Esta semana nuestro boletín trata sobre el fin de Perenco: la empresa petrolera que funcionó durante 40 años en la Laguna del Tigre, en Petén, y cuyo contrato terminó el pasado 12 de agosto. Aún persiste el debate político sobre su cierre
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El fin del contrato petrolero de Perenco en Petén y el modelo que representa sobre el uso de los recursos naturales en Guatemala.
El pasado 12 de agosto finalizó el contrato 2-85 para la explotación petrolera en el campo Xan, en San Andrés, Petén. Ha vencido el plazo original de 25 años y la prórroga aprobada hace 15 años para eludir la Ley de Áreas Protegidas.
Perenco Guatemala Limited cumplió 40 años de operación en un área autorizada de 10 mil hectáreas dentro del Parque Nacional Laguna del Tigre. La petrolera llegó a las cuatro décadas en medio de un debate sobre la conveniencia de este modelo.
Condiciones desfavorables
Hay bastantes muestras de que el contrato petrolero no fue beneficioso para el Estado de Guatemala. Incluso si se considera únicamente el aspecto económico.
La lista de condiciones incluye:
Al tratarse de una producción de petróleo pesado, usado para elaborar asfalto, las regalías apenas alcanzaban el 6%.
Las inversiones de la empresa para producir petróleo le son devueltas por el Estado. Esta especie de crédito del Estado para la petrolera abarca, según la Ley de Hidrocarburos: “costos de capital, exploración, explotación, desarrollo, operación y gastos administrativos”.
Un análisis de El Observador, con información del Ministerio de Energía y Minas, señala que desde 2014 hay un saldo negativo para Guatemala de US$186.5 millones.
Además, apuntan que, en el periodo entre 2010 y 2023, el saldo favorable a Perenco alcanzó los US$1,901.7 millones.
La disputa política
La cancelación del contrato petrolero de Perenco ha sido un factor para renovadas críticas de los opositores políticos contra el gobierno de Bernardo Arévalo. Se le señala de improvisación y atentar contra los intereses nacionales.
Una muestra de estas acusaciones sucedió en la reciente reunión del 20 de agosto de los ministros de Energía y Minas, Victor Hugo Ventura; de Ambiente, Patricia Orantes; y Defensa, David Saénz, ante los jefes de bloque del Legislativo.
Diputados como Álvaro Arzú Escobar, Unionista, calificó como “tragedia nacional” la no renovación del contrato petrolero.
“Se tira la explotación por razones ideológicas de este gobierno. Celebran la destrucción de una actividad que pudo generar desarrollo”, decía el congresista ante los ministros reunidos.
De igual forma el diputado Edin Mejía, jefe del bloque Viva, pedía en esta misma reunión que se resguardara el equipo de explotación petrolera. Pues decía “le quedan dos años y medio a este gobierno y la nueva administración puede retomarlo”.
La factura de cierre costará US$50 millones
“La visión es realizar los pasos siguientes, ordenados, con el propósito de hacer un cierre de las operaciones (petroleras de Perenco)”, como declaraba en marzo de 2024 el ministro del MEM, Ventura. Una manifestación clara de que el Ejecutivo contempla la finalización del proyecto.
Pero la implementación de este cierre no será fácil, ni barata. El costo estimado por el MEM de un cierre técnico que no deje riesgos para el medio ambiente y una zona altamente vulnerable de humedales es de alrededor de US$50 millones (Q380 millones).
Estas acciones, sin embargo, también parten de una falta de controles sobre la normativa para llevar a cabo un proyecto así. El Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), cuando estuvo a cargo de Sergio Véliz Rizzo, alteró en 2007 el Plan Maestro del Parque Nacional Laguna del Tigre 2007-2011.
Con esto se abrió la puerta a la extensión del contrato del Campo Xan en 2010, aunque la misma institución, CONAP, demandó judicialmente esta acción.
Un territorio en disputa
“Parte de la justificación que exponen los apologetas de Xan estriba en que el PNLT (Parque Nacional Laguna del Tigre) ha dejado de ser área protegida debido a la intensa deforestación en la mayor parte de su territorio, la existencia de fincas ganaderas, presencia comunitaria, narcotráfico y el control de fincas ganaderas, y pistas áreas clandestinas al servicio de narcotraficantes”, como señala un informe de El Observador.
La muestra más reciente de esta postura la expuso el diputado Arzú, en la reunión con los ministros del MEN, MARN y Defensa, en sesión de jefes de bloque: “El Estado no protegió estas áreas, pero la ministra no pudo definir el daño ambiental provocado por la empresa. Celebran la destrucción de una actividad que pudo generar desarrollo”, dijo el congresista.
Los modelos enfrentados son los del extractivismo frente a la gestión de los recursos naturales. En la misma reunión, la ministra de Ambiente, Patricia Orantes, señalaba que “el relato de que la actividad petrolera es la única que mantenía la integridad del parque es falso”.
En contraste, la ministra señalaba que los servicios ambientales que representa la Laguna del Tigre, significan unos Q5,400 millones anuales. Es decir, que los recursos naturales e hídricos de la zona tenían un valor mayor, incluso si la perspectiva fuera solo económica, sin ser alterados.
El Parque Nacional Laguna del Tigre es el humedal más grande de Centroamérica. Con una extensión de 337,899 hectáreas, además es la zona núcleo más extensa de la Reserva de la Biósfera Maya.
A la riqueza biológica se suma, también, el registro de nueve sitios arqueológicos.
El parque enfrenta amenazas como la deforestación, la caza furtiva y la actividad petrolera, que requieren esfuerzos de conservación para proteger este ecosistema. Es un rincón del país al que a menudo sólo observamos cuando sus recursos están en disputa.
