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El Ministerio Público destituye a cinco fiscales mujeres en el Día del Ejército

El Ministerio Público anunció ayer la destitución de Hilda Pineda, Sara Romero, Wendy Ordóñez, Nohemí Castillo y Elka Huitz, cinco fiscales de carrera, de sus cargos al frente de diferentes fiscalías. Todas las fiscales despedidas son mujeres y además dos de ellas habían trabajado en la fiscalía de Derechos Humanos, llevando importantes casos del conflicto armado interno.  

La fiscal Hilda Pineda fue destituida ayer del Ministerio Público coincidiendo con el día 30 de junio, la celebración del Día del Ejército en Guatemala. La remoción de Pineda no fue aislada sino que estuvo acompañada, en el transcurso del día, con la salida del MP de otras cuatro fiscales de carrera, todas mujeres y todas ellas con trayectorias vinculadas a los derechos humanos, la justicia por las mujeres, o la lucha contra el crimen organizado. 

El día en que sucedió podría parecer una coincidencia. Pero tanto la trayectoria de las fiscales, varias de ellas relacionadas dentro de la Fiscalía de Derechos Humanos con los casos más importantes de justicia transicional en contra de militares, como la trayectoria del Ministerio Público en los últimos dos años, en una línea de acción dirigida a cambiar el rumbo que había mantenido esta institución desde la llegada de Claudia Paz y Paz y en 2009 hasta la salida de Thlema Aldana en 2019; ofrecen indicios para pensar que la destitución de estas fiscales forma parte de un paso más en la estrategia del desmantelamiento del Ministerio Público y su captura por parte de diferentes estructuras.

Destituyen a la fiscal al frente de los casos más importantes de justicia transicional

Hilda Pineda, desde su cargo al frente de la fiscalía de Sección de Derechos Humanos, había diligenciado los casos más importanes de justicia transicional de la historia de Guatemala. Entre otros, el caso de Genocidio al pueblo maya ixil, por el cual fueron imputados el general Efraín Ríos Montt, jefe de Estado de Guatemala entre 1982 y 1983, y José Mauricio Rodríguez Sánchez. Este fue solo uno de los múltiples casos que esta fiscalía preparó en el tiempo que ella estuvo al frente. 

Otro de los casos fue el de violaciones sistemáticas en Sepur Zarco, donde se logró sentar en el banquillo y condenar a dos militares guatemaltecos, acusados de las violaciones sexuales perpetradas en el interior de las instalaciones del destacamento de Sepur Zarco (Alta Verapaz) durante seis meses en 1982.

Otro de los casos emblemáticso de justicia transicional que el MP llevó a cabo mientras Pineda se encontraba al frente de la Fiscalía de Derechos Humanos fue el caso del Diario Militar. Además destaca el caso Molina Theissen, de la desaparición del niño Marco Antonio en octubre de 1981, donde se logró condenar a oficiales de la cúpula como Benedicto Lucas García, hermano del dictador Lucas García. 

Otro de los casos de justicia transicional que se investigó en la fiscalía de Derechos Humanos con Pineda al frente fue el caso Creompaz. Por este último, que demuestra la implicación del Ejército en las más de más de 500 osamentas de desaparecidos halladas en el destacamento Militar de Cobán, se logró acusar a Edgar Ovalle, quien en ese momento fungía como director de Operaciones (S3) del Destacamento Militar de Cobán y es uno de los fundadores del Partido FCN, agrupación política que llevó a Jimmy Morales a la presidencia del país.

Otra de las personas que ocupaba un puesto en este dectamento, como jefe del mismo, fue Ricardo Méndez Ruíz Rohrmoser, el padre de Ricardo Méndez Ruiz, fundador de la Fundación contra el Terrorismo (FCT). La FCT se trata de una agrupación creada por militares en 2013 a raíz del juicio contra Efraín Ríos Montt para defenderse de las acusaciones en su contra. “No nos íbamos a dejar llevar como ovejas al matadero”, aseguró Ricardo Méndez Ruiz en un reportaje sobre la creación de esta Fundación. 

Hilda Pineda había sido denunciada en múltiples ocasiones en la Fiscalía de Asuntos Internos y Delitos administrativos, éstas denuncias provenían en su mayoría del presidente de la Fundación Contra el Terrorismo, Ricardo Méndez Ruiz.

Méndez Ruiz, incluido en la Lista Engel de Estados Unidos, puso en su cuenta de twitter sobre la destitucion de Pineda: “Es responsable de varios delitos por persecución ilegal contra nuestros veteranos (…). La FCT se hará cargo, porque ella es un pez gordo en la mafia de los oenegeros”.

El 11 de octubre de 2021, Hilda Pineda había sido despuesta de la Fiscalía de Derechos Humanos y trasladada a la recién creada Fiscalía de Sección de Delitos contra Turistas Extranjeros, algo que las organizaciones de derechos humanos consideraron un avance hacia el desmantelamiento de la Fiscalía de Derechos Humanos.

El Ministerio Público (MP) confirmó que analiza trasladar a la fiscal Elena Gregoria Sut Ren, quien actualmente tiene a su cargo diferentes investigaciones relacionadas con delitos cometidos durante el Conflicto Armado, entre estas el Diario Militar y Creompaz. 

Claudia Paz y Paz, ex fiscal general de Guatemala, indicó en su cuenta de twitter: “La destitución de la fiscal Hilda Pineda, quien dirigió la Fiscalía de Sección de Derechos Humanos, es un acto abiertamente ilegal que viola la carrera fiscal y la Ley Orgánica del MP”.

También mostró su postura al respecto el ex jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, quien fue removido del Ministerio Público por Consuelo Porras en julio de 2021 y tuvo que abandonar el país. 

Juan Luis Pantaleón, vocero de la fiscalía, confirmó la destitución y dijo que es personal de libre nombramiento y remoción, tal y como lo establece la Ley Orgánica del MP (Ministerio Público), Reglamento Interior de Trabajo y Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo.

La fiscal Sara Romero trabajó durante años de forma incansable en el caso de Dos Erres, para llegar al banquillo a los kaibiles acusados de la masacre en esta aldea de Petén. 

Sara Romero, fiscal que llevó el caso de Dos Erres

La destitución de Sara Romero, fiscal de sección de la Unidad de Impugnaciones, pasó casi desapercibida tras la salida de Hilda Pineda, pero resulta igual de simbólica por el día en el que sucedió. 

Sara Romero, quien tenía 27 años de carrera dentro del Ministerio Público, también había trabajado en la Fiscalía de Sección de Derechos Humanos. Uno de los casos más importante que llevó Romero fue el caso de la Masacre de Dos Erres, donde gracias a sus indagaciones y averiguaciones se logró la sentencia en contra de militares kaibiles por la ejecución de 171 personas en la aldea Dos Erres. Romero, tal como relata este reportaje, trabajó de forma incansabel durante años para lograr esta sentencia. 

En octubre de 2021, el mismo día que fue traslada de su cargo la fiscal Hilda Pineda, Sara Romero también habia sido trasladada de fiscalía de Crimen Organizado, donde trabajaba como fiscal de sección y nombrada Fiscal de Sección encargada de la Unidad de Impugnaciones. 

Romero, según da cuenta una nota de Soy502, había dirigido el operativo de captura contra el Otto Gómez, abogado de narcotraficantes. Otto Gómez además presentó solicitudes de antejuicio contra los jueces de alto impacto, Erika Aifán, Miguel Ángel Gálvez, Yassmin Barrios y Pablo Xitumul. Romero trabajó además durante cinco años como fiscal distrital de Izabal.

Wendy Ordóñez, ex jefa de la Unidad de Métodos Especiales (UME) del MP, también ocupó el cargo de Fiscal general en funciones. (Foto: Ministerio Público)

Destituida la ex jefa de la Unidad de Escuchas del MP

La tercera fiscal de carrera, también mujer, destituida ayer del Ministerio Público fue Wendy Ordóñez, quien actualmente trabajaba en la Unidad de Delitos contra la Usurpación.

Ordóñez había sido trasladada a esta fiscalía en octubre de 2021, cuando fue depuesta de su cargo como Jefa de Unidades de Asuntos Internacionales del Ministerio Público (MP). Este fue su segundo traslado en los últimos dos años. 

En 2019 y de manera sorpresiva, Ordóñez había sido destituida de su cargo como jefa de la Unidad de Métodos Especiales para pasar al cargo de Asuntos Internacionales. Ordoñez fue una de las fundadoras de la Unidad de Métodos Especiales de Investigación (UME) y dirigió esta unidad desde el 25 de febrero del 2014 hasta el 1 de febrero de 2019.

La Unidad de Métodos Especiales de Investigación fue creada en el año 2009 e impulsada por la CICIG desde su llegada, basándose en la Ley contra el Crimen Organizado, que contempla los métodos especiales de investigación. Dentro de esta unidad se encuentra la unidad de escuchas judicializadas, la cual ha sido clave en todos los casos de alto impacto llevados por la CICIG así como en el caso de la captura de narcotraficantes. 

“La implementación de la escucha marcó un antes y un después en la investigación criminal. Nos permitió ver los rostros más crueles de la criminalidad en Guatemala y ha sido un arma poderosa para probar los hechos delictivos que imputa el MP”, explicó Francisco Rivas, ex ministro de Gobernación, quien inició como responsable de esta unidad en 2009. Rivas es, además, el esposo de Wendy Ordoñez. “Pero no sólo eso. También rostros de los criminales de cuello blanco que corrompen las instituciones, como el ex presidente, la ex vicepresidenta, empresarios de la construcción que han corrompido las instituciones de gobierno, ex ministros…”, explicó Rivas en un reportaje del Experimento sobre el andamiaje construido por la CICIG en el país. 

Es decir, Ordoñez estuvo a cargo de la unidad de escuchas cuando se realizaron todas las indagaciones que lograron destapar los mayores casos de macro corrupción en la historia de Guatemala, el caso La Línea o el caso Cooptación del Estado entre otros.

Wendy Ordóñez había sido además nombrada por Thelma Aldana como su sustituta en el caso de que se retrasara la elección a fiscal general, antes de que Aldana tuviera que abandonar el país tras una denuncia en el MP. 

Esta destitución, según indicó la abogada y ex fiscal general Claudia Paz y Paz es “ilegal”: “La destitución de la fiscal Wendy Ordoñez es un acto ilegal. Los fiscales de  distrito y de sección son fiscales de carrera como lo señala el artículo 75 de la Ley Orgánica del Ministerio Público.  No son personal de libre remoción”. 

Dos fiscales distritales también fueron despuestas de sus cargos. 

El día de ayer, además, el ministerio Público informó de la destitución de dos fiscales distritales, cuyos cargos también son simbólicos, teniendo en cuenta los dos departamentos de los cuales fueron destituidas. Se trata de las fiscales distritales de San Marcos, departamento fronterizo, clave tanto en el trasiego de personas como de sustancias de contrabando; y Sololá, en el cual se decretó un estado de sitio por la confrontación aún sin mucha información al respecto entre Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, en el cual podría estar involucrada una fuerte estructura de crimen organizado. 

Huitz fue jefa distrital de Quetzaltenango hasta febrero de 2021, cuando fue depuesta para reponer a Jorge Molina Canales, reubicado en 2016 por Thelma Aldana. (Foto: Ministerio Público)
También fue sustituida como fiscal del MP Eleonora Nohemí Castillo, jefa Distrital de de Sololá. (Foto: Ministerio Público)

También fue sustituida como fiscal del MP Eleonora Nohemí Castillo, jefa Distrital de de Sololá. Nohemí Castillo, quien tenía una maestría en derechos de la Mujer y género y Acceso a la justicia, también trabajó en la fiscalía de Derechos Humanos, en la unidad de delitos contra operadores de justicia durante el Gobierno de Oscar Berger. 

Nohemí Castillo llevaba trabajando en el MP desde el año 2009, es decir desde hace 23 años. Había trabajado en la Fiscalía Metropolitana, en la Fiscalía de Delitos Contra el Crimen Organizado, en la Unidad de Delitos contra el robo de vehículos, en la  Fiscalía Municipal de Villa Nueva Agente Fiscal, en la Fiscalía Municipal de Mixco y en la Fiscalía de la Mujer y Niñez.

Desde 2013, se desempeñaba como fiscal de distrito del departamento de Sololá. 

Por último, ayer fueron removidos de sus cargos 5 funcionarios administrativos de la Secretaría de Política Criminal.

Sin embargo, Juan Pappier, analista de Human Rights Watch, dijo que estas destituciones contradicen los estandares internacionales de independencia de operadores de justicia.

La Convergencia de Derechos Humanos de Guatemala, integrada por organizaciones de derechos humanos en Guatemala, condenó ayer en un comunicado estos despidos y denunció “el continuum de la política antiderechos humanos y pro impunidad de la fiscal general (FG), Consuelo Porras Argueta, jefa del Ministerio Público y operadora de la alianza criminal”. 

La persecución a fiscales y operadores de justicia incluye la captura de fiscales y remoción de jueces de alto impacto. Además, varios operadores de justicia se han visto obligados a salir al exilio. Esta persecución comenzó a intensificarse tras la destitución de Juan Francisco Sandoval en julio de 2021. 

Juan Luis Pantaleón, vocero del Ministerio Público, respondió al ser preguntado por la remoción de estas cinco fiscales con más de 20 años de servicio dentro de la institución: “Es personal de libre nombramiento y remoción, tal y como lo establece la Ley Orgánica del MP, Reglamento Interior de Trabajo y Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo. Son acciones de personal orientadas al fortalecimiento institucional, derivadas de las necesidades en el servicio”.

La destitución de ayer de estas cinco fiscales, todas mujeres, todas con toda una trayectoria de vida dentro del Ministerio Público en favor de la lucha contra la corrupción y por los derechos humanos, muestra un paso más en la política emprendida por Consuelo Porras al frente del Ministerio Público.

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