Las actas de consejo de ministros y una cuenta bancaria a su nombre vinculan al gobernante salvadoreño con la sustracción ilegal de parte de los 351 millones de dólares que la Fiscalía asegura fueron desviados hacia fines ilícitos durante el gobierno de Mauricio Funes. La Fiscalía incluye estos descubrimientos en la acusación contra Funes y 31 personas más, pero no ha acusado, de momento, al presidente Sánchez Cerén.

El presidente salvadoreño, Salvador Sánchez Cerén, participó en por lo menos tres sesiones de trabajo en las que la agenda incluyó la aprobación de transferencias de millones de dólares hacia la presidencia de la República durante el gobierno de Mauricio Funes, operaciones que hoy la Fiscalía califica como ilegales y por las cuales ha encausado penalmente al expresidente, contra quien hay vigente una orden internacional de captura.

La Fiscalía, además, ha descubierto que durante el pasado gobierno se creó una cuenta bancaria a nombre de Sánchez Cerén que se utilizó para nutrir otra cuenta particular, de la cual colaboradores de Funes extrajeron dinero para posteriormente lavarlo. Esa cuenta a nombre de Sánchez Cerén era ilegal, según las explicaciones que han dado a los investigadores cuatro jefes y un técnico de la Presidencia de la República, más tres altos cargos del Ministerio de Hacienda.

Sánchez Cerén fue vicepresidente y ministro de Educación durante el gobierno de Funes. Su nombre aparece entre las 2 mil 739 páginas del expediente en el que se resume la acusación contra Funes por el presunto desvío de 351 millones de dólares durante su mandato (2009-2014). El Ministerio Público, sin embargo, no ha acusado al actual presidente.

El requerimiento que la Fiscalía presentó a tribunales para respaldar sus órdenes de captura contra Funes y 31 personas más incluye documentación y testimonios que ubican a Sánchez Cerén en tres sesiones de consejo de ministros donde se discutió algunas transferencias hacia la Presidencia de la República que habían sido prohibidas por la Sala de lo Constitucional desde 2010.

La Presidencia de la República no respondió las reiteradas peticiones que Revista Fáctum hizo desde el 15 de junio hasta el 9 de julio para que explicara el señalamiento que se desprende de la investigación de la Fiscalía en cuanto a que Sánchez Cerén por lo menos estuvo al tanto de decisiones que soslayaban la sentencia de la Sala de lo Constitucional y que, según la Fiscalía, fueron parte del desvío de fondos públicos para beneficio particular de Funes, de parientes y amigos suyos, así como de exfuncionarios y empresarios.

El documento presentado por la Fiscalía el pasado 8 de junio ante el juzgado 5° de paz de San Salvador describe la ruta del dinero desde la cuenta madre de la Presidencia de la República hasta las manos de particulares. Estas transferencias son hiladas con la declaración de más de 100 testigos.

Funes es prófugo de la justicia y goza de asilo político en Nicaragua, desde donde por medio de sus cuentas en redes sociales ha alegado que sufre de persecución política en El Salvador, y que la Fiscalía carece de prueba alguna para sustentar las acusaciones que le hace.

La Fiscalía también acusa de lavado de dinero a la exesposa de Funes y hoy secretaria de Inclusión Social, Vanda Pignato, y a dos de los hijos del exmandatario y a su actual pareja, Ada Mitchell Guzmán Sigüenza, quien también goza de asilo en Nicaragua.

El esquema de desvío de fondos públicos durante la administración Funes investigado por la Fiscalía puede dividirse en tres grandes fases: la primera consistió en engordar la partida de gastos reservados de la Presidencia para aumentarla de 80 hasta 351 millones de dólares durante el quinquenio; la segunda consistió en desviar los fondos públicos desde la partida en mención hacia cuentas personales de empleados de la Presidencia para luego hacer retiros en efectivo; la tercera fase fue utilizar el dinero para lavarlo por medio de la compra de servicios o bienes a nombre de testaferros.

El millonario desvío de fondos se hizo, según detalla la Fiscalía, reorientando fondos desde la Cuenta Subsidiaria Institucional del Tesoro Público de la Presidencia de la República hacia siete cuentas bancarias a nombre de dos empleados de la Presidencia. El primero de ellos es Francisco Rodríguez Arteaga, quien era jefe de la Unidad Financiera Institucional de la Presidencia. Este, de acuerdo con la Fiscalía, recibía el dinero en cinco cuentas particulares a su nombre y posteriormente endosaba los cheques a nombre de Pablo Gómez, asistente técnico financiero de la Presidencia. Este último extraía el dinero en efectivo para posteriormente lavarlo en bienes y servicios de placer o propiedades que se registraban a nombre de testaferros.

Pablo Gómez también abrió dos cuentas bancarias a su nombre. De acuerdo con la Fiscalía, esas dos cuentas fueron utilizadas ente junio de 2009 y mayo del 2014, justo el período presidencial de Funes, para recibir parte de los millones de dólares desviados desde las arcas públicas. La Fiscalía describe que las cuentas bancarias de Gómez eran alimentadas por otras cuentas que a su vez eran alimentadas con fondos públicos.

Una de estas cuentas alimentadas con fondos públicos era la que estaba a nombre del entonces vicepresidente Sánchez Cerén.

La cuenta ilegal de Sánchez Cerén

El rastreo de la Fiscalía detectó la cuenta número 210240663 del Banco Hipotecario a nombre de “Salvador Sánchez Cerén/Vicepresidencia de la República”. De esta cuenta, nutrida con recursos públicos, salieron por lo menos 93 mil 115.24 dólares hacia una de las dos cuentas de Pablo Gómez llamada “Pablo Gómez / Gastos Operativos de la Presidencia”. Esta cuenta, señala la Fiscalía, se usaba para lavar el dinero y recibió en total 7.4 millones de dólares durante el quinquenio de Funes.

La investigación plantea no solo que la cuenta a nombre del hoy presidente fue parte del esquema de corrupción de la administración Funes, sino que la existencia misma de la cuenta es ilegal.

De acuerdo con la Ley de la Administración Financiera del Estado (Ley AFI), más la explicación que han dado cuatro jefes y un técnico que trabajan en el área financiera de la Presidencia y tres jefes del Ministerio de Hacienda, no pueden existir cuentas a nombres de personas, ni siquiera “mixtas”, es decir, con el nombre de la persona más el cargo.

El Manual Técnico del Sistema de Administración Financiera de la Ley AFI, en el numeral 2.3 del capítulo C, deja explícito que las cuentas para administrar fondos públicos deben ser autorizadas por la Dirección General de Tesorería y que su nombre seguirá siempre el formato de un binomio, cuya primera parte es el “nombre de la institución” y la segunda parte es “el destino de los fondos”.

Entre los servidores públicos de Hacienda entrevistados por la Fiscalía está el director general de Tesorería, Salvador Avendaño Méndez. “Las cuentas deben crearse con el nombre de la institución pública, no se tiene autorizado que la cuenta se abra a nombre de una persona natural porque la Ley AFI no lo permite”, dijo Avendaño en su entrevista con la Fiscalía.

Esta entrevista fue realizada por la Fiscalía en el marco de la investigación contra otro expresidente, Antonio Saca, quien está preso acusado también por un millonario desvío de fondos públicos durante su gobierno, de 2004 a 2009, usando un mecanismo similar al que la Fiscalía atribuye a Funes.

La Fiscalía presentó ante los tribunales en noviembre de 2016 una acusación contra Saca y un puñado de sus principales colaboradores, una acusación por el presunto desvío de 301 millones de dólares.

Según la Fiscalía, el esquema de Saca y el de Funes son similares; sin embargo, el de este último se vuelve más complejo por el uso de testaferros. Es decir, Funes nunca compró ninguna propiedad ni ningún automotor a su nombre, sino que los adquirió a nombre de sus hijos o de amigos, según la Fiscalía.

Dadas las similitudes entre los dos casos, la Fiscalía usa las ocho entrevistas realizadas en el marco de la investigación contra Saca para fortalecer la acusación contra Funes. Los ocho servidores públicos coinciden en que no pueden existir cuentas a nombre de personas naturales para administrar fondos públicos.

«Las cuentas deben crearse con el nombre de la institución pública, no se tiene autorizado que la cuenta se abra a nombre de una persona natural porque la Ley AFI no lo permite». 

Dos de los testigos de la Presidencia de la República, el jefe de la Unidad Financiera, Carlos Ernesto Guerrero Ventura, y la jefa de Tesorería, Daysi Armida Díaz Álvarez, aseguraron a la Fiscalía que ni siquiera las cuentas “mixtas” son legales, es decir, son inadmisibles cuentas que tengan un nombre como la descubierta en favor de Sánchez Cerén.

En el caso de los testigos del Ministerio de Hacienda, el director general de Presupuesto, Carlos Gustavo Salazar Alvarado, que es el responsable del manejo y apertura de cuentas que manejan fondos públicos, declaró que del gobierno de Funes “nunca presentaron solicitudes para crear cuentas a nombre de personas naturales o mixtas, y si las hubieran presentado se les habría denegado por estar a nombre de esas personas naturales y no de la institución”. Los peritos califican como “irregulares” esas cuentas.

En la investigación presentada ante el juzgado, la Fiscalía no profundiza sobre la cuenta vinculada al entonces vicepresidente. Por ejemplo, no detalla cuánto dinero en total circuló por ella, de dónde venía ese dinero, ni otras transferencias aparte de las que se hacían hacia la cuenta de Pablo Gómez. Solamente la incluye como una de las cuentas que alimentaron con fondos públicos las cuentas personales de Pablo Gómez para extraer de ellas dinero en efectivo que posteriormente era lavado.

Sánchez Cerén y el desvío de $14 millones

En el expediente de la Fiscalía se presenta como parte de las evidencias contra Funes copia de tres actas de consejo de ministros en las que se registró la participación del entonces vicepresidente Sánchez Cerén, quien votó en favor de transferir 19.5 millones de dólares de diversas instituciones del Ejecutivo hacia la Presidencia de la República. De ese monto, un poco más de 14 millones terminaron desviados ilegalmente hacia lo que la Fiscalía llama “partida secreta” del gobierno de Funes.

La Fiscalía reconstruyó lo ocurrido en esas sesiones y asegura que Sánchez Ceré participó “con voz y voto” en favor de transferencias hacia la partida secreta por 14 millones 392 mil 285 dólares.

En agosto de 2010, la Sala de lo Constitucional había declarado que las transferencias entre carteras de Estado por medio de decisiones administrativas estrictamente del Ejecutivo violaban la Constitución de la República. Los magistrados ordenaron que, a partir de entonces, cualquier transferencia debía ser aprobada por la Asamblea Legislativa. La Fiscalía sostiene que el gobierno de Funes elaboró un mecanismo para burlar esa restricción y a partir de la ley de presupuesto de 2011 se incluyó pequeñas “bolsas” en concepto de “gastos imprevistos” en las instituciones del Ejecutivo con la esperanza de poder ocultar el traslado de fondos de la prohibición de la Sala de lo Constitucional. Eventualmente, el dinero en esas “bolsas” era transferido hacia la partida de gastos reservados de la Presidencia. Lo que aprovechaban era el presunto destino de “gastos imprevistos” de esos fondos para limitar al mínimo la posibilidad de vigilancia sobre su destino.

Según la investigación, esas transferencias aprobadas por el consejo de ministros se producían “por órdenes del expresidente Carlos Mauricio Funes”, y a veces esas órdenes eran dadas vía telefónica por el secretario de Asuntos Legislativos y Jurídicos de la Presidencia, Ricardo Marroquín, a los jefes de las carteras de Estado de las que se extraían fondos.

Un ejemplo de cómo funcionaba el mecanismo de desvíos ilegales ocurrió el 13 de mayo de 2011. La Fiscalía cita la sesión del consejo de ministros número 12. Esa junta recibió una nota suscrita por el ministro de la Defensa, David Munguía Payés, quien pedía trasladar fondos de su cartera hacia la Presidencia. “Con instrucciones del señor presidente de la República y comandante general de la Fuerza Armada se gestiona el traslado de fondos del presupuesto del ramo de la Defensa Nacional en la Unidad Presupuestaria Gestión Operativa Institucional, Línea de Trabajo 04, Operaciones del Estado Mayor Presidencial a la Línea de Trabajo 01 Gastos Imprevistos, por un monto de $4,743,666.65”, dice la nota enviada por el general Munguía Payés.

En esa misma sesión se leyó otra nota, suscrita por el ministro de Relaciones Exteriores, Hugo Martínez, quien solicitaba “transferir asignaciones presupuestarias de esta secretaría de Estado a la Presidencia de la República por la cantidad de $919,618.00”, y explicaba que dicho monto debería ser tomado de la línea de trabajo “Gastos Imprevistos”, y que la asignación correspondía a “la atención de eventos oficiales, pagos de pasajes aéreos y pago de viáticos en misiones oficiales”. En total, aquel día se movieron 5.66 millones de dólares de una forma que la Fiscalía dice que fue ilegal y que, además, fueron usados para fines ilegales.

La Fiscalía habló con Martínez en el marco de la investigación contra Funes, y el hoy candidato presidencial del FMLN -el partido que llevó a Funes a la presidencia y luego a Sánchez Cerén- aseguró que dicha transferencia fue gestionada por él a partir de “órdenes de parte del expresidente Carlos Mauricio Funes, las cuales me fueron dadas vía telefónica por el secretario de Asuntos Legislativos y Jurídicos de la Presidencia, Ricardo Marroquín”.

La Fiscalía señala en su investigación que ni Funes ni Sánchez Cerén firmaban las actas de consejo de ministros en que se aprobaban estos fondos; sin embargo, subraya que las aprobaciones eran “por unanimidad” y que los funcionarios asistían a dichas reuniones “con voz y voto”.

«Nunca presentaron solicitudes para crear cuentas a nombre de personas naturales o mixtas, y si las hubieran presentado se les habría denegado por estar a nombre de esas personas naturales y no de la institución» 

El esquema del lavado

Por suerte para Funes y su círculo cercano, ninguna alarma del Estado se encendió durante su mandato. La Corte de Cuentas de la República, encargada de auditar y garantizar el buen uso de los recursos, lejos de objetar algo, entregó a Funes un finiquito al final del quinquenio. La Superintendencia del Sistema Financiero tampoco advirtió que buena parte de esos 351 millones de dólares desviados salieron del Banco Hipotecario en billetes de 100 dólares a un ritmo de más de 100 mil dólares diarios durante los cinco años. Las alarmas del banco tampoco se activaron porque, según la Fiscalía, el entonces presidente del Banco Hipotecario, Manuel Rivera Castro, también formaba parte de la red de corrupción.

La acusación de la Fiscalía incluye, aparte de Funes, dos de sus hijos, su pareja y dos de sus exparejas, al empresario Miguel Menéndez Avelar, conocido como “Mecafé”, amigo de Funes y uno de los principales patrocinadores de su campaña presidencial. Mecafé obtuvo millonarios contratos con el gobierno de Funes y fue presidente del Centro Internacional de Ferias y Convenciones. También el expresidente del Banco Hipotecario, Manuel Rivera Castro, y el ex secretario de Comunicaciones de la Presidencia, David Rivas. Los tres están capturados. Otro imputado es Francisco Cáceres, ex secretario privado de la presidencia con Funes, quien es prófugo.

La Fiscalía también acusa a una serie de empleados de la Presidencia, entre ellos tres del área administrativa, quienes ya se encuentran procesados por la acusación contra el expresidente Antonio Saca. Uno de ellos es Pablo Gómez, el de las dos cuentas bancarias para lavar dinero durante el gobierno Funes; los otros dos son Francisco Rodríguez, jefe de la Unidad Financiera Institucional de la Presidencia, y Jorge Alberto Herrera Castellanos, tesorero de la Presidencia.

Sin respuesta

Entre el 15 de junio y el 9 de julio de este año, Revista Factum intentó en reiteradas ocasiones obtener una respuesta de parte de Casa Presidencial sobre la cuenta vinculada al ahora presidente Sánchez Cerén y para preguntarle de dónde provenían los $93,115.24 que transfirió a Pablo Gómez y el motivo de esas transferencias. A pesar de insistentes llamadas y mensajes enviados directamente al teléfono del secretario de Comunicaciones, Roberto Lorenzana, el funcionario nunca dio una respuesta.

Factum también intentó gestionar un encuentro a través de su equipo de Comunicaciones, pero el resultado fue el mismo.

Un periodista de este medio asistió a una conferencia de prensa organizada por la Presidencia el pasado 19 de junio. El motivo de la conferencia, según lo explicó el secretario Lorenzana, era mostrar a la prensa el funcionamiento de las finanzas públicas en respuesta al caso de corrupción expuesto por la Fiscalía sobre la administración Funes; sin embargo, Lorenzana se negó a responder preguntas y en su lugar dejó al ministro de Hacienda, el presidente de la Superintendencia del Sistema Financiero y al presidente del Banco Central de Reserva para que lo hicieran. Ninguno de ellos pudo responder sobre la administración específica de las cuentas de Casa Presidencial.

Al final de la conferencia, el periodista de Factum intentó hablar con Lorenzana. Carlos Portillo, jefe del área de Comunicaciones de Casa Presidencial, aseguró al periodista que el secretario le iba a responder en ese momento y pidió unos minutos para que el funcionario pudiera ir al baño.

Al cabo de unos minutos, el periodista de Factum salió al patio de Casa Presidencial y vio a Lorenzana saliendo por la puerta trasera del salón donde brindó la conferencia y caminando de prisa hacia una sala privada flanqueada por dos guardias de seguridad. A pesar de que el periodista llamó varias veces a gritos al funcionario, este no volvió a ver.