El caso refiere a hechos que fueron cometidos en el Ministerio de la Defensa nacional durante el gobierno del expresidente Alfonso Antonio Portillo Cabrera, cartera de la cual se sustrajeron ilícitamente cientos de millones de quetzales durante los años 2001-2003.
Según la investigación de la CICIG La estructura criminal orquestó un plan para saquear las arcas nacionales, donde siguiendo instrucciones de Portillo se autorizaron transferencias presupuestarias al Ministerio de la Defensa Nacional, refrendadas por el Ministro de Finanzas Públicas. Los fondos trasferidos fueron registrados en libros en un renglón presupuestario protegido por la garantía del secreto militar; y en la práctica sustraídos mediante retiros monetarios en efectivo, con la complicidad de varios militares de alto rango.
Por este caso se proceso a Alfonso Portillo, el Ministro de Finanzas Públicas, Manuel Hiram Maza Castellanos y el Ministro de la Defensa nacional, Eduardo Arévalo Lacs, fueron juzgados por el delito de Peculado, por haber sustraído la cantidad de 120 millones de quetzales del Ministerio de la Defensa Nacional; pero el 9 de mayo del 2011, el Tribunal Undécimo de Sentencia Penal a los tres exfuncionarios la Sala Tercera de Apelaciones confirmó las sentencias absolutorias.
El Tribunal Segundo de Sentencia Penal condenó a 5 años y tres meses de prisión -por el delito de peculado en grado de complicidad- a los militares retirados Jacobo Esdras Salán Sánchez y Napoleón Rojas Méndez, al hallarlos culpables de su participación en el traslado de Q30 millones al Crédito Hipotecario Nacional (CHN), provenientes de la sustracción de Q120 millones del Ministerio de la Defensa Nacional en el 2001. Sin embargo, la Sala Tercera de Apelaciones del ramo Penal anuló la sentencia emitida en contra de Salán Sánchez y Rojas Méndez, exasesores de seguridad del expresidente Portillo.
