Cuando dejan sus cargos, los jueces más importantes del país, los magistrados de la CSJ y los de Salas de Apelaciones, tienen derecho a recibir una compensación que, en la actualidad, equivale a su salario de hasta 20 meses. Este es un beneficio que prácticamente ningún trabajador en el país tiene. Y mucho menos quienes, como los magistrados, son cargos electos. Estos pagos tienen un costo creciente para las finanzas públicas. Solo desde 2023, el Organismo Judicial ha gastado Q420 millones en indemnizaciones.
En los últimos años, los diputados del Congreso lo han pretendido una y otra vez.
En 2020, un grupo de 43 legisladores que no logró su reelección solicitó que se les compensara con una indemnización por sus años de servicio.
En 2024, lo intentaron de nuevo.
Una mayoría de diputados aprobó un presupuesto para el Congreso en el que se establecía que ellos tendrían derecho a recibir una indemnización cuando dejaran el cargo.
En ninguno de los dos casos, los legisladores tuvieron éxito. Y en ambas ocasiones, fueron objeto de múltiples críticas.
La Constitución establece que los funcionarios públicos sólo tienen derecho a recibir una compensación si son despedidos sin causa justificada.
Y determina, además, que esta indemnización debe ser de un mes de salario por cada año trabajado, pero sin exceder nunca el equivalente a diez salarios.
Los diputados no son despedidos ni contratados. Son electos para un periodo determinado. Su salida no puede considerarse injustificada. Tampoco pueden argumentar que su no elección les ha causado un daño imprevisto.
Por eso, hasta ahora, ha prevalecido la interpretación de que no tienen derecho a una indemnización.
Así razonó recientemente la Corte de Constitucionalidad.
Permitió a los diputados mantener su polémico aumento salarial. Pero les denegó la indemnización que tanto han buscado.
Sin embargo, hay una institución en la que los cargos electos no solo reciben indemnizaciones cuando dejan sus puestos, si no que estas compensaciones doblan el máximo permitido en la Constitución.
Hablamos de la entidad que administra justicia en el país: Organismo Judicial (OJ).
En la actualidad, el pacto colectivo de condiciones de trabajo del OJ permite que cargos electos, como los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) o de Salas de Apelaciones, reciban una indemnización de hasta 20 salarios cuando termina el periodo para el que fueron designados.
El convenio permite cobrar la compensación máxima prevista en la Constitución: o sea, diez salarios.
Pero a esta indemnización, el OJ añade otra, llamada “incentivo por buena conducta”, que también puede ser de hasta diez mensualidades, en función del tiempo de servicio.
Estas condiciones tan ventajosas del pacto colectivo provocan que el OJ esté pagando indemnizaciones de hasta Q.2.5 millones –unos US$ 325 mil– a sus más altos cargos cuando finalizan sus mandatos.
Y estos, no son pocos. De hecho, son más que los 160 diputados que integran el Congreso.
En la actualidad, hay 13 magistrados de la CSJ, 156 titulares de Sala de Apelaciones y 104 suplentes, todos ellos electos para mandatos de cinco años.
El convenio ha provocado que el OJ, destine a pagar indemnizaciones más del doble que cualquier otra institución del Estado.
Otras entidades como los Ministerios de Educación o Salud tienen muchos más empleados, pero invierten bastante menos en este tipo de compensaciones.
Desde 2023 hasta mayo pasado, un periodo en el que hubo sucesivas renovaciones en la cúpula del OJ, la institución gastó unos Q420 millones en indemnizaciones, según información disponible en el Sistema de Contabilidad del Estado (Sicoin).
Con esta suma, por ejemplo, se podría mantener funcionando durante un año, un hospital mediano como el Regional de Quetzaltenango.
Solo en 2023, el OJ gastó Q223 millones en indemnizaciones, casi el 7% de su presupuesto, según datos de Sicoin.
Compensaciones sustanciales
El cálculo de la compensación que paga el OJ se realiza solo teniendo en cuenta los últimos seis meses de salario.
De esta forma, los magistrados no necesitan ocupar sus cargos durante muchos años para recibir compensaciones sustanciales.
Les basta con haber sido electos para dos periodos o haber hecho algo de carrera previa en el OJ, para recibir sumas millonarias.
En la actualidad, un magistrado de la CSJ electo para un mandato y que haya sido antes magistrado de apelaciones, algo que es común, puede recibir con facilidad una compensación de más de Q2 millones.
Mientras que un magistrado de Apelaciones que también haya ocupado algún cargo previo en el OJ, puede cobrar unos Q1.3 millones al finalizar su mandato.
Oscar Cruz Oliva, por ejemplo, fue magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) durante solo un año.
Ocupó su cargo entre 2023 y 2024, durante el mandato “breve”.
Esta situación peculiar fue provocada por el polémico periodo previo de los “nueve años” (2014-2023), en el que los magistrados extendieron su mandato cuatro años más allá de lo permitido, entre acusaciones de tráfico de influencias y persecución de los jueces y fiscales que los investigaban.
Antes de presidir la CSJ, Cruz OIiva, fue magistrado de Apelaciones durante un único periodo: precisamente durante el polémico mandato de los “nueve años”.
Es decir, en total, trabajó diez años como magistrado. Siempre ocupó cargos electos. Y durante su trabajo devengó salarios que comenzaron en unos Q40 mil mensuales, pero que terminaron en algo más de Q100 mil mensuales, mientras presidía la CSJ.
La indemnización solo se calcula teniendo en cuenta los últimos seis meses de salario (a lo que se añaden, la parte proporcional de salarios extraordinarios y otras prestaciones).
Por ello, Cruz Oliva fue compensado utilizando como referencia su salario como presidente de la CSJ, pese a que este cargo solo lo ocupó durante un año al final de carrera en el OJ.
En total, a Cruz Oliva le correspondió una compensación de casi Q2.5 millones, como muestra el siguiente registro de Sicoin.
Esto sugiere que recibió la compensación máxima: diez salarios de indemnización como tal y otros diez en concepto de “incentivo por buena conducta”.
La indemnización que recibió este abogado sería suficiente para, por ejemplo, pagar el salario mensual de 250 profesores de primaria que en la actualidad reciben el salario máximo, de casi Q10 mil.
Paradójicamente, Cruz Oliva ganó más al dejar su cargo, de lo que cobró durante todo el año en el que fue magistrado.
Los registros de Sicoin muestran que al menos otros cinco magistrados de la CSJ del mandato “breve” también recibieron compensaciones superiores a los Q2 millones, lo que sugiere que cobraron la indemnización máxima de 20 salarios.
Son los ya exmagistrados:
Benicia Contreras Calderón:
En su caso sí hay registro de que recibió diez meses de salario y otros diez de “incentivo por buena conducta” (uno de los pocos casos en los que ambas compensaciones aparecen desglosadas).
José Luis Samayoa Palacios:
Ronald Manuel Colindres Roca:
Elvia Ester Velásquez Sagastume. (Otro caso en el que sí está desglosado el pago de las dos indemnizaciones):
y Eder Obdulio Barrientos Padilla:
Con los magistrados de Apelaciones, se da una situación similar.
En Sicoin hay constancia de que al menos nueve de ellos recibieron compensaciones de alrededor de Q1.3 millones.
Es el caso de, por ejemplo, el ex magistrado de Apelaciones, Marco Tulio Locón Marroquín.
Como Cruz Oliva solo ocupó su cargo un año, durante el mandato “breve”. Antes fue juez durante años.
Cuando terminó su periodo, recibió una indemnización de Q1.3 millones, lo que sugiere que también recibió la indemnización máxima.
Convenios por encima de la Constitución
Este fenómeno no es nuevo. Lleva sucediendo desde hace décadas.
En 2003, el propio Congreso, que ahora está a favor de cobrar indemnizaciones, trató de detenerlo, como ya contamos en No Ficción.
En ese entonces, los diputados aprobaron un decreto para impedir que cargos por elección o designación del Congreso cobren compensaciones al finalizar su mandato.
Esta iniciativa fracasó porque la Corte de Constitucionalidad (CC) se opuso. La CC argumentó, entre otras cosas, que si una indemnización estaba contemplada en un pacto colectivo, el Congreso no era quién para prohibirlo, ni tampoco podía decirle a otras instituciones cómo gastar su presupuesto.
Así se preservó este beneficio para los magistrados de la CSJ y de Apelaciones.
El fenómeno, tampoco es exclusivo del OJ.
Otras instituciones como el Ministerio Público, el Instituto de la Defensa Público Penal, el Tribunal Supremo Electoral o la propia CC, otorgan a sus cargos por elección el derecho a compensación al finalizar su mandato.
(Los magistrados de la CC han negado el derecho a los diputados, pero se lo reconocen para sí mismos).
Y, en general, en la mayoría de instituciones públicas se permite que empleados cobren indemnizaciones, aunque dejen sus puestos por voluntad propia o para ocupar otro.
O se otorga derecho a compensación a cargos de confianza política como ministros, viceministros, directores generales o embajadores, que saben de antemano que serán sustituidos en los cambios de gobierno.
Todo esto ha provocado que el pago de las indemnizaciones sea una carga creciente para las finanzas del Estado. Y además, que se cree el incentivo que los servidores públicos prefieran dejar sus cargos y ser compensados, antes que hacer carrera en el Estado, como ya contamos en No Ficción.
Negociar y cobrar
Sin embargo, el coste que suponen las indemnizaciones es particularmente pesado para el OJ.
En esta institución hay más cargos por elección que en cualquier otra.
Además, estos cobran salarios altos. Los magistrados rasos de la CSJ reciben unos Q82,000 mensuales y los de Apelaciones unos Q51,000. Y el convenio colectivo de la institución es especialmente favorable.
Lo común —salvo en algunas empresas públicas— es que en las instituciones se respete la indemnización máxima prevista en la Constitución para los funcionarios; es decir, un salario por año trabajado, con un máximo de diez.
Sin embargo, en el OJ, adicional a esta compensación existe otra equivalente llamada “incentivo por buena conducta”.
Este último beneficio, además, ha sido creciente. Hasta 2023, el “incentivo por buena conducta” era de máximo ocho salarios, en función del tiempo trabajado. Pero durante la última negociación entre el OJ y el sindicato, se elevó a diez.
Cobrar este beneficio no parece complicado. Basta con que el trabajador no haya cometido faltas consideradas “graves” o “gravísimas” en los tres meses anteriores a dejar el cargo.
Así, desde 2023, quienes salen del OJ tienen derecho a indemnización de hasta 20 mensualidades.
Quien participó en la última negociación del convenio por el lado del Estado fue la entonces magistrada presidenta de la CSJ, Silvia Patricia Valdés Quezada.
Ella misma poco después se benefició de este “incentivo por buena conducta”.
Como consta en Sicoin, Valdés Quezada cobró Q1.2 millones solo en concepto de “incentivo por buena conducta”.
(Es posible que también cobró la indemnización propiamente dicha, si bien, los registros de Sicoin consultados por No Ficción no permiten afirmarlo)
Paradójicamente, Valdés Quezada, fue merecedora de este incentivo pese su cuestionable trayectoria.
Ella, al igual que la mayoría de integrantes de la Corte de los “nueve años”, fue sancionada por Estados Unidos en la llamada Lista Engel por incurrir en prácticas corruptas y aferrarse a su cargo más allá del mandato legal.
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Pie de foto: La expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Silvia Valdés, toma la mano de la ex magistrada Blanca Stalling durante la presentación del informe anual del Organismo Judicial el 23 de octubre de 2022. Foto/Edwin Bercián
También fue señalada en investigaciones de la fiscalía de manipular el proceso de nombramiento de magistrados en los casos conocidos como Comisiones Paralelas I y II, y Comisiones Paralelas 2020. La Corte de Constitucionalidad, entidad donde trabaja ahora, siempre evitó que fuera procesada.
Una situación similar es la de la exmagistrada de la CSJ, Blanca Stalling, otra integrante de la Corte de los “nueve años”.
Ella también fue sancionada por Estados Unidos e implicada en un caso de tráfico de influencias. Fue capturada en 2017 mientras trataba de huir. Incluso se vio forzada a dejar su cargo en la CSJ, hasta que su caso fue sobreseído por el juez Víctor Cruz, otro integrante de la Lista Engel.
Cuando salió del OJ, le correspondió, un “incentivo por buena conducta” de Q994 mil.
(Es posible que también recibiera la indemnización como tal, pero, no se halló constancia).
Más que nadie
Este ventajoso convenio de condiciones laborales provoca que el OJ pague compensaciones a cargos por elección mucho mayores que otras instituciones.
La CC, por ejemplo, es conocida por pagar algunos de los salarios más elevados que se cobran en el Estado.
Los magistrados de esta Corte –que no dependen del OJ– cobran salarios de algo más de Q100 mil mensuales.
Sin embargo, cuando los últimos magistrados de la CC dejaron sus cargos en 2021 ninguno cobró una indemnización superior a Q1.1 millones, según registros Sicoin.
Esta es la suma que recibió, por ejemplo, la exmagistrada Gloria Porras –actualmente en el exilio, luego de que el Congreso le impidiese tomar posesión.
Porras estuvo una década en la CC y la presidió al final de su mandato. En Sicoin consta que cobró una indemnización de Q1.1 millones cuando dejó el cargo.
En el OJ, los magistrados de Apelaciones tienen salarios que son casi la mitad de los que cobran los integrantes de la CC.
Sin embargo, cuando dejan sus cargos, los magistrados de Apelaciones reciben indemnizaciones tanto o más altas que las que cobraría un magistrado de la CC.
Y los de la CSJ las duplican.
Incluso, altos funcionarios del OJ nombrados por los magistrados, como gerentes o secretarios también reciben indemnizaciones millonarias cuando dejan sus cargos.
El exgerente financiero del OJ, Walter Giovanni Lara Sierra, por ejemplo, solo trabajó entre 2015 y 2025 en la institución.
Sin embargo, al salir recibió una compensación de algo más de Q1.5 millones.
Quién sí, quién no
Aunque los magistrados del OJ tienen este derecho no significa que todos lo ejerzan.
Sin embargo, la información disponible en Sicoin no siempre permite identificar a todos los que recibieron indemnizaciones. O determinar cuánto cobraron exactamente y en qué concepto.
Por eso, tampoco es posible determinar con precisión cuánto costó despedir a los cargos electos en el OJ.
Pero sí hay constancia de que diez de los magistrados de la CSJ “de los nueve años” han cobrado algún tipo de indemnización. Es el caso, por ejemplo, de las exmagistradas Valdés y Stalling
También ocho ex integrantes de la Corte “breve”, como el ya mencionado magistrado Cruz Oliva.
Y hay constancia de que un mínimo de 78 magistrados de Apelaciones de ambos mandatos fueron, igualmente, compensados.
Pero el elevado monto total desembolsado en el renglón de las indemnizaciones en el OJ entre 2023 y 2025 sugiere que, en realidad, la gran mayoría de magistrados cobraron. Y cobraron, además, los montos completos a los que tenían derecho.
