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En el caso fueron imputados funcionarios de la Secretaría de Bienestar Social y del Consejo Nacional de Adopciones. Sin embargo, se clausuró el proceso en contra de dos personas y se impusieron medidas de seguridad a otra. Según las investigaciones de la CICIG en el proceso intervenían funcionarios del Consejo Nacional de Adopciones que otorgaban declaraciones de idoneidad a familia adoptiva, que de hecho ya tenía con ellos al niño. Tras lo cual participaban jueces para legitimar el proceso.

La investigación se refiere a una modalidad de trata de personas donde se hizo uso del tráfico de influencias para, con fraude de ley y en connivencia con funcionarios públicos, procurar procesos de adopción cuando no se cumplían los requisitos para ello. La Corte Suprema de Justicia retiró la inmunidad al juez Peralta Castañeda, el 3 de noviembre de 2010, para que se le investigue por haber indicios de su probable participación en adopciones irregulares mientras se desempeñaba como juez de la Niñez y Adolescencia en Escuintla.

Por este caso la CICIG inició una investigación contra la excanciller, Sandra Jovel Polanco, quien según la imputación del MP recibió en “abrigo provisional y excepcional” al menor Maximiliano Pontaza.

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