El “Diario Militar” revela desapariciones y ejecuciones por el ejército de Guatemala. Muestra perfiles de víctimas y fechas de ejecución, evidenciando violaciones de derechos humanos. Así como el destino de 183 personas capturadas secretamente por el Estado entre 1983 y 1985.
El proceso judicial del caso Diario Militar ha sido lento desde que el juez Miguel Ángel Gálvez se exilió en 2022. Nueve acusados, incluyendo altos mandos militares y policiales retirados como Víctor Augusto Vásquez Echeverría y Gustavo Adolfo Oliva Blanco, esperan fecha para el juicio. Mientras tanto, cuatro están en etapa intermedia, y tres permanecen prófugos.
En 1999, se reveló el Diario Militar, un registro de ejecuciones y detenciones ilegales en Guatemala. Documenta 183 personas capturadas, contiene 53 páginas. Los militares usaban códigos como “300” para referirse a las ejecuciones. Aunque el ejército lo negó, el Departamento de Estado de los EE.UU. confirmó su autenticidad. Este “diario interno”, posiblemente producido por un escuadrón de la muerte llamado “Archivo”, evidencia la brutalidad de la inteligencia militar en el país.
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Justicia en espera: El lento avance tras el exilio del juez Gálvez
Desde que el ex juez Miguel Ángel Gálvez se vio obligado a exiliarse, el proceso judicial ha enfrentado un desalentador estancamiento. En un momento crucial, el 6 de mayo de 2022, Gálvez tomó una decisión crucial al enviar a juicio a nueve individuos, incluyendo altos mandos militares y policiales retirados. Sin embargo, la esperada apertura del juicio aún no tiene fecha definida.
Entre los acusados se encuentran figuras prominentes como el general de división retirado Víctor Augusto Vásquez Echeverría y el teniente coronel retirado Gustavo Adolfo Oliva Blanco, entre otros. Lamentablemente, uno de los implicados, Marco Antonio González Taracena, que al momento de su detención era vicepresidente de la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (Avemilgua), falleció antes de que pudiera enfrentar la justicia.
Mientras tanto, cuatro personas siguen en una etapa intermedia del proceso judicial, entre ellas Edgar Virgilio de León Sigüenza y Malfred Orlando Pérez Lorenzo. La situación se complica aún más con la suspensión del caso de Eliseo Barrios Soto debido a problemas de salud. Tres sospechosos aún permanecen prófugos, añadiendo una capa adicional de dificultad a este largo camino hacia la justicia.
Cuarenta años después de las desapariciones y ejecuciones documentadas en el Diario Militar, los familiares de las víctimas y los sobrevivientes continúan su lucha por la justicia. A pesar de los obstáculos, su perseverancia sigue siendo inquebrantable.
Un tortuoso proceso judicial
Paulo Estrada, representante de Famdegua y querellante adhesivo desde 2011, expresa sus temores por más retrasos en el proceso. El padre y tío de Estrada fueron desaparecidos durante el conflicto armado interno y sus fichas aparecen entre los documentos del Diario Militar.
Estrada comentó que el proceso avanza lentamente y temen que el proceso sea desmantelado por la resistencia de poderosos militares retirados. La reciente audiencia del 26 de abril generó expectativas, pero la ausencia de algunos acusados y la necesidad de resolver amparos prolongan la espera.
El abogado Francisco Vivar, representante de un grupo de familiares querellantes, indicó sobre el proceso: “El 24 de abril se realizó una vista pública en la Sala Segunda de Mayor Riesgo en relación a un amparo por la resolución que dictó la jueza Eva Recinos en la que dejó sin efecto la orden de aprehensión en contra de dos personas sindicadas en el caso”.
Mientras que el 26 de abril se programó una audiencia en el juzgado B de Mayor Riesgo para revocar las medidas sustitutivas del acusado Salán Sánchez y enviarlo de vuelta a prisión. Sin embargo, ni él ni su abogado asistieron. La audiencia se pospuso para el 7 de mayo a las nueve de la mañana.
