En el newsletter de esta semana: el Congreso aprobó, por fin, la Ley de Portabilidad Numérica. Un pequeño golpe al duopolio de Tigo y Claro, esas dos empresas que durante dos décadas fijaron los precios a su antojo y convirtieron el teléfono en un lujo más de la cleptocracia guatemalteca.
Para recibir cada semana en tu correo electrónico un análisis de lo más importante de la semana, suscríbete aquí a La Instantánea
Querida comunidad de No Ficción ojalá en unos meses puedan leer este newsletter desde su celular pagando la mitad de lo que pagan actualmente por su tarifa telefónica. Dudo mucho que suceda, pero se están dando tímidos pasos, que en una cleptocracia como la guatemalteca podrían considerarse pasos de gigante.
Cualquiera que haya pasado unos meses fuera de Guatemala se habrá dado cuenta de que los precios que se pagan en este país por las tarifas de teléfono son básicamente un robo. Son la consecuencia del duopolio y del poder desorbitado de las compañías de telefonía, de un cártel entre Tigo y Claro. La consecuencia directa de que -hasta hace unos meses- no existiera en Guatemala una Ley de Competencia. Ahora, al menos, si uno cambia de compañía podrá mantener su número.
Por eso es importante hablar de la nueva ley aprobada el martes 11 de noviembre, en el Congreso de Guatemala, el Decreto 14-2025 “Ley de Portabilidad Numérica en Servicios de Telefonía“. Esta ley, aprobada con 95 votos a favor, permitirá, por fin, que un usuario pueda conservar su número telefónico al trasladarse de compañía. Y, de esta manera, pueda elegir con menos trabas cuál sería la que más le conviene en términos económicos o de servicios sin que perder su número sea un inconveniente.
La postergada “portabilidad numérica”
En Europa y Estados Unidos la portabilidad telefónica lleva vigente más o menos desde 2003. En México desde 2008, en El Salvador casi desde hace una década. Es decir, Guatemala lleva 20 años de retraso en este aspecto y todos sabemos lleva siglos de retraso en cuanto a los derechos de su ciudadanía. También lo que significa en términos del poder en Guatemala de la empresa privada.
Unas horas después de la aprobación de la ley, las compañías telefónicas dijeron, con mucho descaro, como recoge una nota de Prensa Libre, que la portabilidad (que se implementará con 20 años de retraso) implicará una “inversión considerable” que debería ser compartida entre las operadoras y la SIT, la SIT (es decir que piden que también esto salga de nuestros impuestos) y la SIT dijo, con mucha sensatez, que esto deberá correr por cuenta de las operadoras. Según esta nota, Claro pareciera más abierta al cambio e informó que este podría ejecutarse en 24 horas. Tigo dice que necesita más de un año.
“Según Claro, el proceso ideal podría completarse en menos de 24 horas, mientras que Tigo advierte que la experiencia internacional demuestra que un despliegue ordenado requiere entre año y medio y dos años”. Esta misma nota informa que el “Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos reintrodujo la obligación para líneas fijas, aunque nunca se implementó”.
La realidad es que las compañías telefónicas operan en Guatemala con un poder descomunal, al igual que un buen número de empresas privadas.
Ambas compañías han estado implicadas en casos penales
Ambas compañías, o sus representantes en Guatemala, han estado expuestas a casos de corrupción. Recordemos por ejemplo el caso de la aprobación de Ley Tigo, cuando los diputados aprobaron de urgencia nacional que Tigo pudiera instalar torres de telefonía sin pedir ningún permiso. Recordemos que unos años después se descubrió que el gerente de Tigo, Acisclo Valladares Urruela, había pedido dinero del narcotráfico para sobornar a los diputados para aprobar esta ley y que fue extraditado a EE.UU.
Por este caso Valladares Urruela se declaró culpable en EE. UU. de transacciones monetarias ilícitas y recibió una condena de un año de prisión en julio de 2022.
Recordemos también que Claro estuvo involucrado en el caso Cooptación del Estado, acusado de financiamiento electoral ilícito, donde se demostró como una buena parte de empresas privadas de Guatemala habían otorgado pagos ilícitos al gobierno del Partido Patriota para disfrutar de beneficios.
Duopolio que perjudica a los usuarios
Guatemala es uno de los mercados de telefonía celular e Internet más grande de la región. Pero también es el único país de Centroamérica que solo cuenta con dos operadores en el sector. Claro fusionó Movistar en 2019, realizando una práctica actualmente prohibida por la Ley de Competencia: la fusiones o adquisiciones dentro del mismo mercado o uno relacionado. Como contamos en un reportaje publicado por No Ficción sobre las prácticas que limitaría la Ley de Competencia.
Esto hizo que los precios, que por unos años con la entrada de Movistar en el mercado de Guatemala bajaron un poco, volvieran a incrementarse. Según un estudio el primer año tras la fusión de Claro y Movistar, las tarifas de telefonía crecieron un 12 por ciento.
Un mercado sin competencia
Hace un año publicamos en No Ficción otro de los grandes triunfos de estas dos compañía en detrimento del Estado de Guatemala y la población, cuando entre ambas lograron usufructo del espectro 4G y 5G en una subasta pactando las pujas entre ambas.
La realidad, todo sea dicho, es que los precios entre Tigo y Claro actualmente son exactamente los mismos, y la realidad es que esto es algo que debería estar regulando la Ley de Competencia. Si ustedes entran en la página de paquetes prepago de Claro y Tigo o en la de paquetes postpago de Tigo y Claro o en sus paquetes postpago podrán ver que los precios son iguales.
El duopolio y el poder de estas compañías, sus prácticas contrarias a la ley de competencia y la forma en que se descubrió que habían cooptado el estado de Guatemala o que se estaban relacionando con el narcotráfico con el fin de aprovecharse del estado, son un claro ejemplo del término acuñado por José Rubén Zamora narco cleptocracia. Por eso, por un día, está bien celebrar un pequeño triunfo de Guatemala y de la ciudadanía guatemalteca y que veinte años después se haya logrado aprobar la Ley de Portabilidad.
