La llamada Fundación contra el Terrorismo ha añadido más pólvora a las tensas discusiones generadas por el juicio contra Ríos Montt. La organización encabezada por Ricardo Méndez Ruiz advierte que los militares siguen presentes, que su versión de los hechos es la verdadera y que van a seguir resguardándola. Los defensores de derechos humanos, mencionados reiteradamente en las publicaciones de la Fundación, denuncian que ésta utiliza las herramientas militares de intimidación y amenazas del pasado. ¿Quiénes son los hombres detrás de esta fundación? ¿Cuál es el “terrorismo” que ellos combaten?

Un bufete de abogados en una colonia aledaña al Boulevard Vista Hermosa. Anochece. El abogado Moisés Galindo y el empresario Ricardo Méndez Ruiz Valdés rondan por los pasillos ultimando los quehaceres del día. Galindo da vueltas por los salones, revisando folders, abriendo armarios, preparándose para los casos del día siguiente. Méndez Ruiz se sienta en uno de los despachos de la oficina y comienza a hablar de la Fundación contra el Terrorismo, la organización que preside desde hace cerca de un año con el objetivo último de defender a miembros de la Institución Armada de los cargos judiciales en su contra. En los últimos meses ha estado muy activo.

−Aquí nos reunimos los miembros de la Fundación, unas dos veces a la semana, cuando ya hemos terminado nuestras obligaciones− explica el hijo del ex ministro de Gobernación durante el gobierno de Ríos Montt, y secuestrado por la guerrilla en 1982. Está vestido con pulcritud, traje negro y camisa blanca y, aunque su actitud es relajada, mantiene la postura erguida que recuerda su formación militar.

La Fundación contra el Terrorismo todavía no se encuentra inscrita de manera oficial, como corroboró el Ministerio de Gobernación y, hasta el momento, la única acción pública emprendida ha sido una marcha de personas que llegaron desde Nebaj el pasado 23 de abril, que recorrió la Ciudad con mantas en las que se negaba el genocidio.

Sin embargo, las cuatro publicaciones insertas en elPeriódico, firmadas por la Fundación contra el Terrorismo y con el título de “La Farsa del Genocidio”, llenas de descalificaciones a defensores de derechos humanos o ex integrantes de la guerrilla –algunos de los mencionados han negado su participación en la insurgencia−, han sido definidas como “mecanismos de guerra psicológica utilizados en el pasado”, “amenazas” “incitaciones al odio”, tal como describe Sandino Asturias, director del Centro de Estudios de Guatemala, quien fue incluido en dos de las denuncias contra guerrilleros. Asturias es hijo de Rodrigo Asturias, Gaspar Ilom, quien fue el comandante de una de las cuatro guerrillas, la Organización Revolucionaria del Pueblo en Armas (ORPA); Sandino también fue militante.

Oscar Platero, Escobar Blas o Byron Lima

Hasta ahora, la Fundación sólo ha tenido un rostro: Ricardo Méndez Ruiz, quien se dejó ver en la Sala de Vistas del Organismo Judicial en buen número de audiencias en el juicio por genocidio contra Efraín Ríos Montt y también ha acompañado las audiencias de otros militares acusados. Pero, junto a él hay seis hombres más, todos ellos militares o con preparación militar, que se reúnen en un salón del bufete de abogados de la zona residencial, para idear acciones de lo que ellos denominan “defensa”.

Según Méndez Ruiz, la Fundación contra el Terrorismo se encuentra integrada por el capitán de artillería Oscar Platero Trabanino, como vicepresidente y encargado de redactar las publicaciones. Y por los vocales: el coronel Juan Francisco Escobar Blas, Marco Augusto Quilo Ortiz −sobrino del ex jefe del Estado Mayor de la Defensa José Luis Quilo Ayuso−, por el coronel Carlos Alvarado Palomo y por el abogado Moisés Galindo*. Mientras que el capitán Byron Lima, en prisión, aunque no forma parte de la junta directiva, ha apoyado activamente a través de sus columnas en El Metropolitano.

¿Cuál es el fin último de la Fundación contra el Terrorismo? “Para toda tesis hay una antítesis, nosotros somos la antítesis”, responde Méndez Ruiz.

Sentado tras una gran mesa de madera, continúa hablando de un “linchamiento público” al ejército. Recuerda la Amnistía y la Ley de Reconciliación, las herramientas que habían permitido a la institución armada ir evadiendo responsabilidades judiciales de las acusaciones por crímenes cometidos durante el conflicto. Y que había logrado que los altos mandos del ejército y de la Policía Nacional durante los años de mayor represión fueran envejeciendo en sus casas, más o menos ajenos a las denuncias de las víctimas.

“Todo es por ella”

Entonces, habla de ella. De Claudia Paz y Paz. La fiscal general. Lo resalta. “Todo es por ella”. La Fundación contra el Terrorismo no existiría, dice, si no fuera porque ella llegó al Ministerio Público (MP).

Y es que la entrada de Paz y Paz al MP supuso un cambio en los procesos relacionados con la justicia transicional que habían estado más o menos dormidos. Paz y Paz llegó al cargo apoyada por la sociedad civil y su ascenso al despacho del octavo nivel del edificio de Gerona supuso un nuevo impulso en las investigaciones sobre el conflicto. Así, a los pocos meses de su toma de posesión, el MP comenzó a solicitar órdenes de captura contra oficiales de alto rango del ejército y de la Policía Nacional (PN). Y éstas se comenzaron a ejecutar.

En junio de 2011 fue capturado Héctor Bol de la Cruz, Jefe de la PN en 1984,  por su implicación en el secuestro y desaparición del sindicalista Fernando García. Una semana más tarde, le tocó el turno  a Héctor Mario López Fuentes, jefe del Estado Mayor de la Defensa durante el gobierno de Ríos Montt, acusado de genocidio y delitos de lesa humanidad en el área ixil. En julio, se logró la captura de Pedro García Arredondo, jefe del Cuerpo de Detectives en 1981, por su implicación en el secuestro del estudiante Edgar Sáenz Calito. Y en octubre del mismo año se solicitó la orden de captura contra Oscar Mejía Víctores, jefe de Estado entre 1983 y 1985, finalmente frustrada. Al mismo tiempo se solicitaba la detención del general Efraín Ríos Montt y fue arrestado el director de Inteligencia, general José Mauricio Rodríguez Sánchez, ambos en el banquillo entre marzo y mayo de este año.

Los procesos penales habían iniciado hacía más de diez años en algunos casos −el proceso de Ríos Montt, por ejemplo, está en el Organismo Judicial desde 2001− fueron capturados en seis meses. Sus nombres y los crímenes de los que se les acusaba se airearon en la prensa. Se volvió a hablar de genocidio. En febrero de 2012, la Fiscalía de Derechos Humanos otorgó el permiso a la Fundación de Antropología Forense (FAFG) para comenzar las excavaciones en el destacamento de Cobán, a raíz de una denuncia presentada por la existencia de un cementerio clandestino. Y comenzaron a encontrar cuerpos, y se siguió hablando de genocidio.

“Todo es por ella”, dice Méndez Ruiz.

Las denuncias a la guerrilla

“No nos íbamos a dejar llevar como ovejas al matadero”, asegura Ricardo Méndez Ruiz. El hijo del ministro habla en plural, como si fuera uno de los militares implicados, a pesar de que su trayectoria personal no se encuentre vinculada a las acusaciones y que conozca las hazañas del ejército a través de los relatos de su padre o amigos militares de éste. Tras su secuestro, Méndez Ruiz se marchó a Chile a tratar de convalidar sus estudios de Veterinaria y a su regreso a Guatemala, tras el golpe a Ríos Montt, se graduó como militar reservista y se dedicó al comercio; entre sus negocios está la importación de azúcar durante el gobierno de Alfonso Portillo.

En los meses posteriores a estos arrestos, la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (Avemilgua) hizo circular un impreso, en que se indicaba que, ante los ataques hacia los integrantes del ejército, era “conveniente estructurar la base que provea el soporte oportuno al ejercicio de la defensa legal en las instancias correspondientes”.

Y Ricardo Méndez Ruiz, hasta el momento más o menos oculto de la vida pública, con excepción de una fallida candidatura a alcalde capitalino por el Frente Republicano Guatemalteco, se convirtió en una especie de portavoz de los militares ya retirados, prácticamente todos octogenarios. Y en el portavoz, en última instancia, de su padre, Ricardo Méndez Ruiz Rohrmoser, comandante del destacamento de Cobán desde 1978 hasta marzo 1982, posteriormente nombrado ministro de Gobernación tras el golpe de Ríos Montt.

La primera acción de Méndez Ruiz hijo en defensa de la Institución Armada fue en noviembre de 2011, cuando denunció en el MP su secuestro perpetrado en mayo de 1982 por el Partido Guatemalteco de los Trabajadores (PGT). Por este hecho acusó como culpables a 26 personas, algunas muertas, otras completamente ajenas al caso –comprobado después por los mismos acusados cuando demostraron inconsistencias en las fechas, como en algunos casos en que era imposible que los acusados fueran responsables debido a su corta edad.

En una entrevista a elPeriódico, Méndez Ruiz reconocía que ninguna de estas personas había cometido su secuestro, pero que, al igual que el MP, seguía las cadenas de mando. Su objetivo era indudablemente político. Denunciaba a personajes públicos de Guatemala: Yolanda Colom, la hermana de Álvaro Colom −en ese momento Presidente−, el columnista y otrora líder sindical Miguel Ángel Albizures, a los religiosos hermanos Gurriarán y a algunos familiares de la Fiscal General. El fin último, aseguraba en esa entrevista, era Claudia Paz y Paz “por el amor de Dios, a ella le estoy apuntando”.

En los meses que siguieron a esta primera denuncia fueron presentadas otras tres más contra presuntos militantes de la guerrilla. Theodore Plocharski Rehbac, empresario cafetalero de San Marcos, denunció a 52 guerrilleros, por el asesinato de 10 personas. Entre los acusados, señalaba a Sandra Torres –Primera Dama en ese entonces−, la activista Iduvina Hernández -quien militó en asociaciones estudiantiles en la Universidad de San Carlos- y, también en esa denuncia, a familiares de Claudia Paz y Paz. Entre tanto, Esthela de Matta viuda de Furlán, presidenta de la Asociación de Viudas de Militares y Especialistas del Ejército de Guatemala, denunciaba a otras 32 personas, y luego, en 2012, Marco Quilo presentaba ante el MP una compilación de tres tomos con 64,300 supuestos delitos perpetrados por la guerrilla, incluyendo un listado de 100 supuestos subversivos.

Los tres tomos de Marco Quilo, indica el presidente de la Fundación, fueron elaborados por Avemilgua entre 1995 y 1996 con el objeto de que fueran incluidos en la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH), pero asegura que no fueron aceptados. En cambio, Otilia Lux, experta en asuntos indígenas y una de los tres miembros que lideraron la CEH, asegura que estos documentos sí fueron aceptados y que de éstos salieron las cifras de crímenes cometidos por ejército y guerrilla. “Incluso se invitó a militares para que llegaran a dar su testimonio, algunos llegaron; otros no”, dijo.

Entre tanto, Méndez Ruiz, a través de sus columnas en elPeriódico –fue invitado a escribir en el diario tras su denuncia en el MP−, seguía defendiendo el papel de las fuerzas armadas y denunciando a exguerrilleros.

Sin embargo, en su momento, en 1982, el secuestro de Méndez Ruiz hijo no quedó impune.

Según documentos desclasificados de la embajada de Estados Unidos, en un intento de lograr la liberación de su hijo, el general Méndez Ruiz ordenó capturar al pediatra Juan José Hurtado, para ofrecerlo como “moneda de cambio” al Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), donde militaban cuatro hijos del médico. El pediatra de la clase alta guatemalteca fue secuestrado un día después del estudiante Méndez Ruiz. Sin embargo, la organización que había reclamado la autoría del secuestro, a través de un campo pagado, no fue el EGP sino el PGT, y tras las presiones internacionales para que Hurtado fuera puesto en libertad, el Gobierno trasladó al pediatra a un hospital donde estuvo recuperando su condición física tras las torturas a las que había sido sometido y, finalmente, en julio del 82 fue puesto en libertad.

“Si se buscan responsables del secuestro del joven (Ricardo Méndez Ruiz), todos están muertos. Uno a uno, la D-2 los identificó y ejecutó, sin esperar al Ministerio Público (MP) ni a los tribunales, como era la costumbre fueron desaparecidas”, indica en una columna Edgar Gutiérrez, coordinador del informe diocesano Recuperación de la Memoria Histórica (Remhi), Ministro de Relaciones Exteriores del eferregista Alfonso Portillo y que es llamado “rata Gutiérrez” en el blog de la Fundación contra el Terrorismo.

La daga con la balanza

Pero no fue hasta que en marzo de este año inició el juicio por genocidio contra Efraín Ríos Montt y Mauricio Rodríguez Sánchez, que la Fundación contra el Terrorismo se hizo visible como tal.

Empezó con un inserto de 20 páginas en elPeriódico, titulado “La farsa del genocidio”, donde por primera vez se veía el logotipo de la fundación, una daga militar de la que pende una balanza. Es un texto con información inconexa y en el que las palabras “marxista” y “terrorista” se repiten hasta la saciedad. Habla del papel de la Iglesia católica durante el conflicto, sobre el rol de la guerrilla, describe las diferentes células insurgentes y masacres que les atribuyen; incluye un listado de fundaciones de derechos humanos y señala, directamente a cientos de personas, muchas de ellas con fotografías, y descalificaciones:

El sacerdote Javier Gurriarán es calificado como un “engendro”, mientras que Frank La Rue, relator para la libertad de expresión de la ONU y entonces asesor sindical, es definido como “conspirador y manipulador por naturaleza, terrorista de corbata”. El obispo de Huehuetenango, Álvaro Ramazzini, y el abogado Ramón Cadena son descritos como “dos de los principales manipuladores de la opinión pública, marxistas reconocidos internacionalmente”; el juez de alto impacto Miguel Ángel Gálvez es calificado como “uno de los sicarios judiciales”. Los textos también incluyen un listado de “extranjeros indeseables”. Además, se lee un listado de movimientos surgidos de los derechos humanos y que estarían atentando contra el orden público, donde incluye, por ejemplo, al feminismo como un movimiento que “Resta fuerza a la virilidad y patriotismo de los varones como tales en las Naciones Occidentales”.

Además, la Fundación elaboró un documento –sólo difundido por internet- que con el título “Los rostros de la infamia”** que consiste en un álbum fotográfico de individuos con alguna participación en los procesos judiciales, como los miembros del tribunal que juzgó a Ríos Montt, la fiscal general y sus secretarios, el Procurador de Derechos Humanos o dirigentes de organizaciones de derechos humanos.

Ricardo Méndez recalca el trabajo de documentación que hubo tras las publicaciones. Agrega que la izquierda del país ha escrito decenas de libros –habla, por ejemplo, del libro Insurgentes de Santiago Santa Cruz, ex integrante de ORPA, recuerda el libro Sierra Madre de Pedro Palma Lau, también ex integrante de esta organización; menciona Masacres de la Selva, del antropólogo jesuita Ricardo Falla o Trueno en la Ciudad, de Mario Payeras, a quien describe como uno de los mejores escritores guatemaltecos. Ahora, asegura, es el turno para que ellos, los ex militares, den su versión de los hechos.

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Los hombres del club

Oscar Platero: con Berger, Pablo Monsanto y López Bonilla

Quien elabora y firma los textos de los insertos es el coronel de artillería Oscar Platero Trabanino, vicepresidente de la Fundación contra el Terrorismo. Platero ocupó el puesto de coordinador de seguridad aduanera de la SAT en los primeros meses del gobierno de Óscar Berger, que llegó al poder en alianza con los partidos de derecha PP, PSN y MR. Sin embargo, en abril de 2005 fue retirado de su cargo acusado de robo de material y de no llenar el perfil. Este hecho lo llevó según una noticia del elPeriódico de 2005, a encerrarse en su despacho con un arma para impedir ser destituido.

En 2007, Oscar Platero se presentó como candidato a diputado nacional en las filas del partido de izquierda Alianza Nueva Nación (ANN) del ex comandante guerrillero Pablo Monsanto. Mientras que en el actual Gobierno, fue contratado por el ministro de Gobernación, el teniente coronel Mauricio López Bonilla, como asesor del Ministerio bajo el renglón 029, puesto que le supuso Q165 mil en 2012 por sus servicios de asesoría en la Fuerza de Tarea contra las Extorsiones, como figura en el portal de compras del Estado, Guatecompras.

También en 2012, según se detalla en las compras del Ministerio de Gobernación, Platero recibió Q65 mil de la Dirección General del Sistema Penitenciario, en concepto de “estudios psicológicos del encarcelamiento al momento del proceso de reinserción social de privados de libertad, protocolo técnico, plan nacional de emergencia y evacuación de privados de libertad y protocolo de asistencia para la hospitalización de privados de libertad”. Este año ya no se encuentra contratado por Gobernación.

Escobar Blas: Bajo investigación por el asesinato de Gerardi

Otro de los miembros de la Fundación contra el Terrorismo, a quien Méndez Ruiz sitúa en el cargo de vocal primero, es el piloto de combate y coronel de la Fuerza Aérea Juan Francisco Escobar Blas, quien continúa en el punto de mira del Ministerio Público por su supuesta participación en el asesinato del ex obispo auxiliar metropolitano Juan Gerardi, el 28 de abril de 1998, dos días después de que hiciera público el informe Remhi.

El fiscal Jorge García, de la Fiscalía Especial a cargo del caso Gerardi, explicó a Plaza Pública que Escobar Blas sigue en investigación por orden de la sentencia dictaminada en 2001. “Los jueces dijeron que se dejaba abierto el procedimiento para Francisco Escobar Blas por ocultar pruebas, por haber acudido bajo el imperio de la falsedad y por ocultar hechos de su conocimiento”, indicó.

En la fecha del asesinato de Gerardi, Escobar Blas se desempeñaba como Jefe de Servicios de Protección del Estado Mayor Presidencial (EPM). “Según su testimonio recibió una llamada donde le pedían que averiguara qué había pasado en casa parroquial, caminó desde una casa cercana al Tribunal Supremo Electoral, para encontrarse con Darío Morales, que era el camarógrafo del EMP. A ambos los reconocen varias personas en casa parroquial, entre el director de la PNC, Ángel Conte Cojulún. Después Escobar Blas y Morales se fueron caminando juntos al Estado Mayor”, relató el fiscal.

Byron Lima, actualmente en prisión por el delito de encubrimiento propio en el asesinato de Gerardi, era subalterno de Escobar Blas en el EMP, según informó el fiscal. García agregó que actualmente tienen solicitada la orden de captura de Darío Morales y que se espera contar con su información para poder seguir indagando sobre la participación del vocal primero de la Fundación en el asesinato.

“Yo no estoy implicado, a mí me implicaron en el caso. Cuando sucedió yo llevaba un mes en el Estado Mayor Presidencial; yo tenía a mi cargo la sección de servicios de protección, el círculo 2, no andaba nada que ver con el Remhi” explica Escobar, y añade que era falso que el Estado Mayor Presidencial llevara a cabo labores de inteligencia y que Byron Lima fuera su subalterno.

A pesar de seguir en investigación, Escobar Blas, que trabaja como piloto privado de helicóptero, no ha tenido impedimento en comentar en las redes sociales sobre las noticias que surgen sobre el caso Gerardi. También ha figurado como comentarista en programas radiofónicos de derecha como Libertópolis o Hablando Claro, el programa de Mario David García de Emisoras Unidas, emitiendo sus opinión sobre el juicio o el caso Gerardi.

Además, en abril de 2012, Escobar Blas interpuso una querella contra 15 personas que han jugado algún papel en el caso Gerardi, a quienes acusaba de engañar al pueblo con información tergiversada sobre el proceso y alterar la escena del crimen. Entre los demandados, se encuentran funcionarios del Ministerio Publico como Mynor Melgar -quien ahora trabaja junto a Claudia Paz y Paz-, el propio Jorge García, el abogado Marco Leopoldo Zeissing Ramírez, o activistas de derechos humanos como el director de la ODAHG, Nery Ródenas, el exdirector Ronalth Ochaeta o Edgar Gutiérrez, coordinador del Remhi.

“La justicia o alumbra a todos o no alumbra a nadie. Nadie está por encima de la ley, eso es para mí el principal motivo por el que estoy formando parte de la Fundación contra el Terrorismo”, indica Escobar, quien especifica que hasta el año pasado no conocía a sus compañeros contra el terrorismo y que si llega a ver el mínimo atisbo de que éstos quieran entrar en política saldrá de la Fundación.

Galindo: El abogado de los militares

Además, dentro de este grupo de oficiosos defensores del ejército, se encuentra el mayor de aviación retirado y abogado, Moisés Galindo, con una larga trayectoria de defensa a militares investigados por la justicia. Moisés Galindo, de origen judío y crecido en Panajachel, podría denominarse como una persona hiperactiva y de trato cálido. Es bastante posible que si se ve a un militar en tribunales, Galindo se encuentre cerca.

Este abogado ha llevado gran parte de los casos de militares imputados por sus acciones durante el conflicto armado. Ha formado parte del equipo de defensa de Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez. Entre sus clientes también se encuentra al general Héctor Mario López Fuentes, ex jefe del Estado Mayor de la Defensa. Y sigue presentando amparos para sacar de la cárcel al ex jefe del comando VI y Cuerpo de detectives, Pedro García Arredondo, condenado a 70 años por el secuestro y tortura del estudiante universitario Edgar Sáenz Calito.

También defendió a Byron Lima y a Francisco Escobar Blas por el caso Gerardi y es el abogado de todas las denuncias presentadas contra la guerrilla mencionadas antes.

Pero Moisés Galindo no ha tenido únicamente una larga trayectoria como defensor, también estuvo sentado en el banquillo, y consiguió librarse de ser condenado cuando se le implicó en el desfalco del Ministerio de la Defensa durante la época de Alfonso Portillo. “Me pusieron en libertad porque no tenían pruebas en mi contra. Yo les demostré que es un complot, que Castresana (entonces jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala) estaba detrás, les demostré que yo no estaba en Guatemala ni en el puesto cuando sucedió”, indica Galindo.

Cuestionado por su motivación para integrar la Fundación contra el Terrorismo, éste asegura que simplemente es el notario, “creo que si se firmó la paz y se firmó una Ley de Reconciliación Nacional se tienen que respetar, si la ley no se respeta ¿para qué se crea?”, preguntó Galindo, quien durante el conflicto armado se encontraba ocupando el puesto de mayor en el suroccidente de Guatemala, y tras ser herido en combate le ofrecieron una beca para estudiar derecho en la Universidad Francisco Marroquín.

“Yo fui uno de los líderes del Serranazo”, explica. “Cuando se da el intento del golpe de Estado, voy yo a uno de los líderes de la sociedad civil, Dionisio Gutiérrez, que era mi amigo, y viendo que se necesitaba sinergia de liderazgos le presenté a Otto Pérez Molina, que fue otro de los líderes”, asegura. “Usted sabe que dentro del ejército se creó una línea más institucionalista y una línea dura. Yo era de la dura”, concluye.

Además, según informó Méndez Ruiz, integran la Fundación contra el Terrorismo Marco Augusto Quilo Ortiz, sobrino del general y ex ministro de Defensa, José Luis Quilo Ayuso. Su padre, el teniente coronel Víctor Augusto Quilo Ayuso, murió en un enfrentamiento en 1986 en Petén a manos de la guerrilla Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR). El último vocal es Carlos Alvarado Palomo, coronel de infantería, quien prestó servicios en el destacamento de Petén y también desempeñó labores de inteligencia, según información recopilada por el National Security Archives de Estados Unidos.

Los financistas y Byron Lima

Una de las preguntas que subyace tras las publicaciones en elPeriódico y la marcha organizada desde Nebaj es quién financia a la Fundación contra el Terrorismo.

Preguntado sobre quiénes son las personas que les están subvencionando, Méndez Ruiz, de forma contraria a todas las demás preguntas a las que responde sin inconvenientes, se niega a ofrecer información al respecto. Pero sí señala que son “empresarios”, “grandes empresarios del país”, pero que colaboran con sumas pequeñas de dinero.

A este respecto, dijo que ellos, incluso Moisés Galindo, están trabajando ad honorem y que elPeriódico le está haciendo un “precio especial por ser columnista”. Según los datos de Méndez Ruiz, elPeriódico cobra Q29 mil por cada publicación inserta −un campo pagado cuesta Q19,800. Una fuente consultada de elPeriódico dijo que, efectivamente, ése era el precio por inserto y que no se trata de un precio especial, sino que era el precio estipulado al no estar utilizando ninguna página del diario. Además, se confirmó que las publicaciones de la Fundación se imprimen en la misma imprenta de este medio, no se aclara el precio por la impresión, pero que no está diseñada por empleados del diario.

Méndez Ruiz informa sobre los miembros de la junta directiva de la Fundación, pero no queda claro el apoyo que puedan tener de otras personas o instituciones. Una de las personas que podrían estar en la sombra es el capitán Byron Lima Oliva.

A través de sus columnas en El Metropolitano -un impreso gratuito que se distribuye en Mixco, Antigua Guatemala, carretera El Salvador y Quetzaltenango- Byron Lima ha impulsado el apoyo a la Fundación, como en uno de sus escritos titulado “Debemos conocer la verdad”, donde concluye: “Unámonos a la ‘Fundación contra el Terrorismo’, publiquemos nuestros testimonios, que salga la verdad, no dejemos que el marxismo crezca, ya se demostró que es un régimen autoritario, oscurantista y decadente”.

Lima tiene, además, una estrecha relación con los dos abogados integrantes de la organización, Galindo y Cintrón, ambos parte de su defensa, y trabajaba, según la fiscalía, con Escobar Blas en el Estado Mayor Presidencial. Como posible prueba de esta relación hay una fotografía donde el capitán Oliva abraza amigablemente a Galindo y a Méndez Ruiz.

Indagado sobre la participación de Lima, el presidente de la Fundación indica que no son ciertos los rumores de que Byron Lima y su hermano, Luis Alberto Lima Oliva, financien o formen parte. “Byron Lima no forma parte de la Fundación pero sí es amigo nuestro. El lic Galindo ha sido su abogado, yo soy amigo de él aunque no lo veo con la frecuencia que quisiera”, responde. Sobre la financiación, Méndez Ruiz se lamenta “desafortunadamente no es cierto, porque sí necesitamos plata”.

Las publicaciones podrían ser delito

Las acciones emprendidas por la Fundación contra el Terrorismo, calificadas por sus propios miembros como una forma de “escapar de la persecución política” han sido tomadas por las personas afectadas por las mismas, como amenazas o intimidaciones.

“La Fundación contra el Terrorismo está explícitamente intentado generar polarización en el país, tratando de tergiversar la realidad y generando un tipo de amenazas y un discurso que implica amenazas dirigidas contra dirigentes sociales. Una cosa es la libertad de expresión, una cosa es disentir, y otra es amenazar, criminalizar, intentar incluso destruir personas”, afirma Sandino Asturias, quien figura en las denuncias presentadas por Marco Quilo y Theodore Plocharski.

Entre tanto, Álvaro Ramazzini, obispo de la diócesis de Huehuetenango, también señalado en las publicaciones dice que ni le interesa ni pone atención a estos textos. “Es la táctica que siempre tienen de deslegitimar”, dice.

De hecho, las acusaciones vertidas en los folletines de la Fundación provocaron que hace un mes, un grupo de aproximadamente 50 personas y algunas organizaciones sociales, presentaran una denuncia ante la Procuraduría de Derechos Humanos, donde se indica que tanto los insertos como las fotografías “han llevado a una campaña de estigmatización a una de amenazas que son abiertamente dirigidas, particularmente, por el presidente de la Fundación contra el Terrorismo”.

Jorge Santos, director de la Convergencia de Organizaciones de Derechos Humanos, quien presentó la denuncia junto a Claudia Samayoa, directora de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (Udefegua), explica que les preocupa que estas publicaciones puedan derivar en “acciones físicas a quienes se les expone en fotografías. La virulencia con la que se hace expresión del odio es preocupante”. Santos agrega que también es inquietante la permisividad del Estado hacia estas publicaciones “y si a eso se le junta las declaraciones públicas del Presidente o del Secretario de la Paz, pudiéramos empezar a hablar de que se está imponiendo una política pública de permisividad”, afirma.

Entre los puntos de la denuncia, según señala Santos, se solicita al Procurador iniciar un proceso de investigación en torno a estas publicaciones, que se prevenga la estigmatización y que se actúe “lo más pronto posible para detener la campaña”.

En el ámbito internacional, el embajador de España en Guatemala, Manuel Lajarreta, escribió una carta de respuesta a elPeriódico calificando de “calumniosas” las acusaciones en el inserto “La Farsa del Genocidio” sobre el embajador de España en 1980, Máximo Cajal; mientras que el viceministro de Relaciones Exteriores de Noruega, Arvin Gadgil, indicó en declaraciones Plaza Pública que estas acusaciones sobre que su país financia el terrorismo le hacían “sentir inquieto”. “Lo más importante para nosotros es tener una buena relación con el Gobierno, aunque podamos no estar de acuerdo en una serie de cosas. Hemos tomado en serio estas menciones y no tenemos ninguna evidencia de que nuestra cooperación sea usada para ningún comportamiento violento o ilegal”, dijo.

Rootman Pérez, subdirector nacional de Procuración de la PDH, informó que se encuentran investigando el caso. “Ya se recibió el informe de la Policía Nacional Civil, de Copredeh y Avemilgua”, sin embargo, explicó que debido a que la Fundación contra el Terrorismo no se encuentra inscrita de manera oficial, se había retrasado el proceso para solicitar la información. “Tenemos que esperar a que retornen los informes, si finalmente se considera que estas publicaciones son constitutivas de amenaza o intimidación enviaremos el caso al Ministerio Público, puesto que no es de nuestra competencia investigar delitos”, dijo.

A la Fundación contra el Terrorismo esta denuncia no parece importarle y sólo hace mención a ella como un paso más en la trayectoria de la Fundación. Según indica Méndez Ruiz, en las próximas semanas aparecerá un nuevo inserto “más duro”, esta vez en todos los medios de comunicación, incluidos Prensa Libre y Nuestro Diario −donde según dijo les cobran Q300 mil. El tema se lo reserva. Quiénes prestan el dinero también es material resguardado. ¿Podrían los financistas ser responsables de las amenazas emitidas?, es preguntado el subdirector de la PDH, “Habría que demostrar que otorgaron el dinero directamente para amenazar, esto es muy difícil de probar.

En el bufete ya se ha hecho de noche. Moisés Galindo está por marcharse. Al salir a la calle y, antes de cerrar la puerta, bromea sobre los apoyos de la Fundación: “Diga que aquí están escondidos todos los oligarcas, todos los azucareros”. Quienes estén financiando las actividades de la organización prefieren mantenerse en la sombra, y los militares a los que defienden tampoco han dado grandes muestras de apoyo a los hombres que se reúnen en un bufete de abogados para planificar las próximas campañas.

Un poco más tarde, el presidente de la Fundación contra el Terrorismo abandona solo la sede. Al final queda él, Ricardo Méndez Ruiz, con su lucha por defender el honor militar.