Esta semana, los abogados de Guatemala protagonizaron una batalla por uno de los feudos dentro de la Corte de Constitucionalidad. Impunidad versus legalidad. Exclusión de votos contra unificación gremial. Y en nuestro newsletter examinamos las trampas jurídicas que los grupos antidemocráticos intentaron imponer para atropellar las elecciones del CANG.
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Los grupos pro impunidad, ante la elección de magistrados para Corte de Constitucionalidad
(CC)) en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) hicieron números, revisaron posibles escenarios, proyectaron alianzas, y los votos no cuadraban.
Se asustaron.
Les dio ansiedad.
Y decidieron, no sin cierta desesperación, actuar y buscar una forma de manipular el padrón electoral.
Nunca buscaron convencer a los votantes, sino reducir el electorado y fabricar, desde los tribunales, una posible mayoría que no podrían conseguir desde las urnas.
En menos de una semana, los profesionales de “ciencias afines” (politólogos, sociólogos, internacionalistas y criminalistas), agremiados desde hace 40 años en el CANG, fueron eliminados de este proceso electoral.
De un padrón de casi 30,000 colegiados, 3,945 votos fueron excluidos de la noche a la mañana.
El gremio de abogados, sin embargo, frente al acoso judicial y la vulneración abierta de los derechos de miles de sus propios afiliados, logró sacudirse —al menos parcialmente— la apatía. Reaccionó. Y en las urnas, en una contienda reducida de manera artificial a abogados y notarios, decidió plantar cara para cuestionar las maniobras e intenciones de las redes político-económicas que buscan asegurarse la cooptación del sistema de justicia durante 2026.
La trampa: abogados nada más
Los grupos del pacto de corrupción que han orbitado alrededor de actores antidemocráticos como el magistrado de la CC, Néster Vásquez; o el ex rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Estuardo Gálvez (ambos candidatos), argumentaron, mediante amparos y denuncias penales, que solo los abogados tenían derecho a votar.
Las principales acciones legales fueron presentadas por el excandidato presidencial Ricardo Sagastume y el abogado Diego Sagastume.
Y la dictadura judicial —esa misma que criminaliza ex fiscales, líderes indígenas y periodistas— les dio la razón.
La sala sexta de lo contencioso administrativo, vinculada a Néster Vásquez, les otorgó un amparo provisional con el propósito de afectar las elecciones del CANG y allanar el camino para excluir a miles de electores.
No fue el único movimiento para alterar el padrón electoral que elegiría magistrados de la CC en el CANG. Dina Ochoa, Roberto Molina Barreto y Claudia Paniagua, todos ellos integrantes de la actual CC, como denunció el ex fiscal Juan Francisco Sandoval en sus redes sociales, solicitaron a la presidenta de esta entidad, Leyla Lemus, que se agilizaran y se resolvieran dos amparos que buscaban discriminar a los profesionales de las ciencias afines de estos comicios democráticos de segundo grado.
Ante las amenazas y las trampas legales, la Junta Directiva del CANG se intentó defender y emitió un comunicado en el que rechazó los intentos de exclusión. Reiteró que todos los profesionales del Colegio “tienen derecho a intervenir con voz y voto en las deliberaciones de la Asamblea General”.
Pero no fue suficiente.
La responsabilidad de alterar el padrón del CANG quedó en manos de la sala sexta integrada por Roberto Morales Gómez, Irma Yolanda Sosa Flores y Caren Guzmán Sagastume. En su resolución, estos magistrados fijaron un plazo de seis horas al CANG para modificar la convocatoria de elección de Magistrado titular y Magistrado suplente en la cual se debía especificar que “únicamente están convocados a dicha Asamblea los abogados, que tengan la calidad de colegiado activo”.
La CC decidió no pronunciarse y trasladó varios amparos a una sala de apelación que, a la fecha, todavía no resuelve.
De esta manera, los grupos pro impunidad lograron modificar el padrón electoral del CANG a tan solo dos días de llevarse a cabo los comicios. Se presentaron más amparos, ocursos, solicitudes de aclaración, pero nada impidió que 4 mil agremiados y sus votos fueran cercenados de estas elecciones colegiadas.
El fracaso de los tramposos
Los operadores de la impunidad apostaron a que, reduciendo el universo de votantes, podían domesticar la voluntad gremial. Pero con los profesionales de ciencias afines expulsados del padrón electoral, con el cuerpo gremial amputado a conveniencia, los abogados decidieron plantar cara a los abusos judiciales y marcar un límite ante la falsificación democrática.
El 4 de febrero, el día de los comicios, Néster Vásquez quedó relegado al tercer lugar, fuera de cualquier disputa final. Estuardo Gálvez logró avanzar a una segunda vuelta con 4,495 votos, en la que deberá enfrentarse a Astrid Lemus, quien se impuso como la candidata más votada al obtener 5,885 sufragios.
Si bien esto no limpia del todo el proceso, tampoco borra la evidencia de que en Guatemala existe una dictadura judicial capaz de intervenir elecciones gremiales con la misma naturalidad con la que ha distorsionado elecciones nacionales.
No normaliza tampoco el hecho de que salas de apelaciones se hayan prestado a eliminar votantes para proteger intereses concretos.
Pero sí introduce un elemento incómodo para el sistema: incluso después de mutilar el padrón, no lograron imponer a quienes buscan mantener la impunidad y dañar la democracia en Guatemala.
La lucha constitucional
La Corte de Constitucionalidad es el último muro de contención —o de aval— frente al poder. De sus resoluciones depende si una ley se aplica o se anula, si un abuso se corrige o se legaliza, si un derecho ciudadano se protege o se diluye en tecnicismos.
No es un tribunal más.
En Guatemala es el órgano que define los límites reales de la democracia. La disputa por su integración es feroz.
Y para este año, la elección que se lleva a cabo en el CANG es solo uno de los cinco procesos que determinarán la conformación de la próxima CC, junto con las designaciones del Ejecutivo, el Congreso, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Superior Universitario de la Usac.
Cada una de estas elecciones de segundo grado lleva al poder constitucional, y perder una de ellas significa ceder terreno en la batalla por controlar las decisiones del Estado.
La elección en el CANG no borra los insolentes empeños para manipular una democracia, tampoco la mutilación de un padrón electoral, pero sí deja al descubierto la desesperación de los grupos pro impunidad. Y cuando los poderes oscuros empiezan a actuar con desesperación, es porque algo, aunque sea mínimo, ya no les pertenece por completo.
