: Rodolfo Delgado, fiscal general de El Salvador.
En una conferencia de prensa desde Antigua Guatemala, Delgado dijo: “quiero externar nuestro apoyo a la gestión de la doctora Consuelo Porras, en vista de que nosotros como Ministerio Público de la región siempre actuamos bajo el imperio de la ley”.
Irónicamente, Porras resaltó la “independencia y autonomía” de su institución y celebró no “recaer en injerencias externas” mientras recibía el apoyo de Delgado, un fiscal impuesto por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en 2021 y reelegido por la mayoría del bukelismo en la Asamblea Legislativa en 2024.
En un curioso juego de espejos, Delgado ganó el beneplácito de Bukele en 2021 al comenzar a perseguir fiscales que investigaban casos de corrupción de su administración. Además, contribuyó a la expulsión de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES), que investigaba al menos 12 casos de corrupción que involucraban a funcionarios del bukelismo.
Así transcurrió esta semana. Con la disputa entre la Presidencia y el Ministerio Público recordándonos a El Día de la Marmota y a los diputados del Congreso de la República poniéndose de perfil y cobrando un mes más de aumento salarial.
