Una red ciudadana, que reúne a 26 municipios en 10 departamentos, realiza auditoría social enfrentándose a la falta de acceso a la información y opacidad del gobierno desde que inició la emergencia.

Desde el 13 de marzo que se dio a conocer el primer caso de COVID-19 en el país, la dinámica social cambió. Y con ello, también la forma en que el Estado realiza compras de insumos, sobre todo en aquellos necesarios para enfrentar la pandemia. A diario, mientras aumentan los contagios, las adquisiciones que realizan las entidades públicas se han vuelto poco transparentes.

“Siempre ha habido retos, pero la pandemia vino a remarcarlos. Por ejemplo, en el sistema de Guatecompras las municipalidades están haciendo adquisiciones. La ley les obliga a publicar el expediente de la compra pero las municipalidades no lo hacen, a lo mucho, suben las facturas”, dice Luis Compá, que dirige desde 2018, la Red Nacional de Comisiones y Colectivos Ciudadanos por la Transparencia.

La llegada del coronavirus se suma como un nuevo reto para aquellos ciudadanos que auditan a las autoridades de sus comunidades y los recursos públicos.

A la fecha, más de 14 mil 500 millones de quetzales han sido destinados por el gobierno para enfrentar la actual crisis sanitaria provocada por la nueva cepa de SARS-CoV2. Por eso, La Red Nacional que dirige Compá, integrada por una decena de comisiones dedicadas a la auditoría social, distribuidas en 26 municipios de los 340 que existen en Guatemala, se preguntaron qué está pasando con todo ese dinero. ¿Qué están comprando las municipalidades? ¿Cómo justifican los gastos? ¿A quiénes compran? ¿Qué se hace con los millones para combatir la pandemia?

Bajo el lema “la lucha contra la corrupción es más efectiva si todos y todas participamos”, estos colectivos de auditoría social diseminados en toda Guatemala implementaron un plan de respuesta para monitorear los recursos durante el Estado de Calamidad y evitar focos de corrupción en sus localidades durante la pandemia.

Integrada en 2018 y apoyados por el Centro de Asistencia Legal Anticorrupción (ALAC) de Acción Ciudadana, Luis Compá explica que, a pesar de las restricciones gubernamentales, el toque de queda y la cuarentena, todas las comisiones se han reunido para establecer rutas de acción. Por ejemplo, reciben capacitaciones online para conocer y fiscalizar los 10 programas sociales que implementó el gobierno para reducir la crisis económica durante la pandemia.

Mientras se quedan en casa, los integrantes de esta Red están atentos a la ejecución presupuestaria del Bono Familia, que aporta mil quetzales durante tres meses a dos millones de hogares; también buscan una forma de auditar las 200 mil raciones de víveres que incluye la Caja Saldremos Adelante, promovida por el gobierno de Alejandro Giammattei; se coordinan para fiscalizar los apoyos a la economía informal a cargo de las municipalidades; también supervisan de manera virtual el programa de alimentación escolar, el de protección de empleo, los créditos de capital  para cooperativas y bancos, las dotaciones alimentarias para adultos mayores y familias vulnerables, y tratan de ubicar el destino de los subsidios de energía eléctrica que según el gobierno, beneficiará a 2.8 millones de viviendas.

Los candados abiertos de la corrupción

En teoría, pensar en una estrategia a distancia para realizar una fiscalización ciudadana parece buena idea. Se pueden hacer solicitudes de acceso a la información, se cuenta con portales electrónicos habilitados por el Ministerio de Finanzas y las municipalidades tienen páginas habilitadas donde cualquier persona puede hacer una consulta. La Red Nacional de Comisiones y Colectivos Ciudadanos por la Transparencia utilizan estas herramientas online para monitorear las compras estatales durante la pandemia. Sin embargo, en el momento de hacer las consultas por internet, Compá explica que muchas instituciones reportan datos incompletos o desactualizados.

Y la falta de transparencia ─la falta de información sobre compras estatales─ casi siempre es sinónimo de corrupción. 

Manolo Ordoñez, que representa a Huehuetenango en la Red de colectivos de fiscalización, indica que la opacidad del gobierno durante la pandemia ha sido preocupante. “El gobierno debe dar mecanismos que le den confianza a la población para saber que realmente se está priorizando y gastando en beneficio de la ciudadanía. Esos mecanismos no los vemos implementados, que están los portales sí, pero no están funcionando. Nosotros queríamos información y está desactualizada, no hay nada en ninguno de los portales desde enero”, denuncia.

La Ley de Compras y Contrataciones del Estado es algo que los integrantes de este colectivo se saben casi de memoria, por artículos, por capítulos… Ahí está, dicen, cómo las instituciones del Estado deben reportar las compras y las modalidades de gasto según los montos. La falta de información en los expedientes electrónicos de respaldo se da principalmente en la modalidad de Baja Cuantía, que sucede cuando las entidades adquieren productos y servicios por montos menores a Q25 mil. Los procedimientos y reglas son establecidos internamente por las entidades públicas, lo que Compá indica como la causa de compras a conveniencia por parte de las autoridades.

A nivel municipal, en la mayoría de los lugares donde hay representantes de esta red, se ha denunciado históricamente las ejecuciones presupuestarias mediante las compras directas, donde los montos deben ser menores a Q90 mil, y que se han utilizado para fragmentar adquisiciones millonarias. Pero durante la pandemia de la COVID-19, los candados se han abierto y mediante el acuerdo gubernamental que ha decretado el Estado de Calamidad, los montos de compras directas se han incrementado en millones de quetzales.

Aunque en este tipo de modalidad sí se requiere de ofertas electrónicas, hay poco control de auditoría y se ha permitido la corrupción a través de sobrevaloración de precios, fragmentación de compras y adjudicaciones a beneficio de amigos de políticos y empresas de los mismos funcionarios públicos, como ha denunciado la Red Nacional de Comisiones y Colectivos Ciudadanos por la Transparencia.

Según el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC), Guatemala continúa con poca capacidad para detectar, castigar y prevenir casos de corrupción, colocándose en el puesto 11 de 15 países evaluados. También ocupa la posición 146 de 180 países según el Índice de Percepción de Corrupción (CPI) del 2019. Es decir, que con la entrada de la pandemia se abrieron las puertas a millonarias contrataciones públicas que van de la mano con los altos índices de corrupción y que deben ser fiscalizadas.

El reto de encontrar información desde casa

El retraso en recepción y respuesta de las solicitudes de acceso a la información, además de los datos incompletos, también son recurrentes para los fiscalizadores y muchas de estas anomalías en municipalidades y gobiernos locales las han convertido en denuncias. Luis Compá, que además de ser el director de la red representa a la comisión de Chiquimula, explica que buscan mantener las disposiciones gubernamentales de distanciamiento social enviando sus consultas vía electrónica. Aun así, deciden desafiar la pandemia y exponerse a ser contagiados al acudir a las instituciones porque el trámite a sus solicitudes vía web ─solo para ser aceptado─ llega a durar entre 3 a 4 días.

Juan Marcos Chavajay, otro miembro de la red e integrante de la Comisión de Sololá, cuenta que en vez de hacer su consulta de forma online, como parte de las estrategias de fiscalización durante la pandemia, decidió salir de casa e ir a su comuna para pedir información pública. A su llegada, como narra Chavajay, la oficina no estaba activa y el personal encargado de la municipalidad no recibía su solicitud debido a que “no estaban autorizados”. Gracias a su capacitación en fiscalización ciudadana, adquirida a lo largo de los procesos de formación que coordina la Red, logró que el concejo municipal, que estaba reunido durante su visita, le recibiera la documentación e iniciar así con la rendición de cuentas que permitirá dar a conocer la forma en que sus autoridades han gestionado los gastos asignados a la crisis sanitaria.

Según la Ley de Acceso a la Información Pública las instituciones tienen 10 días hábiles para dar respuesta a lo solicitado por los ciudadanos o pedir prórroga para aplazar el tiempo 10 días más. Con la entrada del Estado de Calamidad los plazos fueron suspendidos.

Compá explica que salir de casa siempre es la última opción para pedir información con tal de evitar el riesgo de contagio o levantar alertas en torno a sus solicitudes, pero desean agilizar los tiempos de respuesta para evitar casos de corrupción. “Hay instituciones públicas que atienden mejor la información, pero a veces pedimos datos para los que no es justificable pedir prórroga y ellos la piden, igual siempre siguen manejando su tiempo”.

El pasado 2 de abril pasado, con la aprobación de la Ley de Emergencia (Decreto 12-2020) los fiscalizadores pudieron exigir nuevamente el cumplimiento de los plazos que establece la ley para acceder a los datos a tiempo.

Hasta el último informe emitido en septiembre de 2019 por la oficina del Procurador de los Derechos Humanos (PDH), 40 de las 340 comunas tienen 0 cumplimiento con la Ley de Acceso a la Información Pública y de ellas 27 no tienen página web.

La Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM) concentra el poder de las autoridades locales de todo el país teniendo como misión velar por los intereses de las comunidades y la descentralización del Estado. Marvin de León, Director Ejecutivo de esta institución, comenta que continúan comprometidos con el acceso a la información de los vecinos.

Por ello, De León explica que la ANAM ofrecía su página web a 140 comunas de todo el país. Esta consistía en que toda la información pública de oficio de esas municipalidades era subida para su consulta a través de su plataforma en línea. Sin embargo, con el cambio de autoridades realizado en enero tras el proceso electoral de 2019, todo se perdió. La plataforma quedó deshabilitada, sin información ni claves de acceso para su mantenimiento, debido a que el ex presidente de la ANAM, el exalcalde de Villa Nueva, Edwin Escobar, no dejó esta información vital para los procesos de transparencia.

En consecuencia, De León explica que la alternativa ha sido crear páginas web independientes para cada uno de los gobiernos locales vinculados. La plataforma virtual de la ANAM ahora es algo del pasado. Quien quiera fiscalizar lo tiene bastante difícil, con pocas posibilidades de encontrar datos centralizados, a pesar de que la ley establece que la información de oficio debe estar actualizada y disponible en portales electrónicos. Ante los contagios de COVID-19, y la serie de restricciones gubernamentales, la mayor parte de las municipalidades del país, hasta el momento no cumplen con la publicación de información de oficio: ¿Cuántos empleados hay? ¿Cuánto ganan? ¿Qué tipo de contrataciones laborales se han realizado?

Desde que inició la crisis sanitaria por el COVID 19 la Secretaría Ejecutiva de la Comisión de Acceso a la Información (SECAI) de la Procuraduría de los Derechos Humanos, una institución que se estableció en 2012 para apoyar a los ciudadanos y dar seguimiento a todas las instituciones obligadas a brindar datos, ha recibido entre 20 a 25 denuncias relacionadas con la pandemia.

Lilian Sierra, directora de SECAI explica que en los últimos meses se unieron dos situaciones: con el cambio de gobiernos locales y gobierno central muchos de los encargados de las unidades de acceso a la información ya no laboran más en las entidades de gobierno, por lo que se ha generado un retraso para atender las solicitudes. Además, dice, con la pandemia “las deficiencias se han visto un poco más fuertes”.

Entre los inconvenientes que se han reportado, la PDH indica que la falta de acceso a la información se debe a que muchos de los empleados públicos se encuentran laborando por turnos. Es así que muchas de las entidades estatales han contestado a las denuncias argumentando que se ha vuelto difícil contactar a los “enlaces” de las áreas correspondientes para la entrega de información a tiempo. “Hemos estado interviniendo como SECAI para que las unidades de información estén empoderadas en tema de acceso y tienen que ir cumpliendo los requerimientos”, resalta la directora de SECAI.

Sierra adelanta que pedirán un informe extraordinario debido a que, con más de 1,200 instituciones públicas obligadas a brindar datos, solo tienen “una pequeña muestra de lo que está pasando y hay otras personas que no hacen las denuncias”.

Fiscalizar con “la nueva normalidad”

César Pérez, otro miembro de la Red de Transparencia y coordinador de la comisión de Suchitepéquez, cuenta cómo se enfrenta a la pandemia en tanto intenta comprender cómo las autoridades están ejecutando los recursos asignados al combate de la pandemia. Señala que las asambleas han cambiado para respetar la distancia social. Solo la Junta Directiva ha mantenido reuniones para implementar la estrategia de fiscalización durante la pandemia. Lo han hecho en pocas ocasiones debido al toque de queda, dice.

Al igual que Pérez, Chavajay de la comisión de Sololá, resalta que la mayoría de integrantes de su comisión trabaja durante el día y por las tardes, cuando encuentran tiempo, es cuando se dedican a coordinarse vía electrónica o haciendo reuniones telefónicas y hablar sobre lo que sucede con los contagios y las decisiones que toman las autoridades de su comunidad. “Hemos tenido en cuenta esas recomendaciones de no aglomeración, lo que estoy haciendo es enviar por correo cierta información por partes a algunos compañeros”, dice Chavajay.

En la Red Nacional de Comisiones y Colectivos Ciudadanos por la Transparencia, todos hacen un trabajo ad-honorem. Hay maestros, comerciantes, agricultores y estudiantes. Es decir, para sobrevivir a la pandemia, económicamente continúan asistiendo a sus empleos, dedicando parte de su tiempo y esfuerzo para fiscalizar.

Ordoñez, coordinador en Huehuetenango, explica que antes de la crisis por el COVID-19 solían acercarse más a las autoridades, había cierta presencia que les recordaba la idea de rendición de cuentas, pero durante la emergencia se les ha complicado por la reducción de los horarios de trabajo en las municipalidades o únicamente se acercan caminando aquellos que viven cerca por la falta de transporte. Sin embargo, estos ciudadanos continúan enfrentándose a la corrupción en medio de una pandemia, como los pocos interesados en velar de una forma u otra por el adecuado uso de los recursos públicos.

La llave para exigir mejores servicios

Edie Cux de Acción Ciudadana comenta que apoyar estos espacios de fiscalización social es de mucho valor para el país porque generan cambios a nivel político, legal e institucional en Guatemala. “Por ejemplo, en Huehuetenango hay varios casos en donde, a partir del trabajo de las comisiones, se ha retirado antejuicio a alcaldes, autoridades han sido procesadas o ya no están en el poder”. Además, comenta que “ha habido resultados que a pesar de que no son impactantes a nivel nacional, sí impactan a las comunidades”.

Al igual que Cux, Sofia Villatoro, directora del Centro Carter en Guatemala, explicó durante el foro “Importancia de la auditoría social a nivel local, en la crisis del COVID-19” que la fiscalización ciudadana es la llave para ejercer un derecho y permite demandar mejores servicios públicos. “En tiempos de emergencia un dato puede salvar vidas, una sociedad activa que audita puede exigir transparencia”, resalta.

Tanto estas organizaciones que se caracterizan por su trabajo de exigir transparencia a las autoridades estatales como los vecinos que hacen auditoría social coinciden en que esta labor es importante para generar cambios en los servicios públicos, e invitan a los demás ciudadanos a realizarlo.

Compá, director de la red, explica que la razón principal para continuar es ver a su alrededor, cada día, notar la vida en las aldeas, en su colonia, en los cascos urbanos de Chiquimula, en toda Guatemala. “Nosotros recibimos mal servicio en salud, no recibimos buena educación, no tenemos seguridad. Yo creo que si el guatemalteco es consciente de la situación en la que vive a consecuencia de que un funcionario se ha llevado los recursos públicos que habrían podido mejorar su calidad de vida, eso sería suficiente razón para tomar conciencia, perder el miedo, involucrarnos en la fiscalización, porque son nuestros recursos los que se están gastando y los que se están llevando”.

Hasta el 12 de julio, el pico más alto de casos de coronavirus era de 1 mil 247 confirmados en un solo día. Hay casi 24 mil personas infectadas y 981 fallecidos en Guatemala. Según el último informe de auditoría presentado por la Comisión Presidencial de Atención a Emergencia por COVID-19 (COPRECOVID), se proyecta que se necesitarán hasta 15 mil camas para pacientes con la enfermedad y tres mil solo de intensivo. Sin embargo, actualmente la capacidad hospitalaria asciende a tres mil 500 camas para atender los casos relacionados a la pandemia y el sistema de salud ronda entre 10 mil y 12 mil camas hospitalarias en total para todo tipo de pacientes. Es decir, el sistema hospitalario ya colapsado, aún no toca fondo y puede empeorar.

El país aún no llega al pico más alto de contagios donde se pueda percibir que la curva marque por fin un descenso. Mientras tanto, las autoridades, tanto locales como estatales, toman decisiones y se dedican a ejecutar los recursos públicos, al menos en 10 departamentos están acompañados de la auditoría social.

Para Cux, la auditoría social es más eficiente si la realizan las personas que viven de primera mano la situación en sus pueblos. “La importancia radica en que los órganos fiscalizadores legales (Ministerio Público, Contraloría General de Cuentas o Comisión Contra la Corrupción) no tienen la capacidad, ni la voluntad política de hacer un monitoreo serio del gasto”, concluye.

José Ramírez, Subcontralor del Gasto de la Contraloría General de la Nación, comenta que para fiscalizar durante la crisis tienen un plan estratégico de monitoreo tanto para el Ministerio de Salud Pública como en las municipalidades.

Sin embargo, la Dirección de Atención a Denuncias es la que lleva principalmente los casos referentes a la pandemia. Es decir, que inclusive esta institución se apalanca de los hallazgos que denuncian los ciudadanos. Son ellos los ojos que se posan sobre los recursos millonarios durante la emergencia para exigir servicios públicos de calidad en sus comunidades. Piden solicitudes de información, aunque estas se atrasen o no estén completas. Salen a la calle y auditan, incluso con el riesgo de contagio. La Red Nacional de Comisiones y Colectivos Ciudadanos por la Transparencia tiene su interés puesto en evitar actos de corrupción en Guatemala, solo que ahora lo hacen incluso con el reto de una pandemia.

“Los Fiscalizadores” Es un proyecto periodístico de No-Ficción y Acción Ciudadana, junto al Centro de Asistencia Legal Anti Corrupción en Guatemala para contar la historia de los colectivos ciudadanos que existen en Guatemala para auditar y fiscalizar los poderes locales.