En esta entrevista, el abogado Alejandro Rodríguez, abogado e investigador de Impunity Watch, analiza cómo la concurrencia de tantos procesos de elección al mismo tiempo en las elecciones de segundo grado, cada uno con sus complejidades, ha impedido una verdadera fiscalización. “Muchas decisiones se están tomando de una manera vertiginosa, anómala, y para beneficiar intereses espurios”. 

P- ¿Por qué son tan importantes estos procesos electorales para la sociedad?

R- Llamamos elecciones de segundo grado a elecciones que tienen que ver con los principales órganos democráticos del Estado.

Estamos hablando del Tribunal Supremo Electoral, de la Corte de Constitucionalidad y de la fiscal general. Órganos que tienen una importancia superlativa en una sociedad democrática, porque cada uno de ellos juega un rol fundamental. 

Creo que para comenzar es importante destacar cuál es la función de cada uno.

P- ¿Cuál sería la función de cada uno? 

En el caso del Tribunal Supremo Electoral, su función esencial es la de garantizar los procesos electorales y los derechos para participar en los procesos electorales. Su trabajo es muy importante para garantizar la democracia.

No podemos tener elecciones justas y limpias, sino es a través de un tribunal electoral que esté compuesto por las personas que tengan mayor idoneidad, capacidad y reconocida honorabilidad. 

La Corte de Constitucionalidad es el máximo órgano en materia de interpretación constitucional y prácticamente todas las decisiones políticas y judiciales van a terminar en la Corte de Constitucionalidad. Así que las personas que integren ese órgano deben ser totalmente imparcial a políticas y tienen que tener un perfil de alto conocimiento de derechos humanos.

Es el órgano que prácticamente garantiza que pueda haber un estado democrático y social de derecho en Guatemala. Sin una Corte de Constitucionalidad fuerte, es posible que se entronicen poderes fácticos, redes criminales y proliferen mucha violación a las garantías garantías y derechos de los ciudadanos guatemaltecos.

Y finalmente, la fiscal general, o el fiscal general, que sea electo este año, tiene a su cargo la investigación y persecución de los delitos. De él depende que en 

Guatemala haya impunidad o que existan realmente condiciones específicas para que todas las personas puedan ser protegidas frente a actos criminales.

Cómo funciona el proceso de elección de cada órgano

P- Vimos las funciones, ¿ahora me podría explicar los procesos? Creo que eso es lo que más cuesta entender. 

R- En el Tribunal Supremo Electoral hay un proceso de elección de dos niveles. 

Por una parte, hay una comisión de postulación. Está integrada por cinco personas que son las que van a proponer al Congreso de la República un listado de 20 candidatos. Y el Congreso de la República va a elegir a los magistrados al Tribunal Supremo Electoral.

Esta comisión de postulación actualmente está integrada por cinco personas, el rector Walter Mazariegos, el decano de derecho, Henry Arriaga, que ambos son de la Universidad de San Carlos, y luego tenemos al rector de las universidades privadas, que en este caso ha sido cuestionado por ser un eh pastor de de iglesia, es el Doctor Herrera ( Mynor Augusto Herrera Lemus), de la Universidad Panamericana y el decano de una universidad privada que es Donald González (Decano de la Universidad de Occidente). Y finalmente hay un quinto elector que fue electo en Asamblea General (del CANG) que es Goyo Saavedra.

Estas cinco personas hicieron un proceso de selección de los currículums de los expedientes de personas que consideraban que tenían las capacidades para poder ser miembros del Tribunal Supremo Electoral. En este proceso se presentaron 181 personas.

De esas 181 personas, la comisión de postulación escogió a 20 candidatos, y esas 20 pasaron al Congreso, fue quien decidió los cinco magistrados titulares y cinco magistrados suplentes.

El proceso tiene dos fases, se supone que la fase técnica, donde se evalúan los méritos de los candidatos, es la fase de comisiones de postulación.

Y luego lo pasan al Congreso de la República, esa ya es una etapa política y en esa etapa política habrá una decisión por parte de todos los diputados del Congreso de la República que deberán votar y por dos tercios elegir a los cinco magistrados titulares y cinco magistrados suplentes.

P- ¿Cómo funciona el proceso en el caso de la Corte de Constitucionalidad

R- Es un proceso muy importante. El proceso tiene cinco elecciones. El presidente de la República escoge directamente a un magistrado titular y suplente. Luego tenemos al Congreso de la República, el cual también debe hacer una convocatoria pública para escoger a también a un magistrado titular y suplente.

Tenemos a la Corte Suprema de Justicia, en la cual está integrada por 13 magistrados, ellos también tienen que hacer una convocatoria pública y deben hacer un proceso donde reciban expedientes y publiciten quiénes van a ser los candidatos.

Tenemos también el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos. El  Consejo Superior Universitario está presidido por el rector Walter Mazariegos y está compuesto por los decanos de las de de las facultades, de todas las facultades de la universidad que son 10, representantes estudiantiles de cada facultad, también 10, representantes profesionales eh electos por los colegios profesionales, también son 10 y eh los docentes universitarios, uno por cada facultad, por eso son 41 miembros. Entre ellos tienen que elegir al titular.

Y, finalmente, tenemos al Colegio de Abogados que hace una elección directa a través de la Asamblea General. Ahí llegan a votar todos los miembros del Colegio. Ahora hay una discusión bastante grande, por ejemplo, sobre si pueden votar los colegiados de carreras afines como sociología, internacionalistas, criminólogos, etcétera. 

Hay una decisión muy controversial que emitió una sala de lo contencioso administrativo en la cual impide que estos colegiados afines puedan llegar a votar.

Entonces, estos cinco cuerpos electorales tienen que hacer cada uno de ellos sus procesos.Lo que se busca es que estos procesos sean transparentes, públicos.

P- ¿Cree que fueron transparentes los procesos?

R- Por ejemplo, el Consejo Superior Universitario (CSU) de San Carlos está haciendo el proceso de una manera muy poco transparente.

Este cuerpo electoral está compuesto por 42 miembros y actualmente se está discutiendo mucho que es un cuerpo ilegítimo, porque más de 20 de sus miembros no están vigentes en sus cargos. Sus cargos ya expiraron. Y, por lo tanto, una decisión de personas que ya no tienen la calidad de consejeros, pues vendría a ser ilegítima.

Se reunieron en la clandestinidad para convocar la elección, prácticamente no convocaron a nadie, ninguno de los medios de comunicación. Además, el Consejo Superior Universitario dio apenas dos días para la presentación de candidatos, lo que ha hecho que el número de candidatos fuera muy reducido.

Nosotros consideramos que el proceso que se dio en el Consejo Superior Universitario fue totalmente ilegítimo, ilegal, arbitrario, porque ya hay decisión de la Corte de Constitucionalidad en la cual señalan que los miembros de la Comisión de Postulación del Consejo Superior Universitario deberían de haber cesado en sus cargos, y que tenían que haberse efectuado elecciones para renovarlos. Ellos han omitido dolosamente realizar esas elecciones para prolongarse indebidamente en sus cargos.

Entonces, hay un fraude de ley que impide que pueda ser legítima y legal la elección. Ya hay varios amparos planteados sobre este punto.

MP: Una comisión de 14 integrantes presenta listado de 6 al presidente

P- En ambos casos, los magistrados ya fueron elegidos. El proceso que todavía se está jugando es el del Ministerio Público. ¿Cómo es el proceso?

R- En el caso del Ministerio Público, también es un proceso de dos fases. Hay una comisión de postulación que es la encargada de elaborar un listado de seis personas que luego va a ser sometido al presidente, para que escoja una de estas personas.

La comisión de postulación al Ministerio Público está compuesta por 14 personas, son 10 decanos de derecho de las universidades privadas, el decano de la universidad de San Carlos, el presidente del Colegio de Abogados, el presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y el presidente de la Corte Suprema de Justicia.

Este cuerpo electoral es bastante grande y hay muchos intereses que están en juego. Pero, en cualquier caso, digamos, ellos tienen que hacer un proceso que sea objetivo y transparente. Tienen que establecer un perfil de cómo debe ser el nuevo fiscal general.

Eh, esperamos que ese perfil sea el de una persona comprometida con el estado de derecho, que no va a permitir la manipulación del sistema de justicia y que va a ser respetuoso de las leyes internas del Ministerio Público. 

P- Y la pregunta que nos lleva a este episodio era, ¿por qué son tan difíciles de entender estas elecciones de segundo grado? 

R- Creo que el problema es que no ha no se ha podido transmitir de una manera clara y simple los procesos de elección. Y, en segundo lugar, lamentablemente las personas ven bastante alejado de su cotidianidad estas decisiones, y piensan que no les afectan en su vida diaria, pero la verdad es que todo lo que hace sí les afecta.

Debemos de entender también que ciertos grupos, especialmente las élites que están vinculadas con el crimen organizado y con estructuras que han expoliado el estado tradicionalmente, no quieren que la población participe en estos procesos.

Para las élites eh negativas del país, que han llamado las redes económico-políticas ilícitas, que son redes que vinculan a empresarios, a políticos y miembros del crimen organizado en la explotación de la corrupción en el estado, y que se benefician de la impunidad; es importante que no se conozcan estos procesos para evitar que haya una fiscalización de parte de la ciudadanía.

Están tratando de mantener todo en un plazo totalmente rápido, sin posibilidad de presentar tachas u objeciones.

No se trata de explicar los procesos y su importancia, sino que más bien se pretende dejar en lo más oculto del público lo que está sucediendo.

“Los procesos del MP y TSE tienen componentes preocupantes”

P- ¿Crees que las comisiones de postulación siguen siendo un buen sistema, tal como están actualmente actualmente ? 

R- Es una pregunta muy compleja. 

A mí me parece que el proceso de la Corte de Constitucionalidad es un proceso correcto. Está bastante  bien diseñado.

En la Corte de Constitucionalidad vienen cinco cuerpos, ¿verdad? El presidente que representa al ejecutivo y a personas que tienen que ver con la administración pública. El Congreso es el órgano más representativo del Estado porque son electos popularmente y busca equilibrar la legislación y personas que tengan conocimientos legislativos. La Corte Suprema, el Poder Judicial.

Estos tres órganos son estatales, pero hay dos órganos de contrapeso, que son externos: el Consejo Superior Universitario, que representa la academia; y el Colegio de Abogados, que representa a los profesionales del derecho, a los juristas. Son órganos que no están adscritos a un organismo del Estado. Así se busca que haya bastante equilibrio dentro del proceso. 

El Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos fue considerado por los constituyentes como un órgano electoral porque representa a la academia y a una entidad como la Universidad de San Carlos, que siempre ha velado por los intereses populares. Pero lamentablemente se ha cooptado por parte de estructuras criminales mafiosas.

P- ¿Y qué opina de los otros dos procesos? ¿el del Ministerio Público y el del Tribunal Supremo Electoral?

R- En el proceso del Tribunal Supremo Electoral y en el de fiscal, las comisiones de postulación tienen componentes que pueden ser preocupantes.

Por ejemplo, se han creado universidades con el único propósito de participar en las comisiones de postulación, tener un asiento y poder controlar las decisiones. Hay reportes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y también de la relatora de independencia judicial, que señala la necesidad de reforma de estos procesos. Porque están siendo pervertidos.

En el caso del Tribunal Supremo Electoral, por ejemplo, la comisión de postulación es muy reducida, son solo cinco miembros. Y ahora que tenemos a una mafia dentro de la Universidad de San Carlos, ellos ya tienen dos asientos asegurados, lo que hace que sus decisiones puedan ser fácilmente adoptadas y no por intereses de meritocracia sino por intereses eminentemente políticos.

Lamentablemente, se ha producido una politización de la academia para tener asientos en estos procesos, lo que ha tenido un doble mal efecto. Por un lado, se ha bajado la calidad de la universidad de la educación universitaria. Se ha politizado completamente la academia, y los procesos se han vinculado mucho a estas redes clientelares que han aparecido tanto en el colegio de abogados como en las universidades para tener el control de las cortes. Ahí sí que ningún sistema es perfecto.

Entonces se necesita una reforma bastante profunda de los procesos.

Sí vemos ese peligro de que las redes criminales han infiltrado la academia y el Colegio de Abogados para obtener sus posiciones.

Las redes criminales en el Colegio de Abogados

P- ¿Cómo sería el efecto de estas redes criminales en el Colegio de Abogados?

R- En las elecciones del colegio de abogados hay un financiamiento increíble para los grupos gremiales. Son cantidades millonarias las que se están invirtiendo en las campañas de algunos candidatos, más que todos los que estaban vinculados con Néstor Castellanos o con Mynor Moto o el mismo (Estuardo) Gálvez en donde se ha reportado, por ejemplo, que que se desplazan en helicóptero a los a los mítines, en donde están financiando grandes hoteles con comidas para que lleguen los abogados allí.

Debería de haber también una regulación por parte del Tribunal Electoral.

Debería de haber una regulación sobre el financiamiento electoral de estos grupos, porque ahí es donde ha entrado mucho la corrupción de las redes criminales en el financiamiento de estos grupos que después controlan las cortes, controlan las decisiones de los tribunales y se benefician de la incapacidad.

P- En el caso de las universidades privadas, dio la sensación, en la designación de la Comisión Postuladora por parte de los rectores, que las universidades más prestigiosas del país se desentendieron del proceso. Finalmente, eligieron a un postulador de una universidad sin estándares de calidad y además cuestionado por ser pastor evangélico. 

R. Fue un proceso bastante complejo, yo creo que hubo situaciones. Primero al elegir como delegado como rector de las universidades privadas. (Mynor Herrera) no tenía las cualidades, porque él es un ministro de culto.

Él ha estado vinculado desde el principio con la iglesia el Verbo y con Ríos Montt. Entonces tiene una inclinación partidaria también que hace muy cuestionable su independencia y autonomía como comisionado.

En su momento se habló de que el rector de la Universidad Rafael Landívar iba a ser el comisionado. Lamentablemente él no podía participar por la prohibición expresa, pero la forma en que se desarrolló la sesión en donde se eligió al rector Herrera, pues yo diría que no fue tan transparente, y es algo que se tiene que analizar.

Muchas decisiones se están tomando de una manera vertiginosa, anómala, y para beneficiar intereses espurios. 

P- Porque el proceso de cómo los rectores designaron a Herrera no fue público, ¿verdad? solo  nos enteramos de qué había pasado 

R- Debió debió haber sido público. En todo lo que tiene que ver con designación de funcionarios públicos, desde el primer momento debe aplicar el principio de máxima publicidad conforme al artículo 30 de la Constitución, para garantizar el derecho de participación ciudadana y fiscalización. O sea, estos órganos deben de rendirle cuentas al pueblo de Guatemala.

No son órganos que están para beneficiar sus propios intereses, sino para garantizar los intereses de todo el pueblo de Guatemala y por eso es que se exige que sean públicos todos los actos que realizamos.

P- En base a tu experiencia, conocimiento de cómo funcionan estos procesos, no se si me puedes decir como algún ejemplo en América Latina que funcione parecido o si nada que ver y los procesos el proceso en Guatemala son muy diferentes a los de otros países.

R- Realmente el proceso de Guatemala tiene muchas singularidades. Por ejemplo, en la Corte de Constitucionalidad, yo pienso que es uno de los procesos mejor diseñados, honestamente. Aunque el problema que tenemos es de tres niveles.

Periodos de las magistraturas requiere revisión

En primer lugar, la duración de los mandatos de los miembros de la Corte de Constitucionalidad. Estos son muy inferiores a los que tienen regularmente otros países. 5 años o 6 años para la Corte de Constitucionalidad es un periodo muy corto y es algo que debería reformarse.

En casi todos los países de América Latina los cargos de salas de apelaciones son vitalicios, no están sujetos a renovación. Ahí sí es una grave violación que él tiene Guatemala.

No no le garantiza la estabilidad en el cargo a las personas y por eso estar haciendo renovaciones de salas de apelaciones cada 5 años es algo totalmente nefasto para el sistema.

Segundo, otro problema que existe es que la renovación se hace de todos al mismo tiempo, cuando debería de hacerse una renovación que fuera gradual y no simultánea. Entonces, para que así los periodos vayan dando más estabilidad y más autonomía a la corte.

Y, además, porque permite realizar mejor los procesos. Ahorita hay cinco. Este año es un año muy particular porque se están dando tres procesos al mismo tiempo, y el proceso de la Corte de Constitucionalidad en sí mismo es un proceso muy complejo porque lleva cinco procesos internos.

Por eso, una renovación gradual de los cargos permitiría tener procesos más reposados, que dan lugar a mayor reflexión, a mayor participación. Y no como estamos ahora yendo de una crisis a otra. Porque en todos los procesos hay anomalías: hay situaciones que son inconstitucionales.

P- ¿Se han dado acciones inconstitucionales en los procesos?

R- Ahora hay una situación inconstitucional en cuanto a lo que está sucediendo en el Consejo Superior Universitario, pero también en lo que sucedió en el Tribunal Supremo Electoral, porque hay una persona que no llena las cualidades como comisionado.

Pero son tantas crisis al mismo tiempo que una crisis va tachando, u ocultando a la otra, relegándola. Mientras que lo que se exige es que estos procesos se hagan con el tiempo suficiente, con la transparencia suficiente, la publicidad adecuada y que permitan entonces una adecuada participación y fiscalización ciudadana.

Por eso considero que sí hay que hacer cambios también en cuanto a la periodicidad de los mandatos para que cumplan espacios más adecuados. 

Procesos de doble filtro, similares en América latina

En el caso de la fiscal general, sí hay procesos más o menos similares en países de América Latina.

Aunque no en todos los países existen comisiones de postulación como la de Guatemala, pero sí existen mecanismos que permiten el doble filtro: el filtro técnico y luego el filtro jurídico. 

En Costa Rica, por ejemplo, es la Corte Suprema de Justicia, el Poder Judicial, el que propone al candidato fiscal general y luego el Congreso de la República lo designa, ¿verdad? En general es una decisión que está o en el presidente o en el Congreso y siempre hay un órgano calificador previo. 

P- ¿Cuándo se implementó este proceso? Estuvo relacionado con el intento de golpe de Serrano Elías para evitar autoritarismos.

R- En la Constitución del 85 ya estaban previstas, digamos, las comisiones de postulación, especialmente para la Corte Suprema de Justicia. No existía Comisión de Postulación para las salas de apelaciones.

Correspondía como casi en todos los lugares que fuera la Corte Suprema la que presentaba el listado de candidatos al Congreso de la República. 

La idea original en la Constitución fue dejar al Consejo Superior Universitario para la Corte de Constitucionalidad, dejar también las comisiones de postulación para Corte Suprema de Justicia, pero en el año 93, 94 con la reforma constitucional después del golpe de Estado de Serrano, se acortaron los periodos. Ranto de Corte Suprema como de salas de apelaciones. Y se creó la Comisión de postulación para salas de apelaciones, que ha sido una de las reformas más nefastas que ha habido en Guatemala.

Esa reforma fue la que generó este sistema que actualmente está.

Antes de 1992, 94,  prácticamente el Ministerio Público no existía, era un órgano intrascendente, era la Procuraduría General de la Nación. La reforma constitucional del 94 separó la Procuraduría General de la Nación del Ministerio Público, creando un Ministerio Público autónomo, y generando la comisión de postulación y su designación a cargo del presidente.

Yo creo que esa esa reforma es positiva. Lo que no preveíamos era que se iba a pervertir a través de la creación de universidades de papel. Pero en términos generales hay un contrapeso y una participación ciudadana en la decisión del presidente de elegir al fiscal general. Para dotarlo de mayor autonomía a la fiscalía y que no sea realmente el amigo del presidente.

En 2018, la lucha  contra la impunidad y la corrupción estaba muy fuerte por el trabajo de CICIG y de la FECI. Y  entonces, el presidente Morales como parte de su estrategia para garantizar su impunidad fue designar a Consuelo Porras. Y después Giammattei  también continuó con esa misma línea para evitar que pudiera investigarse todos los delitos de corrupción que cometían.

Guatemala va a tener que entrar en un proceso serio y reflexivo de reforma de sus instituciones, sobre todo lo que tiene que ver con Corte Suprema de Justicia y Sala de Apelaciones. Tiene que reformarse el diseño constitucional y en el caso de la del fiscal general, habrá que ver si se deja la participación actual de de las universidades dentro de las comisiones de postulación, o si se analiza otro sistema. 

El tráfico de influencias, lo más peligroso de los procesos

P- ¿Cuáles crees que son los puntos más peligrosos para la corrupción de estos procesos. 

R- Hay una situación que entrelaza a los tres procesos, que es el tráfico de influencias y el yo me eliges tú me elijo. O sea, las posibilidades de alianzas eh que estamos observando.

También la secuencia en que se dan los procesos es peligrosa. Porque primero se elige a la Corte de Constitucionalidad. La Corte de Constitucionalidad se instala el 14 de abril. Y la elección a fiscal general pues se va a desarrollar entre abril y mayo, la parte más decisiva del proceso.

Entonces, quienes estén en la Corte de Constitucionalidad pueden influir de manera decisiva, como ocurrió en el 2022, cuando la Corte de Constitucionalidad le ordenó a los comisionados que tenían que votar por Consuelo Porras e incluirla en la lista.

Situaciones de control de la Corte de Constitucionalidad podrían influir en la decisión del Fiscal General de una manera negativa si las redes criminales logran tener el control de la Corte de Constitucionalidad. Así que los tres procesos están entrelazados porque haber tráfico de influencias entre los distintos electores para beneficiarse indebidamente.

Y esto ha sido muy señalado tanto por la Comisión Interamericana como por la relatora de independencia judicial que ve, ¿verdad? En el tráfico de influencias en el “tumeli”, que es yo te elijo, yo te apoyo, si tú me apoyas eh un mecanismo a través del cual esas redes criminales se van posicionando.

P- Pero hay alguna manera posible de evitar este tráfico de influencias. Bueno, realmente ese tráfico de influencias constituye un delito, ¿verdad?

R- El problema es que es difícil a veces de probar, pueden haber dificultades probatorias, pero sobre todo teniendo un Ministerio Público que no va a investigar nada. O que va a perseguir únicamente a eh a lo que le interesa para sus intereses espurios, ¿verdad?

En este momento la criminalización no se puede o evitar, digamos, o prevenir. Pero la Comisión Interamericana ha llamado al Estado de Guatemala a que adopte medidas específicas contra el tráfico de influencias en estos procesos. Y lo mismo la relatora de independencia judicial..

P- Con respecto a esto del tráfico de influencias, se habla siempre de los famosos operadores, las personas que están detrás moviendo todos los hilos, conectando a unos con los otros. ¿quiénes serían los operadores en este proceso? 

R- Uno es Walter Mazariegos. Es el presidente de la Comisión de Postulación al Tribunal Supremo Electoral. Y al mismo tiempo preside el Consejo Superior Universitario. Las afinidades y las alianzas de Walter Mazariegos están claramente establecidas. 

Lo vinculan mucho con eh la fiscal general actual, también lo vinculan con eh otros grupos de poder, especialmente las mafias que derivan del presidente Giammattei Que de paso apoyó muchísimo para que él llegara.

Luego tenemos a Néster Vázquez Pimentel. Ha venido posicionándose como un operador judicial muy fuerte desde hace varios años, por eso en 2014 él logró ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Se prolongó indebidamente su cargo hasta el 2021 y de ahí pasó a la Corte de Constitucionalidad. Él maneja grupos de abogados en el interior del país.

La investigación que realizó la FECI en el año 2014, y también en el año 2019, demostró cómo él había participado en negociaciones clandestinas para garantizar su elección y  también se le presentó procesos de antejuicio.

Lamentablemente ellos mismos se tapan con la misma chamarra y entonces esos procesos de antejuicio no prosperaron, pero está bastante documentado todo el tráfico de influencias y cómo este grupo tiene todavía un poder muy importante. Y entonces en el año 2024 obtuvieron bastantes magistraturas de sala, pero sobre todo de Corte Suprema de Justicia.

A través de los magistrados que ellos tienen en la Corte Suprema de Justicia, obviamente pueden también influir en los procesos de designación.

Luego está (Estuardo) Gálvez (ex rector de la Universidad San Carlos). Su participación está muy extendida en estos grupos gremiales, logró una gran gran cantidad de salas de apelaciones y también de magistrados en la Corte Suprema de Justicia.

Esas son cuotas de poder que le dan muchos procesos de negociación. Y se ve su fuerza política en el hecho de que obtuvo el segundo lugar en las elecciones de abogados.

Creo que él es uno de los que más se beneficiaría de que no participen los profesionales de ciencias afines, porque su fuerza radica precisamente en el control sobre las salas de apelaciones y ciertos grupos gremiales del interior. 

Y luego está el Rey del Tenis, es un operador político que ha mantenido bajo perfil, ha perdido mucho poder, pero siempre tiene una cuota en la Corte Suprema de Justicia que puede negociar.

Y la propia fiscal general (Consuelo Porras) también es una operadora. Ha creado a través del Ministerio Público los grupos que están postulándose. Un grupo específico del Ministerio Público. E hizo alianza con Gálvez porque ahora se está lanzando como candidato a magistrado suplente Melvin Portillo, que es, o ha sido, secretario de política criminal de Consuelo Porras en el Ministerio Público.

Así que ahí se ve esa alianza que se da entre Consuelo y Gálvez y de la que se puede beneficiar también el señor Néstor Vázquez.

La corrupción en el sistema de Justicia

P- Y ¿Cuáles son los intereses que mueven a estos operadores o cómo se traduce esto en dinero o poder? 

R- ¿Por qué les interesa controlar las cortes a estas personas?

Algunos tienen necesidad de garantizarse la permanencia, porque les da antejuicio y les mantiene en impunidad. Vamos a decir que les mantiene la inmunidad, pero en general les mantiene la impunidad.

Pero además el control de decisiones judiciales, obviamente, les da un gran poder político, que les convierte en actores poderosos del Estado. Por otra parte, hay muchos intereses económicos en juego porque son redes político-económicas ilícitas que obtienen beneficios manteniendo la impunidad de ciertos grupos.

Y naturalmente ahí es donde hay corrupción dentro del estado. Esta corrupción ha venido desde hace 30 años, no es del actual gobierno. Ya son estructuras que están muy enquistadas dentro del estado, y que han venido expoliándolo, y que ha costado erradicar.

El gobierno ha enfrentado este problema y por eso tiene muchas dificultades en la ejecución de la obra, porque estas estructuras ya están anquilosadas dentro y son los que succionan muchos recursos del estado de miles de maneras. Sobre todo en las municipalidades y en los gobiernos locales y hay muchas redes que son muy difíciles de explicar entre diputados y congreso y alcaldes.

En la obra pública de las alcaldías, muchas de ellas van a contratistas privados y a grupos a veces económicamente ilícitos. También, obviamente, obtener sentencias absolutorias para estos grupos es muy importante para mantener la impunidad.

Y entonces los grupos criminales financian a estos cuerpos gremiales precisamente para garantizar que tengan magistrados que van a responder a sus intereses, Y así mantienen los mercados ilícitos que se están dando en todo el país. De todo, de tráfico de drogas, de corrupción en obra pública, etcétera. Es un entramado ya muy profundo, el nivel de corrupción estatal, de corrupción en el sistema de justicia, mejor dicho, es muy grande .Y por eso se habla que Guatemala es un estado capturado.

Es un estado capturado por las mafias. Estas mafias son las que están aprovechándose de todo de una manera sistémica. 

P- ¿Y crees que son intereses particulares o son grupos de influencia verticales? ¿Cómo van cambiando?

R- La corrupción judicial es un sistema en sí mismo. Si tú tienes que obtener una sentencia con de absolutoria, tienes que negociar con los gestores de poder. Y pagarles a ellos para obtener la sentencia absolutoria. O para obtener impunidad. 

Hay algunos operadores que son más sistémicos, integrados directamente en carteles o grupos criminales que financian directamente algunos grupos gremiales y una vez ya están instalados ya tienen un sistema de trabajo. Y ya se venden a quien lo pueda pagar. 

Por ejemplo, lo vamos a poner en los términos más sencillos, Yo tengo mi juez en Jutiapa, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces alguien cae porque lleva una gran cantidad de droga.

Entonces el gestor llamará al juez y le dice: “Mira, tenemos este caso, necesitamos resolverlo de esta manera. Y está respaldado porque la sala de apelaciones te va a declarar con lugar, te va a confirmar tu decisión”. Entonces, todo el grupo se beneficia de esa corrupción. Así es como opera. Es algo que apenas estaba comenzando a escarbar eh la CICIG. La CICIG hizo un gran trabajo en el Ministerio Público, ahí se hizo una gran depuración, pero en el sistema judicial no pudo ingresar.

Cuando sucedió el caso de la Línea, afloraron muchas de las formas en que estaban operando estas mafias judiciales. Pero como la CICIG fue expulsada ya no se pudieron continuar esas investigaciones. Lo mismo lo del caso de comisiones paralelas, donde se analiza toda la elección de Corte Suprema de Justicia del año 2014 y de salas de apelaciones, en donde el Rey del Tenis estuvo detenido durante mucho tiempo, Gálvez también estuvo detenido. Todos obtuvieron su libertad. Pero obviamente cuando Consuelo Porras estuvo en el poder como fiscal.

Y el caso de Comisiones Paralelas II,  que es también más de lo mismo, de cómo se eligen las cortes y el tráfico de influencias, solo que aquí aparece otro actor muy importante que es Gustavo Alejos.

Son estructuras ya muy arraigadas en el sistema y que deben de ser estudiadas e investigadas penalmente. Eso sería una de las tareas que va a tener un nuevo fiscal, y es la razón por la cual para estos grupos mantener el control del Ministerio Público resulta esencial.

El papel del sector privado

P- ¿Y qué papel juega el sector privado en estos procesos?

R- De alguna manera los grandes empresarios también tratan de participar en los procesos y de hecho la reforma del 2000,  la reforma del 94, fue precisamente para favorecer más al al sector privado a través de sus universidades y de esa manera tener un mayor control del del sistema de justicia.

Lo que no previeron fue que se iban a generar las universidades y que iban a establecerse nuevos mecanismos de participación en el interior, ¿verdad? Y entonces eso ha hecho que el sector privado ya no pueda controlar la justicia como lo hacía antes. Digamos, por lo menos, hasta antes del 2001, cuando ya apareció el Rey del Tenis hubo una disputa más abierta sobre el control de las cortes.

El problema, digamos, es que no ha sido un control eh democrático práctico o para para garantizar eh digamos intereses legítimos, sino más bien eh es un control para ver quién quién se beneficia de ese control, económicamente.

Eh, entonces creo que ah es una parte importante la revisión de del sistema de de jueces para que se limite la participación de intereses indebidos en las elecciones.

P- Y ya, por último, a un ciudadano de a pie a ¿de qué manera le afecta el sistema de justicia, de qué manera le afecta que se corrompan las cortes?. Una persona que, pues eso, que tiene su trabajo normal, que va todos los días, que tiene un negocio, que en principio no va a cometer un delito.

R- Nadie está exento de poder ser acusado ilegalmente de un delito y ser eh condenado. O ser víctima de un delito. El caso de Melissa Palacios creo que podría ser un ejemplo de cotidianidad. 

Una persona puede ser víctima de un delito y va a enfrentar a esta estructura monstruosa y que garantiza impunidad. Entonces, no va a poder obtener reparación.

Ya no digamos lo que está sucediendo en en ámbitos más grandes como, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la criminalización de defensores de la tierra, los procesos por usurpación, donde le están desapoderando a la gente de sus tierras, donde las personas de mayor vulnerabilidad no tienen cómo protegerse.

Si el que tiene más dinero, y el que puede pagar más, va a comprar las resoluciones judiciales, las personas de mayor vulnerabilidad no van a tener derechos. Eso lo vemos cotidianamente en todos los aspectos en materia de derecho laboral, los juicios laborales tardan miles de años y muchas veces no terminan como debieran, sino con impunidad para el trabajador. Eso naturalmente impacta en que yo como trabajador no voy a ir a reclamar mis horas extras, ni mis vacaciones, ni mi derecho a la salud, ni mi derecho al bono 14, porque no tengo garantías de poder ganar un juicio.

Si yo soy una víctima de un camionetazo, por ejemplo, eh me quedé con un brazo, una pierna eh discapacitado, si voy a un proceso eh judicial difícilmente lo voy a ganar, porque el sistema está pensado para que el que tiene más dinero paga y de esa manera evita sus responsabilidades.

Entonces, las personas nos quedamos sin derechos. O sea, no tenemos protección judicial de los derechos que es un derecho fundamental básico declarado por la Convención Americana de Derechos Humanos. Todas las personas tienen derecho a un recurso judicial efectivo frente a las violaciones de derechos humanos. 

La Comisión Interamericana indicó que en Guatemala se estaban violando de manera sistemática el derecho a acceso a la justicia, porque no había garantía de independencia judicial.