La instantánea de esta semana nos lleva a comentar la llegada de un nuevo impuesto en el horizonte, aunque aprobado fuera de las fronteras de Guatemala.
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El vecino del norte ha sacado adelante una nueva ley fiscal con efectos directos para migrantes y sus familiares en el país: un impuesto del 1% a las remesas, recortes de salud que afectarán a migrantes y más recursos para blindar las fronteras de EE.UU.
“El grande y hermoso” proyecto de ley del presidente Donald Trump fue aprobado por el senado estadounidense. El voto del vicepresidente JD Vance rompió el empate, dando cuenta de la ajustada negociación entorno a la ley, la cual incluye importantes modificaciones presupuestarias que consolidan algunas de las principales directrices de Trump sobre migración.
¿Pero qué efectos tiene esto sobre un país cómo Guatemala?
En 2024 uno de cada cinco quetzales del Producto Interno Bruto de Guatemala provenía de las remesas provenientes de Estados Unidos. Los US$21,510 millones enviados al país, el año pasado, fueron un 8% más que lo registrado en 2023.
La dependencia de la economía guatemalteca de las remesas es omnipresente: consumo familiar, vivienda, educación… el destino de los dólares atraviesa todos los sectores.
El nuevo impuesto denominado “especial sobre transferencias de remesas”, fue inicialmente propuesto con una tasa del 5%. Antes de su aprobación en la Cámara de Representantes, en mayo de 2025, la tasa fue reducida al 3.5%. El texto finalmente aprobado por el Senado fijo una reducción hasta llevarlo al 1%.
El tributo solo se aplicará a remesas enviadas mediante efectivo, giros postales o cheques de caja. Esto significa que las remesas enviadas desde cuentas bancarias, o mediante tarjetas de débito o crédito emitidas en Estados Unidos están exentas de pagarlo.
Aunque el impuesto debe ser cobrado al proveedor del servicio de remesas, quien será responsable de remitir el monto recaudado al Departamento del Tesoro, lo lógico es que este se trasladé al usuario final.
Tomando en cuenta el dinero enviado a Guatemala en 2024, por ejemplo, este impuesto, de haberse implementado el año pasado, habría representado unos US$215 millones menos ingresando a la economía del país.
Este nuevo tributo entraría en vigor el 1 de enero de 2026.
Ahora bien ¿esta es la única medida con repercusiones para migrantes guatemaltecos en Estados Unidos? Lo cierto es que no.
La nueva norma también restringe el ya limitado acceso a beneficios fiscales. Por ejemplo, en las familias donde uno de los padres sea indocumentado, o carezca de número de seguro social, no podrá usar el programa de crédito fiscal que reduce el pago de impuestos al contar con hijos nacidos en EE.UU.
La medida estça alineada con otras políticas del presidente Trump, como buscar a través de fallos judiciales, que los hijos de migrantes cuenten con la nacionalidad estadounidense.
También, en esta misma ley, se reducen los fondos federales del programa Medicaid para los Estados que ofrecen servicios de salud a migrantes sin estatus legal. Además, se prohibirá que migrantes con estatus legal, como aquellos con visas de trabajo o TPS, tengan acceso a seguros de salud con costos reducidos.
Estas medidas afectarían a tres de los cinco estados de EE.UU. con políticas de santuario con más población de guatemaltecos/as. Entre estos California con 454,917, Nueva York con 109,766 y Nueva Jersey con 79,638.
Para una mirada más detalla de la distribución de guatemaltecos en EE.UU. recomendamos leer en No-Ficción: “Dónde están, cuántos y quiénes son los guatemaltecos en EE.UU.” un reportaje con base en registros del último censo poblacional de Estados Unidos.
Por último, pero no menos importante. La nueva ley fiscal también reorienta fondos para combatir la migración: al menos US$70 mil millones para la detención de migrantes (entre construcción y mantenimiento de centros de detención y el transporte de las personas aprendidas), así como US$64 mil millones para la construcción del muro fronterizo.
La vieja consigna trumpiana de “México pagará el muro” para cambiar a “los recortes y nuevos impuestos pagarán el muro.
No menos importante es que junto con los fondos adicionales se incluye la meta de cuadriplicar el número de detenidos para pasar de 50 mil a 200 mil personas. Así como contar con 20 mil nuevos agentes para el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y para la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
Más allá de un nuevo tributo la nueva ley fiscal muestra con qué recursos pretende el presidente Trump hacer cumplir su discurso antimigratorio y lo articuladas que están estas intenciones desde las entrañas de las finanzas gubernamentales.
