Hay un número muy alto de feminicidios y violencia contra las mujeres en Guatemala. Por lo general, esto queda impune por parte del estado. Pero hay feministas que luchan contra la impunidad y por sus propios derechos.
Luz María López Morales se dirigía al trabajo cuando desapareció la mañana del 20 de enero de 2021. López Morales tenía 25 años y era trabajadora fiscal del Ministerio Público de Guatemala. Trabajó durante mucho tiempo con niños víctimas de violencia. Dos días después de su desaparición, personas de limpieza de la municipalidad encontraron su cuerpo a pocos kilómetros de su lugar de trabajo en una alcantarilla en la Ciudad de Guatemala, envuelto en plástico.
Según estadísticas policiales, el asesinato de Luz María López Morales es uno de los 3.595 feminicidios ocurridos en Guatemala entre 2015 y 2021. El feminicidio es considerado un crimen cuya causa es el género, es asesinar a una mujer solo por ser mujer. En 2021 hubo al menos 466 feminicidios en todo el país.
No obstante, el número de otros actos de violencia contra las mujeres en Guatemala es aún mayor: en 2021, en el Ministerio Público se denunciaron 57,899 delitos contra mujeres y niñas, incluyendo violencia sexual, violencia psicológica y física. Las estadísticas cuentan alrededor de 230 delitos violentos contra mujeres por día. Alrededor del 20 por ciento de ellos están dirigidos en contra de las niñas.
En el contexto de la violencia sexual, el Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva contabilizó 4,814 violaciones de niñas de entre 10 y 14 años, que culminaron con el embarazo. Para octubre de 2021 había 1,644 embarazos en el mismo rango de edad.
Para las mujeres trans en particular, las barreras para denunciar la violencia de género contra ellas son altas. Debido a que en Guatemala no se les reconoce como mujeres, no existe una ley correspondiente. Según la organización Otrans, en lo que va de 2021 se han reportado 179 casos de violencia contra mujeres trans.
La justicia es cómplice
El número de casos no denunciados en todos estos casos es indudablemente mayor, porque los datos son incorrectos. “Tenemos cifras aterradoras, pero en realidad son solo la punta del iceberg”, dice Silvia Trujillo, la socióloga uruguaya que se ha convertido en una de las voces más importantes del movimiento por los derechos de las mujeres en Guatemala, donde vive desde hace 20 años. Trujillo ha escrito numerosos análisis sobre la violencia contra las mujeres, es editora de la revista feminista La Cuerda y da clases en la universidad.
La socióloga explica que cada agencia estatal tiene sus propios registros: policía, Ministerio Público, hospitales, instituto forense. Lo que falta, sin embargo, es un registro central en el que se suman los datos y las estadísticas reales. El Instituto de Estadística intenta hacer esto, pero no puede mantenerse al día con el procesamiento de los datos.
Trujillo dice que la violencia contra las mujeres en Guatemala es muy explícita y evidente, es una preocupación cotidiana para la gran mayoría de mujeres que deben pensar en ello cada vez que salen a la calle, enfrentarse a ese hecho que socialmente intenta ser negado, incluso por la autoridades. “Hay un nivel muy alto de impunidad”, dice Trujillo. Los últimos cálculos de una comisión independiente de la ONU contra la impunidad provienen de 2015. El informe dice: En el 97 por ciento de los casos, la violencia contra las mujeres en Guatemala no es sancionada. En el caso de la violencia sexual, la cifra llega al 99 por ciento de casos carentes de investigación.
“Incluso si hay leyes penales que reconocen la violencia contra la mujer, el estado todavía no actúa”, dice Trujillo. Una mujer tiene que esperar al menos dos años para que el Ministerio Público responda a su caso. Y hay mujeres que llevan 30 años esperando una respuesta. “El mensaje que el Estado guatemalteco está enviando extraoficialmente a los perpetradores es: ustedes tienen el permiso, porque no les va a pasar nada”.
La contradicción para proteger a las mujeres desde el Estado
Oficialmente, el Estado se presenta a sí mismo como orientado a velar por el bienestar ciudadano. En muchas partes de Guatemala se pueden ver carteles y anuncios donde se pide que la violencia contra las mujeres sea denunciada. El presidente conservador Alejandro Giammattei ha afirmado públicamente que están trabajando por la protección de la mujer, por un futuro contra la violencia.
Pero la realidad luce diferente. Como uno de los primeros actos oficiales, Giammattei anunció en noviembre de 2020, antes de llegar al poder, que quería abolir la Secretaría Presidencial de la Mujer (SEPREM) para reemplazarla por una institución con aún menos poderes. Y aunque el presidente ha intentado neutralizar las funciones de esta entidad, las protestas de la sociedad civil han logrado evitar su cierre definitivo. También ha habido esfuerzos por parte del gobierno para etiquetar la violencia contra la mujer como “violencia doméstica”. “Un gran paso atrás que invisibiliza la violencia específica”, dice Trujillo.
Además, el pasado 9 de febrero, el Congreso de la República aprobó la ley para conmemorar el 9 de marzo de cada año (un día después del día internacional de la mujer) como el Día Nacional por la Vida y la Familia que promueve actos conmemorativos por parte de los organismos Ejecutivo, Legislativo y Judicial, para destacar la importancia del respeto a la familia, el no aborto y la lucha contra la violencia.
En Guatemala, existe un número de línea directa para la atención de víctimas de violencia, que fue creada por el Ministerio Público, y que Trujillo critica por “no funcionar”. La línea directa sólo está disponible en 4 de los 25 idiomas que se hablan en Guatemala, por lo que no está disponible en particular para la población rural, en su mayoría indígena. Mucha gente de las zonas rurales no tiene teléfono. Los estudios también han demostrado que se necesitan varias llamadas antes de que alguien conteste la línea directa.
Sobre todo prevención y educación
“Todos estos son productos cosméticos porque no llegan a la raíz del problema”, dice Trujillo. La institucionalización del tema ya existe. “Pero no funciona”.
En el caso de Luz María López Morales, hubo señales de alerta e indicios de violencia intrafamiliar. Una y otra vez, los vecinos habían escuchado fuertes gritos desde el interior de su casa. Se dice que su marido la golpeó. Ahora está siendo juzgado como acusado y enfrenta hasta 50 años de prisión. Se espera el veredicto en unas pocas semanas. El caso podría convertirse en uno de los pocos en los que el perpetrador sea efectivamente condenado.
Si se pregunta a Trujillo qué se necesita para cambiar la situación en Guatemala, ella dice, sobre todo, “prevención y educación”. Salas de justicia en las que se discuta profundamente la violencia y exista el tiempo suficiente para que las afectadas se atrevan a hablar de sus vivencias. Y que los infractores sean castigados.
Debido a que el Estado está abandonando a las afectadas y las luchas por institucionalizar y reconocer el problema de forma integral han fracasado, el movimiento feminista ha recurrido a otras formas de protesta. Medios de comunicación feministas han surgido, como también redes de sororidad que utilizan mecanismos como chats y grupos de plataformas sociales, e incluso las propias ofertas de ayuda entre mujeres han sido establecidas como alternativas a la falta de interés por parte de las autoridades. Uno de los eventos más importantes sucedió el pasado 25 de noviembre, donde diversos colectivos feministas elaboraron un programa de acción de 16 días.
Las acciones de este tipo de movimientos dan esperanza a Silvia Trujillo. Todavía no hay tantos como en Argentina, dice por poner un ejemplo, pero tiene esperanzas. “Hay una nueva generación de jóvenes feministas que no piden permiso”. “Que ponen el cuerpo”, dice Trujillo, refiriéndose a una práctica feminista de América Latina que literalmente significa “poner el cuerpo en el suelo”. Básicamente esto significa: ocupar espacio, ser visible, resistir. Tu propio cuerpo a pesar del Estado, en contra la violencia patriarcal cotidiana.
