El mismo día, casi a la misma hora, ambos salieron de sus hogares, desde diferentes puntos de la Ciudad de Guatemala. El mismo día, casi a la misma hora a ambos les explotó en el rostro una bomba de gas que la policía lanzó mientras manifestaban su descontento contra el gobierno. Estas son sus historias.
Fue en cuestión de segundos. Keneth López, de 21 años, corría entre el humo de las bombas lacrimógenas que la Policía Nacional Civil lanzó en una manifestación en la Plaza Central de la Ciudad de Guatemala. Toda la gente corrió, incluídos su padre y madre. El joven empezó a buscarlos, tenía miedo de que estuvieran en la cuadra que los antimotines tenían tomada. Se acercó a prisa cuando los disparos de las bombas volvieron a retumbar.
Kenneth corría para resguardarse cuando en una esquina un impacto directo a su rostro lo tiró al suelo. Se tocó la cara, chorreaba sangre. Estaba en el piso cuando supo que se había quedado sin un ojo. Entre el shock y la confusión vio con el ojo que le quedaba que la lata de la bomba que le pegó seguía expulsando gas.
El 21 de noviembre de 2020 se registró la primera gran manifestación masiva contra el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, quien asumió el cargo en enero de ese año. Se reportaron movilizaciones en todo el país y en la Ciudad de Guatemala alrededor de 7 mil personas protestaban contra la aprobación del presupuesto general del Estado, realizada por el Congreso en un procedimiento irregular, según denunciaron diputados de la oposición y organizaciones de la sociedad civil.
El centro del país estaba lleno de carteles exigiendo la renuncia del mandatario y sus diputados aliados en el Congreso. Entre las consignas resaltaba la gestión de la Fiscal General, Consuelo Porras; la reducción de los fondos para combatir la desnutrición; el manejo de la pandemia; y la persecución de jueces y fiscales.
Keneth, un estudiante de ciencias económicas de la universidad estatal de Guatemala, quien se describe como una persona tranquila y pacífica, había estado siguiendo las noticias junto a su familia. Cuando se enteró de que habría una manifestación decidió ir porque creyó que viviría un momento ameno junto a sus padres.
“Queríamos pasar un buen rato en esa tarde. El ambiente en la Plaza Central estaba muy calmado, pero luego todo se tornó violento”. Ese día el área estaba rodeada por un fuerte dispositivo policial desplegado frente al Palacio Nacional de Guatemala.
Mientras cientos de personas se reunían en la Plaza Central, otros se concentraron en el Congreso, ubicado a tres cuadras, donde pese a estar rodeado de policías un grupo vestido de negro, con el rostro cubierto, ingresó al reciento para prender fuego a un puñado de papeles y una ventana. Las fotografías de una parte del edificio en llamas empezaron a circular y a viralizarse. En cuestión de minutos llegaron agentes antimotines de la Policía Nacional Civil y empezaron a lanzar bombas de gas y a utilizar sus macanas para dispersar a la gente.
Poco a poco la policía empezó a tomar las cuadras aledañas al Legislativo y se acercaba a la Plaza Central, donde para esa hora ya se reportaba la presencia de unas 15 mil personas. En su camino los agentes capturaban al que se cruzara en su camino, entre ella una abogada, una defensora de derechos humanos y una documentalista. En total fueron detenidas alrededor de 49 personas.
A las 3PM la policía inició con el disparo de gases lacrimógenos a las personas que se encontraban en una de las esquinas de la Plaza Central, cerca de dónde se encontraba Kenneth y sus padres, quienes protestaban de forma pacífica. El joven corrió y perdió de vista a su familia.
“En ese lapso de tiempo, en ese pequeño recorrido, quizás me acerqué mucho (a los antimotines), pero fue allí donde recibí el impacto del artefacto. Me cayó directo y así fue como me di cuenta que había perdido el ojo”, relata.
Las imágenes de Kenneth tirado en el suelo con un charco de sangre a su alrededor se dispersaron con velocidad en redes sociales. Un grupo de manifestantes lo auxilió hasta que llegó la Cruz Roja. El estudiante fue trasladado al hospital público más cercano, donde no fue recibido porque no contaban con especialistas para atenderlo. Otra vez fue subido a la ambulancia y alrededor de una hora después otro hospital público lo recibió. En ese momento le pidió a una persona que le marcara a su madre desde su celular y decidió que tomaría todo con calma para no asustar de más a su familia.
“Fue un golpe bastante fuerte, con mucha fuerza, indudablemente al sentir el golpe supe que había perdido el ojo, que ya no iba a tener funcionalidad. Incluso pensé lo peor, creí que toda esa parte de la cara estaba deshecha”.
Fue una bomba lacrimógena lanzada por la Policía Nacional Civil la que cambió la vida del joven estudiante. En una de las fotografías que circuló ese día en redes sociales, se puede observar una granada que recogió del suelo un manifestante.
Aunque no es posible identificar la marca del artefacto, No Ficción, a través de la investigación El Negocio de la Represión, realizada por once medios periodístico y coordinado por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) descubrió que el tamaño, tipo de letra y diseño coincide con las del fabricante CTS (Combine Tactical Systems), una empresa que se presenta como un “líder mundial en el mercado de la seguridad y la aplicación de la ley”.
La Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (Udefegua), realizó un trabajo de monitoreo antes, durante y después de la manifestación, y reportó que previo a las acciones de la policía, los presentes estaban en la Plaza realizando lecturas de comunicados y vociferando consignas contra la corrupción y la impunidad, y que entre otras consignas había un llamado a convocar a una asamblea nacional para reformar la Constitución. Era una protesta pacífica.
Udefegua llegó al área donde Kenneth cayó herido y encontraron en medio de un charco de sangre, la mascarilla que estaba utilizando. En el entorno todavía había un fuerte olor a gases lacrimógenos y muchas personas afectadas por los mismos. En ese momento los padres del joven todavía buscaban a su hijo entre la multitud. Dos horas después se enteraron de su paradero a través de una llamada telefónica.
“Traté la manera de estar calmado y de transmitir tranquilidad. Mi mamá me dijo que iban a llegar al hospital. Ellos también sintieron el impacto, pero de forma psicológica”, cuenta Kenneth sobre el momento en que le dijo a su familia sobre el impacto en su rostro de una lata de gas.
Kenneth pasó un año y cuatro meses recuperándose, entre cirugías, terapia física y atención psicológica. Ese tiempo también lo pasó aislado, sin salir de su casa, no por la pandemia ni por la necesidad de hacer cuarentena, sino porque no estaba listo para verse al espejo ni para enfrentar el mundo exterior. Durante esos días utilizó gafas oscuras para que nadie supiera lo que le pasó y esperó con ansias recibir una prótesis para tratar de retomar una vida normal.
“No me sentía bien conmigo mismo y eso me detenía a hacer mis actividades. Me tomó tiempo asimilar que todo cambió de una forma tan drástica, mi apariencia y parte de mi personalidad. Eso es lo que me lo impedía. Me sentía inseguro conmigo mismo, entonces también no me atrevía a salir solo al parque o a practicar un deporte”, explica.
Esa prótesis llegó un año después, no gracias al Estado, el que lo provocó, sino por el altruismo de un médico privado. En marzo de 2022 Kenneth se quitó los lentes oscuros por primera vez y volvió a salir a la calle.
“A partir de este año he empezado a ver los resultados de la recuperación y a partir de eso ir retomando mis actividades. No me arrepiento de nada porque siempre he actuado de la mejor manera”.
Según un reporte oficial, en la tarde y noche del 21 de noviembre de 2020, la policía lanzó alrededor de 300 bombas lacrimógenas.
“Yo siempre he dicho que vale la pena esperar, porque el tiempo no se recupera y hay que ser paciente. La cirugía que me realizaron al final tuvo resultados excelentes y yo y mi familia quedamos muy contentos. Mi aspecto ha mejorado mucho”.
El día que Kenneth perdió el ojo, en la Ciudad de Guatemala fueron capturadas 49 personas que participaban en la manifestación, por supuesta alteración del orden público. Algunos de los detenidos solo pasaban por el área cuando la policía los interceptó, como Eddy Ramírez Choc, de 21 años, quien paseaba con su bicicleta cuando antimotines lo sometieron con fuerza y lo subieron a una patrulla. Todos los detenidos pasaron más de 48 horas en la cárcel hasta que un juez los escuchó y los dejó libres por falta de pruebas de que cometieron un delito.
La segunda víctima
Carlos González es un electricista de 31 años. Vive en Villa Nueva, un municipio de clase media y media baja ubicado en la periferia de la Ciudad de Guatemala. El 21 de noviembre salió de su casa motivado para manifestar contra la corrupción. En el camino tuvo algunos contratiempos y pensó en regresar a su casa, incluso recibió un mensaje de su hermano que le pedía que no se acercara porque la situación podría tornarse peligrosa. Carlos decidió continuar.
Cuando llegó a la Plaza Central de Ciudad de Guatemala se encontró con latas de bombas lacrimógenas tiradas en el suelo y gente corriendo por todos lados.
“Una bomba cayó cerca de mí y pregunté si alguien tenía agua porque si uno trata de apagarla con eso no sale tanto humo”, relata. Carlos caminó junto a una persona desconocida para buscar una botella de agua y ayudar a la gente que estaba a su alrededor.
Fue en ese momento cuando, de pronto, Carlos escuchó un ruido ensordecedor y cayó al suelo. Una bomba estalló en su rostro.
“Yo sentí como que estaba dando vueltas en el aire, como si estuviera en una rueda. De pronto escuché que alguien me decía no te duermas, no te duermas, te cayó una cosa. Me sentía ido, hasta me pregunté dónde estaba. La gente me dijo que me cayó una granada en la cabeza y luego solo sentía que la gente me dolía. En ese momento no sentía mi rostro, no me dolía nada, y solo me preguntaba qué había pasado”, recuerda Carlos.
Lo siguiente que recuerda es que llegó a un hospital en ambulancia y que los médicos le quitaron la ropa y lo subieron a una silla de ruedas. Minutos después, otra vez estaba en la ambulancia rumbo a otro centro asistencial, porque el primero que visitó no tenía especialistas para atenderlo, lo mismo que ocurrió con Kenneth.
Cuando al fin fue atendido por los médicos, Carlos recuerda que le cuestionaban por qué había ido a manifestar, por qué se había expuesto.
“Me decían ¿por qué te fuiste a meter allí, te debiste quedar en tu casa”.
Carlos estaba solo en el hospital y tres días después despertó de una cirugía mayor con un agujero vacío en su rostro. Por el impacto, al igual que Kenneth, perdió el ojo izquierdo.
“Yo sentía rara mi cara y fue hasta que llegó el director del hospital a explicarme que me hicieron varias cirugías y que no me pudieron salvar el ojo. Me comentó que si hubiera llegado un poco antes, quizás lo habrían podido salvar, pero como me llevaron a otro hospital antes, no llegué a tiempo”.
La represión del gobierno de Guatemala le destrozó un ojo a Carlos y las deficiencias en el sistema de salud público impidieron que pudiera ser reconstruido. Cuatro meses después, el joven recibió una prótesis, también al igual que Kenneth, gracias a que un oftalmólogo le dio una prótesis a un bajo costo.
En julio de 2021, siete meses después de que ambos perdieron el ojo, Kenneth y Carlos se conocieron en persona. Carlos preparó un almuerzo en su casa y recibió a la familia de Kenneth. Ambos coinciden en que hablar les ayudó a entender y procesar lo que habían vivido.
Algo más que tienen en común es que ninguno recibió algún tipo de comunicación de una institución del Estado que le ofreciera ayuda económica o médica. También, la última vez que el Ministerio Público se comunicó con ellos fue en julio de 2021, hace casi un año.
Ahora ambos esperan que haya justicia por lo que ocurrió, que la policía enfrente cargos por la agresión. Y también ambos saben que en el contexto de Guatemala es difícil que eso pueda pasar en un corto o mediano plazo. Actualmente hay una persecución contra fiscales y jueces que investigan y procesan grandes casos de corrupción.
“Por lo que veo, pues no, no creo que haya avance (en la investigación criminal), quizás en el futuro tengamos justicia porque ahora la situación está muy difícil”, cierra Kenneth.