Una condena con penas de más de 10 años y multas millonarias llega para 19 sindicados en el caso La Línea, el proceso de defraudación aduanera revelado por Cicig y FECI en 2015, que agitó la pasividad de la ciudadanía guatemalteca y movilizó a las calles a miles en todo el territorio nacional, para pedir la renuncia del ex binomio presidencial del Partido Patriota, Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti. En 2022, cuando se viven tiempos de desesperanza judicial, donde más de treinta fiscales, jueces, periodistas y defensores de derechos humanos han tenido que salir al exilio, esta condena deja ver lo que podría ser el último logro de la lucha anticorrupción, con la posible  impugnación de las partes procesales.

Después de la expulsión de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) en 2019, la búsqueda de impunidad en el país aumentó fuertemente. Luego del desmantelamiento de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) tras la destitución de Juan Francisco Sandoval en julio de 2021, la lucha contra la corrupción en el país parecía llegar a su final. Y no solo a su final, también empezaba a palparse la contraofensiva por parte de aquellos que fueron sentados en el banquillo de los acusados por corrupción debido a las investigaciones de la dupla FECI y Cicig. Esta reconfiguración del panorama guatemalteco hacía creer que, así como recientemente han sido beneficiados algunos sindicados en otros casos de corrupción, los de La Línea no serían la excepción. Pero no fue así, en tiempos de impunidad, de desesperanza en el sistema judicial, el retroceso democrático y la venganza, el Tribunal de Mayor Riesgo B, sorprendió con su fallo la noche del miércoles 7 de diciembre.

Mientras en algunas zonas de Guatemala -para las seis de la tarde- empezaban a escucharse las bombas y cohetes de la tradicional Quema del Diablo, en la megasala del Organismo Judicial, se empezaba a palpar la tensión y la duda por la pena que dictaría la jueza Jeannette Valdés, y las vocales Marling González y Katty Sarceño en contra de 29 acusados por defraudación aduanera, asociación ilícita, enriquecimiento ilícito y otros delitos relacionados al caso La Línea. Este fue revelado en abril de 2015 por la entonces fiscal general del Ministerio Público, Thelma Aldana, y el entonces comisionado de la extinta Cicig, Iván Velásquez. 

La Línea se descubrió el 2 de mayo del 2014, cuando al importador Erick Miao Miao, con un equipo policial ubicado a poco más de un kilómetro de su tienda, se le intervino su teléfono. Seis días más tarde, el 8 de mayo de ese año, Erick Miao Miao llamó al tramitador de Puerto Quetzal, Julio Aldana, y le preguntó sobre una cosa nueva que estaba funcionando en las aduanas del puerto: “La Línea”.

“La Línea le llaman, es cuando alguien tiene el control de todo”, le contestó Julio en una de las escuchas telefónicas. De ahí nace el nombre de este megacaso de corrupción en el que se defraudaron más de Q28 millones. Según las investigaciones, esta red estaba dirigida por Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti que, como binomio presidencial, consensuaban acciones con funcionarios de diferente nivel de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), para lograr que diversas importaciones que ingresaban a Guatemala tributaran menos impuestos a cambio de sobornos.

El análisis jurídico del tribunal y sus reclamos al proceso 

Durante más de 6 horas de audiencia, las juezas del Tribunal de Mayor Riesgo B brindaron el análisis que sirvió para dictar la sentencia de cada sindicado. Desde el inicio, la jueza Jeannette Valdés enfatizó la dificultad que se tuvo para sustentar algunos delitos ya que las debilidades en las acusaciones del Ministerio Público eran evidentes, lo que causó que fuera inminente absolver a algunos acusados. “No todos son responsables de los delitos (…) algunos van a salir libres, pues las acusaciones padecen de muchos aspectos que son falencias. Hay falencias, hay errores insuperables, hay personas acá que sufrieron incluso la llamada prisión provisional, que es bastante lamentable”, recalcó la jueza presidenta.

Las acusaciones constaban de 775 folios, pero a criterio de las juzgadoras, el Ministerio Público no probó todos los delitos. Desde la primera hora, la jueza Valdés informó que presentaría acciones administrativas contra la fiscal Silvia Margarita Pérez Jerez por las inconsistencias en las medidas de pruebas presentadas durante la incautación de computadoras. Esta fiscal elaboró el contenido del acta de fecha 16 de abril de 2015, pero por la falta de vigencia en su función, dejó inconclusa la descripción de una de las computadoras incautadas en ese primer allanamiento donde se develó el caso. “Hacemos un llamado a la fiscal general de la República, que tiene que haber una orden en esa institución, tiene que haber mejores protocolos. Desconocemos si los hay, si ella los vulneró o ella cambió los procedimientos para dejar esto a medias”, dijo la jueza Valdés. 

Los cambios que sufrió la FECI hasta la llegada de este juicio, iniciado el 17 de enero, brindan el contexto para gran parte de las falencias encontradas en la acusación. El primer fiscal de la FECI en llevar el caso, José Antonio Morales, renunció por motivos personales en diciembre de 2015. Oscar Schaad, el entonces jefe de la FECI, está en el exilio desde julio de 2019, siendo jefe de la Fiscalía contra Delitos Electorales y se retiró en junio por amenazas en su contra. El investigador de Cicig que dirigió la investigación, el colombiano Luis Fernando Orozco, fue expulsado del país por Jimmy Morales en 2018 junto a otros 10 investigadores internacionales, cuando el Ministerio de Relaciones Exteriories negó la renovación de sus visas guatemaltecas. Cuando La Línea llegó a juicio, Juan Francisco Sandoval, ya no era jefe de la FECI y llevaba ya 6 meses en el exilio. Después de la destitución de Sandoval, Rafael Curruchiche fue colocado al frente de esta Fiscalía por Consuelo Porras, la fiscal general, y la investigadora Leslie Rosales quedó a cargo del caso. Tras cinco días del inicio del juicio, el auxiliar fiscal en el caso, Darwin Zepeda, también renunció. Luis Eduardo Sian Puluc, fue elegido por Rosales como auxiliar en lugar de Zepeda. 

Juan Francisco Sandoval, exjefe de la FECI, desde el exilio comentó para No Ficción que la Fiscalía actual, presidida por Rafael Curruchiche, no investiga casos de corrupción. “No profundiza, no defiende las anteriores investigaciones si no que son los que se encargan de entorpecer los casos. El Tribunal, por ejemplo, hizo enunciación de la intervención de Aníbal Argüello [ex analista de Cicig en el caso], ¿quién fue el fiscal que lo acusó injustamente? Rafael Curruchiche. Entonces, él se ha encargado de dinamitar los propios casos que actualmente se encuentran bajo su cargo y los resultados desfavorables por su mala gestión, lo único que hace es que señala a la administración del MP anterior, como responsable cuando él desde que asumió como jefe de la FECI, es el responsable de los casos. Yo heredé casos de la FECI y me impuse las investigaciones para defenderlas en los tribunales”, señala.

Además, durante su intervención, la jueza Jeannette Valdés arremetió indirectamente contra el juez Miguel Ángel Gálvez, quien llevó este caso en su etapa intermedia y hoy se encuentra en el exilio tras su renuncia. Valdés señaló que un juez “no puede hacer figuras jurídicas que no existen, porque no le corresponde al juez legislar”, al explicar la aplicación de la prisión provisional a algunos acusados en este caso. “Tampoco voy a tener 3 o 4 meses a una persona en prisión con el pretexto de que mi agenda está muy cargada, porque en ese caso organizo mi agenda, trabajo fuera de horario, le reduzco tiempo a los abogados o simplemente aplico las medidas de coerción que sean las previstas, pero no puedo inventarme una. Es un problema que no me compete a mí solucionar porque soy jueza, no legisladora, y si hay un vacío ahí, pues me voy a medidas de coerción, le digo ‘señora váyase a su casa, le vamos a mandar citación (…) le voy a dictar el arraigo’, entonces no estoy afectando la libertad ni aplicando un trato fuera de lo humano”. La prisión provisional o preventiva es el tiempo en que una persona pasa en prisión desde su captura hasta ser escuchado por un juez, analiza la investigación y decide si envía a juicio o no al sindicado. En el caso La Línea, acusados como Otto Pérez Molina, Roxana Baldetti y Omar Franco, pasaron en prisión preventiva desde su captura en 2015.

La figura de prisión provisional que adjudican a Gálvez incluso tuvo como consecuencia que la Fundación contra el Terrorismo solicitara antejuicio contra el juez citando un informe del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien) con el que lo señalan como el creador de esa medida de coerción inexistente. Gálvez por su parte desde que los casos presentados por FECI y Cicig, implicaban a decenas de sindicados, señaló ante la Corte Suprema de Justicia la necesidad de modificar el Código Procesal Penal o la creación de una ley especial para delitos de competencia ampliada. De hecho, en 2018 fue presentada por la magistrada Delia Dávila Salazar al pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el proyecto de Ley para Procesos de Tramitación Compleja, la respuesta a este vacío, sin embargo, hasta el día de hoy no ha sido atendida.

Además, durante el análisis del fallo, la jueza arremetió contra la Cicig, utilizó los verbos como “apantallar” para demeritar el trabajo de la extinta comisión. Señaló con seguridad que la Cicig tomaba como “comodín” a personas para convertirlas en colaboradores eficaces pero cuyos testimonios no podían quedar sin corroborar. “Cicig fue una institución que se empoderó mucho, juez que no resolvía conforme a las peticiones de ellos, era difamado. Incluso yo, por el señor Iván Velásquez, que también difamó al Tribunal que yo presido. Se dio este abuso, se tomó la mediatización para presionar al sistema de jueces a que resolvieran conforme a lo que ellos querían. (…) Este proceso fue manipulado (…) incluso por la Cicig. Se sabe de muchos abusos que cometieron estas personas de manera individual, porque no fue la institución. No podemos tomar nosotros decisiones con pruebas que no se hayan tomado legítimamente”, dijo la jueza Valdés. “No necesitábamos de extranjeros”, añadió.

Por más de una hora, las declaraciones de la jueza Jeannette Valdés contra la Cicig, el Juez Gálvez, la FECI y sus acusaciones, hacían creer a los asistentes y a los periodistas presentes en la audiencia que los 29 acusados serían absueltos. Esta narrativa empleada por la jueza también ha sido utilizada para criminalizar a jueces y ex fiscales que tuvieron a su cargo casos de corrupción, que hoy permanecen en el exilio. Sin embargo, sí hubo condenas.

19 condenas pero 10 absoluciones

La estructura de La Línea tenía distintos niveles. Mandos altos y medios, una estructura externa media, otra estructura externa superior. Según el análisis del Tribunal, la investigación evidenció la tesis presentada en su momento por Cicig y FECI: hubo un sistema de defraudación en el proceso aduanero reglamentario para el ingreso de mercaderías a Guatemala. En este proceso, cuando los contenedores que ingresaban caían en semáforo rojo, los importadores tenían la opción de no pagar impuestos o reducirlos a cambio de un soborno (el pago de una cola en el semáforo) que semanalmente generaba Q9 millones de ganancias, de las cuales el 61% eran para el exbinomio presidencial. De 29 sindicados que llegaron a juicio, 19 fueron condenados y 10 absueltos. La sentencia fue unánime, es decir que las tres juzgadoras del tribunal de sentencia estuvieron de acuerdo.

Durante el desarrollo de la audiencia, las juezas hicieron hincapié en la participación de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti como altos mandos de la estructura. Lamentaron, no obstante, que dos altos funcionarios hubieran participado de una estructura como esta y finalmente, tras una larga argumentación, los sentenciaron por asociación ilícita y defraudación aduanera, pero no por enriquecimiento ilícito. Ex presidente y ex vicepresidenta fueron absueltos de ese delito, puesto que para las juzgadoras no se pudo probar. El Ministerio Público no pudo mostrar documentación que constatara la adquisición de propiedades, aeronaves, autos u otros bienes que evidenciaran el enriquecimiento ilícito. A pesar de ello, la vocal del Tribunal, Kathy Sarceño, señaló que no quedaban dudas de que se enriquecieron ilícitamente. La vocal Marling González también señaló, imprecando a la fiscalía, que “nos vemos atadas de brazos porque las acusaciones no están bien y no somos superiores a la ley”.

A tres altos mandos de la SAT, el tribunal los absolvió: Omar Franco y Carlos Muñoz, ex superintendentes de administración tributaria, y Claudia Méndez Ascencio, exintendente de aduanas. Fueron absueltos de los delitos de asociación ilícita y defraudación aduanera. Para absolverlos, el Tribunal se valió de las falencias dentro de la acusación del Ministerio Público. La declaración en calidad de colaborador eficaz de Salvador Estuardo González, alias Eco, no fue tomada en cuenta debido a estos errores. En esa declaración Eco reveló los esquemas de pagos de sobornos, en la que mencionó un reloj regalado a la exintendente de aduanas, pero la jueza Valdés explicó que la acusación no logró demostrar más detalles de esa compra. Ascencio era acusada de haber colaborado con la estructura al “colocar” personal en la SAT para facilitar la operación de La Línea, era la “señora dos”, quien además dejó pasar supuestamente 1,561 contenedores sin el pago de impuestos. A juicio de la juzgadora Valdés, a Ascencio no se le pudo demostrar la comisión de los delitos de asociación ilícita, defraudación aduanera y enriquecimiento ilícito, lamentó además que se arruinara la reputación de la exintendente.

En el caso de Omar Franco Chacón, el Tribunal lo absolvió del delito de asociación ilícita, enriquecimiento ilícito y defraudación aduanera. Este alto mando de la SAT era nombrado en las escuchas telefónicas de integrantes de La Línea como el futuro superintendente antes de que fuera nombrado en el cargo por Pérez Molina, pero para las juzgadoras no hubo datos probatorios en la acusación del Miniterio Público. “Siempre lo dije, que era inocente en este caso, bendito sea Dios hoy se da la absolución de los tres delitos que se imputaban y ahora a seguir adelante peleando por obtener la absolución también en los otros casos en los que también fui sindicado”, dijo a la prensa Franco Chacón al salir de la audiencia de sentencia. Además, agregó que considera que este fallo podría ayudarle a obtener medidas sustitutivas en los otros casos, pues la génesis de todos sus procesos estaba en La Línea.

A Carlos Muñoz, también exsuperintendente, la fiscalía lo señalaba de haber participado en una reunión en donde se decidieron los porcentajes que iban a recibir cada uno de los miembros de La Línea y de recibir el 5% de todo lo recaudado. Durante el desarrollo del juicio Muñoz negó haber participado de toda la operación de defraudación aduanera y declaró que la estructura funcionó en un período posterior a su gestión.

Entre otros absueltos, por asociación ilícita, está Anthony Segura Franco, ex secretario general del sindicato de la SAT. Para las juezas no pudo ser corroborado que fueran “fajos de dinero” los que, según la fiscalía, contaba Segura Franco en un vehículo estacionado en la Boutique Emilio, lugar donde se reunió con Salvador González, alias Eco, donde operaba la estructura de La Línea. Durante el juicio, Segura Franco se defendió mostrando notas periodísticas en medios de comunicación publicadas durante 2014 donde dio declaraciones de señalamientos de corrupción en la SAT.  

El panorama actual ante este fallo

Juan Francisco Sandoval, entrevistado por No Ficción para este reportaje, no comparte el criterio valorativo que tuvo el Tribunal o el razonamiento utilizado en algunas decisiones, pero celebra la condena. “Estamos viendo cómo el sistema de justicia de Guatemala está en una grave crisis y aún en medio de esa crisis fue obtenido este fallo, entonces son elementos que creo que son importantes a resaltar. Otro hecho es que es una sentencia histórica, condenados por casos de corrupción en estos días es muy difícil y, sobre todo, es el primer gobernante en el caso de Otto Pérez, que ha sido condenado por un tribunal guatemalteco por un caso de corrupción, porque teníamos otro antecedente del expresidente Portillo, pero él fue condenado por la justicia de los Estados Unidos o, por ejemplo, el del general Ríos Montt, pero la condena no fue por un acto de corrupción, sino por graves violaciones a derechos humanos”, dijo. Además, el ex fiscal agregó que, el Ministerio Público actual, debería impugnar esta sentencia: “un Ministerio Público comprometido con la justicia debería de impugnar aspectos como estos (la absolución de Omar Franco y Claudia Ascencio) y no como ha ocurrido en otros casos donde se quedan sin impugnar como el de Blanca Stalling y Financiamiento Electoral Ilícito de la UNE”.

En efecto, hoy el actual fiscal de la FECI Rafael Curruchiche declaró en el programa matutino del medio Con Criterio, este 8 de diciembre, que se apelará la sentencia por los sindicados absueltos bajo criterios jurídicos y técnicos. Agregó que fiscales que estuvieron en la investigación del 2015 son los que estuvieron hasta el debate en 2022, pero no explica todos los movimientos recientes en la FECI ni la situación en la que se encuentra la actual fiscal titular del caso, Leslie Rosales: al finalizar el proceso, será trasladada a la Fiscalía de Delitos contra la Narcoactividad.

Para Otto Pérez Molina, al ser entrevistado después de la sentencia en su contra, este proceso es una decepción. Declaró que impugnará el delito de defraudación aduanera porque “es un delito exactamente para los importadores”, dijo. “Es un fallo que no tiene sustento, no tiene pruebas. Fue con habladas de terceras personas, (…) a una de las sindicadas [Claudia M. Ascencio] la absolvió por exactamente lo mismo que yo tenía, entonces a mí me sorprende cómo, por un lado, sin pruebas como ella lo dijo, absuelve a una persona, pero condena en este caso a mi persona. Lo que nos queda es hacer una apelación especial para lograr votar este fallo que verdaderamente está sin ningún sustento, no tiene ninguna prueba”, dijo a la prensa.

El Tribunal convocó a todas las partes procesales el 3 de enero de 2023 a las 10:00 am para la audiencia de reparación digna. Para apelar, las partes podrán presentar sus descargos a partir del 6 de enero ante las Salas de Apelaciones de Mayor Riesgo.

En 2015 cuando fue revelado el caso por la Cicig y el Ministerio Público, se vivía en Guatemala una institucionalidad diferente a la de hoy. La rotación del personal de la FECI, renuncias y movimientos de puestos han sido constantes, la Cicig ya no existe y el Ministerio Público presidido por Consuelo Porras, además reelecta para el periodo 2022 – 2025, ha desatendido los casos de corrupción antes investigados y se ha quedado de brazos cruzados, sin impugnar resoluciones judiciales que han liberado de la cárcel a sindicados por corrupción. La fiscal general no da entrevistas ni conferencias de prensa, su antecesora Thelma Aldana, hizo todo lo contrario. Con los llamados jueves de Cicig, la prensa esperaba atentamente la divulgación de nuevos casos de corrupción investigados por el MP y la Comisión. Hace 7 años, la reacción ciudadana ante la corrupción fue la protesta. Con banderas, carteles, consignas, y la propia voz, miles salieron a manifestar pacíficamente de abril a agosto pidiendo la renuncia de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti. Hoy, como consecuencia de la represión, la ciudadanía ya no sale a protestar. Las últimas reacciones ciudadanas multitudinarias, fueron las protestas de noviembre de 2020 por la aprobación de un presupuesto cuestionable para 2021: y las de julio de 2021, tras la destitución de Juan Francisco Sandoval. Guatemala vive hoy un retroceso democrático y la sentencia del caso La Línea llega en un momento donde la lucha contra la corrupción posiblemente se acabó.