La investigación de este caso, revelada al público en 2016, estableció que entre enero de 2012 y abril de 2015, se concertó un grupo criminal con roles definidos para obtener beneficios económicos generados por la celebración y ejecución del contrato irregular a favor de la entidad TCQ S.A., destinado a ceder a esa sociedad parte del terreno de la Empresa Portuaria Quetzal para la construcción, desarrollo y operación de una terminal privada de contenedores. En esto proceso intervinieron, según la acusación, el entonces binomio presidencial Otto Fernando Pérez Molina e Ingrid Roxana Baldetti.
También participaban en la operación según la Comisión otras 15 personas. La Terminal de Contenedores Quetzal, S.A. y la Empresa Portuaria Quetzal firmaron un contrato por 25 años prorrogables por un terreno de 34 hectáreas sobre el cual se construiría y operaría la nueva terminal, que tenía contempladas tres fases de desarrollo que alcanzarían una inversión de por lo menos 255 millones de dólares. TCQ aparentemente dotaría al Puerto Quetzal de instalaciones con avances tecnológicos y de seguridad, garantizando eficiencia y productividad en la operación de contenedores.
Entre las personas también investigadas en este caso se encuentran también el secretario privado de la Presidencia, Gustavo Martínez Luna y Allan Herbert Marroquín Castillo, exinterventor de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), actualmente prófugo de la justicia.
