Las labores conjuntas de la FECI-CICIG establecieron los pasos y acciones propias del delito de lavado de dinero u otros activos, cometido por una organización criminal que utilizó diferentes tipos de empresas (sociedades anónimas, sociedades limitadas y off shore) de propiedad o relacionadas con Gustavo Adolfo Herrera Castillo, para lavar el dinero obtenido de manera ilícita, producto de un contrato de tipo fiduciario que se había formalizado entre el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) (Fideicomitente Adherente Inversionista – Fideicomisario), Grupo Empresarial UNISERV S.A. (Fideicomitente-Fideicomisario) y el Banco Uno S.A. (Fiduciario). Este grupo criminal conformado por personas físicas y jurídicas, utilizó el sistema financiero, a través de complejas transferencias de fraccionamiento en moneda local y extranjera, lo que finalmente les permitió dar apariencia legal y ocultamiento al dinero de origen ilícito.
El lavado del dinero que se sustrajo de los fondos de los Programas de salud del IGGS, a través del Fideicomiso de vivienda, se había comenzado a investigar como resultado de un informe de la Superintendencia de Bancos, Intendencia de Verificación Especial IVE No. 829-2004 de fecha 21 de Julio del año 2004 dentro del Expediente No M0001-2003-167, así como la denuncia formulada por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social de fecha 24 de enero de 2005, lo que motivó la apertura del Expediente No. MP510-2005-3 en la Fiscalía contra el Lavado de Dinero y otros activos. La investigación fue desestimada ante el juez contralor del caso, el 27 de agosto de 2014.
El caso fue reabierto labores conjuntas de la FECI -CICIG se adelantaron diligencias de análisis que permitieron la reapertura del caso de lavado, en virtud de que conforme constancias documentales se observaba la existencia de una estructura criminal organizada para lavar dinero
