En el newsletter de esta semana recapitulamos la sentencia condenatoria por el caso Hogar Seguro. Un crimen que dejó la muerte de 41 niñas y lesiones a 15 menores sobrevivientes en el incendio de un refugio estatal en el 2017. Una tragedia provocada por la negligencia estatal.
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Buenos días, buenas tardes, buenas noches o buen provecho, comunidad de No Ficción.
El Newsletter de hoy será un mail triste. Puede pasar, hay días mejores y días peores. Días que deberían ser alegres y en el fondo son amargos, frustrantes. La sentencia en el caso del Hogar Seguro, una sentencia condenatoria, es un ejemplo de esto. Lo único bueno de la vergonzosa sentencia es que la jueza pidió investigar al ex presidente Jimmy Morales por el caso.
Pero es lo único esperanzador. Por fin, cabría pensar, ocho años después hubo justicia. El pasado 12 de agosto, 6 personas fueron sentenciadas por la muerte de 41 adolescentes y los graves daños a 15 sobrevivientes el 8 de marzo de 2017.
Pero las irrisorias penas -un máximo de 25 años de condena para quienes las dejaron morir ardiendo- acaban dejando un sentimiento de vacío, de angustia, de impotencia. Un sentimiento muy del día a día en Guatemala, supongo. Un día más de hastío, de asco. Un día más de rabia por el recuerdo de lo poco que valen unas niñas pobres para la justicia de Guatemala.
El Ministerio Público había pedido penas máximas de 131 años, y la pena máxima aplicada por la jueza Ingrid Vanessa Cifuentes fue de 25 años.
Los sentenciados
Esta fue aplicada a Carlos Rodas, ex secretario de la Secretaría de Bienestar Social. Rodas no giró instrucciones clave la noche del motín del 7 de marzo, a pesar de recibir informes sobre la fuga masiva. Esta omisión fue considerada crítica en la cadena de mando que terminó en el incendio. El MP había pedido 131 años de condena para él.
El MP también había pedido 131 años para Santos Torres, ex director del Hogar Seguro. A Santos se le atribuyó la máxima responsabilidad de mando sobre el centro completo el día del incidente. Fue sentenciado a 25 años.
También fue sentenciada Brenda Yulissa Chamán, ex jefa de protección especial de la Secretaría de Bienestar Social. Ella fue acusada de haber sugerido que las adolescentes se encerraran en ese pequeño salón como medida de control. Y quien además, según la acusación, pidió que la llave fuese entregada a la PNC, contribuyendo así al confinamiento que impidió una salida segura cuando estalló el incendio. El MP había pedido 126 años y fue condenada a 17 años.
13 años para la policía que no les abrió la puerta
Para Lucinda Eva Marroquín, subinspectora de la PNC, quien custodió a las niñas y la única que tenía la llave del aula donde estaban encerradas, la fiscalía había pedido 122 años y le condenaron a 13 años. Marroquín fue la policía, recordemos todos, que dijo, según testimonios “Que se quemen esas hijas de la gran puta, a ver si como son buenas para fugarse son fibrudas para salir”, y no quiso abrir a pesar de las súplicas de sus subalternas.
A Luis Armando Pérez Borja (exsubcomisario PNC) vinculado desde 2017 por su rol de mando en la Policía Nacional Civil durante el motín y el incendio, el MP había pedido 116 años y fue condenado a 11 años. Su responsabilidad estaba en su manual operativo como jefe de la comisaría involucrada en la vigilancia del lugar.
A la única que le dieron más años fue a la que el MP había pedido menos, a Gloria Patricia Castro (exdefensora de Niñez, PDH), a quien el MP había pedido 4 años y fue sentenciada a 6.
Haroldo Flores, (ex PGN) fue absuelto, el MP había pedido para él 126 años.
Para el juzgado el maltrato vale sólo 5 años
La principal diferencia, que bajó tanto las condenas, fue que el Ministerio Público había pedido que fueran condenados a 2 años de prisión por maltrato, multiplicado por cada una de las 56 adolescentes. Es decir una condena por maltrato de 112 años para cada uno de los sentenciados.
Sin embargo, en la sentencia dictada el tribunal aplicó un único cómputo de 5 años por el delito de maltrato para cada acusado, sin multiplicar por cada una de las víctimas. Estos 5 años en total por maltrato son, por cierto, conmutables.
Es decir, para la justicia guatemalteca, pedir 2 años de pena de maltrato por cada una de las 56 niñas para la jueza fue una exageración.
Jueza ordena investigar al expresidente Jimmy Morales
En el fondo puede ser que todo sea incompetencia, que ninguna de estas personas merezca estar 131 años presas, y eso es lo que produce aún más tristeza, que la responsabilidad directa la tenemos todas las personas que vivimos en Guatemala y miramos para otro lado ante la situación de la niñez y la adolescencia.
Quizá el único que merezca estos años sea el ex presidente Jimmy Morales, y la única noticia de consuelo que vino con la sentencia de ayer fue que la jueza Cifuentes dio una orden para investigar al expresidente Jimmy Morales.
Ocho años después, el Ministerio Público tendrá que indagar si el presidente de Guatemala en 2017 tuvo responsabilidad directa en la cadena de mando que terminó con las niñas encerradas en un aula que se convirtió en su tumba. La jueza también pidió investigar a su entonces asesor Carlos Beltetón, señalado por dar versiones contradictorias durante el juicio.
Me siento a escribir y miro a mi alrededor. Estoy en una habitación de unos 10 metros cuadrados. Estoy yo sola, con una mesa, una librera, un armario y una cama. El aula en la cual fueron encerradas las niñas era de 47, 6 metros cuadrados, contaba con una sola puerta, no tenía agua ni servicios sanitarios. Es decir, cada una de las adolescentes tenía en esa habitación 85 centímetros cuadrados vitales.
Habían sido encerradas después de una fuga masiva, donde se escaparon del hogar hombres y mujeres. Solo fueron encerradas las mujeres, las bochincheras. La versión más citada es que, la mañana del 8 de marzo de 2017, las adolescentes encerradas en el aula encendieron un colchón con la intención de que el humo y el fuego obligara a las autoridades a abrirles la puerta y dejarlas salir.
