Jazmín De la Vega, exministra de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), pateó un panal cuando en mayo de 2024 denunció que encontró una red de trata de personas dentro del ministerio. La indignación en el recién estrenado gobierno de Bernardo Arévalo movió no solo a la funcionaria a presentar una denuncia, sino que el propio Ministerio Público (MP) inició una investigación de oficio y la Comisión Nacional contra la Corrupción se convirtió en el canal para dar seguimiento al caso.

Hoy, 18 meses después,  no existe explicación pública que esclarezca los hechos, mucho menos identificación y sanción a los responsables. Ni qué decir del diseño de protocolos o códigos de conducta por parte del Organismo Ejecutivo que prevengan la repetición de esta historia. En cambio, un manto de oscuridad cubre la denuncia sobre un grupo de funcionarios señalados de usar los recursos del Estado y, con los impuestos de los guatemaltecos, procurar para sí servicios sexuales. 

El siguiente es un relato de impunidad: reportear esta historia representó dificultades adicionales a las habituales que enfrenta el periodismo. El encuentro con las fuentes estuvo marcado por  la reticencia y cuando existió disposición a hablar, los datos fluyeron a cuentagotas; existe una reserva casi total sobre los hechos e, incluso, no faltaron quienes sugirieron que De la Vega exageró, imaginó o inventó los hechos denunciados. 

El MP es la institución que puede aclarar o explicar los hallazgos de la investigación. Aunque desde los Ciclos de Actualización para Periodistas (CAP) se envió una solicitud de entrevista y María José Mancilla, vocera del MP, indicó que realizaría la consulta, no hubo respuesta. Se dio seguimiento a la petición, sin éxito. Este grupo de reporteros y reporteras, sin embargo, llegó a la conclusión de que la denuncia de la exministra es solo el humo de un gran incendio.

Las visitadoras

Los testigos, que por temor hablan desde el anonimato, refieren que la imagen de las mujeres era fuera de lo común a la de las oficinistas habituales del ministerio y, cuando hablan de ellas, hacen hincapié en que su perfil no pasaba desapercibido.

Esa es la descripción coincidente, y a la vez vaga, que suelen dar las personas que conocieron o vieron al grupo de mujeres que la exministra descubrió en el CIV y que salió a denunciar como “víctimas de una red de trata de personas” que funcionó en las entrañas de la administración pública. 

Fue en mayo de 2024. De la Vega, entonces ministra de Comunicaciones, denunció que en esa dependencia trabajaba un grupo de jóvenes cuyas funciones no eran administrativas. En una nota publicada por el medio radial ConCriterio, la exministra declaró: “era un secreto a voces, se veían muy bien, eran patojas muy bonitas, edecanes, modelos y yo averigüé los nombres de ellas, eran entre 22 y 25, pero fueron los primeros contratos que se rescindieron, porque yo no puedo estar en un ambiente así”. 

La exministra de Comunicaciones, Jazmín De la Vega, durante una conferencia de prensa en el Patio de La Paz del Palacio Nacional el 28 de febrero de 2024. Foto/Edwin Bercián

La exfuncionaria relató que bastaba una llamada para que salieran “en vehículos oficiales” a sumarse a reuniones o actos institucionales para cumplir con “los requerimientos de los funcionarios, lamento que las chicas eran víctimas de trata”, declaró.

El reportaje describió un entramado informal de contrataciones de mujeres bajo renglones eventuales, seleccionadas por su apariencia física y vinculadas a funcionarios de la institución. La nota agitó a la opinión pública y colocó a De La Vega en el centro de atención: desde el núcleo de un ministerio históricamente señalado por corrupción, se denunciaba ahora un patrón que evocaba prácticas de explotación y cosificación de mujeres al amparo del poder oficial.

¿Cuántas eran? Es aquí donde las barreras de la censura impiden establecer datos con precisión.  La exministra asegura que despidió a una veintena. Los despidos fueron confirmados por su sucesor, Félix Alvarado, quien en entrevista a través de zoom para este reportaje aseguró que la remoción en la planilla fue visible en la sección “Servicios Generales”. De hecho, al asumir, explicó Alvarado, solicitó que el expediente se entregara a la Comisión Nacional contra la Corrupción. En esta dependencia, su director, Julio Flores, respondió que él lo remitió al Ministerio Público.  

¿Qué contiene el expediente del MP? Los entrevistados no son precisos, pero hay una versión concurrente: los fiscales a cargo documentaron la planilla de empleados y el listado de despidos. Una fuente cercana a la investigación, que pidió el anonimato, reveló que la intención era elaborar una matriz para corroborar el número, las fechas, los salarios y los movimientos de las empleadas. 

Si dicha matriz fue realizada, resulta imposible corroborarlo. En las distintas entrevistas se intentó establecer qué diligencias realizó el MP. Alvarado recibió requerimientos de investigadores de la Fiscalía para indagar en el departamento de  Recursos Humanos y los datos fueron remitidos a través de la unidad jurídica; De la Vega sí fue contactada a una sola diligencia sin frutos conocidos; tampoco Flores conoció del seguimiento. 

El MP mantuvo en secreto las diligencias, pero a raíz de que en julio el diario digital ePInvestiga publicó una noticia con declaraciones de Flores, quien aseguraba que el caso fue archivado, hubo una grieta en la reserva.  

Entonces la Fiscalía publicó un comunicado en el cual explicó que, a partir de las averiguaciones realizadas, descartó que existieran víctimas de explotación sexual; y en cambio lo tipificaron como un caso de corrupción administrativa: la información recabada permitió a los fiscales detectar irregularidades como que las personas contratadas no cumplían con el perfil profesional, ni los requisitos para la plaza. Hasta ahora el MP tampoco ha revelado el caso de corrupción. 

El cierre del caso de trata ocurrió con la facilidad con la que el MP ha archivado decenas de denuncias por corrupción presentadas por el gobierno del presidente Bernardo Arévalo.

De la Vega tocó una herida más profunda del Estado guatemalteco: la imposibilidad de investigar delitos sexuales cuando los responsables están protegidos por estructuras de poder.

No es la primera vez en la historia reciente que un caso como este queda en el aire.  En 2015, una denuncia por violencia y agresión sexual contra el entonces candidato a la presidencia por el partido FCN-Nación, Jimmy Morales, quien luego fue electo presidente, fue rechazada por la Corte Suprema de Justicia, pues la catalogó “de carácter político”.  

Se trataba de un expediente de cuarenta hojas y refería que el 25 de agosto del 2015, dos meses antes de que Morales ganara la presidencia, una mujer de 33 años lo denunció por amenazas, lesiones, coacción, agresión sexual y violencia contra la mujer en forma física y psicológica.

Esto lo reveló el desaparecido medio digital Nómada en 2018, al tiempo que otro escándalo apuntaba a Morales, pero esta vez en su condición de presidente de la República. 

Jimmy Morales se encontraba sobre su segundo año de gobierno cuando el excanciller Edgar Gutiérrez lo describió en su columna de opinión en el desaparecido diario elPeriódico como “un abusador de jovencitas, aprovechándose del cargo”. Esto desató una serie de publicaciones periodísticas. El entonces gobernante lo desmintió, mientras que el MP de Porras negó la existencia de una denuncia por abuso sexual, pese a que los reportes de prensa indicaban que la misma había sido presentada meses antes. 

Días después, Oscar Clemente Marroquín, periodista y presidente de La Hora, publicó que la víctima a quien aludió Gutiérrez era “una trabajadora del ministerio de Ambiente”, un dato que hasta ese momento era desconocido. Y el medio Prensa Libre reportó que la persona agredida ratificaría la denuncia, pero eso no ocurrió.

El expresidente Jimmy Morales acude a una sesión solemne en el Congreso, previo a la lectura del segundo informe de labores el 14 de enero de 2018. Foto/Edwin Bercián.

Un funcionario del gobierno de Jimmy Morales, bajo la condición de reservar su nombre, habló para este reportaje y explicó una dinámica que observó en el gabinete de dicha administración. En las reuniones de trabajo, dijo, un grupo de ministros solían bromear entre sí sobre su concurrencia a un club nocturno que emplea trabajadoras sexuales, ubicado en la zona 14. Este grupo de reporteros intentó corroborar esta versión con al menos uno de los integrantes del gabinete, pero también declinó dar entrevista sobre el hecho.

“Ellos incluso fregaban a otro muchacho de que no tenía suerte con las mujeres porque no era agraciado,” relató. El exfuncionario mencionó que esas visitas se extendieron hacia la administración de Alejandro Giammattei. Según el antiguo funcionario, participaban personeros del ministerio de Comunicaciones, de otras carteras e, incluso, diputados. Y, de hecho, esta fuente apunta a que la fotografía donde Raúl Romero, exministro de Desarrollo Social, aparece rodeado y abrazado por tres mujeres desnudas, surgió en dicho club. “A él lo engancharon”, comentó. 

En aquella ocasión Romero aseguró que la fotografía era un montaje. Sin embargo, expertos en imágenes revisaron la pieza y constataron su autenticidad. El exministro no habló más del tema, pero días después de publicada la foto aparecieron en las puertas de su ministerio rótulos que exigían su renuncia e incluso le llamaban explotador sexual. El presidente Giammattei redujo la importancia de la revelación.

El exministro de Desarrollo y también exdiputado, Raúl Romero, conversa con el diputado Leocadio Juracán durante una reunión en el Congreso el 22 de enero de 2019. Foto/Edwin Bercián

“Yo no inventé nada”

Ignorar o negar estos casos marca un precedente de impunidad que las organizaciones de mujeres consideran como la base de la normalización e impunidad de abusos continuados. “Lo que denunció De la Vega no es un hecho aislado. Es parte de un patrón sistemático que viene repitiéndose desde hace años en el Estado, donde las mujeres son las primeras víctimas y las últimas escuchadas”, dice la directora de Mujeres Transformando el Mundo, Paula Barrios, quien acompaña a sobrevivientes de violencia y fue entrevistada para este reportaje.

Los relatos que ha documentado la oenegé que dirige muestran la magnitud de un fenómeno que rara vez llega a juicio. Jóvenes contratadas en instituciones públicas que terminan atrapadas en redes de abuso y manipulación, sin protección legal ni acompañamiento psicológico. Si se atreven a denunciar, son revictimizadas y no existe una legislación que las proteja como testigos, denuncia la directora.

El caso, que podría haber abierto una grieta en la impunidad estructural que protege a los poderosos, se disolvió entre expedientes sellados y declaraciones olvidadas.

A la voz de De la Vega, en la nota publicada por el programa radial, se unieron la de trabajadores que, aunque se negaron a aparecer frente a los micrófonos, confirmaron la celebración de fiestas en las instalaciones de la cartera, especialmente los viernes, donde se observaban vehículos oficiales, había música y bebidas alcohólicas. 

Las versiones apuntaban a un patrón de abuso normalizado y tolerado por las administraciones anteriores, encabezadas por Javier Maldonado y Josué Edmundo Lemus -este último, actual diputado del partido Vamos, que llevó a la presidencia al expresidente Alejandro Giammattei.

El exministro de Comunicaciones, Javier Maldonado, conversa con personal de Conred, durante el recorrido en un hundimiento en carretera a El Salvador el 22 de septiembre de 2022. Foto/Edwin Bercián.

Maldonado emitió un comunicado y negó la existencia de la supuesta red de trata de personas. En su cuenta de X, el exministro reaccionó y acusó a De la Vega de despedir a mujeres inocentes. Lemus, contactado para este reportaje a través de mensaje de texto en WhatsApp, respondió: “prefiero no referirme a ese tema que fue un rumor sin sustento legal, más que todo un distractor en ese momento”.

La exministra De la Vega, entrevistada en 3 ocasiones para esta nota, recuerda con claridad el momento cuando escuchó sobre las empleadas a quienes ella llama “patojas del catálogo”.  La historia, según ella, arrancó con un comentario casual que su propio hijo hizo sobre ese grupo de mujeres en el ministerio, a lo que ella respondió: “tienen planta de edecanes”. 

Su versión es que actuó bajo instrucciones del presidente Arévalo para reducir en un 10% el personal del ministerio. En ese proceso, pidió a los asesores de cada área identificar los puestos prescindibles. Dos asesores de los vicedespachos le mencionaron a algunas de las jóvenes, contratadas bajo el renglón 029. “Me dijeron: ‘ahí hay unas jovencitas de Servicios Generales, que los fines de semana se van de comisión al puerto’”, cuenta. 

La exministra asegura que notó que había cerca de seis secretarias en los despachos. “Así fue como ellos llegaron a cada departamento y me fueron dando nombres que yo no conocía. Yo les pregunté si estaban seguros, que no quería problemas ni quería quitar personas que llevaban muchos años trabajando en el ministerio”. 

De la Vega sostiene que no conservó los nombres de las trabajadoras despedidas, pero que la Fiscalía la citó tras abrir una investigación de oficio para averiguar los hechos denunciados. “Me pedían los nombres, pero yo no podía violar la dignidad de las patojas. Yo cumplí con lo que me correspondía: no permitir el mal uso de los recursos del ministerio, porque estamos hablando de personal, vehículos, combustible. Hasta viáticos les sacaban”, afirma.

La exministra asegura que no conoció los detalles sobre la supuesta red, pero sí escuchó mencionar la existencia de una página donde “las podían escoger en catálogo”. Y, según afirma, las enviaban “en el carro del ministerio con algún juez o alguien que las solicitara”.  Ella sostiene que después de dejar el cargo, le enviaron dos fotografías: una, de una joven que supuestamente trabajaba en el lugar; la otra, de un convivio navideño “donde estaban funcionarios con las patojas”.

En entrevista, De la Vega intercala anécdotas que reflejan el desconcierto que le provocó el ambiente dentro del ministerio. “Cuando llegué, me llamó la atención que en el parqueo solo había doce vehículos, pero en los registros aparecían ochenta y cinco”, recuerda. Ordenó que todos regresaran a la sede y asegura que descubrió irregularidades: “Una de las patojas tenía vehículo (oficial), la mamá, la hermana… toda la familia tenía”.

De la Vega evita afirmaciones directas, pero transmite la sensación de haber sido rebasada por una estructura que existía antes de su llegada. “Yo no inventé nada. Solo dije lo que me contaron y lo que vi”, sostiene.

Semanas después de esa denuncia, la Presidencia anunció la destitución de De la Vega como ministra de Comunicaciones por razones ajenas a este caso. Hubo versiones encontradas entre el Gobierno y la exministra que reflejaban diferencias sobre el método de pago a constructoras de obra pública.

El lunes 20 de mayo de 2024, el gobierno confirmó el nombramiento de Félix Alvarado como nuevo ministro de Comunicaciones. Médico y empresario, Alvarado asumió en medio de la polémica por la denuncia mediática sobre las mujeres contratadas en la institución. 

Alvarado aseguró que no hallaron pruebas concretas que confirmaran la existencia del llamado catálogo. “No había nada específico que pudiera presentarse como una denuncia. Cuando conversé con la ministra Jazmín, ella me dijo que lo había visto, pero no lo tenía. Y hasta ahí quedó ese asunto”, relató.

Alvarado sostuvo que su despacho realizó una revisión de archivo y elaboró un expediente interno que luego trasladó a la Comisión Nacional contra la Corrupción. “Nosotros no debíamos en ese momento estar con ese tipo de presunciones. El ministerio de Comunicaciones no podía investigar, solo documentar”, subrayó.

Sobre los perfiles del personal despedido, el ministro señaló que entre las trabajadoras había algunas centroamericanas –no guatemaltecas– aunque insistió en que ello no constituye prueba de nada. “Si uno quiere pensar mal, se va por ese lado, pero eso es absolutamente presuntivo”, aclaró. “No teníamos ningún material que pudiera presentarse como una denuncia específica acerca de las personas”, puntualizó. 

El exministro añadió que al asumir empezó la redacción de un código de ética que, entre otros, incluía protocolo de género; sin embargo, los seis meses en el ministerio no alcanzaron para concluirlos. 

Mucho ruido y sin foco

Una fuente relacionada con el expediente aceptó hablar con los CAP bajo estricta condición de anonimato. Esta persona confirmó que la denuncia de De la Vega desató al menos cinco más relacionadas con el mismo tema. 

Este informante confirma que el expediente por la denuncia de la exministra ingresó inicialmente a la Fiscalía contra la Trata de Personas, pero más tarde fue remitido a la Fiscalía contra la Corrupción pues no podía encuadrarse en el delito de trata. Un hecho corroborado por el propio Ministerio Público.

De esa cuenta, la investigación penal, dice, quedó reducida a entrevistas y rastreo de posibles víctimas, pero sin acreditar los elementos que configuran el delito de trata. En los informes, según la fuente, consta que “no se verifican los verbos rectores”, entre ellos la captación, el traslado o la retención con fines de explotación sexual. En otras palabras, no se probó que existiera una red, ni que hubiera beneficio económico derivado de la prostitución ajena.

“Cuando se revisaron los perfiles, lo que había eran profesionales con empleos formales. No se hallaron señales de coerción o captación”, explicó. “Se mezclaron demasiadas cosas: denuncias, chismes, publicaciones en redes, y al final, se perdió el foco. Había ruido, pero poca evidencia”.

El Ministerio Público mantiene el expediente bajo investigación, aunque en un punto de incertidumbre procesal. “No está cerrado. Lo que existe es una desestimación parcial, que no significa archivo definitivo. Se puede reabrir si surgen nuevos elementos”, señaló la fuente.

El silencio del MP ante la solicitud de entrevista impidió a este grupo conocer la condición precisa del expediente y de las investigaciones.

Patrón que se repite

La denuncia que la exministra De la Vega hizo sobre una posible red de trata y explotación sexual en el ministerio de Comunicaciones se hizo humo. Y Barrios, la directora de Mujeres Transformando el Mundo (MTM), asegura que es “un secreto a voces en los diferentes gobiernos”. Desde el Congreso hasta los ministerios: el poder político es terreno fértil, dice, para la violencia sexual y el chantaje laboral. 

“Muchas jovencitas que ingresan a trabajar con los diputados, para poder mantener esos puestos, tienen que acceder a la violencia sexual que ejercen sobre ellas”, afirma. “En estos años de trabajo hemos tenido información de secretarias que enfrentan embarazos producto de esos abusos, con la amenaza constante de perder el empleo”.

Barrios asegura que su organización acompañó a la sobreviviente que afirmó ser víctima del expresidente Morales. La mujer, indica, trabajó en el ministerio de Comunicaciones, y se trata del caso que denunció el excanciller Gutiérrez. 

La versión de Barrios amplía el alcance de aquellos señalamientos. “Yo conversé con ella”, afirma. “Tenía mucho temor de poner la denuncia, porque era un patrón sistemático dentro del ministerio. Muchas jovencitas entraban a trabajar como secretarias o recepcionistas con esa doble finalidad: asistir a las fiestas y al hostigamiento sexual de diputados, ministros y del propio presidente”. El expresidente Morales ha negado reiteradamente estos señalamientos.

La mujer, cuenta Barrios, describió incluso los escenarios donde se celebraban esos encuentros: “esas fiestas se realizaban en el Palacio Nacional y en un hangar del aeropuerto, en el área de vuelos particulares”. Según su testimonio, el entonces ministro de Comunicaciones, José Luis Benito, acusado en casos de gran corrupción, la presionaba para acceder a las “pretensiones” del presidente. “Le decía: ‘¿Quién es usted para decir que no?’”, recuerda Barrios. Ciclos CAP intentó entrevistar a Benito sobre esta referencia, pero declinó atender a estos reporteros. Sin embargo, a través de Alfredo Brito, exsecretario de Comunicación Social de la Presidencia durante el gobierno de Jimmy Morales, el exministro envió la siguiente respuesta: “No  tengo conocimiento de ninguna denuncia de ningún trabajador o extrabajador del CIV en mi contra. Tampoco he obligado a nadie a realizar actos inmorales ni a favor propio ni de terceros. Tampoco conozco algún hangar donde se realicen o realizaban fiestas”. 

La abogada feminista sostiene que es “un problema generalizado, un patrón sistemático dentro de la institucionalidad pública que se afianzó durante el periodo de Jimmy Morales y continuó bajo el gobierno de Alejandro Giammattei”.

El funcionario de la administración de Morales, entrevistado para este reportaje y quien solicitó reserva de su nombre, apuntó lo mismo que Barrios. Incluso añadió que cuando leyó la denuncia de De la Vega pensó: “sería un descaro total si llegaron al punto de contratarlas y pagar con fondos públicos sus vicios sexuales”.

Barrios añade que incluso durante la actual administración de Arévalo, las denuncias persisten. “El gobierno no ha abordado de manera estratégica la necesidad de desenmascarar estas estructuras. No se trata solo de ministros: hay personal con años de antigüedad que pasa de un gobierno a otro y sigue operando igual”, denuncia.

La organización ha recibido reportes similares en otras instituciones, como el Instituto de la Víctima, el ministerio de Cultura y Deportes y el Congreso de la República, “el primer espacio donde se escucharon este tipo de denuncias”, recuerda. 

Barrios señala que la falta de mecanismos de protección dentro del MP es determinante para que muchas de estas denuncias no prosperen. Sobre el caso en el que se señalaba al expresidente Morales, añade: “Cuando consultamos qué garantías podía ofrecer el MP a esta sobreviviente, no había ninguna. El programa de protección a testigos, hoy prácticamente desaparecido, nunca contó con mecanismos de seguridad reales”, explica. “La Procuraduría de Derechos Humanos tampoco ofreció respaldo. Así que no había condiciones para presentar la denuncia formal”.

La decisión, afirma, fue no exponer a la víctima en un entorno hostil y sin garantías mínimas. “El interés no era denunciar un hecho aislado, sino toda una estructura de trata y acoso que alcanzaba a altos funcionarios del Estado”, puntualiza.

Barrios asegura haber pedido al presidente Arévalo que emita un acuerdo gubernativo de “cero tolerancia” al acoso y hostigamiento sexual dentro del Ejecutivo, con el mismo peso político que el decreto de “no corrupción”. Sin embargo, reconoce que los esfuerzos han sido fragmentados y lentos. “Si la ministra De la Vega, en tan poco tiempo, pudo detectar lo que ocurría en Comunicaciones, no es posible que esto se quede en el tintero”, advierte.

La activista sostiene que sin voluntad política y sin coordinación entre el Ejecutivo y el sistema de justicia, el ciclo seguirá repitiéndose. “¿En qué condiciones puede una mujer denunciar a alguien que está por encima de ella, de quien depende su salario y su seguridad? ¿Cómo garantizamos su vida, su integridad y su trabajo cuando el sistema la abandona desde el primer momento?”.

Un MP que desestima, archiva y calla

Un diagnóstico estadístico del MP durante la gestión de Porras, la fiscal general sancionada por 42 países por acciones antidemocráticas y corrupción, confirma lo que organizaciones como Mujeres Transformando el Mundo denuncian desde hace años: que la impunidad no solo se construye por omisión, sino también por decisión. El informe ¿Eficacia o impunidad?, elaborado por las organizaciones Alianza por las Reformas y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales  (Inecip), ofrece una radiografía precisa del colapso institucional.

En siete años de gestión, la tasa general de eficacia del ente investigador no superó el 6%, lo que implica que 94 de cada 100 casos quedan sin una resolución efectiva. El documento revela un patrón de uso desmedido del archivo y la desestimación, figuras procesales que el MP emplea para cerrar casos sin una investigación sustantiva. Entre 2024–2025, casi el 28% de los expedientes ingresados fueron archivados y otro 27% desestimados, lo cual refleja una práctica estructural que sustituye la justicia por la estadística, revela el estudio.

La fiscal general del Ministerio Público, Consuelo Porras, acude a una reunión con el exministro de Gobernación, Napoleón Barrientos, el 19 de junio de 2023. Foto/Edwin Bercián.

Los datos son más graves en los delitos de violencia contra las mujeres, precisamente los que Barrios señala como los más silenciados dentro del Estado. En ese tipo de denuncias, la eficacia del Ministerio Público apenas alcanzó el 6,66%, mientras que las desestimaciones superaron el 111% de los casos ingresados en 2025. En otras palabras: hubo más denuncias desestimadas que las registradas, un fenómeno que revela la magnitud del abandono institucional hacia las víctimas.

La violencia sexual, incluso en sus formas agravadas, no escapa a esta tendencia. Aunque las tasas de eficacia alcanzan un 35% en los casos más severos, el informe advierte que los archivos y desestimaciones continúan en niveles alarmantes: 67% y 72%, respectivamente. “La gran mayoría de las víctimas no recibe una respuesta efectiva del sistema”, concluye el estudio.

Esa “respuesta ineficaz” es también una decisión política. Entre 2018 y 2025, el uso del criterio de oportunidad -una herramienta legal que permite la reparación a la víctima y la responsabilización del agresor- cayó casi 50%, mientras los archivos y desestimaciones se dispararon. En la práctica, el Ministerio Público renunció a investigar y proteger, “sustituyendo la justicia por el trámite burocrático”, se lee en el documento.

El informe también aborda los casos de corrupción, un espejo que refleja la misma lógica. La Fiscalía contra la Corrupción, una de las más sensibles políticamente, registró entre 2023–2024 una eficacia del 19,45%, pero las desestimaciones triplicaron el número de casos que ingresaron. Entre 2024–2025, esa cifra bajó a 99%, pero la proporción sigue siendo abrumadora. Las estadísticas dejan al descubierto que los casos de alto impacto -los que involucran a funcionarios, ministros o exmandatarios- se diluyen en el sistema antes de llegar a los tribunales. Aunque se enviaron al MP una serie de  preguntas sobre las conclusiones de este informe para ser incluidas en este reportaje, tampoco se obtuvo respuesta.

La combinación de baja eficacia, archivos masivos y desestimaciones da forma a un MP que parece haber redefinido su misión como un administrador de la impunidad.

Este reportaje se realizó como parte del Ciclo de Actualización para Periodistas (CAP) sobre Justicia y Lucha contra la Impunidad en Guatemala.