La Comisión Internacional Contra la Impunidad de Naciones Unidas no tenía ningún precedente cuando llegó a Guatemala en 2007. Se trataba de un experimento. Año con año, funcionarios guatemaltecos y expertos internacionales asentaron en Guatemala las bases de una investigación criminal más sólida, que puso al descubierto una macroestructura criminal incrustada en el Estado.

1. Antecedentes

Cuando la CICIG llegó a Guatemala, en agosto de 2007, el periodista Carlos Menocal trabajaba en el diario Prensa Libre, en la sección de judiciales. En los últimos meses había centrado su cobertura en la Operación Pavo Real, una masacre cometida el 25 de septiembre de 2006 en la granja penal Pavón, cuando se encontraron a siete presos ejecutados, semidesnudos y maniatados, en el patio de esta cárcel. En ese momento, el entonces director de presidios, Alejandro Giammattei, informó de que se había debido a la oposición de los reos. Sin embargo, con el paso de los meses, diferentes pruebas fueron demostrando que fue una acción promovida desde el Estado. Menocal desde un inicio no tuvo dudas.

Dos semanas atrás, el periodista había pasado tres días en esta cárcel, para después escribir un reportaje llamado “Así vive la mafia en Pavón”, donde determinaba un listado de los reos que dirigían la prisión y que salió publicado un día antes de la masacre. Cuando vio los nombres de las personas asesinadas, y se dio cuenta de que varias coincidían con su listado, fue a la Procuraduría de Derechos Humanos. Allí solicitó hablar con Fernando Penados, a quien conocía después de haber cubierto el caso del asesinato del obispo Juan Gerardi.

Fernando Penados había sido discípulo de Moseñor Gerardi y, tras el asesinato del obispo, había trabajado desde la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODAH) siguiendo el caso. Él conocía bien la fuerte y persistente implicación de los grupos paralelos de inteligencia en el Estado, y todas las pistas falsas que sembraban para generar una falsa escena de los hechos. Penados, además, había trabajado en la ODAH codo a codo con Edgar Gutiérrez, coautor de primer informe sobre violaciones cometidas durante el conflicto armado, REMHI, y quien siguió de cerca la trayectoria de los denominados Cuerpos y Aparatos Clandestinos y de Seguridad –CIACS– , conceptualizados por  la Misión de Verificación de Naciones Unidas (MINUGUA) a su llegada a Guatemala con los Acuerdos de Paz.

Los CIACS se usaban para describir a estructuras promovidas desde la inteligencia del Ejército para cometer actos ilegales con motivos contrainsurgentes, pero cuyos ilícitos, aprovechándose de la clandestinidad, habían desbordado la lucha contra los grupos guerrilleros y relacionaban tipo de negocios criminales: secuestros, narcotráfico, contrabando. Gutiérrez, desde la Secretaría de Asuntos Estratégicos (SAE) del gobierno de Alfonso Portillo, había podido estudiarlos más de cerca, e indagar en cómo estos se estaban reconfigurando con el fin del conflicto armado. De hecho, en 2003, desde su nueva posición como ministro de Relaciones Exteriores en ese mismo gobierno, fue Édgar Gutiérrez quien impulsó el primer intento de una comisión internacional para investigar los CIACS: se llamaría Comisión para la Investigación de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CICIACS). Y, aunque finalmente esta fue revocada por la Corte de Constitucionalidad, por considerar que suplantaba funciones del Ministerio Público, había abierto la puerta para un futuro acuerdo.  

Las sospechas de Menocal pronto se pusieron en evidencia con unas imágenes de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) donde se mostraba que los reos habían sido ejecutados. En este caso, los responsables de las ejecuciones integraban la cartera de Gobernación, pero replicaban las mismas estrategias de desinformación que habían caracterizado a la inteligencia militar, lo que los hacía aún más peligrosos. El caso Pavón fue definitivo para demostrar la existencia de estos cuerpos paralelos en el Estado. Y fue definitivo, también, para aumentar la convicción de la necesidad de apoyo internacional. Así, a los tres meses de esta peliculesca escena del asalto a la prisión, la presión internacional comenzó a sentirse en Guatemala y, en diciembre de 2006, se logró que finalmente el presidente del Gobierno, Óscar Berger firmara el Acuerdo con Naciones Unidas, que daba vida a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). La Corte de Constitucionalidad ratificó el acuerdo en abril de 2007 y en agosto fue aprobado por el Congreso de la República. 

La CICIG era un experimento de Naciones Unidas, algo que se salía de los términos habituales de la cooperación internacional, una comisión ad hoc creada para investigar y desestructurar a redes criminales categorizadas como cuerpos y aparatos clandestinos de seguridad, las CIACS. 

Según su mandato, la CICIG funcionaba como una fiscalía adjunta, con capacidad de investigar casos en colaboración con el Ministerio Público (MP) de Guatemala, pero “mientras la responsabilidad de la acción penal del Estado puede ser compartida por CICIG en su calidad de querellante adhesivo, la actividad procesal y resolutoria queda fundamentalmente bajo la responsabilidad del Organismo Judicial del Estado de Guatemala”, indica el segundo informe de labores de la CICIG. Con este mismo objetivo, la Comisión contemplaba en su mandato dar recomendaciones al Estado de Guatemala para mejorar su capacidad de investigación y de persecución criminal. 

En 12 años de mandato, cientos de abogados, investigadores y policías de la CICIG, juntando sus esfuerzos con las contrapartes en el Ministerio Público, el Ministerio de Gobernación o el Organismos Judicial, construyeron un sistema de persecución penal más sólido en Guatemala y fueron colocando los ladrillos de lo que sería el modelo actual. 

2. LA CONSTRUCCIÓN

En agosto de 2007, después de que el Congreso aprobara la CICIG, Álvaro Colom ganó las elecciones generales de Guatemala con la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE). Se trata del último partido de corte social que ha ganado los comicios en el país y el único presidente en la historia en lograrlo sin el apoyo de la capital.

Los tiempos no eran muy diferentes a los de ahora, solo más violentos. Guatemala en aquel momento presentaba los índices de asesinatos más altos reportados en toda su historia. En 2007 la tasa era de 42 muertos de forma violenta por cada cien mil habitantes. 17 personas asesinadas al día -una cifra que triplica a la actual-. Las muertes no eran solo entre pandilleros de la mara Salvatrucha y el Barrio 18, las muertes eran por narcotráfico, por robo de tierra, tenían orígenes políticos, orígenes familiares, orígenes económicos. En Guatemala la violencia del conflicto armado no había terminado con los Acuerdos de Paz y el país estaba muy lejos de dar cumplimiento al Acuerdo Global de Derechos Humanos, firmado en 1994, e incluido como uno de los puntos de los Acuerdos de Paz, lo que se considera como el primer ladrillo de la CICIG.  

A partir de enero de 2008, al tiempo que Colom se instalaba en el Ejecutivo, comenzaron a llegar al país fiscales, policías e investigadores de 24 países del mundo, que pasarían a conformar la Comisión Internacional contra la Impunidad. Entre ellos, el juez español Carlos Castresana, quien dirigió la CICIG durante los dos primeros años. 

Ya desde los primeros meses del mandato de Álvaro Colom, Castresana vio que el objetivo de la nueva Comisión no iba a ser sencillo. El poder e influencia de las redes criminales llegaba más lejos y era más sofisticado y peligroso para el orden institucional de lo que se creía. El presidente, como descubrió un año después, estaba siendo espiado por la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS), la sustituta del Estado Mayor Presidencial (EPM). En una conferencia de prensa en la que compareció, Colom, aún trastornado por el descubrimiento, contó a los medios que habían encontrado siete micrófonos y dos cámaras de video de alta tecnología. 

Después del suceso de las escuchas, el Presidente se dio cuenta de que no tenía a mucha gente de confianza cerca y decidió apoyarse en nuevos cuadros. Uno de ellos fue el periodista Carlos Menocal, quien se había acercado a la presidencia con una propuesta sobre el sistema de información pública y había sido nombrado asesor de Comunicación al inicio de su gestión. Tras el suceso que involucraba a la SAAS, el periodista fue designado como coordinador de la Comisión Presidencial para el Acompañamiento y Respaldo de la CICIG. El trabajo de Menocal era apoyar la instalación de este nuevo ente. 

“En 2008 ellos empezaron a colaborar en varios proyectos del campo de seguridad y justicia. Uno fue tratar de implementar métodos especiales de investigación, que incluían las escuchas telefónicas”, expone Menocal.

Los métodos especiales de investigación estaban incluidos dentro de la Ley contra la Delincuencia Organizada, aprobada en 2006, pero hasta ese momento no habían sido implementados. Estos incluyen las escuchas telefónicas judicializadas, las entregas vigiladas y los agentes encubiertos -estos dos últimos no han sido operativizados-. En un país de complots, de desconfianzas, de asesinatos, de inteligencia y contrainteligencia, las escuchas generaban desconfianza. Incluso el Presidente Álvaro Colom, quien también vio cómo la guerra le dejaba sin uno de sus referentes, su tío y alcalde de Ciudad de Guatemala, Manuel Colom Argueta, asesinado por un operativo a plena luz del día en los 70; al inicio se mostró reacio a aprobar las escuchas.

La Unidad de Métodos Especiales

En 2008 Francisco Rivas llevaba cinco años trabajando en el Ministerio Público. Los últimos se había desempeñado como jefe de la Unidad especializada en contra de organizaciones que se dedicaban al narcotráfico y el lavado de dinero, una dependencia que trabajaba en coordinación con la DEA y el FBI. La ofensiva lanzada en México por Felipe Calderón al narcotráfico había traído a Guatemala un problema más dentro de la innumerable lista de dificultades para la paz: el paso de la mayor parte de cargamentos de cocaína hacia los Estados Unidos ahora atravesaba el país.

“Cuando se aprueba la Ley contra la Delincuencia Organizada hubo un esfuerzo muy fuerte de EEUU para impulsar, como mínimo, el método de interceptación de comunicaciones”, explica Rivas. Pero, en ese momento, cuenta, existía una oposición fuerte de las compañías telefónicas. 

Al igual que Estados Unidos, los expertos recién llegados al país para integrar la CICIG sabían que las escuchas telefónicas judicializadas serían esenciales para avanzar en las investigaciones. Fue en ese momento cuando Carlos Castresana, el jefe de la CICIG, impulsó un papel de operador político que después seguiría realizando la Comisión, y presionó a las compañías telefónicas para implementar equipos compatibles con el software de interceptación. “Les dice: yo voy a iniciar una investigación en contra de ustedes, porque se oponen a un proyecto que favorece la investigación y la seguridad. Ellos se quedaron muy impactados, y ahí cambia su actitud”, explica Rivas. 

Finalmente, el presidente Alvaro Colom accedió a trasladar Q10 millones del Ministerio de Gobernación al Ministerio Público para poder instalar el equipo y crear la Unidad de Métodos Especiales (UME). Guatemala sacó una licitación y una empresa estadounidense ganó el concurso para instalar el software que se utilizaría para las interceptaciones.

El 24 de noviembre de 2008 la CICIG, el MP y el Ministerio de Gobernación firmaron el “Acuerdo Interinstitucional para el establecimiento y aplicación de un sistema de escuchas telefónicas“. 

Francisco Rivas sería nombrado jefe de la UME cuando esta se abrió, en marzo de 2009. En un inicio, la capacidad fue de 12 líneas interceptadas y 45 personas, seleccionadas con apoyo de la CICIG y capacitadas en Puerto Rico y Canadá. “La CICIG apoyó con instructores, con investigadores, con técnicos informáticos que acompañaron todo el proceso hasta que la UME empezó a andar”, –explica Rivas, –“nos delegaron ingenieros informáticos de Colombia, de Chile, dieron capacitación para los monitores de la PNC”, añade el ex jefe de la Unidad de Métodos Especiales.h

Las escuchas telefónicas judicializadas son el cambio más importante para la investigación del país de los últimos años, la herramienta que permite identificar cómo funciona una estructura criminal. “Las escuchas te permiten estar en el presente. No es lo mismo meterse en un cuerpo vivo que diseccionar un cadáver, ahí vas a entender cómo funciona quién es la cabeza, quienes son los brazos operativos”, explica el ex fiscal Julio Prado, quien estuvo a cargo del caso de La Línea.

“La implementación de la escucha marcó un antes y un después en la investigación criminal. Nos permitió ver los rostros más crueles de la criminalidad en Guatemala y ha sido un arma poderosa para probar los hechos delictivos que imputa el MP”, detalla Francisco Rivas. ¿Por qué dice los rostros más crueles?, le pregunto. “Por los escenarios que nos tocó vivir: escuchar que un secuestrador ordena que le quiten una oreja a un niño de 11 años, escuchar la orden para que descuarticen a un compañero fiscal, escuchar en vivo los disparos a un tribunal de sentencia donde se realizaba un juicio…”, –relata el ex jefe de la UME, — “Pero no sólo eso. También rostros de los criminales de cuello blanco que corrompían las instituciones, como el ex presidente, la ex vicepresidenta, empresarios de la construcción que han corrompido las instituciones de gobierno, ex ministros…”, explica el ex jefe de la UME y ex ministro de Gobernación durante el Gobierno de Jimmy Morales, quien renunció cuando el presidente informó no renovaría el mandato de la CICIG a finales de 2017 y que actualmente se postula a magistrado de la Corte de Constitucionalidad.

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El 10 de mayo de 2009 cuando la Comisión estaba avanzando en su agenda, por momentos sorprendidos de lo sencillo que estaban resultando algunos acuerdos, y cómo se resistían a otros de los tratos, un caso hizo tambalear todos los cimientos y puso a prueba sus avances. Se trataba de una de esas historias que parecen armadas para una película, de esas que cada tanto se repiten en Guatemala, pero para la que parecían haber contratado incluso a mejores guionistas. Las CIACS daban jaque al rey, sacrificando a un alfil.

“Buenas tardes, mi nombre es Rodrigo Rosenberg Marzano y, lamentablemente, si usted está en este momento oyendo y viendo este mensaje es porque fui asesinado por el presidente Álvaro Colom, con ayuda de Gustavo Alejos y del señor Gregorio Valdes”.

Rodrigo Rosenberg, un abogado corporativo que se movía en las altas esferas del poder, apareció asesinado un domingo 10 de mayo en la acomodada zona 14, cerca de la estatua del papa Juan Pablo II. Unas horas después, un video comenzó a circular.

Esto comenzó a desatar protestas que pedían la destitución del presidente convocadas por los sectores más conservadores. La estabilidad institucional se tambaleaba. Era el primer caso de alto impacto que resolvería la CICIG. Todas las miradas internacionales se voltearon a Guatemala. 

Francisco Rivas acababa de asumir como jefe de la Unidad de Métodos Especiales, creada unas semanas antes, cuando Rosemberg apareció asesinado.  Derivado de las investigaciones de campo, de las grabaciones de una cámara de vigilanca, la CICIG solicitó a la UME pinchar el teléfono de un integrante de la banda de sicarios. De este sicario se llegó a otro y de él a otro. “Escuchar a esa banda me impactó, porque era una empresa criminal que se dedicaba a matar gente”, cuenta Rivas. Un mes después de haber interceptado las llamadas, una tarde, cerca de las 7 pm, cuando Rivas ya había salido del trabajo y se encontraba en su casa, el jefe de la sala de monitoreo le llamó y le dijo que tenía que escuchar algo y regresó a las instalaciones del MP en el edificio de la calle Gerona. Ésta le dejó atónito. los sicarios hablaban abiertamente de haber asesinado a Rodrigo Rosenberg. Llamó de inmediato al jefe de investigaciones de CICIG. “Y me dice, vente a la sede. Al llegar, en el salón de reuniones se encontraba Castresana y su equipo de trabajo. Les comento lo que había escuchado y da la orden de salir con capturas y allanamientos al día siguiente”, narra Rivas. 

Las llamadas y la ubicación de los celulares, unido a las facturas de compra de estos celulares por parte de un asistente de Rosenberg, permitieron encontrar las pruebas para demostrar que era el mismo abogado el que estaba amenazándose a sí mismo, desde otro teléfono, para después contratar a una banda de sicarios para cometer por su propio asesinato.

La CICIG había logrado superar la primera prueba, y por primera vez la Unidad de Métodos Especiales había demostrado su eficacia.  

Los colaboradores eficaces 

En 2007, tres diputados salvadoreños integrantes del Parlamento Centroamericano, y el asistente de uno de ellos, fueron encontrados calcinados en una finca. Tras las primeras acciones, cuatro agentes de policía se declararon autores materiales confesos del asesinato y fueron encarcelados en la prisión de máxima seguridad Boquerón, mientras se comenzaba a indagar el crimen, el cual apuntaba a estar relacionado con un tumbe de droga. Pero sólo unos días después de haber rendido su primera declaración, los policías aparecieron asesinados, en apariencia degollados, dentro de la cárcel de máxima seguridad. El caso Parlacen que, junto a Pavón, fue el otro detonante para la llegada de la CICIG, es un ejemplo extremo de las dificultades que presentaba la protección a testigos en casos de alto impacto. Una práctica común en casos que involucraban a CIACS, como muestra el caso Geradi.

Dentro de los testigos se encontraban unos aún más vulnerables, los colaboradores eficaces, una figura incluida dentro de la Ley contra la Delincuencia organizada, pero que el MP no había podido utilizar hasta el momento de forma efectiva, por no tener la capacidad de proteger su vida.

Para fortalecer la protección de testigos, la CICIG formuló una propuesta de reestructuración del Programa de Protección de Testigos, aprobada en 2008 por el MP y el Ministerio de Gobernación y creó un grupo policial especializado centrado en asegurar el resguardo de los testigos designados por el MP y la confidencialidad de las investigaciones, algo inexistente en Guatemala hasta ese momento. 

Estas reformas se hicieron a través de la aprobación de la Ley del Fortalecimiento de la Persecución Penal, que modifica artículos de la Ley contra la Delincuencia Organizada, el Reglamento de Protección de Testigos o el Código Procesal Penal, en aspectos relacionados a la protección y colaboración de los testigos. 

Entre otras cosas, dentro de este nuevo marco normativo, se regula, por ejemplo, el cambio de identidad de los colaboradores eficaces y sus familias. También la reubicación de los testigos y la posibilidad de prestar testimonios por videollamada. 

“Se empezó a discutir el siguiente proceso, que era cómo trabajas con colaboradores eficaces en un mundo donde el sistema penitenciario es altamente volátil, es peligroso, es vulnerable, es débil, es corrupto. Entonces no podías ofrecer a los colaboradores eficaces ni siquiera seguridad, no digamos métodos abreviados judiciales”, detalla Carlos Menocal. “Entonces la Cicig propone la creación de las prisiones civiles en resguardos militares. Mariscal Zavala era para extraditables y Matamoros era para colaboradores eficaces, tipo Juan Carlos Monzón. En aquel entonces, Matamoros sirvió para el grupo de policías que testificó por el caso Rosemberg. No podían estar en una prisión normal”, explica Menocal.

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“Antes de responder específicamente la pregunta del señor oficial, quería hacerle dos solicitudes: la primera es solo una remembranza. Yo estuve aquí el 5 de octubre de 2015, indicando de que yo iba a decir la verdad… en otro caso. Pero, en ese momento, le pedí una situación específica, y me acuerdo la palabra que utilicé, que fue: le supliqué, si me podía ayudar a colaborar con mi seguridad y la de mi familia. En este caso, cuando usted escuche en el desarrollo de mi declaración, las dimensiones de mi colaboración, se va a dar cuenta por qué nuevamente se la solicitó. La tengo, ahorita tengo alguna seguridad, pero nuevamente se la solicito”. Juan Carlos Monzón, secretario privado de Roxana Baldetti, al juez de mayor riesgo, Miguel Ángel Gálvez, al inicio de su testimonio de colaboración eficaz en el caso TCQ. Actualmente, gracias a las gestiones de la CICIG y apoyo internacional, Monzón se encuentra junto a su familia en paradero desconocido.

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Tribunales de alto riesgo, el siguiente ladrillo

En marzo de 2008, un enfrentamiento armado provocado por Los Zetas causó la muerte del famoso narcotraficante Juancho León y diez de sus guardaespaldas. El crimen tuvo lugar en el departamento fronterizo de Zacapa, por lo que lo debía conocer el juzgado de este departamento. La peligrosidad de los involucrados implicó que el proceso fuera conocido en la capital y fue una de las principales motivaciones, según el informe final de labores de la CICIG, para que los expertos de la CICIG promovieran los juzgados y tribunales de Mayor Riesgo.

En ese momento, la jueza Erika Aifán tenía 33 años y trabajaba cerca de donde se comentió el asesinato de Juancho de León, en el juzgado del departamento fronterizo de Jutiapa. Aifán llegaba a este juzgado desde Ixchiguan, San Marcos. En ese municipio, Aifán no veía asesinatos ni casos de narcotráfico, porque los delitos eran trasladados a los tribunales de alto impacto, vigentes en Guatemala entre 2000 y 2006. En Ixchiguán ella caminaba tranquila por las calles y nunca recibió una amenaza. A los 8 días de empezar a trabajar en el juzgado de Jutiapa recibió su primera amenaza. “A los 15 ya tenía seguridad, a los tres meses me estaban duplicando la seguridad y a los seis meses me estaban cambiando esquema de seguridad, reforzándolo”, explica Aifán desde el 14 nivel de la Torre de Tribunales, donde hoy se desempeña como jueza de Alto Riesgo, en la sala D. La jueza utiliza su experiencia en Jutiapa, cuando se habían disuelto los tribunales de alto impacto y debía conocer todo tipo de delitos, para explicar la importancia de estos juzgados y tribunales especializados.

“La mayor parte de delitos que se cometen en el área de Jutiapa está relacionada con armas: robos agravados, asesinatos, portación ilegal  de armas. Se incautaron una gran cantidad de granadas en el tiempo que estuve allí. Todo eso nos implica un alto índice de riesgo. Y, entonces, los testigos no colaboran porque hay miedo, porque no hay sistemas de protección a testigos implementados en el interior de la República que sean sólidos y puedan garantizar la vida. Hay muchas condiciones que inciden en que en un juzgado ordinario no pueda avanzar la investigación”, explica Aifán. Así, puso como ejemplo, el caso Lavado y Política, que implica al lavador de dinero Chico Dólar, y que, en 2008, se encontraba en su juzgado. “Mientras el caso estuvo en Jutiapa, no hubo un avance significativo en la investigación y al ser trasladado a una competencia de mayor riesgo, pues dio unos resultados”. 

“¿Por qué no había avanzado?”, le pregunto. “Porque, precisamente, no están dadas todas las condiciones, ni de riesgo, ni las institucionales: en cuanto a Ministerio Público, querellantes adhesivos, Instituto de la Defensa Pública Penal; para conocer el caso”, explica Aifán quien como jueza de alto riesgo ha conocido algunos de los casos de mayor impacto del país, como el caso Bitkov, Comisiones Paralelas o Construcción y Corrupción. 

Exorcismo en la PNC

En 2010 la CICIG seguía navegando hacia un lugar inexplorado, sin una brújula que indicara cuál era el puerto de destino. O sin el plano final del arquitecto que dijera cómo iba a ser el edificio final. Solo se sabía cuál era su objetivo, que no hubiera recovecos por donde pudiera entrar el crimen organizado. Ladrillo a ladrillo, ley tras ley, con el viento soplando muy fuerte para tratar de derribarlo.

Otro de los flancos más débiles en la lucha contra la impunidad, quizás el más vulnerable desde su propia naturaleza, era el Ministerio de Gobernación. En marzo de 2010 Álvaro Colom ya había nombrado a cuatro ministros de esta cartera y cinco jefes de la Policía Nacional Civil. En febrero de 2010, el ex ministro de Gobernación Raúl Velásquez, quien llevaba sólo seis meses, se fugó acusado por el caso Maskana. Fue entonces cuando el periodista Carlos Menocal, quien se había ido ganando la confianza de Álvaro Colom por su buen trabajo como enlace con la CICIG, fue nombrado ministro de Gobernación. Menocal no tardó mucho tiempo en comprender desde dentro lo podrido que estaba todo el sistema. De hecho, apenas fueron unas horas. Al día siguiente de que asumiera como ministro, se emitió la orden de captura del jefe de la Policía Nacional Civil hasta ese momento, Baltasar González y la jefa de la unidad antinarcóticos, Nelly Bonilla, involucrados en una estructura criminal dedicada al tumbe de droga y asesinatos. “Guatemala ha presenciado el arresto de una sucesión de altos jefes policiales con la responsabilidad de supervisar la lucha tanto por las bandas locales como los poderosos cárteles mexicanos que están profundizando su alcance en el país después de que la presión en su contra se incrementara en México”, indica una nota sobre este caso. 

“Entonces, las primeras 24 horas yo ya no tenía cúpula policial. O no había en quién confiar, o no sabía quién era confiable de los oficiales que podían asumir la cúpula de la Policía”, explica Menocal. Así, relata, comenzaron a darse cambios a lo interno de la PNC. 

El ex ministro de Gobernación cuenta que con el acompañamiento de la CICIG y cooperación internacional se llevó a cabo un nuevo modelo para establecer la confianza en oficiales de alto rango. “Y poder nombrar, en medio de una nebulosa y oscura institucionalidad, a comisarios probos. Nosotros practicamos el exorcismo a la PNC”, explica. Para estos nuevos nombramientos se hicieron pruebas de polígrafo, declaración jurada, inteligencia, establecer la declaración patrimonial o cuentas bancarias. 

“El modelo lo apoyó la cooperación, pero lo logramos con CICIG. Y, gracias a ese modelo, tres meses después de que yo asumiera como ministro se logró nombrar una cúpula oficial confiable y certificada, y a empezar a tener una carrera policial”, relata Menocal.  

Además, al tiempo que la Ley contra la Delincuencia Organizada daba lugar a la Unidad de Métodos Especiales (UME) dentro del MP, ésta también establecía su contraparte dentro de Gobernación: la División de Métodos Especiales de Investigación (DIMEI), creada en 2009. La DIMEI integra a los policías que trabajan como investigadores, dando seguimiento, desde la calle, a los requerimientos de los fiscales que coordinan los métodos especiales en sus pesquisas: tomar fotografías, realizar seguimientos o recabar las evidencias solicitadas.

“La DIMEI fue formada y capacitada por cooperación internacional y CICIG y se construyó con oficiales jóvenes: muchachos recién graduados de la Policía, que tenían estudios universitarios. Y se separó de todo el cuerpo policial, era una unidad élite”, explica Menocal. Algunos de estos policías se designaron directamente a los equipos de investigación de la CICIG: “Jóvenes investigadores, recién graduados, probos, no contaminados, eran muchachos que no habían tenido experiencia en las comisarías, pero eran buenos en términos académicos”, cuenta el ex ministro de Gobernación.

Una estrategia para el Ministerio Público

Poco después de que Menocal asumiera su cargo, Carlos Castresana renunció. El motivo, como expuso el juez español en su comparecencia, era la dificultad de lidiar con las reformas dentro del sector justicia, teniendo a criminales que impedían su trabajo desde los puestos más altos del Estado. Se refería, específicamente, al nombramiento como Fiscal General de Conrado Arnuldo Reyes Sagastume, electo por Colom en junio de 2010.

“El problema de la impunidad en Guatemala se refiere al fortalecimiento institucional, hay una actividad criminal sustantiva: tráfico de drogas, de armas, contrabando, tráfico de seres humanos; y hay una actividad instrumental que procura impunidad a todo lo anterior”, dijo el Comisionado Castresana en una conferencia en 2010, en la que mencionó la relación de Conrado Reyes con Carlos Quintanilla -acusado de haber espiado al presidente Alvaro Colom desde la SAAS- y los hermanos Valdez Paíz, -imputados tras el caso Rosenberg por estar vinculados a una banda de sicarios-, con el fin de desacreditar  y terminar con el mandato de la CICIG.

Y así fue como el primer comisionado de la CICIG dio pie a otro gran logro para el país, uno de los más importantes, tanto para la misma comisión como para la historia de la justicia en Guatemala. Seis meses después, el presidente Álvaro Colom elegiría como Fiscal General a una joven abogada llamada Claudia Paz y Paz, quien provenía del mundo de los derechos humanos, tenía la mejor puntuación en su expediente y una trayectria limpia y no corrompida, la primera en ocupar el cargo de Fiscal General con características similares a las suyas. 

Paz y Paz enfocó parte de su gestión a delitos cometidos durante el conflicto armado interno y presentó, entre otros, el caso de masacres sistemáticas al pueblo maya ixil en 1982, imputando al general Efraín Ríos Montt el delito de genocidio. Con el mismo objetivo de proteger la vida de las personas, su principal aporte fue la implementación, con el apoyo de la CICIG, de un nuevo modelo de investigación criminal, enfocado en dejar de investigar las muertes caso por caso, para comenzar a investigarlas como parte de delitos cometidos por estructuras criminales. 

Para ello, fortaleció la Unidad de Análisis Criminal que, a lo largo de los meses, fue consolidando hasta convertirla en una dirección, la Dirección de Análisis Criminal (DAC), al final de su periodo. Al frente colocó al fiscal Juan Francisco Solórzano Foppa, quien también, en la triste y compacta historia del país, conocía las labores de contrainsurgencia del Estado de primera mano, después de que su abuela, la reconocida poeta y periodista Alaide Foppa, fuera desaparecida en Ciudad de Guatemala en 1980. 

“La Fiscal General me encargó que iniciáramos un proceso de fortalecimiento de la unidad, por lo que empezamos a trabajar de la mano con la Cicig”, explicó Solórzano Foppa en una columna de Plaza Pública. “De esa cuenta, llegamos a unir las oficinas, y el jefe de análisis de la Cicig tenía la suya justo a la par de la mía. Iniciamos, además, un programa de pasantías de analistas nuevos, quienes se entrenaron con profesionales de distintas nacionalidades y con amplia experiencia en análisis de casos complejos. Asimismo, se hicieron los primeros manuales de análisis y en enero de 2013 se fundó la Dirección de Análisis Criminal (DAC), lo que permitió crecer y tener cuatro departamentos y más de 100 analistas para el año 2014”, detalla Sólorzano Foppa, quien después sería nombrado Superintendente de Administración Tributaria (SAT) y destituido de su cargo en 2018 por Jimmy Morales.

Este esfuerzo dentro del MP contó con el apoyo del nuevo comisionado, Francisco Dall´Anese, quien centró su gestión en fortalecer el análisis criminal, tanto a lo interno de la Comisión, como en ayudar a estructurar la Dirección de Análisis Criminal del Ministerio Público. Con Paz y Paz al frente del MP y Menocal encabezando Gobernación, con la Unidad de Métodos Especiales en funcionamiento, con agentes de la PNC más capacitados y menos corrompidos, las relaciones y trabajo de la CICIG fue cada vez más fluido y los resultados comenzaron a hacerse visibles. El principal fue una tendencia en la reducción de asesinatos a partir de 2009, que ha seguido hasta el día de hoy.

En octubre de 2011 se creó la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) que sustituyó a la Unidad Especial de Fiscalía Adscrita a la CICIG (UEFAC), entre otros cambios importantes. Entre tanto, continuaron las propuestas de reformas de ley.

El Partido Patriota, a la llegada al Ejecutivo en 2012, siguió, en apariencia, la batuta seguida por el anterior gobierno. Y tanto la magistrada Thelma Aldana, ex jefa del Organismo Judicial, nombrada por Otto Pérez en 2014 como Fiscal General en sustitución a Paz y Paz; como el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, siguieron colaborando con el avance de los cambios implementados por la CICIG. Así dan cuenta los informes de labores de CICIG de 2012 y 2013. En junio de 2012 se creó la Dirección General de Investigación Criminal (DIGICRI) dentro del Ministerio de Gobernación aunque esta no se hizo tangible hasta 2015. Entre tanto, el presidente electo Otto Pérez Molina volvió a renovar el mandato de la CICIG en 2013. 

La llegada como Comisionado del colombiano Iván Velásquez y su visión desde la parapolitica colombiana fortalecieron la visión general sobre la problemática a la hora de investigar los casos. Por un lado implementó cinco ejes estratégicos: corrupción y corrupción judicial, contrabando, financiamiento electoral ilícito, lavado de dinero y otros activos y organizaciones criminales de alto poder. Además, reestructuró el organigrama de  la comisión y se crearon las unidades multidisciplinares de investigación.

“Algo que me parece la clave en el tema de investigación es la integración de equipos multidisciplinarios, creo que eso en realidad el éxito de las investigaciones. Los equipos estaban integrados por  un coordinador legal, que era quien iba dirigiendo la investigación, no era solo un abogado o abogada de litigios, sino que conocía temas de investigación. Luego era un abogado o abogada que eran nacionales, había variantes”, explica el abogado David Gaitán, quien integró la CICIG desde 2013.

3. Los resultados

—Aló.

—Aló Julio.

—Si Erik.

—Mira, dice que ahorita en el puerto hay… ¿cómo se llama? una nueva cosa, se llama la línea, o así, ¿qué putas?

—Ahá, es que ahorita empezaron a trabajar nuevamente coordinado todo desde arriba

—¿Cómo se llaman esas cosas?

—Sí, la línea, le llaman. Es cuando alguien tiene el control de todo.

—Otra vez…

—Sí, ya lo agarraron otra vez.

A mediados de junio de 2014 un policía monitor de la Unidad de Métodos Especiales del MP escuchó esta llamada. Se trataba del teléfono de Erick Miao Miao, un asiatico que trabajaba en la 19 calle importando productos de plástico. Un contrabandista de poca monta que se había quedado relegado de un caso previo llamado Furgones, donde el MP demostró en 2013  que había una estructura para defraudar en las aduanas.

La solicitud de intervenir este teléfono se derivó de la investigación de un fiscal de nueva y fortalecida la fiscalía contra la Impunidad (FECI) quien en 2013, tras la llegada de Iván Velásquez, y el contrabando como uno de los ejes investigativos, revisó nuevamente los nombres de los importadores. El fiscal solicitó a los policías investigadores llegar al local de la 19 calle “Importaciones Panda” y hablar con el encargado: Erik Maio Maio. La dependienta les facilitó el teléfono y con autorización judicial la UME la pudo interceptar.  

A los seis días de haberla interceptado, el policía monitor de la UME, encargado de esta línea, pasó la escucha al equipo del MP destinado al caso Furgones. En esa conversación, definitivamente, escondía algo mucho más grande. Los analistas de la Dirección de Análisis Criminal comenzaron a tirar del hilo. Y, durante los siguientes meses, este equipo del MP siguió tirando del hilo de La Línea mientras, por su parte, la unidad de análisis e investigadores de la CICIG seguía el trabajo. Y, mientras los escuchas de la PNC seguían informando de llamadas clave, los fiscales de la FECI y la Dirección de Análisis Criminal hacían mapas y ataban cabos. Entre tanto, los agentes policías investigadores fueron documentando las reuniones que las personas de las llamadas seguían escuchando, realizando análisis con base en los whatsapps, fotografiaron entradas y salidas en la oficina de Luis Mendizabal, imágenes de reuniones en la cafetería San Martín, a Julio Aldana, Osama Aranki, llegaron al teléfono de Juan Carlos Monzón y también al de Salvador Estuardo González, alias Eco.

“Todos estábamos en vivo analizando y recolectando información y compartiéndola entre nosotros para poder investigar en conjunto”, menciona uno de los analistas que trabajó en ese caso, pero que prefiere no revelar su nombre. El caso se fue fortaleciendo hasta llegar a contar con doce analistas apoyados por especialistas en transacciones financieras mientras seguían desentrañando todas las relaciones encontraban entre los diferentes nombres que aparecían.

Un día, en marzo de 2015, los monitores de la UME escucharon una llamada. Era la voz de una mujer y resultaba conocida. 

“Fue bien intenso. La escuchó fue una compañera. Me llamó:

—Vení a escuchar. Ésta ¿quién es?  

—Es Roxana, pues.

“Era el audio donde ella habla con Eco. Luego ya lo escuchamos con los compañeros y, pues, todos como locos, y llamamos al fiscal ”, –cuenta el analista–. “Al principo era informacion inconexa. Por aquí salia Otto, por aqui aparecía Roxana, aquí había un cuadrito… pero, cuando tú lo analizas todo en contexto, te das cuenta no es aislado. Pero, imaginate, irte a tu casa a descansar sabiendo que ahi hay algo… casi que no descansa uno, casi que no puede descansar tu mente “, cuenta.

Después de analizar llamadas y más llamadas, hasta llegar a cinco mil interceptaciones; y documentos y más documentos -un total de 80,000- el caso, que ya había pasado a llamarse La Línea, se fue ramificando hasta convertirse en un macro caso que se llamó Cooptación del Estado. Y desde estas mismas llamadas, se detectó una coima de US$30 millones dentro de la Terminal de Contenedores Quetzal. Y tirando de este mismo hilo, se llegó al caso Redes, a Jaguar Energy, a Zeta Gas y a una red de plazas fantasmas dentro del Registro de Información Catastral (RIC). 

Las colaboraciones eficaces de Juan Carlos Monzón, o Salvador González, alias Eco, empleados de Roxana Baldetti; permitieron que el MP y la CICIG obtuvieran cuadros con tablas, contratos, documentos de excel llenos de comisiones.

Todas las pruebas recolectadas por el trabajo de las fiscalías comenzaron a presentarse en los juzgados, algunos de estos, pasaron a los de mayor riesgo. Y así, se logró encarcelar a los más altos mandos del Gobierno de Guatemala, el presidente Otto Përez Molina, la vicepresidente Roxana Baldetti, una buena parte de ministros de su gabinete, pero también se logró imputar al ex presidente Alvaro Colom y todo su consejo de ministros, y a un buen número de empresarios, de la construcción, de la banca, de las telecomunicaciones, la constructora Conasa, el banco GyY, las compañía de teléfono Claro, el consorcio Albavisión. 

Los ladrillos construidos desde 2008 por la CICIG en colaboración con el Estado de Guatemala lograron ser tan sólidos que develaron una macro estructura criminal ramificada por un alto número de instituciones del Estado. Lograron mostrar que no era sólo un CIACS o una Red Político Económica-Ilícita sino una macro estructura criminal con varias cabezas incrustada en el Estado, y con capacidad de reproducirse gobierno tras gobierno. El trabajo de la CICIG, en apoyo a la FECI, lleno de evidencias fácticas documentales, muy difíciles de deslegitimar, lograron que las campañas de desinformación de los grupos paralelos de inteligencia, que habían empañado otras investigaciones, no ensuciaran estos casos ni desviaran la atención sobre los responsables reales de la corrupción. 

Para ello, fueron esenciales cada una de las personas que colaboró desde el Estado de Guatemala y la CICIG para que el modelo de investigación pudiera construirse. “El cambio viene cuando se junta un grupo de gente que cree que lo que hace es lo justo, pues, que cree que se tiene que hacer algo”, explica el joven analista del MP.

Los cimientos del edificio que construyó la CICIG siguen asentados en este modelo de investigación. Forman parte de las leyes del país. Han permitido que Juan Francisco Sándoval, al frente de la FECI, siga pegando golpes contra la corrupción y el tráfico de influencias. Sin embargo, tras la salida de la Comisión en septiembre de 2019, el retorno de estructuras criminales al Estado golpea como un huracán haciendo tambalear algunos de los ladrillos del edificio de persecución penal, que con tanta dedicación y esmero logró construir la CICIG en Guatemala. Algunos, ya empezaron a derrumbarse.