El caso Importadores, se deriva del caso La Línea. En esta nueva investigación, se determinó que los importadores creaban empresas fraudulentas para ingresar la mercadería de manera irregular. Para ello, usurpaban nombres de compañías y personas reales con el fin de obtener el Número de Identificación Tributaria (NIT). Se estableció que los sindicados, más de 20 importadores, pagaban sobornos de Q10 mil hasta Q50 mil a los integrantes de la red de defraudación tributaria.
Las escuchas telefónicas de este caso llevaron al secretario privado de la entonces vicepresidenta, Roxana Baldetti, y condujeron a que la investigación alcanzara al presidente Otto Pérez Molina. Con la información procesada, además, se iniciaron nuevas líneas de investigación que llevaron a investigaciones como Cooptación del Estado, la Coperacha, Traficantes de Influencias, Bufete de la Impunidad y Aceros de Guatemala (Impunidad y defraudación), entre otros casos.
Esta investigación también desató masivas manifestaciones ciudadanas de indignación que contribuyeron a presionar al binomio presidencial del Partido Patriota a presentar su renuncia.