En septiembre del 2009, el Ministerio de Gobernación de la época, Raúl Velásquez, emitió el Acuerdo Gubernativo 248-2009, mediante el cual autorizó a la PNC comprar combustible sin licitar. Desde ese momento, las autoridades policiales firmaron un contrato con la empresa Maskana, sin haber cotizado previamente para que ésta se encargara del abastecimiento a las patrullas y motocicletas de la institución policial. Adicional al valor de la compra, Q39 millones más, 50% del monto total fueron malversados.
Por su participación en los hechos, el ex Ministro Velásquez fue ligado a proceso por los delitos de lavado de dinero, concusión, abuso de autoridad y conspiración para la concusión; fue enviado a prisión preventiva y se espera el inicio del juicio. Asimismo, Juan Carlos Maximiliano Leal Medina, ex secretario de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia, sindicado por el delito de lavado de dinero y fue enviado a prisión preventiva.
