Los primeros elementos de la investigación fueron presentados el 6 de febrero de 2019. El caso se fundamenta en la hipótesis de que la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) utilizó a las empresas MAARIV, S.A., Promotora de Recursos Habitacionales S.A. (PROHABSA) y al Grupo Empresarial San Felipe S.A. como centros de recaudación y administración de recursos externos al partido por medio de una estructura de entidades y una administración paralela de las finanzas oficiales de campaña. Esto para que el partido eludiera el control sobre los fondos que le aportaron.
Los aportes identificados por la CICIG que no fueron reportados al Tribunal Supremo Electoral (TSE) por el partido UNE suman Q19.53 millones. La acusación se originó en las investigaciones del caso Traficantes de Influencias” (enero de 2018), que mostraro la existencia de una estructura vinculada con el pago de sobornos para la agilización de crédito fiscal en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), se detectaron movimientos financieros desde las cuentas de la empresa Ingeniería Integral S.A., hacia la entidad MAARIV S.A.
Entre los investigados por la Comisión se encontraron Mario Roberto Leal Castillo, excandidato a la vicepresidencia en 2015, con la presidenciable Sandra Torres, y el exsecretario privado de la Presidencia, Gustavo Alejos Cámbara. Contra Torres se solicitó el retiro de su antejuicio para proceder con la investigación, pero la CSJ rechazó la solicitud. Luego de la salida de la CICIG, en un seguimiento de la investigación la FECI realizó la captura de Torres el 2 de septiembre de 2019 en relación con este caso por el delito de financiamiento electoral no registrado.
