Esta semana, en nuestro newsletter, desmenuzamos el AeroMetro en Guatemala. Un proyecto que fue concebido durante la última gestión del exalcalde Álvaro Arzú, y cuyo planteamiento, idea y motivación, podría involucrar en realidad a un sector del empresariado, particularmente vinculado al desarrollo inmobiliario.
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El Teleférico en Guatemala, en clave de marketing llamado “AeroMetro”, es un sueño inacabado que dejó el ex alcalde y ex presidente Álvaro Arzú Irigöyen, incluso años antes de fallecer en 2018.
La quimera cableada de Arzú, ese sistema de transporte público por cable aéreo diseñado para conectar la ciudad de Guatemala y Mixco, principalmente sobre la calzada Roosevelt, fue heredada por el actual alcalde Ricardo Quiñónez, que a lo largo de casi una década no ha claudicado —legal, ambiental, política y electoralmente— en la tarea de dar continuidad al proyecto.
De hecho, Quiñónez y el partido Unionista —que han mantenido el control de la Municipalidad de Guatemala durante 30 años— han sido tan consistentes en la concreción del anhelo de Arzú que no han impulsado propuestas alternativas al AeroMetro para mejorar la movilidad urbana en el corredor Este-Oeste del área metropolitana.
Ni sistemas de Buses de Transporte Rápido (BRT), ni un tranvía, ni alguna iniciativa comparable a la del actual Ejecutivo, encabezado por Bernardo Arévalo, que plantea la construcción —muy onerosa y ambiciosa— de un metro subterráneo como eje articulador de un plan de movilidad masiva para aliviar el tráfico en Guatemala.
Y la utopía arzuniana, una de cabinas de vidrio suspendidas sobre las avenidas de Guatemala, sobre aquel antiguo slogan Unionista de “La Ciudad del futuro”, ha comenzado a construir los cimientos de su primera fase sobre la calle Montúfar, en la zona 9.
Un consorcio premonitorio detrás del Aerómetro
El Teleférico nació dentro del Concejo Municipal de Guatemala entre los años de 2015 y 2016. Pero la idea parece haberse gestado mucho antes. Todo apunta a un diseño previo impulsado por actores del sector privado, en particular vinculados al desarrollo inmobiliario, como detalla una publicación de la asociación civil El Observador.
En 2015, cuando Álvaro Arzú ganó su última elección como alcalde de Guatemala, antes de su fallecimiento, el proyecto y la licitación del AeroMetro ya se encontraban en fase de preparación.
La municipalidad debía gestionar el derecho de vía, elaborar los estudios de factibilidad e involucrar al Congreso y al Presidente en la preparación de una iniciativa de ley que autorizara la concesión de los bienes nacionales (derecho de vía, uso del espacio público). Sin embargo, en paralelo, dos de las cuatro empresas que integran el consorcio denominado “Grupo Mancomunado y Solidario Integrado”, actualmente a cargo del AeroMetro, comenzaban a constituirse formal y legalmente:
Cablevía de Guatemala S.A. fue constituida de manera premonitoria a todo el proyecto el 18 de junio de 2015; Desarrollos Torino S.A., el 14 de agosto de ese mismo año.
Mientras avanzaba el proceso de implementación del AeroMetro en la Municipalidad, a las dos entidades iniciales se sumó la empresa Doppelmayr, de origen austríaco y especializada en la fabricación de sistemas de transporte por cable, que se constituyó legalmente en Guatemala el 13 de noviembre de 2018.
El conglomerado, sin embargo, aún no estaba completamente integrado.
La última empresa vinculada al AeroMetro no se reveló públicamente sino hasta 2021. Ese año, el presidente Alejandro Giammattei (en coordinación con el alcalde Quiñónez) envió la Iniciativa de Ley 5934 para que el Congreso de la República conociera la “Concesión para la implementación de un sistema de transporte público por cable aéreo tipo teleférico (AeroMetro), Fase I”, en los municipios de Guatemala y Mixco, por un plazo de 25 años.
En los documentos de respaldo de esa iniciativa se encontraban los planes de factibilidad, los estudios técnicos, los procesos y resoluciones del Concejo Municipal. (Todos negados mediante solicitudes de acceso a la información pública hasta ese momento).
Asi apareció finalmente el nombre de la empresa clave que, por su antigüedad, habría estado detrás del diseño del Teleférico en Guatemala, detrás del proyecto impulsado por el ex presidente Álvaro Arzú y su apuesta por un sistema de transporte por cable: Desarrollos Residenciales Victoria S.A., fundada en 2002.
Según el análisis de El Observador, estas cuatro empresas están vinculadas a un grupo mayoritario llamado Corporación Victoria. Además detalla la participación de familias de la élite tradicional que pertenecen al Grupo Botrán, una dinastía empresarial guatemalteca que domina la industria de licores y el sector azucarero.
“Oficial y públicamente, los nombres de guatemaltecos que trascienden por ser representantes legales de las empresas adjudicadas son: Luis Pedro Figueroa Cruz: Desarrollos Torino y Desarrollos Residenciales Victoria; Roberto Hermann Salomon Gehardt: Doppelmayr Guatemala y Cablevía de Guatemala”, detalla el informe.
Estos nombres de representantes no tienen presencia en el imaginario colectivo guatemalteco. Sin embargo, forman parte de un tablero de ajedrez de concesiones en el que, aparentemente, cada pieza fue colocada con antelación por el Unionismo en la Municipalidad de Guatemala, acaso por el interés del ex alcalde Álvaro Arzú antes de su muerte, o por insistencia y homenaje que posteriormente Ricardo Quiñónez hizo prevalecer.
Las empresas satélite del AeroMetro
La arquitectura financiera y empresarial detrás del AeroMetro, no obstante, trasciende también las fronteras guatemaltecas para refugiarse en una opaca red de sociedades offshore en Panamá, constituidas también con una sincronía que levanta sospechas.
Apenas cinco días después de la adjudicación de 2020 al “Grupo Mancomunado y Solidario Integrado” por parte del Concejo Municipal, como detalló el periodista Luis Solano, Corporación Victoria y su socia Aluminios y Techos Guatemala S.A, subsidiaria de la empresa hondureña Alutech S.A. de Capital Variable, corrieron a registrar entidades como Aerocabinas S.A. y Transportes en Cabinas S.A., fuera de plaza en Panamá.
Detrás de esta operación, como detalló Prensa Comunitaria en un reportaje de 2022, se encontraba el empresario hondureño Lenir Alexander Pérez Solis, uno de los principales financistas del ex presidente Juan Orlando Hernández, extraditado por narcotráfico a EE.UU. y liberado en 2025 por Donald Trump.
Lenir Pérez, en sus redes sociales y en publirreportajes de la revista Economía y Negocios alardeaba de participar y ser el único oferente en la licitación de la construcción y operación del AeroMetro en Guatemala mediante empresas como Emco Holding Inc., Palmerola International Airport, S.A. de C.V., Inversiones Los Pinares, S.A. de C.V., Emco Financial Services, NE Holdings Subsidiary Inc. y Alutech registradas en Honduras, Panamá y República Dominicana, con operaciones también en Guatemala y El Salvador.
En paralelo a la creación de estas empresas en Panamá (Aerocabinas y Transportes de Cabinas) relacionadas al AeroMetro, durante años, la Iniciativa de Ley 5934 permaneció en un estado de parálisis dentro del Congreso, agotando su primera y segunda lectura, e incapaz de reunir los votos necesarios para su aprobación debido a la oposición de grupos como el Movimiento Semilla, que cuestionaban la opacidad de la concesión para el Teleférico por 25 años.
Ante el freno de la concesión y administración del AeroMetro en el Congreso, la municipalidad y, sobre todo, Ricardo Quiñónez, decidieron recurrir a la Corte de Constitucionalidad y plantear un amparo que fue concedido el 8 de abril de 2024.
Los magistrados Héctor Hugo Pérez Aguilera, Néster Vásquez Pimentel, Leyla Lemus, Roberto Molina Barreto y Dina Ochoa dictaminaron que la autonomía municipal era suficiente para otorgar la concesión de bienes públicos sin necesidad del visto bueno de los diputados.
Apenas seis meses después, el 10 de octubre de 2024, de nuevo, Corporación Victoria constituyó en Panamá —en una sola fecha— tres sociedades vinculadas al AeroMetro: AEM Wire Holding Inc., Cabinas Aéreas Holding Inc. y Wire Transport Holding Corp.
Este es un esquema comúnmente utilizado por grandes corporaciones para tercerizar servicios entre las distintas empresas que integran un holding. En el caso del AeroMetro, podría implicar la distribución de tareas como el mantenimiento del sistema, la reparación de cabinas y otras actividades operativas entre compañías vinculadas.
El negocio privado/privado
El proyecto del AeroMetro es, ante todo, “un negocio”, como lo afirmó prepotentemente Konstantinos Panagiotou,representante de Doppelmayr, la transnacional austríaca que gestiona el proyecto, durante una entrevista en el podcast de charlas Tangente.
La inversión estimada para el Teleférico es de Q1 mil 216 millones (aproximadamente US$156 millones), un monto que el consorcio de cuatro empresas guatemaltecas planea recuperar a través de la concesión de 25 años. Los usuarios pagarán, según los tramos recorridos, entre Q4 y Q6. Aunque el conglomerado, como detalló Panagiotou, contempla incrementos que deben ser antes autorizados por las municipalidades implicadas: Mixco y Guatemala.
Sin embargo, en el reparto financiero, los beneficios para las comunas parecen ser marginales frente a la magnitud de la obra. Según el contrato administrativo DAJ-003-2021, la Municipalidad de Guatemala recibirá apenas un 1% en concepto de canon por los ingresos brutos del proyecto, mientras que la Municipalidad de Mixco, a cargo de Neto Bran, percibirá un 0.25%.
El sistema contará con unas 450 cabinas eléctricas con capacidad para 12 personas cada una, permitiendo el traslado de hasta 374,000 usuarios diarios. Aunque estas cifras ya han sido cuestionadas por estudios del Centro de Estudios Urbanos y Regionales (CEUR) de la USAC, advirtiéndo su imposibilidad.
Con el inicio de la construcción del Teleférico en 2026, la narrativa municipal ha permeado en diversos medios de comunicación y redes sociales, insistiendo en que el proyecto —previsto para concluir entre 2027 y 2028— aliviará en gran medida la crisis de tráfico en la calzada Roosevelt. Sin embargo, en un foro de 2022, organizado por Ojo con mi pisto, la entonces Concejala II de la municipalidad de Guatemala, Alessandra Gallio, subrayó que la finalidad del AeroMetro no era reducir el congestionamiento vehícula, sino ofrecer una alternativa de movilidad dentro de la ciudad.
El verdadero rédito del proyecto no parece residir en la recaudación pública, sino en la generación de plusvalía inmobiliaria y en la explotación privada de una ruta aérea de nueve kilómetros que, acaso como prolongación de aquel sueño inconcluso del ex alcalde Álvaro Arzú, operará durante un cuarto de siglo bajo un esquema de control empresarial casi absoluto. Su primera fase de construcción ya implica la deforestación de 721 árboles y la segunda, de 1,881. Sobre los cielos de la “ciudad del futuro” se deslizará una quimera de cables; abajo, el tráfico la contemplará.
