En el newsletter de esta semana analizamos las batallas democráticas que se avecinan en 2026. Los abogados, y sus luchas por el MP, el TSE, la CC, la CGC y la USAC se rigen mediante dos lógicas: una que podría empujar cambios institucionales en defensa de la democracia y otra que defiende privilegios y procura impunidad.
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Hola comunidad de No Ficción. Hoy sabemos que 2026 será un campo de batalla democrático. La lucha ya ha iniciado. La contienda está marcada por el gremio de abogados.
Que haya ganado la Planilla 4 —liderada por Gregorio Saavedra y Edgar Ortiz— en la elección del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) para integrar la Comisión de Postulación del Tribunal Supremo Electoral (TSE) no es un episodio gremial aislado.
Es más bien un anticipo. Además de una reñida esperanza.
Un pulso temprano que deja ver cómo se disputarán, a lo largo de 2026, los espacios clave del poder institucional en Guatemala entre el gremio de abogados.
Y es que 2026 resulta un año clave por la disputa democrática en Guatemala, donde, como si los planetas se hubieran alineado, se deberán renovar instituciones importantes como el TSE, la Corte de Constitucionalidad, el Ministerio Público, la Contraloría General de Cuentas y la Universidad de San Carlos.
A nivel gremial, el resultado confirma una tendencia que incomoda a las redes que representan los retrocesos democráticos y los pactos pro impunidad.
Si bien es la tercera victoria relevante del proyecto encabezado por Saavedra: primero en la comisión de postulación para elegir Corte Suprema de Justicia (aunque su influencia no fue relevante), luego en la Junta Directiva del CANG y ahora en el TSE, sería un poco ingenuo pensar que todo dará un giro de estabilidad democrática en corto tiempo.
Los abogados están avisados
Depositar la esperanza en el gremio de abogados, sin embargo, resulta todavía bastante prematuro. No es un sector que sea confiable.
Sobre todo por el comportamiento del clientelismo y el pago de favores gremial que articula a las agrupaciones cercanas al magistrado de la CC, Néster Vásquez, a la cúpula del Ministerio Público y Consuelo Porras, y a las mafias enquistadas en la USAC que continúan manteniendo fuerzas.
Algunos operadores, es cierto, han perdido algo de terreno. Roberto López Villatoro, el Rey del Tenis, ya no se impone como antes. Gustavo Alejos Alejos, el operador político en el Caso Comisiones Paralelas 2020, también parece haber retrocedido.
Pero otros, viejos, nuevos, resisten. El ex rector de la USAC, Estuardo Gálvez, continúa en la escena, adaptándose a las nuevas correlaciones aunque muy lastimado por sus alianzas con el MP. Y el empresario y ex candidato presidencial, Carlos Pineda, ha fracasado en su primer intento por incursionar con sus abogados del nuevo partido Servir en este tablero.
Nadie ha salido del todo ileso, pero ninguno está definitivamente derrotado.
El mensaje de esta primera elección de segundo grado de 2026 es claro y ya fue recibido por todos los actores: de cara a la elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad, del MP, de la CGC, de la USAC, ninguna agrupación de abogados se confiará. Todas han tomado nota de qué funcionó y qué no. Y todas, sin excepción, ajustarán sus estrategias. Las legítimas y las corruptas.
La rivalidad es estrecha
Los números confirman lo estrecho del margen que se marca para los próximos escenarios en esta alineación de cambios institucionales. La Planilla 4 obtuvo 9 mil 604 votos frente a los 9 mil 282 de la Planilla 5. Apenas 322 votos de diferencia. La tendencia se sostuvo en la Ciudad de Guatemala y en varias sedes departamentales del CANG, pero fuera de la capital, los abogados apoyaron a la Planilla 5 ligada a actores antidemocráticos.
El país de los abogados, es evidente, se rige mediante dos lógicas: una que podría empujar cambios institucionales en defensa de la democracia y otra que defiende privilegios y procura impunidad.
Si bien el grupo de Ortiz y Saavedra se definen a sí mismos como practicantes del “activismo judicial”, y se han caracterizado por defender la democracia, los procesos de las comisiones de postulación de 2026 no están del todo blindados.
Basta con ver la configuración de la recién integrada comisión para elegir magistrados del TSE, que la preside Walter Mazariegos, el rector que se impuso mediante fraude en la USAC. Lo acompañan Henry Arriaga, decano de Derecho de esa misma universidad, y dos representantes de universidades privadas cuyos intereses ya han sido cuestionados. El equilibrio es frágil. La esperanza, disputada.
Y esto es solo el inicio, ya que estos procesos gremiales de 2026, no solo se quedan del todo dentro del contexto de los abogados. Los candidatos postulados por cada comisión tienen otras entidades de validación. El TSE será escogido por los diputados en el Congreso. La CC por la USAC, la CSJ, el CANG, el Congreso y el Ejecutivo. La Contraloría por descanso y colegios profesionales, ratificados por el Legislativo.
Para estas fechas, ya está en marcha el proceso para sustituir a la fiscal general Consuelo Porras, sancionada internacionalmente por socavar la lucha contra la corrupción. El Congreso ha activado la comisión de postulación. Las fichas empiezan a moverse.
Si las redes que han capturado las instituciones logran reacomodarse, el costo democrático para el país será grave. La esperanza, hasta ahora, solo es una partida que sigue abierta.
