La crisis institucional derivada del rechazo ciudadano al Presupuesto 2021 tiene raíces, y ramificaciones, más amplias. Entre estas se encuentra el uso desmedido de la fuerza policial, el conflicto entre decisiones del Ejecutivo y resoluciones de la Corte de Constitucionalidad (y la misma división entre Presidencia y Vicepresidencia), la falta de legitimidad en las acciones de diputados desde el Congreso, la cooptación de la justicia y la misma debacle del sistema de partidos políticos. Hemos elegido las siguientes siete preguntas para arrojar algo de luz a la opacidad de los últimos días. 

1. ¿Incumplir el amparo que mandaba proteger la manifestación le puede costar el puesto al Ministro de Gobernación?

Por Sofía Menchú

Capturar de manera arbitraria y golpear a algunos manifestantes y periodistas, así como dispersar a transeúntes que caminaban la noche del 21 de noviembre sobre la Sexta Avenida del Centro Histórico fueron algunas de las acciones calificadas por el Procurador de Derechos Humanos de “irracionales y de uso excesivo de la fuerza” por la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio de Gobernación. Todo esto pasó después de que la CC ordenó a la Presidencia, Gobernación y a la Policía garantizar el derecho a manifestar.

“Se ordena a la fuerza pública observar los deberes que le atañen, en relación, al mantenimiento del orden público y de la seguridad ciudadana (…) de manera que se garantice el ejercicio del derecho de manifestación pacífica, así como la vida e integridad de quienes intervengan en la actividad”, se lee en la resolución extendida por la CC que amparaba las manifestaciones.

Este amparo se otorgó a solicitud del Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, quien pidió proteger los derechos de los habitantes en las manifestaciones del 21N en todo el territorio nacional.

Ese mandato de la Corte puede generar en los próximos días la destitución del Ministro de Gobernación, Gendri Reyes. Así lo considera el Procurador. “La pelota está en la cancha de la Corte”, dijo Rodas. “Yo sé que es una decisión difícil por la connotación política, pero la población vería con buenos ojos un fallo para que no queden impunes esos hechos. Hay una cadena de mando”, agregó.

Rodas mencionó que hay un precedente donde no solamente el Presidente puede destituir a un ministro, el caso contra el exministro de Educación, Bienvenido Argueta, durante el gobierno de Álvaro Colom. Él fue retirado de su cargo por orden de la CC y a solicitud de la entonces diputada Nineth Montenegro.

“Lo que pasó con Bienvenido Argueta es que pese a que yo le pedí mediante solicitud de acceso a la información todos los datos del Programa Mi Familia Progresa, me los negó. Fui a recurso de revisión y también me lo negó. Entonces fui por un Amparo. En ese amparo se obligó a entregarme la información, pero también pedía su destitución porque había incumplido con su deber. No sé si ahora hay un símil”, explicó Montenegro.

Una CC empoderada podía llegar a tomar decisiones así, en aquella ocasión el pulso político con el Ejecutivo tenía la válvula de escape de reconocer la separación de poderes y acatar la resolución. Ese contexto, sin embargo, no es el mismo en 2020 luego de una presión constante sobre la Corte e incluso el intento de separación de los magistrados Mata Vela y Porras.

La oficina de comunicación social de la CC indicó que la Corte pidió informes de lo actuado ese 21 de noviembre a Presidencia, PNC y Gobernación. Estos llegaron el viernes 27 de noviembre, y a partir de ese momento los magistrados tenían 48 horas para analizar y decidir si procede o no una destitución contra Reyes.  Sin embargo, el tema no está programado para conocer en el pleno de magistrados hasta la semana que inicia el 7 de diciembre.

“Dependerá del informe de actuaciones que ellos hayan hecho si le indican a la Corte de Constitucionalidad de que instalaron una mesa de crisis, desarrollaron un plan operativo y la razón por la que no se cercó el Congreso y la Corte lo considera suficiente. Yo creo que no van a ordenar la destitución. A menos que, la Corte considere lo poco que hicieron para garantizar la seguridad de los manifestantes”, explicó Francisco Rivas, exministro de Gobernación.

En este punto la decisión de la CC, que se ha mostrado dividida en temas controversiales sobre los límites de poder del Ejecutivo, está en un dilema. El abierto desprecio a resoluciones de la Corte durante la administración del expresidente Jimmy Morales, por ejemplo, impidiendo el retorno del excomisionado de Cicig, Iván Velásquez, figura como una muestra de esto. 

Se buscó una reacción del Ministerio de Gobernación y se solicitó una entrevista con el ministro, Gendri Reyes, pero no atendió a la petición.

2. ¿Qué pasa ahora con el Presupuesto 2021?

Por Bill Barreto

La aprobación del Presupuesto 2021, en medio de la opacidad y sin una verdadera discusión técnica, fue la mecha de las protestas del 21 de noviembre. Luego del descontento ciudadano el Congreso dio marcha atrás, pero queda en el aire la incertidumbre sobre cómo se organizará el plan de gastos para el próximo año.

La primera clave está en que, aunque se rechazaba un presupuesto de 99 mil 700 millones, al archivarlo anómalamente la Junta Directiva en la práctica, el próximo año, iniciará con el presupuesto vigente de Q107 mil 760 millones. Esto implica que se tendrán que aprobar modificaciones presupuestarias el próximo año, las cuales nuevamente pasan por el Congreso.

Esto no significa, necesariamente, que la cura haya sido peor que la enfermedad. Las protestas ciudadanas hicieron dar marcha atrás a la alianza oficialista que aprobó un decreto en el que se había “olvidado” una asignación de Q200 millones para el combate a la desnutrición, y por la cual se tuvo que hacer una enmienda a la carrera para tapar este error; era también un presupuesto que incluía Q330 millones para un cuestionado Seguro Escolar con un contrato otorgado sin competencia real y sin que haya cumplido con la cobertura de estudiantes prometida.  

Ahora, el Ejecutivo se ve obligado a plantear enmiendas para que los gastos programados se correspondan con los ingresos. En consulta con el ministro de Finanzas, Álvaro González Ricci, este le confirmó a No-Ficción que el presidente Giammattei pidió, en consejo de ministros, que los funcionarios busquen donde recortar.

“No se tocará Salud, Educación o Gobernación, pero se buscarán ahorros en otras instituciones” dijo el ministro. No se habló de cerrar ninguna institución, señaló González. Peticiones como el cierre del Centro de Gobierno seguirán pendientes. Finanzas priorizará que se vuelvan a aprobar los decretos derogados que incluían los préstamos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por US$594 millones para financiar el funcionamiento del Estado y el de US$20 millones con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) para atención de la pandemia de Covid-19.

Asignaciones como los Q600 millones a los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) destinado a “obras nuevas para reactivar a la economía”, según el rubro del presupuesto, quedarán nuevamente en entredicho y sujetos a la crítica.

El ambiente para estas readecuaciones, sin embargo, no será nada favorable, advierte Samuel Pérez, diputado de Semilla e integrante de la Comisión de Finanzas del Legislativo. “Los incentivos negativos siguen allí” señala el congresista como la asignación a los Codedes. “Esta crisis la generó el propio presidente y no hay señales de que se quiera dar una verdadera discusión, ni ceder con demandas como la cancelación del Centro de Gobierno o la destitución del ministro de Gobernación” advierte Pérez.

Por su parte, el titular de Finanzas, insiste en que se recibirán propuestas y se las evaluará antes de presentar la readecuación del plan de gastos al Legislativo. Entre las organizaciones convocadas para presentar sugerencias, sin embargo, lo que hay es un profundo escepticismo. Ricardo Barrientos, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), por ejemplo, señala que ellos harán publica su propuesta de cambios, y la enviarán a Finanzas, pero no ven ninguna disposición para verdadero diálogo.

Todo recae nuevamente en la arena política. La presidencia de Giammattei reedita una debilidad de origen en el Legislativo que ya tenía FCN-Nación con Jimmy Morales, contar con pocos diputados electos. El partido de Giammattei, Vamos, llega al Congreso con solo 17 curules, poco más del diez por ciento del total de diputados. Eso hace que tenga que tejer una red de alianzas con partidos como UCN, FCN-Nación, Valor, Viva e incluso el bloque de diputados “sandristas” dentro de la UNE, entre otras bancadas, para lograr una aprobación con ochenta votos.

Es decir alinear muchos intereses.

No hay que olvidar el peso de incentivos perversos como la asignación de obras, negocios particulares con el Estado y otras prebendas. Sin embargo, frente al desgaste de manifestaciones en la ciudad capital y diferentes departamentos, el presupuesto del 2021 puede quedar a gusto del Ejecutivo, pero sólo a costa de que se erosione aún más la credibilidad del Legislativo y la Presidencia a niveles inéditos desde la caída del gobierno de Pérez Molina.

3. ¿Cómo queda la Junta Directiva del Congreso después del desastre del presupuesto?

Por Bill Barreto

La derrota política de Giammattei al quedar enterrado el presupuesto 2021 vino a desnudar la debilidad del Congreso, y en particular de su Junta Directiva, para lograr acuerdos políticos y qué estos sean aceptados por la población.

El poder se sostiene no solo con la fuerza, sino también con la aceptación de que una autoridad tiene la legitimidad para ejercer esa fuerza. La decisión del Congreso de archivar el presupuesto, después de un desborde de rechazo ciudadano, tiene su imagen más parecida con la misma técnica de archivar las reformas al Código Penal, en 2017, conocidas popularmente como el Pacto de corruptos.

En aquella ocasión, cómo ahora, se buscó evitar mostrar a un presidente débil, desdiciéndose y vetando un decreto orquestado en las mismas entrañas de su gobierno. En lugar de eso se recurrió a que el Legislativo pasara el bochorno.

El Presupuesto 2021 “no será remitido al Organismo Ejecutivo y se suspende el trámite en aras de la gobernabilidad” dijo el presidente del Legislativo, Allan Rodríguez en un video transmitido la noche del domingo 22 de noviembre y rodeado de su Junta Directiva (JD). La imagen a la defensiva del diputado apelando a que las manifestaciones son “parte de una estrategia desestabilizadora” retrata a todo el órgano colegiado.

Hay que recordar la situación jurídica y partidaria de algunos integrantes de Junta Directiva para ver lo cuestionable de su posición:

Su presidente Allan Rodríguez, del oficialista Vamos, es un neófito en la política nacional quien dejó, luego de ser diagnóstico de Covid-19, durante dos meses la presidencia del Congreso en la primera vicepresidenta, Sofía Hernández, de UCN. El máximo líder del partido de la congresista Hernández, el excandidato a la presidencia, Mario Estrada, fue capturado en EEUU el 17 de abril de 2019, acusado de narcotráfico.

Otro de sus integrantes, Felipe Alejos Lorenzana, primer secretario, quien no fue reelecto para el próximo año en JD, enfrenta una investigación sin cerrar por integrar una red de corrupción en la SAT, y fue incluido en la lista negra del Departamento de Estado de Estados Unidos por participar en “importantes actos de corrupción” según el secretario Mike Pompeo.

El quinto secretario, Carlos Santiago Nájera, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), enfrenta un proceso de expulsión de su partido. Nájera es parte de la facción “sandrista” de la UNE, importante para la elección de la actual Junta Directiva y la aprobación del abortado presupuesto 2021, con alrededor de 30 diputados en sus filas.

Las cosas ni si quiera resultan claras para los nuevos integrantes de Junta Directiva, que se incorporarían en 2021. Como muestra se encuentra el diputado Jorge García Silva, de Prosperidad Ciudadana, quinto secretario de la junta directiva del Congreso, quien fue denunciado por el mismo fundador de su partido, Edwin Escobar, ante el Ministerio Público, la Contraloría General de Cuentas y el Tribunal Supremo Electoral por presuntamente haber recibido contratos y plazas en el Insivumeh a cambio de conseguir apoyos en el Legislativo a favor de la alianza oficialista.

La decisión de Junta Directiva de archivar el decreto del Presupuesto 2021 y la misma falta de gestión política de la crisis llevó a bancadas de oposición y diputados por cuenta propia pidieran la renuncia de este órgano colegiado.  Las bancadas de Semilla, Winaq, URNG-Maiz, Victoria, una parte de la bancada de la UNE y diputados por cuenta propia como diputados Eduardo Zachrisson, del Partido Avanzada Nacional, Evelyn Morataya y Andrea Beatríz Villagrán, de Bienestar Nacional hicieron este llamado.

Consultada sobre las posibilidades de salida al conflicto, la jefa de bloque de Winaq, Sonia Gutiérrez, indicó que la única posibilidad es la “movilización ciudadana”.  “Ellos quedaron sentidos que se les cayó el presupuesto, y las prácticas oscuras, opacas y de intereses partidarios lastimosamente persisten” concluyó.

Dos fuentes parlamentarias independientes, una dentro de los diputados de oposición y otra dentro de bloques cercanos al oficialismo, coinciden en que el control de la justicia sigue siendo el mayor elemento aglutinador dentro de la nebulosa de las bancadas que apoyan al gobierno. Esto mediante seguir atrasando la elección de los integrantes de Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones hasta abril, cuando se daría el relevo en la Corte de Constitucionalidad.

Más allá de eso hay divisiones internas en bloques como FCN-Nación y Todos, manteniendo este último una alianza con Unionista a través la relación personal entre los dirigentes Felipe Alejos y Álvaro Arzú Escobar; y bancadas como VIVA se muestran dudosas de seguir apoyando al Ejecutivo.

Finalmente, la división del Congreso tiene su muestra más palpable en la bancada más grande, la UNE, cuya facción “sandrista”, ahora con alrededor de 30 diputados consiguió dos lugares en la Junta Directiva del próximo año. Por otro lado, el grupo liderado por el diputado Carlos Barreda ha menguado, a cerca de 22 congresistas, y aunque han apoyado medidas como pedir la destitución de la Directiva, o plantear ante la OEA que no hay ninguna amenaza contra el orden constitucional, no muestran signos de querer desgastarse en una confrontación directa con el Ejecutivo.

4. ¿Qué tiene que ver en toda la crisis política la cooptación de la justicia?

Por Gladys Olmstead

La respuesta corta es que todo. Luego de que el Congreso retrasará durante todo un año la elección de Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Salas de Apelaciones, los jueces y magistrados que permanecen no han logrado otra cosa sino desgastar la credibilidad y confianza puesta en ellos por los guatemaltecos.

La idea de que en Guatemala existen tres poderes del Estado se desvanece un poco más con cada día que pasa. Los diputados al rehusarse a elegir han puesto en peligro la justicia del país y la integración de la única corte aún en funciones legítimas: la Corte Constitucionalidad (CC) al intentar, sin éxito, desaforar a dos magistrados el último día de sesiones.

A pesar de la necesidad clara y específica de esta elección, el panorama de impunidad parece mantenerse. No-Ficción conversó con dos abogadas e investigadoras judiciales sobre este retraso y sus secuelas, para comprender más sobre esta crisis judicial que se ha mantenido durante todo el año y de la que algunos salen favorecidos.

“Hay indicios de incidencia de algunos actores que tratan de buscar fallos en beneficio de un tercero o propios. Y cuando hablo de un tercero me refiero a propios grupos determinados como ha sido evidenciado en acusaciones de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), del Ministerio Público (MP)”, explica Lorena Escobar, coordinadora del Departamento de Análisis Jurídico de ASIES, la justicia “está débil en su independencia” señaló.

Sumado a esto, continuar sin elegir cortes acarrea consecuencias. Según la abogada Andrea Reyes, “Ellos podrían extenderse otros dos o tres años con la misma corte para favorecer los juicios que les podrían abrir en estos días por todo lo que están haciendo”.

El próximo asalto es la CC.

“La Corte de Constitucionalidad vigila que el resto de los organismos del estado cumplan con lo que está dispuesto en la constitución: límites al poder y protección a los ciudadanos frente al poder de estos tres organismos. Sin un actor independiente, ¿quién entonces puede poner esos límites?”, se pregunta en su explicación Lorena Escobar sobre el papel de la CC.

La independencia entre los poderes del Estado se encuentra en entredicho. La reciente elección de Roberto Molina Barreto por parte de la CSJ trae consigo la memoria de crisis pasadas:

“Cuando existe una cooptación desde el punto de vista de la CC ocurre lo que en el gobierno de Alfonso Portillo”, recuerda Andrea Reyes, “(en 2003) aparte de tener a todo el Congreso a su merced, porque tenía una aplanadora de su partido, también tenían cooptada la CC. Y esto permitió que se violará abiertamente la Constitución con resoluciones como la inclusión de Ríos Montt teniendo él una prohibición expresa de participar en las elecciones”.

El papel por momentos protagónico que ha adoptado la CC en los últimos años y específicamente en esta elección de cortes, de un año para acá, ha sido notorio. Es por esa razón que Lorena Escobar considera que, para los actores o grupos de poder con el objetivo oficial de garantizarse impunidad eliminar cualquier obstáculo es una necesidad.

Este es un punto en el que ambas analistas coinciden, el grupo de actores interesado en perpetuar la crisis busca impunidad, no ser perseguidos por hechos ilícitos ya cometidos o por cometer.

Para controlar las decisiones de la CC, los grupos pro-impunidad que ya manejan la CSJ podrían intentar conseguir la otra silla que hace falta ser nombrada por el Organismo Judicial. Pero “mientras los diputados no elijan cortes, tienen toda la posibilidad de coaccionar de alguna u otra manera a los magistrados con su reelección a cambio de este tipo de acciones”, expone Reyes.

La tardanza en la renovación de cortes solo inestabilidad en el país, porque tener jueces que resuelven de forma oscura y en favor de algunos es un problema para todos los ciudadanos. Y con especial interés en el auge de los movimientos de descontento social:

Escobar también apunta que la falta de independencia judicial aumenta el riesgo de “que hemos visto acciones irregulares en contra de la población de parte de la PNC y de las autoridades durante las manifestaciones es posibles que esto se agrave, si no existen jueces capaces de poner un freno”.

Un caso de jueces respondiendo a intereses de personas particulares se registró el pasado 25 de noviembre cuando el juez Tercero Penal, Mynor Moto, por solicitud de Dennis Herrera fijó dos días para que Erika Aifán, la jueza de Mayor Riesgo B, rindiera información del caso comisiones paralelas 2020, según la organización Guatemala Visible. El caso mencionado se encuentra bajo reserva, pero se trata del que contiene todo el expediente sobre la supuesta injerencia en la elección de Cortes y no está asignado al juez Moto.

Sin embargo, Dennis Herrera sí está vinculado por ser uno de los candidatos a jueces acusados de reunirse con Gustavo Alejos para negociar su elección.

Este es el tipo de acciones que solo contribuyen a una CSJ más desgastada y desprestigiada, sin señales de renovación, expone Reyes, mientras también insiste en que “el regreso de Roberto Molina Barreto beneficia a que actores contrarios a la lucha contra la corrupción dominen la CC. Y ya no sea el actor que era en mayo de 2020”.

5. ¿Por qué se da la ruptura entre el presidente Giammattei y el vicepresidente Castillo?

Por Sonny Figueroa

De acuerdo con fuentes del Ejecutivo los momentos más tensos entre el presidente Alejandro Giammattei y el vicepresidente Guillermo Castillo se dieron por la intención de intervenir el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social –IGSS- y la creación de la Comisión Presidencial del Centro de Gobierno, una institución fuertemente criticada.

Este distanciamiento era evidente, pero ninguno lo reconocía públicamente hasta el pasado 20 de noviembre. La noche antes a la manifestación 21N, Castillo convocó a una improvisada conferencia de prensa en la que dijo que su relación con el mandatario no era buena y que ambos debían renunciar.

“Fui elegido vicepresidente y juntos (con Giammattei) prometimos llevar las riendas conforme a la población lo requería. Sin embargo, no ha sido como se esperaba… quiero dejar muy claro el planteamiento que le he hecho al presidente, por el bien del país, que presentemos ambos nuestra renuncia”, dijo Castillo a los periodistas.

La mala relación es de raíz en el binomio presidencial es de raíz, explicó el politólogo, Renzo Rosal: Durante la campaña los dos tenían un objetivo en común: llegar a la presidencia, pero que esa meta con la victoria electoral porque los intereses cambiaron.

“La línea de separación viene desde el montaje del binomio. Guillermo Castillo llega al partido como un invitado y responde a un compromiso con financistas. Ambos se conocen desde hace atrás, pero no son amigos. Guillermo hizo campaña de bajo perfil y Giammattei lo hizo a como el personaje principal”, explicó el experto.

A decir de Celia Luna, politóloga de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES) el divorcio del binomio presidencial se da por la falta de cuadros técnicos en los partidos, ya que se acepta un candidato para congraciarse con algún sector.

Una de las peticiones que Castillo hizo a Giammattei, el 20 de noviembre, fue el cierre del Centro de Gobierno porque la considera innecesaria. “Le pedí al presidente que desintegremos el Centro de Gobierno. A mí no me molesta, pero abona muy poco y no está generando algo extraordinario, puntualizó el vicemandatario”.

“Cuando aparece Miguel Martínez, ese actor que se inmiscuye en la administración pública y la usa para su beneficio, eso margina al vicepresidente. El binomio hoy por hoy es Alejandro Giammattei y Miguel Martínez, el vicepresidente está relegado”, explicó Renzo Rosal.

El talante autoritario del presidente Giammattei se vio reflejado en disputas públicas con el vicepresidente como la discusión filtrada de un chat de WhatsApp sobre una reunión fijada en consejo de ministro para la noche del lunes 28 de septiembre.

Castillo respondió que se desligaba de esa reunión bajo el argumento de que el mandatario debe estar en recuperación y delegar las funciones en él. “Esa reunión pudimos haberla sostenido con suficiente antelación si usted hubiera decidido delegar en mi persona la convocatoria a Consejo de Ministros y no detenerla egoístamente solo pensando en el ejercicio del poder”, dijo Castillo a Giammattei en esa oportunidad.

La misma creación del Centro de Gobierno es vista por Rosal como un reflejo de la intención de la presidencia de aislar y afectar la labor del Castillo.

Este bloqueo de parte de Giammattei hacia Castillo se da hasta en las redes sociales. A lo interno de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia se conoce que tienen prohibido compartir a los periodistas y en Facebook y Twitter información del vicepresidente.

6. ¿Qué papel tiene el sector privado en esta crisis?

Por Carolina Gamazo

El pasado 19 de noviembre, un día después de que el Congreso de la República aprobara a escondidas el cuestionado presupuesto 2021, hubo una sintonía que no se daba desde 2015. La voz sector privado organizado, representado a través del CACIF, y los reclamos populares coincidieron en contra del Gobierno. 

En este caso, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales Industriales y Financieras (Cacif) rechazó el nuevo presupuesto, que lleva el déficit fiscal a 30.1 millardos y emitió un comunicado pidiendo vetar el presupuesto aprobado.

El Cacif calificó la discusión técnica del presupuesto como “acelerada con opacidad y con ánimo de evitar la observancia ciudadana” señala el comunicado.  A la vez que advertían que este amenazaba el “control macroeconómico”

Hasta ese momento, el sector privado había apoyado la legislatura de Alejandro Giammattei, que podría considerarse un gobierno de vocación empresarial. Este cuenta con presencia en el gabinete de varios representantes cercanos al CACIF, como el ministro de Finanzas, Álvaro González Ricci, y el de Economía, Antonio Malouf, relacionados con el CACIF. De la misma manera, el vicepresidente Guillermo Castillo quien ocupó cargos directivos en la Cámara de Comercio.

Sin embargo, los niveles de deuda necesarios para financiar el nuevo presupuesto, que superaría por primera vez los cien mil millones de quetzales, no son bien vistos por el ala más liberal o libertaria del sector privado organizado, con una visión ideológica conservadora con respecto a la prudencia fiscal o el endeudamiento.  La diferencia entre los ingresos y los egresos, implicaría además el incremento de la presión sobre la recaudación tributaria, algo que se traduce en último término en pagar más impuestos y que también es contrario a la visión liberal. 

Hay que recordar que Giammattei se volvió la opción preferida del empresariado, en la segunda vuelta de las elecciones en 2019, al enfrentar a Sandra Torres de la UNE. Pero como sucedió ya, recientemente, con el gobierno de Jimmy Morales. Este respaldo tiene por costo la defensa de intereses de grupo de la élite empresarial.

Los cuatro factores más claros, según fuentes en el ámbito económico y político, que influyen para el respaldo de la cúpula económica del país pasa por:

En primer lugar, la aprobación del primer contrato de Alianzas Público Privadas  es la concesión por 25 años de la carretera a Puerto Quetzal desde Escuintla, un proyecto que lleva ya varios años varado y que sería uno de los botines para el sector de la construcción de la construcción de esta legislatura

En segundo punto, y siempre en el ámbito de la construcción, estaría la aprobación de la Ley de Infraestructura Vial, iniciativa de ley 5431, un proyecto de FUNDESA que supone “carreteras a través de modelos de pago de cargos por disponibilidad”, es decir construir carreteras con peaje. 

El tercer aspecto, es una promesa reiterada durante varios gobiernos al sector empresarial, y que hasta la fecha sin embargo no ha tenido visos de pasar al debate público, es la creación de un reglamento para las consultas populares sobre la extracción de los recursos naturales. De gran interés para proyectos de energía, agroindustriales y mineros, entre otros, en todo el país.

Los tres primeros puntos tienen en común que no dependen solo del apoyo del Ejecutivo, si no además, de su habilidad para gestionarlos en el Congreso de la República, donde ha sido evidente la falta de pericia de sus operadores políticos.

Y, por último, como cuarto elemento importante en la actual coyuntura, estaría la capacidad de influencia en las cortes, que también acerca al sector privado organizado al gobierno de  Giammattei. Esto se traduce en la promesa de que los magistrados de la Corte de Constitucionalidad designados por Alejandro Giammattei sean afines, no sólo al Ejecutivo sino también al sector empresarial, protegiéndose contra resoluciones contrarias a sus intereses. 

Todos estos factores son sobre todo de interés entre las influyentes Cámara del Agro, la Asociación de Azucareros de Guatemala -ASAZGUA-y la Cámara de Industria. 

El sector privado, además, ha visto este año una gran recesión en la economía, debido a la pandemia mundial del coronavirus, y cómo esta ha determinado gran parte de la labor del Ejecutivo durante los últimos meses.  La reapertura económica todavía es un aspecto que dependerá en buena medida de las restricciones de movilidad y actividades de la Presidencia por lo que un enfrentamiento directo entre la élite empresarial y el gobierno de Giammattei se vuelve improbable.

Ninguna de las cámaras emitió ningún comunicado condenando el abuso de las fuerzas policiales contra la población ni sobre el actuar de la PNC. Este apoyo tácito de los empresarios organizados a la forma en la que el Gobierno ha lidiado con las protestas del CACIF, o al menos del ala más conservadora, mantiene el discurso de que las manifestaciones pueden ser un elemento desestabilizador identificándolas de inmediato con propuestas radicales de izquierda.

La propia Cámara de Industria emitió un comunicado el mismo 21 de noviembre que, bajo el titular “prudencia” en el que pedían “evitar caer en provocaciones que pongan en peligro la certeza jurídica, el sistema republicano, la propiedad privada, la seguridad y la vida de la población”, concluyendo con “No dejemos manipularnos por grupos interesados en desestabilizar y generar caos dentro de la población”.

Puede verse como hasta la fecha, las promesas del presidente para los empresarios organizados no han terminado 1de fraguarse en leyes. Mientras que los desmanes en las decisiones del Congreso, como la aprobación del Congreso con claros privilegios para los legisladores a expensas de una deuda, ya de por sí millonaria de Guatemala, no terminan de encajar con los intereses más netamente liberales del sector privado. Sin embargo, las promesas de negocios o el apoyo, por acción u omisión contra las investigaciones sobre corrupción, siguen logrando el respaldo del sector empresarial organizado al presidente. 

7. ¿El TSE es responsable de que exista este Congreso, con actores que deciden de forma oscura?

Por Oswaldo J. Hernández

La matrix política tiene puertas. Puertas como el financiamiento electoral, la inscripción de candidatos, la cancelación o no de un partido político, el uso de los medios de comunicación para la campaña. Si atraviesas esas puertas llegas al Congreso de la República. Haces pactos para ser parte de la Junta Directiva. Propones en la agenda aprobar un presupuesto para el pago de favores políticos en tanto disminuyes los recursos a escuelas, hospitales y derechos humanos. Para cada puerta se necesita una llave. Y todas esas llaves las posee el Tribunal Supremo Electoral (TSE), que se vuelve un hacedor de llaves, un cerrajero para abrir las puertas de esta matrix política.

Sin depurar a los partidos políticos, sin fiscalización adecuada, la matrix política se contamina. Y se llega a crisis institucionales. Crisis en la que ha habido jornadas de protestas durante dos semanas continúas en donde la población exige la renuncia del presidente Alejandro Giammattiei y de los diputados.

“El TSE es uno de los elementos más importantes para entender la crisis política actual del país. Lo que deja pasar. Lo que permite y lo que no. Tiene todas las llaves que configuran la llegada de los actores políticos que ocupan el Congreso de la República”, indica el analista político Renzo Rosal.

En la actual coyuntura, hay un pacto de 13 bancadas de las 19 que existen en el Legislativo, articuladas desde el partido oficial, Vamos,  que han evidenciado intereses en función de sus propios beneficios. Estos diputados de los partidos Vamos, CREO, Bien (facción), Humanista, UCN, Podemos, Viva, Valor, Prosperidad Ciudadana, PAN (facción), FCN-Nación, TODOS, y parte de la UNE, tuvieron que pasar por varias puertas para entrar al Sistema.

“¿Es responsable el TSE del Congreso que tenemos?”, pregunta Rosal. “En parte sí. Porque hay partidos que ya no deberían existir”.

Agrupaciones como UCN, con su dirigente Mario Estrada detenido por narcotráfico en Estados Unidos, con 12 diputados; o el partido del ex presidente Jimmy Morales, FCN-Nación, con ocho representantes, están en proceso de cancelación por parte del TSE a causa de violar la normativa de financiamiento electoral.  En la misma situación se encuentran los partidos Visión con Valores (VIVA), Compromiso, Renovación y Orden (CREO), el Partido de Avanzada Nacional (PAN), y el ya mencionado Unión del Cambio Nacional (UCN).

Por la oposición, fuera de la alianza oficialista con al menos 22 de sus 52 diputados, la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), fundado por el exgobernante Álvaro Colom (2008-12) y su exesposa Sandra Torres, también se encuentra en proceso de cancelación. La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP) solicitó al TSE esta cancelación en agosto de 2019, a raíz de una denuncia durante la campaña presidencial de 2015 sobre financiamiento irregular, donde no registró contablemente ingresos percibidos y gastos ejecutados por un monto de Q27 millones 689 mil 304.

La ex magistrada del TSE, Eugenia Mijangos, sostiene que las cancelaciones de los partidos deberían funcionar como “un mecanismo para el control de los partidos, con el objetivo de crear partidos institucionales y mejorar la democracia del país”.

No obstante, cancelar partidos, no cambia del todo el escenario actual dentro del Congreso: Se los limitaría para integrar Junta Directiva y comisiones de trabajo, pero fuera de provocar un reacomodo todo apunta a que mantendrían intereses comunes en el control de la justicia, como el intento de desaforar a dos magistrados de la CC (Mata Vela y Porras) y continuar atrasando la elección de las Cortes según sus intereses.  

Para Rosal, el TSE es ese cerrajero, con un montón de llaves al que se ha logrado capturar desde hace 15 años.

Una tendencia que se mantuvo en marzo de 2020, con la elección por parte del Congreso de Mynor Custodio Franco, Ranulfo Rafael Rojas Cetina, Blanca Odilia Alfaro Guerra, Irma Elizabeth Palencia Orellana y Gabriel Vladimir Aguilera Bolaños, donde hay un ex magistrado de la CSJ (Cetina) que ocupó el cargo, a pesar de ser señalado en una investigación de la Cicig de jurar lealtad a dos excandidatos presidenciales en procesos penales por casos de  corrupción: Manuel Bladizón y Alejandro Sinibaldi; y una de las magistradas ocupó el cargo de alcaldesa de Masagua Escuintla (Alfaro).

Con la llegada de la pandemia de COVID-19 a Guatemala, cualquier trámite sobre financiamiento electoral, la inscripción de candidatos, las asambleas partidarias, la cancelación o no de un partido político, las denuncias por la utilización de medios de comunicación para la campaña, ha sido cerrado por decisión de los actuales magistrados del TSE. Con estas puertas aseguradas dentro de la matrix política, los diputados del Congreso, el partido oficialista, ha logrado mover la maquinaria legislativa a su favor. Y en consecuencia el descontento, y una crisis nunca antes vista para un presidente con menos de 11 meses en su cargo.