La investigación inició derivado de las capturas realizadas en el caso denominado La Línea, cuando se evidenció a través de interceptaciones telefónicas que Luis Alberto Mendizábal Barrutia actuó ilegalmente con un bufete de abogados dirigido por José Arturo Morales Rodríguez para la obtención de medidas sustitutivas a favor de tres de los recién aprendidos, por el caso La Línea, siendo los sindicados Javier Ortiz Arriaga, Miguel Ángel Lemus Aldana y Salvador Estuardo González Álvarez.
La CICIG y la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público, presentaron una solicitud de antejuicio contra la jueza Marta Josefina Sierra González de Stalling, cuñada de la entonces magistrada de la Corte Suprema de Justicia Blanca Stalling, por presumir que pudo llegar a acuerdos ilegales con seis sindicados de la red de defraudación aduanera, a quienes benefició con fianzas para salir en libertad.
