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La investigación desarrollada por el MP y la CICIG establece que los miembros de la Junta Directiva del Congreso de la República en el período 2014 y 2015 realizaron un gran número de contrataciones que al menor escrutinio presentan una serie de irregularidades evidentes e ilegales. Esta forma de contratación irregular de personal para los miembros de la Junta Directiva se convirtió en una práctica habitual y aceptada a pesar de su evidente ilegalidad, no sólo por el completo irrespeto a las formas del proceso de contratación, sino por la no asistencia a trabajar de las personas contratadas en la sede del Congreso, lugar asignado para la prestación del servicio.

Por este caso se encuentran prófugos los diputados Carlos Enrique López Girón y Luis Armando Rabbé Tejeda, con una solicitud de extradición pendiente de resolver desde México,  así como los exdiputados Julio César López Villatoro y Pedro Gálvez Hernández.

Mientras que fueron ligados a proceso los exdiputados Edgar Romeo Cristiani Calderón, Alfredo Augusto Rabbé Tejeda, Carlos Humberto Herrera Quezada, Arístides Baldomero Crespo Villegas y Christian Jacques Boussinot Nuila y el exdirector General del Congreso, José Luis Mijangos Contreras, por su participación en dichas irregularidades de contratación en el Legislativo.

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