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La Instantánea: La basura nunca dejó de estar junta

En el newsletter de esta semana hablamos de cómo la Corte de Constitucionalidad anuló el reglamento que obligaba a separar la basura en Guatemala. El amparo fue presentado por Ronald Portillo, diputado de VAMOS, un político que empezó como asesor del diputado Napoleón Rojas y que hoy legisla más preocupado por la Biblia que por el medio ambiente.

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Buenos días, buenas tardes, buenas noches o buen provecho, comunidad de No Ficción.

Hablar de la basura permite muchas metáforas y paralelismos. En un país como Guatemala, donde muchos integrantes del excelentísimo Congreso de la República podrían encajar en alguna de las acepciones residuales, se podría considerar que mientras no se separe la basura, todo seguirá contaminándose. Y que los intereses clientelares seguirán por encima del medio ambiente. Me explico.

Hace una semana, el pasado 28 de agosto, la Corte de Constitucionalidad aceptó un amparo presentado por el diputado del partido VAMOS, Roland Portillo, para anular el reglamento de separación de basura. Este entró en vigencia el 11 de febrero y, en concreto, el artículo 12, “clasificación” , obligaba a las municipalidades a implementar y financiar planes de gestión de residuos. También obligaba a las guatemaltecas y guatemaltecos a separar los residuos en reciclables, no reciclables y orgánicos.

Realmente creo que no tiene tanto sentido hablar de lo que supone para el medio ambiente de haber anulado este reglamento. Creo que todas ustedes conocen de sobra las consecuencias de no reciclar, de que la basura, como pasa en Guatemala, se deposite en vertederos a cielo abierto y vaya expulsando sus gases a la atmósfera. Estas pueden escucharlas en el podcast “separar para no acumular” de No Ficción.

Por eso quiero enfocarme en las implicaciones y motivaciones políticas de esta decisión. Y, de paso, en qué diputado y qué partido fueron los responsables de presentar este amparo.

Fue la Fiscal General de EE.UU. Pam Bondi la que atrajo a mediados de agosto los principales nubarrones narcóticos para Guatemala y Centroamérica. Una tormenta diplomática de hecho.

Bondi, mientras EE.UU. mantiene una presencia militar cerca de la costa de Venezuela, con destructores cargados con misiles guiados, buques de asalto anfibio, un crucero y un submarino de ataque, como parte de una “operación antinarcóticos reforzada”, dijo en una entrevista que el gobierno de Nicolás Maduro ha pagado sobornos a cambio de tener acceso al espacio aéreo de Guatemala, así como el de Honduras y México, para el tráfico de drogas.

La administración de Trump, de hecho, ha acusado a Maduro de liderar el “Cartel de los Soles” y ha duplicado la recompensa por su captura que ahora asciende a los US$50 millones.

Ante el mal pronóstico del clima internacional, el gobierno de Bernardo Arévalo, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, rechazó las declaraciones en un comunicado oficial, asegurando que “no permite que redes criminales utilicen su espacio aéreo”.

La autonomía municipal como excusa

Pero empecemos por la resolución de la CC. Esta dictaminó que este reglamento violaba la “autonomía municipal”.

Resulta chistoso que los alcaldes que, en términos generales, no cumplen con ninguna de las disposiciones que dictamina el Código Municipal, reclamen su autonomía para seguir teniendo sus pueblos tan desastrosos como están.

Como contamos en el episodio “No es normal que los alcaldes evadan responsabilidades” el Código Municipal obliga a las munis a competencias propias como el abastecimiento de agua potable, el alcantarillado, el tratamiento y disposición de desechos, la limpieza y ornato, la pavimentación y mantenimiento de vías, la regulación del transporte, y el ordenamiento territorial.

¿Ven que cumplan con estas disposiciones en alguno de sus municipios? Pero ahora, cuando el Ministerio de Medio Ambiente quiere obligar a hacerlo, consideran que les quita su autonomía.

Así lo dijo Sebastián Siero, jefe de la ANAM, quien declaró que el reglamento vulneraba la autonomía municipal porque pretendía regular el trabajo de las municipalidades y, además, sancionar a las comunas por lo que hiciera o dejara de hacer el ciudadano.

La disputa por el reglamento

Tampoco estaban a favor de la aprobación del reglamento los recolectores ni los recicladores de basura, como también contamos en No Ficción. Porque recordemos, en Guatemala, sigue habiendo miles de personas que trabajan en condiciones infrahumanas en los vertederos, recolectando y vendiendo materiales, que a eso se dedican y con eso dan de comer a sus hijas. La aprobación del reglamento, estamos de acuerdo, debería haber contado con las personas que trabajan en la basura, pero anularlo definitivamente no tiene que ver con protegerlos a ellos.

Ronald Portillo junto al diputado Napoleón Rojas. Foto: Congreso de la República.

El poder de los alcaldes y de VAMOS

Y si los alcaldes ni los recicladores estaban a favor, tampoco lo van a estar los diputados, que lo único que buscan es el favor de los alcaldes para poder hacerse con el poder. Porque recordemos que en Guatemala, gobernar no implica tomar las mejores decisiones para el pueblo, sino tener el favor del pueblo para llegar al poder. Y, una vez en el poder, utilizar el Estado para cualquier tipo de interés individual sea requerido.

Algo importante a tener en cuenta es que en la actualidad VAMOS, el partido del ex- presidente Alejandro Giammattei, es el que cuenta con mayor número de diputados en el Congreso y también con el mayor número de alcaldes, un cuarenta por ciento de las alcaldías están en manos de este partido. Y definitivamente, tener el beneplácito de los alcaldes es crucial para mantener el poder.

Y aunque fuera el mismo partido VAMOS el encargado de aprobar en 2021 el reglamento, ahora los intereses han cambiado, y para los políticos no hay ningún problema en cambiar los suyos.

El perfil de Ronald Portillo

Ahora llegamos al siguiente punto de análisis, el más jugoso. ¿Quién presentó el amparo para anular el decreto? El encargado de presentar el amparo es Ronald Yomelfi Portillo, actual diputado por el partido Vamos.

Les quiero dar un breve resumen de quién es este diputado. Siempre viene bien saber quién está sentado en el hemiciclo tomando decisiones tan necesarias como anular el decreto que aprobó su propio partido hace cinco años para proteger el medio ambiente.

Recorrido político

Ronald Portillo nació en 1990 y entró al Congreso de la República en 2016 como asesor del diputado Napoleón Rojas con el partido UCN. Como recordarán, UCN fue disuelto después de que Estados Unidos capturara en 2019 a su fundador y candidato presidencial, Mario Estrada, por vínculos con el cartel de Sinaloa y buscar asesinar a dos contrincantes electorales.

Napoleón Rojas, el vehículo de entrada de Ronald Portillo en política es el hijo del militar retirado Napoleón Rojas ex integrante del Estado Mayor Presidencial en tiempos de Alfonso Portillo y quien fue acusado de traslado de desfalcar el Ministerio de Defensa en 2001. Antes de ser el asesor de Napoleón Rojas junior, Portillo había trabajado en empresas de seguridad privada.

Después de asesorar a Rojas, Ronald Portillo se presentó como candidato a diputado por el partido VALOR, el de Zury Ríos. En 2020 entró a trabajar en el Ministerio de Gobernación, y más tarde fue nombrado Tercer Viceministro de Prevención de la Violencia y el Delito.

Iniciativas y cuestionamientos

En las elecciones del 2023, Ronald Yomelfi Portillo logró postularse, al igual que Napoleón Rojas, en el listado nacional de Vamos, y resultó electo diputado.

Por dar algún dato más de iniciativas presentadas por Ronald Yomelfi, además de su preocupación porque los residuos no sean separados, también está preocupado por la Biblia y hace solo unas semanas presentó una iniciativa para declarar el día Nacional de la biblia en Guatemala.

Además, Portillo fue quien en febrero, a través de otro amparo, logró que la CC revocara 15 artículos de la ley de la PNC. Estos, según indicó en su momento Nery Ramos, ex policía y actual presidente de la junta directiva del Congreso, podrían favorecer a estructuras del crimen organizado.

Y de la Corte de Constitucionalidad es mejor ni hablar, ni de esta ni de sus decisiones. Es triste que las decisiones del Estado no vayan en favor del pueblo ni de la naturaleza. Triste que obedezcan a intereses individuales. Es triste pero en la historia reciente de Guatemala así ha sido. Muy pocos llegan al poder para servir al pueblo y los pocos que lo han hecho se encuentran atados de manos, y sin lograr siquiera un reglamento que obligue a separar la basura. 

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